Miriam Gabriela López Ramírez representante
Expediente 1182/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1182/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Miriam Gabriela López Ramírez representante
Actuaciones
- Principal
Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, aceptó competencia. Agréguese el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad; mediante el cual, informa que se aceptó la competencia planteada en el juicio de amparo indirecto 1182/2018, de este juzgado, radicándolo con el número 5/2019 del índice del tribunal de alzada. Se ordena archivo y destrucción. En atención a lo anterior y toda vez que en proveído de diez de enero del año en curso (foja 26), se reservó ordenar el archivo del presente asunto, hasta en tanto la autoridad jurisdiccional acusara de recibo; lo que ya aconteció, por ello háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE y archívese el presente cuaderno de incompetencia como totalmente concluido.
- Principal
Tribunal Colegiado informa Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; mediante el cual informa que recibió el expediente principal del juicio de amparo que se provee y de la misma manera manifiesta, que requirió al Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, para que se encuentre en condiciones de determinar la procedencia o no, conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Amparo, asimismo fue radicado ante el tribunal de alzada con el número 5/2019 de su índice, lo anterior para los efectos legales conducentes.
- Principal
Causa estado incompetencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 16 a 23), en el que se declinó competencia de la demanda de amparo promovida por Miriam Gabriela López Ramírez, por propio derecho, así como en su carácter de cónyuge supérstite y representante legal del menor de iniciales E.G.H.L., ambos con derechos hereditarios del de cujus Francisco Javier Hernández Velazco; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se envía incompetencia. En consecuencia, en cumplimiento a la determinación de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 16 a 23), previa formación del cuaderno de antecedentes, remítase el presente asunto al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, para que provea respecto a la competencia declinada y resuelva lo pertinente. Se reserva su archivo. Finalmente, se reserva ordenar el archivo del presente asunto, hasta en tanto la autoridad jurisdiccional acuse de recibo de los autos del presente juicio de amparo e informe si acepta o no la competencia declinada.
- Principal
Radicación demanda de amparo. Vista la demanda de amparo promovida por Miriam Gabriela López Ramírez, por propio derecho, así como en su carácter de cónyuge supérstite y representante legal del menor de iniciales E.G.H.L., ambos con derechos hereditarios del de cujus Francisco Javier Hernández Velazco, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1182/2018-VIII. Asimismo, se insertaron las iniciales del citado menor y se hará referencia a él, conforme con lo dispuesto en el Capítulo III denominado "Reglas y Consideraciones Generales para las y los Juzgadores", punto 6 relativo a la "Privacidad", y punto 7, relativo a "Medidas para proteger la intimidad y bienestar de niñas y niños y adolescentes" primer párrafo, incisos a), c), y d), todos del Protocolo de Actuación Para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Niñas, Niños y Adolescentes, elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el mes de marzo de dos mil catorce, por lo que este órgano jurisdiccional ordena que se omita la publicación de sus datos personales en las determinaciones que se emitan en este expediente Precisión del acto reclamado. Ahora, a fin de normar el procedimiento y clarificar el presente juicio de amparo, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte como acto reclamado el siguiente: El acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio laboral C.D.T 515/2017, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual decretó la caducidad del citado expediente laboral, y ordenó el archivo del mismo como asunto concluido. Se declina competencia a Tribunal Colegiado. En el caso resulta pertinente señalar que la competencia constituye un presupuesto procesal de análisis previo a cualquier otra cuestión, por lo que se procede a examinar si en la especie se satisface este requisito. Lo anterior en virtud de que este órgano jurisdiccional se estima legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo presentada por Miriam Gabriela López Ramírez, por propio derecho, así como en su carácter de cónyuge supérstite y representante legal del menor de iniciales E.G.H.L., ambos con derechos hereditarios del de cujus Francisco Javier Hernández Velazco, por el acto precisado en párrafos precedentes, por razón de la vía. En ese sentido, conviene señalar que los artículos 34, 47, 170 y 176 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley." (.)" "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes." La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley." De conformidad con lo dispuesto en las normas legales antes transcritas, procede el amparo directo, del cual conocerá el Tribunal Colegiado que corresponda, contra sentencias definitivas o laudos y contra las resoluciones que sin decidir el fondo del juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso o medio de defensa ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; entendiéndose por las primeras, aquellas que decidan el juicio en lo principal y, por las segundas, las que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido. Explicado lo anterior, debe mencionarse que del contenido del artículo 107 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afectan personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, los cuales serán del conocimiento del Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Al respecto, resulta oportuno transcribir el contenido del precepto citado: "Articulo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." En la especie se advierte que el acto reclamado, no encuadra en ninguno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, pues lo constituye el acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio laboral C.D.T 515/2017, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual decretó la caducidad del citado expediente laboral, y ordenó el archivo del mismo como asunto concluido, en virtud de ser un auto que pone fin al juicio en comento. En efecto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, en relación con el 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el juicio de amparo directo (que conoce un Tribunal Colegiado de Circuito), procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio. Para mejor comprensión en el sentido de la presente resolución, resulta conveniente señalar los antecedentes del acto reclamado que se precisaron en la demanda de amparo (fojas 5 y 6), los cuales consisten en: El once de julio de dos mil diecisiete, el de cujus Francisco Javier Hernández Velazco, promovió juicio en la vía ordinaria laboral en contra de Impulsora del Desarrollo en América Latina (IDEAL), Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable y/o autopista Arco Norte y/o Administración Especializada Sociedad Anónima de Capital Variable, el cual se radicó el catorce de julio siguiente, señalándose día y hora para que tuviere verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. El dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la que compareció el de cujus Francisco Javier Hernández Velazco, a través de su representante legal y Arco Norte, a través de su representante legal, no así las demás partes, por lo que se señaló nuevo día y hora para la citada audiencia. Así, el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la que nuevamente sólo comparecieron el de cujus Francisco Javier Hernández Velazco, a través de su representante legal y Arco Norte, a través de su representante legal, por ende, nuevamente se señaló día y hora para la referida audiencia. El veintinueve de octubre de dos mil diecisiete, falleció el actor Francisco Javier Hernández Velazco, situación que se hizo del conocimiento de la junta responsable, el dieciocho de abril del presente año, por lo que se suspendió el procedimiento de origen. El dos de octubre de dos mil dieciocho la apoderada legal de la demandada Arco Norte, solicitó ante la junta responsable se decretara la caducidad por inactividad, petición que fue acordada favorablemente el veinticinco de octubre del año en curso. Por consiguiente, toda vez que el acto reclamado es el acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio laboral C.D.T 515/2017, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual decretó la caducidad del citado expediente laboral, y ordenó el archivo del mismo como asunto concluido, en virtud de ser un auto que pone fin al juicio en comento, es que se considera que el competente legalmente para conocer de la demanda de amparo es el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, pues de conformidad con el artículo 37, fracción I, inciso d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dichos órganos jurisdiccionales son los competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra resoluciones que ponen fin al juicio. Apoya a lo anterior, la tesis XIX.2o.34 L, Tomo XIV, Noviembre de 2001, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 488, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. CASO EN QUE PROCEDE, POR RECLAMARSE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y NO UN LAUDO (ARTÍCULOS 46 Y 158 DE LA LEY DE AMPARO). Tratándose de un auto dictado por la Junta laboral, que eleva a la categoría de laudo consentido y ejecutoriado un convenio de esa materia, ordenándose el archivo del asunto como total y definitivamente concluido, es claro que dicha resolución, aun cuando no resuelve el fondo del negocio, sí pone fin al juicio; por esa razón, lo que procede en su contra es el juicio de amparo directo, en términos de los artículos 46, párrafo final y 158 de la Ley de Amparo. Así como la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, página 466, de rubro y texto siguientes: "RESOLUCION QUE PONE FIN AL JUICIO. SU SIGNIFICADO CONFORME A LAS REFORMAS DE LA LEY DE AMPARO. Es verdad que con anterioridad a las reformas que fueron efectuadas a la Constitución Federal, Ley de Amparo y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que entraron en vigor a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se establecía que sólo correspondía conocer a la Suprema Corte de Justicia o a los Tribunales Colegiados de Circuito según su respectiva competencia de los juicios de amparo promovidos contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometiera durante el procedimiento o en la sentencia misma, sin embargo, a raíz de dichas reformas se incluyó una nueva facultad de competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer, además de las sentencias definitivas o laudos, también de resoluciones que pongan fin al juicio, ahora bien, la palabra "resolución" empleada por el legislador en la nueva figura de competencia, "resoluciones que pongan fin al juicio", no fue empleada como sinónimo de sentencia definitiva, por el contrario, se refirió a aquellas resoluciones que sin tener tal naturaleza ponen también fin al juicio, esto es, que puede tratarse de un simple auto o de una resolución interlocutoria. Lo común tanto a los autos definitivos como a las sentencias interlocutorias que ponen fin al juicio para efectos del caso que nos ocupa, estriba en que deben impedir o paralizar definitivamente la prosecución de éste, dándolo así por concluido. Tanto la doctrina como el legislador coinciden en que por resolución que pone fin al juicio debe entenderse, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por terminado y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en su contra por lo que pueden ser modificadas o revocadas, por tanto indispensable es la reunión de todas estas características para que puedan ser consideradas como tales. De esta forma participan así dichas resoluciones de algunas de las características que contienen también las sentencias definitivas." Así como la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), sustentada por Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 2008791 de rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. Por tanto, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído realizada a la parte quejosa, remítase el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, para los efectos previstos en el citado artículo; solicitando el acuse de recibo respectivo; fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Domicilio para oír y recibir notificaciones Por otro lado, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo realícese las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos por así solicitarlo expresamente, ya que la misma señala los estrados de este juzgado, lo que no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional que señala domicilio particular, sin embargo el mismo en cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 108, fracción I de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Cruz Hernández y Alfredo Díaz Cruz, por contar con cedula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Igualmente, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,223 expedientes
- Miriam del Rosario Carreto Moreno1009/2021
- Miriam Edith Morales539/2021
- Miriam Edith Morales Ramos14/2019
- Miriam Edith Morales Ramos1057/2021
- Miriam Edith Morales Ramos410/2017
- Miriam Gabriela García O'Hara1204/2021
- Miriam Guzmán àLvarez179/2022
- Miriam Hernández Flores409/2018
- Miriam Hernández Ramos140/2022
- Miriam Hernandez Ramos345/2017
- Miriam Hernández Ramos1483/2022
- Miriam Laura Marroquín Stevenson456/2015