Miriam Edith Morales Ramos
Expediente 1057/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1057/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Miriam Edith Morales Ramos
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. ? Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso a), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,1 que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. ? Documentos originales. Sin que sean necesarios requerir a las partes para devolución de documentos o billetes de depósito al no constar estos en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Licenciada Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/4426/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", quien actúa asistida de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe. , una vez que
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Agréguese el oficio signado por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su respectivo informe justificado. Pruebas Por otro lado, con apoyo en el artículo 119. de la Ley de Amparo, téngasele, ofreciendo como pruebas la documental pública consistente en copia certificada del escrito presentado ante la oficialía de partes de la responsable el dos de agosto del año que transcurre, así como del acuerdo de diecinueve de noviembre del año en curso dentro del expediente laboral 125/2017-D de su índice, de igual manera ofrece la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana; mismas que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionadas nuevamente en la audiencia de ley. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otra cuanto al domicilio que señala para recibir notificaciones, dígasele que en términos del artículo 28, de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables se les notifica en el domicilio de su oficina principal. Delegados. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados de la autoridad responsable Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a las personas que indica. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: La omisión de acordar la petición mediante escrito de dos de agosto de dos mil veintiuno, dentro del expediente 125/2017-D, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Bajo este contexto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. A efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la cual, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora, para demostrar que en el caso cesaron los efectos de la abstención reclamada, debe indicarse que de las constancias remitidas por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se evidencia que el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó un acuerdo dentro del expediente laboral 125/2017-D, en el que la citada autoridad realizó pronunciamiento expreso a lo solicitado por la quejosa en escrito de dos de agosto de dos mil veintiuno, dentro del expediente 125/2017-D. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de las constancias antes relacionadas se evidencia que la omisión reclamada por la quejosa dejó de existir, pues el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable dictó el acuerdo correspondiente respecto a su petición realizada en escrito de dos de agosto de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 125/2017-D. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser una abstención, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la finalidad de la resolución del presente juicio constitucional sería obligar a la autoridad responsable a que actuara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en los términos apuntados. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (trece horas con seis minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Librado Antonio Gómez Morales, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.KAP*
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de nueve de diciembre de dos mil veintiuno: Apizaco, Tlaxcala, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Agréguese el oficio signado por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su respectivo informe justificado. Pruebas Por otro lado, con apoyo en el artículo 119. de la Ley de Amparo, téngasele, ofreciendo como pruebas la documental pública consistente en copia certificada del escrito presentado ante la oficialía de partes de la responsable el dos de agosto del año que transcurre, así como del acuerdo de diecinueve de noviembre del año en curso dentro del expediente laboral 125/2017-D de su índice, de igual manera ofrece la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana; mismas que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionadas nuevamente en la audiencia de ley. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otra cuanto al domicilio que señala para recibir notificaciones, dígasele que en términos del artículo 28, de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables se les notifica en el domicilio de su oficina principal. Delegados. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados de la autoridad responsable Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a las personas que indica. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: La omisión de acordar la petición mediante escrito de dos de agosto de dos mil veintiuno, dentro del expediente 125/2017-D, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Bajo este contexto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. A efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la cual, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora, para demostrar que en el caso cesaron los efectos de la abstención reclamada, debe indicarse que de las constancias remitidas por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se evidencia que el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó un acuerdo dentro del expediente laboral 125/2017-D, en el que la citada autoridad realizó pronunciamiento expreso a lo solicitado por la quejosa en escrito de dos de agosto de dos mil veintiuno, dentro del expediente 125/2017-D. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de las constancias antes relacionadas se evidencia que la omisión reclamada por la quejosa dejó de existir, pues el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable dictó el acuerdo correspondiente respecto a su petición realizada en escrito de dos de agosto de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 125/2017-D. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser una abstención, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la finalidad de la resolución del presente juicio constitucional sería obligar a la autoridad responsable a que actuara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en los términos apuntados. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (trece horas con seis minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Tribunal Colegiado remite ejecutoria. Agréguese el oficio y anexo signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 659/2019-VII del índice de este órgano jurisdiccional, con dos sobres y un DVD, así como copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 128/2021 de su índice, cuyos puntos resolutivos establecen lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a Miguel Ángel Juárez Sánchez, contra la autoridad responsable y acto reclamado precisado en la sentencia sujeta a revisión" En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente; asimismo, se ordena destruir las copias con las que se integró el cuaderno de antecedentes con motivo del recurso interpuesto, a excepción de las constancias originales las cuales deberán glosarse al presente asunto. Además, dese a conocer a las partes la devolución de los presentes autos, mismos que se encontraban en revisión y comuníqueseles que la superioridad confirmó la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional. Efectos del fallo protector. Ahora bien, los efectos del fallo protector son para que la Juez Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, realice lo siguiente: "a) La Juez Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de seis de julio de dos mil diecinueve, dictado dentro de la causa judicial 156/2019, en contra del quejoso Miguel Ángel Juárez Sánchez, por el delito que la ley señala como incumplimiento de la obligación alimentaria, previsto y sancionado por el artículo 368 del Código Penal y 148 del Código Civil vigentes en el Estado de Tlaxcala, en victimización de los menores de edad de identidad reservada, de iniciales A.C.J.N., J.C.J.N., N.M.J.N. y D.P.J.N. representados por Sahamanta Nava Rodríguez; b) En su lugar, ordene la reposición del procedimiento de la audiencia inicial, a partir de la celebrada el seis de julio de dos mil diecinueve, esto es, hasta el cierre del debate de las partes respecto a los datos de prueba que incorporó la parte quejosa en dicha audiencia; c) Señale fecha y hora para la celebración de una nueva audiencia, en la que deberá citar a las partes intervinientes de dicha causa judicial en términos de ley; d) Al celebrarse la misma, deberá imponerse del contenido de los audios y videos de las audiencias de uno de julio (formulación de imputación, solicitud de vinculación a proceso e imposición de medidas cautelares) y el seis de julio de dos mil diecinueve, hasta el cierre del debate de las partes respecto a los datos de prueba que incorporó la parte quejosa en dicha audiencia; e) Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, resuelva nuevamente respecto a los datos de prueba que incorporó la defensa de la parte quejosa, en atención al debate formulado por las partes y a los lineamientos establecidos en la presente sentencia respecto a dicho tema; y, f) Finalmente, con plenitud de jurisdicción, resuelva la situación jurídica del inculpado, ahora quejoso, dictando una nueva resolución, ya sea en un sentido diverso o en el mismo de la anterior, siempre que subsane las deficiencias encontradas, esto es, con base únicamente en los hechos por los cuales formuló imputación el Ministerio Público Para lo anterior, si dicta una resolución en el mismo sentido (vinculación a proceso en contra del quejoso), deberá establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la comisión del delito en estudio; es decir, para el caso de considerar acreditada la conducta con apariencia de delito, establezca de manera precisa cuál es la temporalidad en la que el imputado dejó de cubrir el pago al que estaba obligado, así como las modalidades en las que se haya dado un posible incumplimiento de las obligaciones alimentarias y en su caso, la cantidad que se adeuda calculada con base en una unidad de medida y actualización y en cada una de las temporalidades que se señalen. Lo anterior, tomando en consideración que el auto de vinculación a proceso debe dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, tal como lo exige el artículo 316, penúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales." En consecuencia, es procedente requerir el cumplimiento a la ejecutoria de mérito, con base en las disposiciones relativas, contenidas en la Ley de Amparo, por lo cual, conviene transcribir el contenido de su artículo 192, que prevé: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga." Se requiere cumplimiento. Consecuentemente, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del numeral transcrito requiérase a la autoridad responsable, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que una vez que reciba el oficio en el que se transcribe este acuerdo, comunique en el término de tres días a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la aludida ejecutoria de amparo, en el entendido de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación; en la inteligencia que mediante el oficio 12380/2021, de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, le fue remitida la sentencia de mérito. Se requiere nombre del encargado de dar cumplimiento al fallo protector. En relación con lo anterior, requiérase a la autoridad responsable y su superior jerárquico, para que dentro del término de tres días informen el nombre y apellido del titular que estará encargado de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ello con la finalidad de individualizar el requerimiento de cumplimiento, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así en el término concedido, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se aplicará en su contra una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí
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