Miriam del Rosario Carreto Moreno

Expediente 864/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
864/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
06/10/2022

Partes del expediente

  • Miriam del Rosario Carreto Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, seis de octubre de dos mil veintidós. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de quince de julio de dos mil veintidós, en el que desechó la demanda de amparo promovida por Miriam del Rosario Carreto Moreno; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a las partes para la entrega de documento, toda vez que estos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, quince de julio de dos mil veintidós. Radicación demanda de amparo Vista la demanda de amparo que promueve Miriam del Rosario Carreto Moreno, por propio derecho, contra actos del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 864/2022-II. Desechamiento de demanda. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que la quejosa señala como actos reclamados, del: Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura del numeral referido, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Desechamiento por los actos precisados en el inciso a) y b). En el caso concreto, de oficio este Juzgado de Distrito advierte que en relación al acto reclamado al Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, consistente en el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 56/2019, de su índice; y al Juez Séptimo de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, consistente en el proveído de veinte de junio de dos mil veintidós, dictado dentro del exhorto 56/2022-IX, derivado del juicio ejecutivo mercantil 50/2019, del índice del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX, del numeral 61, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúan de lo anterior: a).- Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo (...)". El precepto legal transcrito, contiene el principio de definitividad que, entre otros, rige al juicio de amparo, así como diversas excepciones previstas para su observancia. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. En ese contexto, para actualizar la causa de improcedencia en estudio, deben cumplirse los presupuestos siguientes: - La resolución reclamada debe provenir de una autoridad jurisdiccional o tribunal administrativo o del trabajo. - La ley que rija el acto reclamado establezca un recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento en que se emitió aquél. - Ese medio de defensa o recurso pueda revocar, modificar o nulificar el acto impugnado. - No se actualice alguna excepción al principio de definitividad Al respecto, es aplicable la jurisprudencia I.4o.C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 361, tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, de título y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución". Entonces, para que opere la causa de improcedencia en cuestión, es suficiente que una norma -en sentido formal y material-, y no cualquier ordenamiento general, establezca la procedencia directa e inmediata de algún recurso o medio de defensa en contra del acto reclamado, por el cual pueda ser revocado, modificado o nulificado. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo aludida, en virtud de que el auto reclamado es susceptible de ser revocado, modificado o confirmado, a través del recurso de revocación previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. En esta tesitura, es menester que el promovente antes de acudir al juicio de amparo interpusiera el recurso de revocación en contra del auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 56/2019, del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala; y del proveído de veinte de junio de dos mil veintidós, dictado dentro del exhorto 56/2022-IX, del índice del Juzgado Séptimo de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Para así considerarlo, conviene citar el contenido de los artículos 227, 228, 229 y 230 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que regula la procedencia del recurso de revocación, que establece: "ARTICULO 227.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. ARTICULO 228.- La revocación se interpondrá en el acto de la notificación o, a más tardar, dentro del día siguiente de haber quedado notificado el recurrente. ARTICULO 229.- Pedida la revocación, se dará vista a las demás partes, por el término de tres días y, transcurrido dicho término, el juez o tribunal resolverá, sin más trámite, dentro de otros tres. ARTÍCULO 230.- Del auto que decida sobre la revocación no habrá ningún recurso". De los preceptos normativos transcritos se desprende que la parte agraviada podrá promover el recurso de revocación en contra de los autos. De acuerdo con las disposiciones anteriores, el recurso de revocación procede contra los autos; asimismo, dicho recurso deberá tramitarse a más tardar, dentro del día siguiente de haber quedado notificado el recurrente del auto que le causa agravio, expresando el recurrente, con toda claridad, el hecho o hechos que constituyan la violación, las disposiciones legales que estime violadas y el concepto de la violación. Asimismo, una vez admitido el recurso, se mandará correr traslado a los colitigantes, para que lo contesten dentro de tres días y transcurrido este término, contesten o no los colitigantes y sin necesidad de petición dictará la resolución correspondiente. De igual manera, resulta de capital importancia, establecer que de conformidad con el artículo 220, de la codificación procesal civil invocada, poseen todas las resoluciones que no sean sentencias, la calidad de autos, pues dicho precepto señala: "Artículo 220. Las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias; decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; autos cuando decidan cualquier punto dentro del negocio, y sentencias, cuando decidan el fondo del negocio." De lo antes establecido, se puede concluir que el recurso de revocación procede contra autos, dictados tanto en primera instancia, dicha aseveración se realiza en términos del numeral 227, ya transcrito en párrafos precedentes, en virtud de que dicha porción normativa es clara en precisar que procede el recurso de revocación; por tanto, tal artículo crea la convicción de que los autos dictados en primera instancia pueden ser combatidos mediante el recurso de revocación. Precisado lo anterior, como ya se mencionó la parte quejosa promueve la presente contienda constitucional, reclamando el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós (en el que se dio trámite al incidente de liquidación promovido por la parte actora Adrián Juan Pablo Flores Sánchez), dictado en el juicio ejecutivo mercantil 56/2019, del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala; y del diverso de veinte de junio de dos mil veintidós (relativo a diligenciar lo ordenado en auto de treinta y uno de mayo del presente año, por el Juzgado exhortante, esto es, Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala), dictado dentro del exhorto 56/2022-IX, del índice del Juzgado Séptimo de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Por tanto, con meridiana claridad las determinaciones de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 56/2019, del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala; y de veinte de junio de dos mil veintidós, dictado dentro del exhorto 56/2022-IX, del índice del Juzgado Séptimo de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, no son una sentencia definitiva ni interlocutoria, puesto que ni decide el juicio en lo principal, ni mucho menos resuelve un incidente, en términos del artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala; por tanto, dicha determinación no puede considerarse una sentencia, sino un auto, y por ello, aun en segunda instancia procede el recurso de revocación. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 153, del Volumen 157-162, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y contenido es: "SENTENCIAS, EJECUCIÓN DE. NEGATIVA. AMPARO IMPROCEDENTE. Contra las determinaciones del Juez de los autos, en las cuales se niega a ejecutar una sentencia, procede agotar previamente al amparo el recurso de queja que se contempla en la fracción IV del artículo 697 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, pues resulta inaplicable al caso el artículo 513 del ordenamiento citado, ya que este precepto legal sólo es aplicable cuando existan violaciones cometidas en las actuaciones encaminadas a la ejecución de una sentencia, no así en los casos en que el juzgador se rehusa a dar cumplimiento a tal ejecución; por lo que, en esas condiciones, el promover directamente el amparo sin agotar previamente el recurso citado, motiva la causal de improcedencia que prevé la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, el sobreseimiento en el respectivo juicio de garantías, con base en la fracción III del artículo 74 de la propia ley.". Asimismo, debe indicarse que en el caso no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no tiene el carácter de tercera extraña al juicio; ni el acto reclamado se trata de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por otra parte, tampoco se actualiza la excepción relativa a que cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, lo procedente es desechar en el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo, por lo que hace a los actos reclamados al Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, consistente en el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 56/2019, de su índice; y al Juez Séptimo de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, consistente en el proveído de veinte de junio de dos mil veintidós, dictado dentro del exhorto 56/2022-IX, derivado del juicio ejecutivo mercantil 50/2019, del índice del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala. Desechamiento por el acto precisado en el inciso c). Por otra parte, respecto del acto reclamado consistente en la notificación realizada a la quejosa el veintitrés de junio de dos mil veintidós, dentro del exhorto 56/2022-IX, del índice del Juez Séptimo de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, se ordena desechar por las siguientes consideraciones: Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte inconforme deriva de que en la especie reclama la notificación realizada a la quejosa el veintitrés de junio de dos mil veintidós, dentro del exhorto 56/2022-IX, del índice del Juez Séptimo de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla; sin embargo, en la especie no se actualiza la institución de tercero extraño a juicio por equiparación simple, razón por la cual no es procedente el juicio de amparo en que se actúa. Al respecto, en relación con la institución de tercero extraño a juicio, el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) c). Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;" De la interpretación armónica de las disposiciones transcritas, se colige que el juicio de derechos fundamentales es procedente contra actos ejecutados dentro y fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Sobre ese tema, cabe destacar que el Alto Tribunal del País ha definido a la persona extraña, como aquella que no es parte en el proceso, es decir, la que no ha figurado en el procedimiento judicial como parte en sentido material, las cuales se diferencian de la siguiente forma: Personas que no son parte en el proceso, en razón de que sólo coadyuvan o participan en él, sin tener una relación jurídica generadora de un vínculo al proceso; por ejemplo, testigos, peritos, autoridades distintas a las responsables. Tercero extraño stricto sensu, es aquella persona distinta de los sujetos de la controversia cuyos derechos se ven afectados; por ejemplo, la persona a la que le embargan como consecuencia de un juicio en el que no es parte. Tercero extraño por equiparación, es aquella persona que de acuerdo con la jurisprudencia se presenta con las siguientes modalidades: Tercero extraño equiparado simple, que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado correctamente por un ilegal emplazamiento, lo que le impide apersonarse a fin de desplegar su defensa. Tercero extraño equiparado por litisconsorcio que a su vez se manifiesta de dos formas I) aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural, que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia; II) aquel que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado. En esa tesitura, debe considerarse tercero extraño al juicio stricto sensu para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, a aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de la resolución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones del juicio o procedimiento natural. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo VII, enero de 1998, página 56, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En este orden de ideas, cabe precisar que la afectación que puede resentir una persona extraña al juicio o procedimiento, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela del mismo, que va desde la demanda o escrito inicial hasta el cumplimiento de la sentencia o resolución, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame y que se pruebe, ya sea en relación con el bien debatido en el juicio, o bien, con los bienes de que la sentencia disponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución. Por otra parte, en un caso análogo al del tercero extraño, se encuentra quien aun siendo parte formal en el procedimiento judicial, no fue emplazado o lo fue ilegalmente, a quien se le denomina como persona extraña a juicio por equiparación simple. Ahora, tratándose de procedimientos judiciales, para considerar a una persona extraña a juicio por equiparación simple, además de ostentarse con ese carácter al promover el juicio de amparo, deben concurrir los siguientes requisitos: Que sea parte formal en el procedimiento. Que se haya dictado resolución final o definitiva, sin que el quejoso haya estado en posibilidad de defenderse oportunamente. Es oportuno destacar, sin embargo, que la falta de emplazamiento o el realizado en forma defectuosa, sólo permitirá la procedencia del juicio de amparo si, merced a esa circunstancia, se provocó la ignorancia absoluta del procedimiento que, concomitantemente, haya provocado indefensión. En este orden de ideas, es posible afirmar que para la actualización de la institución jurídica de tercero extraño por equiparación simple, no basta con que el emplazamiento se realice de forma defectuosa, sino que es necesario que tal circunstancia haya incidido en la posibilidad de la parte formal de ejercer su derecho a la defensa, precisamente, ante el grado de desconocimiento que tiene del procedimiento seguido en su contra, y que ya se haya dictado sentencia definitiva en el juicio natural, pues de lo contrario, la parte demandada que se ostente como tercero extraño deberá comparecer al mismo e imponerse de los autos a efecto de hacer valer los recursos legales ordinarios que resulten procedentes. En atención a lo anterior, la parte quejosa, no tiene el carácter de tercera extraña por equiparación en el juicio ejecutivo mercantil 56/2019, del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, toda vez que ha tenido conocimiento del procedimiento seguido y por ende, es sujeta del principio de definitividad previamente a acudir al juicio de amparo, pues las excepciones a dicho principio son de aplicación estricta, de ahí que se constituya un impedimento para hacerle extensiva alguna de ellas. Por tanto, se encuentra en posibilidad legal de hacer valer el medio de defensa que establece la ley secundaria en contra de los actos reclamados que derivan del juicio ejecutivo mercantil 56/2019, del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala; esto es, impugnar la notificación realizada a la quejosa en el que se ordenó dar vista con la apertura del incidente de liquidación promovido por la parte actora por medio del incidente de nulidad, por virtud del cual, puede ser nulificado, como premisa fundamental del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, pues jurídicamente a través de dicho medio ordinario de defensa, está en aptitud de combatir la notificación, por tal motivo es claro que el juicio biinstancial resulta improcedente. Las consideraciones expuestas encuentran sustento en las jurisprudencias siguientes: "EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme al criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 18/94, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN." es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de promoverlo en la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el objeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la Ley de Amparo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se encuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona establecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción I del artículo 159 de la Ley de la materia, haga valer como violación procesal los vicios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal." (Jurisprudencia 1/2012 sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Libro VI, Tomo 1, correspondiente a marzo de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." (Jurisprudencia 198/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 698, tomo XXIX, enero de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) Se ordena resguardo de documentos. Ahora bien, respecto a las documentales en original que anexa a su demanda de amparo, se ordena su resguardo en la secretaría de este Juzgado Federal, previa copia certificada que obre en autos, por lo tanto, manténgase por separado como anexo, y procédase a elaborar la caratula de identificación respectiva. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, como lo solicita expresamente la parte quejosa, en consecuencia, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo, realícese las notificaciones personales a la parte quejosa por lista de acuerdos, que se pública en los estrados de este juzgado, en el entendido que queda expedito su derecho para señalar domicilio en la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, lugar donde tiene residencia este Juzgado Federal. Autorizados. Asimismo, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Miguel Hernández Azucena, toda vez que sí cuenta con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Comunicación no procesal. Se tiene a la parte quejosa señalando como medio de comunicación correo electrónico, en consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de resguardar la salud e integridad de todos, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte, téngasele señalando correo electrónico, a fin de entablar comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Miriam Atonal Sánchez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

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