Miriam Guzmán àLvarez

Expediente 179/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
179/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
24/03/2022

Partes del expediente

  • Miriam Guzmán àLvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Se agrega sin mayor proveído. Agréguese el oficio signado por el Agente del Ministerio Público Investigador Titular del Primer Turno de la Unidad de Investigación con Detenido, a través del cual rinde su respectivo informe justificado; sin embargo, no se realizará mayor pronunciamiento al respecto en virtud de que el catorce de marzo del año que transcurre, se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de garantías. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.KAP*

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, catorce de marzo de dos mil veintidós. Autoridad rinde informe de suspensión de plano. Agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público Investigador Titular del Primer Turno de la Unidad de Investigación con detenido, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su respectivo informe relativo a la suspensión de plano. Quejosa fue puesta en libertad. Asimismo, téngase a la autoridad oficiante, informando que derivado del informe policial homologado con número de referencia 2902PE044140220221920, se desprende que hubo una denuncia por parte de una persona del sexo femenino la cual proporcionó las características de las personas que la amenazaban con un arma de fuego, características que reportó a los elementos aprehensores, por lo que estos últimos procedieron a la búsqueda y localización de las personas reportadas y una vez que las tuvo a la vista, procedieron a indicarles que detuvieran su marcha, a quienes al solicitarles les permitieran una revisión le fue encontrada un arma de fuego a Jonathan Ajuech Díaz, entre sus pertenencias, no obstante, al no existir denuncia de parte de la persona afectada, la Representación Social a las cero horas con quince minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintidós, decretó la libertad de la quejosa Miriam Guzmán Álvarez. Manifestaciones que acredita con la copia fotostática del copia del oficio de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, signado por el Agente del Ministerio Público Titular del Primer Turno de la Unidad de Investigación con detenido Región Sur, adscrito al Departamento de Investigación del Delito, dirigido al Inspector Jefe Encargado del Departamento de la Policía de Investigación del Estado de Tlaxcala, por el que informa que ordenó la libertad de la quejosa Miriam Guzmán Álvarez, por los hechos que la ley señala como delito de Portación de objeto apto para agredir y robo calificado de vehículo en la modalidad del artículo 30, fracción VI, cometido en agravio de la sociedad y quien o quienes resulten víctimas u ofendidos , en virtud de que los hechos con apariencia de delito no ameritan prisión preventiva oficiosa. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del contenido de la documental remitida por la autoridad oficiante se desprende que el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, el Agente del Ministerio Público Titular del Primer Turno de la Unidad de Investigación con detenido Región Sur, adscrito al Departamento de Investigación del Delito, decretó libertad de la quejosa Miriam Guzmán Álvarez, en virtud de que los hechos que la ley señala como delito de Portación de objeto apto para agredir y robo calificado de vehículo en la modalidad del artículo 30, fracción VI, cometido en agravio de la sociedad y quien o quienes resulten víctimas u ofendidos, no ameritan prisión preventiva oficiosa, asimismo, al no existir denuncia de parte de la persona afectada, la Representación Social a las cero horas con quince minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintidós, decretó su inmediata libertad. Por lo que se estima se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XVII, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica; (.)". Conforme a la fracción transcrita, el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora, para que opere la causal de improcedencia del juicio de amparo referida se requiere necesariamente de la concurrencia de los elementos que se enuncian: a) Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto reclamado en el juicio constitucional; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio de amparo, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en razón de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior, se sustenta en los criterios que se citan: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente: "contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable". "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Para que exista la causal que menciona la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que el cambio de situación jurídica se opere en el mismo procedimiento de que emanan los actos reclamados y que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en el juicio, sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora, la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, señaló como actos reclamados los siguientes: El acuerdo de retención y verificación de flagrancia dictado dentro de la carpeta de investigación C.I.UI.TLAXCD-2/89/2022, de fecha quince de febrero de dos mil veintidós firmado por el agente del ministerio público Oscar Pérez Tlapalcoyoa; y, La retención y privación de la libertad en los separos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Por otra parteen atención a la documental que remitió el Agente del Ministerio Público Investigador Titular del Primer Turno de la Unidad de Investigación con detenido, consistente en copia con la copia fotostática oficio de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, signado por el Agente del Ministerio Público Titular del Primer Turno de la Unidad de Investigación con detenido Región Sur, adscrito al Departamento de Investigación del Delito, dirigido al Inspector Jefe Encargado del Departamento de la Policía de Investigación del Estado de Tlaxcala; del que se advierte que en la misma data -dieciséis de febrero de dos mil veintidós-, el Representante Social responsable determinó decretar inmediata libertad de la quejosa Miriam Guzmán Álvarez, los motivos que expuso. A dichas constancias se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 93, fracción II, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, por ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Atento a lo anterior, resulta evidente que a la data en que se actúa ha operado un cambio de situación jurídica, pues como ya se destacó, el pasado dieciséis de febrero del año que transcurre, el Agente del Ministerio Público Titular del Primer Turno de la Unidad de Investigación con detenido Región Sur, adscrito al Departamento de Investigación del Delito, dentro de la careta de investigación C.I.UI.TLAXCD-2/89/2022, de su índice, seguida por el delito de Portación de objeto apto para agredir y robo calificado de vehículo en la modalidad del artículo 330, fracción VI previsto y sancionado en el Código Penal del Estado de Tlaxcala, cometido en agravio de la sociedad y quien o quienes resulten víctimas u ofendidos, determinó decretar inmediata libertad a la quejosa Miriam Guzmán Álvarez. De esta manera, la existencia de tal determinación, acaecida después de presentada la demanda de amparo (quince de febrero de dos mil veintidós) son datos suficientes para considerar que en el caso se originó un cambio de situación jurídica, por lo que se considera que las violaciones reclamadas a través de esta instancia constitucional han quedado irreparablemente consumadas, al acontecer un cambio de situación jurídica del acto reclamado. Luego, es indudable que con tal actuar se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porción normativa que fue interpretada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, de agosto de 2007, Novena Época, Materia Penal, página 50, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR", en el sentido de que el cambio de situación jurídica tiene como consecuencia que las violaciones cometidas en el acto impugnado se consideren consumadas de modo irreparable, ello en virtud de que ya no es posible decidir sobre éstas, sin que se afecte la nueva situación jurídica del quejoso. Asimismo, se cita por su contenido, la tesis III.2o.P.150 P, visible en la página 2575 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 2019, número de registro 2019590, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LA MISMA CAUSA SE DICTA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE EL QUEJOSO ELIGIÓ COMO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO". Con base en lo anterior, se llega a la determinación de que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al operar el cambio de situación jurídica, ante la determinación en la audiencia inicial ya precisada. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables en la especie conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Se deja sin efectos fecha y hora para audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la data fijada para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con dieciséis minutos del uno de abril de dos mil veintidós. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Razón actuarial. En otro aspecto, agréguese sin mayor providencia, la razón actuarial de seis de marzo de dos mil veintidós, en la que el actuario judicial adscrito a este Juzgado informa la imposibilidad para notificar personalmente a la quejosa Miriam Guzmán Álvarez, el proveído de diecisiete de febrero del año en curso, en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala en el domicilio oficial conocido, en virtud de que el dieciséis de febrero de dos mil veintidós fue puesta en libertad, lo anterior virtud de la determinación decretada en los párrafos que anteceden. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.KAP*

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, catorce de marzo de dos mil veintidós. Autoridad rinde informe de suspensión de plano. Agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público Investigador Titular del Primer Turno de la Unidad de Investigación con detenido, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su respectivo informe relativo a la suspensión de plano. Quejosa fue puesta en libertad. Asimismo, téngase a la autoridad oficiante, informando que derivado del informe policial homologado con número de referencia 2902PE044140220221920, se desprende que hubo una denuncia por parte de una persona del sexo femenino la cual proporcionó las características de las personas que la amenazaban con un arma de fuego, características que reportó a los elementos aprehensores, por lo que estos últimos procedieron a la búsqueda y localización de las personas reportadas y una vez que las tuvo a la vista, procedieron a indicarles que detuvieran su marcha, a quienes al solicitarles les permitieran una revisión le fue encontrada un arma de fuego a Jonathan Ajuech Díaz, entre sus pertenencias, no obstante, al no existir denuncia de parte de la persona afectada, la Representación Social a las cero horas con quince minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintidós, decretó la libertad de la quejosa Miriam Guzmán Álvarez. Manifestaciones que acredita con la copia fotostática del copia del oficio de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, signado por el Agente del Ministerio Público Titular del Primer Turno de la Unidad de Investigación con detenido Región Sur, adscrito al Departamento de Investigación del Delito, dirigido al Inspector Jefe Encargado del Departamento de la Policía de Investigación del Estado de Tlaxcala, por el que informa que ordenó la libertad de la quejosa Miriam Guzmán Álvarez, por los hechos que la ley señala como delito de Portación de objeto apto para agredir y robo calificado de vehículo en la modalidad del artículo 30, fracción VI, cometido en agravio de la sociedad y quien o quienes resulten víctimas u ofendidos , en virtud de que los hechos con apariencia de delito no ameritan prisión preventiva oficiosa. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del contenido de la documental remitida por la autoridad oficiante se desprende que el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, el Agente del Ministerio Público Titular del Primer Turno de la Unidad de Investigación con detenido Región Sur, adscrito al Departamento de Investigación del Delito, decretó libertad de la quejosa Miriam Guzmán Álvarez, en virtud de que los hechos que la ley señala como delito de Portación de objeto apto para agredir y robo calificado de vehículo en la modalidad del artículo 30, fracción VI, cometido en agravio de la sociedad y quien o quienes resulten víctimas u ofendidos, no ameritan prisión preventiva oficiosa, asimismo, al no existir denuncia de parte de la persona afectada, la Representación Social a las cero horas con quince minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintidós, decretó su inmediata libertad. Por lo que se estima se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XVII, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica; (.)". Conforme a la fracción transcrita, el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora, para que opere la causal de improcedencia del juicio de amparo referida se requiere necesariamente de la concurrencia de los elementos que se enuncian: a) Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto reclamado en el juicio constitucional; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio de amparo, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en razón de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior, se sustenta en los criterios que se citan: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente: "contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable". "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Para que exista la causal que menciona la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que el cambio de situación jurídica se opere en el mismo procedimiento de que emanan los actos reclamados y que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en el juicio, sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora, la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, señaló como actos reclamados los siguientes: El acuerdo de retención y verificación de flagrancia dictado dentro de la carpeta de investigación C.I.UI.TLAXCD-2/89/2022, de fecha quince de febrero de dos mil veintidós firmado por el agente del ministerio público Oscar Pérez Tlapalcoyoa; y, La retención y privación de la libertad en los separos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Por otra parteen atención a la documental que remitió el Agente del Ministerio Público Investigador Titular del Primer Turno de la Unidad de Investigación con detenido, consistente en copia con la copia fotostática oficio de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, signado por el Agente del Ministerio Público Titular del Primer Turno de la Unidad de Investigación con detenido Región Sur, adscrito al Departamento de Investigación del Delito, dirigido al Inspector Jefe Encargado del Departamento de la Policía de Investigación del Estado de Tlaxcala; del que se advierte que en la misma data -dieciséis de febrero de dos mil veintidós-, el Representante Social responsable determinó decretar inmediata libertad de la quejosa Miriam Guzmán Álvarez, los motivos que expuso. A dichas constancias se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 93, fracción II, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, por ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Atento a lo anterior, resulta evidente que a la data en que se actúa ha operado un cambio de situación jurídica, pues como ya se destacó, el pasado dieciséis de febrero del año que transcurre, el Agente del Ministerio Público Titular del Primer Turno de la Unidad de Investigación con detenido Región Sur, adscrito al Departamento de Investigación del Delito, dentro de la careta de investigación C.I.UI.TLAXCD-2/89/2022, de su índice, seguida por el delito de Portación de objeto apto para agredir y robo calificado de vehículo en la modalidad del artículo 330, fracción VI previsto y sancionado en el Código Penal del Estado de Tlaxcala, cometido en agravio de la sociedad y quien o quienes resulten víctimas u ofendidos, determinó decretar inmediata libertad a la quejosa Miriam Guzmán Álvarez. De esta manera, la existencia de tal determinación, acaecida después de presentada la demanda de amparo (quince de febrero de dos mil veintidós) son datos suficientes para considerar que en el caso se originó un cambio de situación jurídica, por lo que se considera que las violaciones reclamadas a través de esta instancia constitucional han quedado irreparablemente consumadas, al acontecer un cambio de situación jurídica del acto reclamado. Luego, es indudable que con tal actuar se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porción normativa que fue interpretada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, de agosto de 2007, Novena Época, Materia Penal, página 50, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR", en el sentido de que el cambio de situación jurídica tiene como consecuencia que las violaciones cometidas en el acto impugnado se consideren consumadas de modo irreparable, ello en virtud de que ya no es posible decidir sobre éstas, sin que se afecte la nueva situación jurídica del quejoso. Asimismo, se cita por su contenido, la tesis III.2o.P.150 P, visible en la página 2575 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 2019, número de registro 2019590, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LA MISMA CAUSA SE DICTA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE EL QUEJOSO ELIGIÓ COMO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO". Con base en lo anterior, se llega a la determinación de que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al operar el cambio de situación jurídica, ante la determinación en la audiencia inicial ya precisada. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables en la especie conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Se deja sin efectos fecha y hora para audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la data fijada para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con dieciséis minutos del uno de abril de dos mil veintidós. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Razón actuarial. En otro aspecto, agréguese sin mayor providencia, la razón actuarial de seis de marzo de dos mil veintidós, en la que el actuario judicial adscrito a este Juzgado informa la imposibilidad para notificar personalmente a la quejosa Miriam Guzmán Álvarez, el proveído de diecisiete de febrero del año en curso, en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala en el domicilio oficial conocido, en virtud de que el dieciséis de febrero de dos mil veintidós fue puesta en libertad, lo anterior virtud de la determinación decretada en los párrafos que anteceden. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.KAP*

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Se requiere informe de suspensión de plano Visto el estado procesal de las presentes actuaciones y en atención a la certificación de cuenta, de los que se advierte que la autoridad señalada como responsable Agente del Ministerio Público en turno de la Mesa Especializada con Detenido, no dio cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de quince de febrero de dos mil veintidós, a fin de que rinda su informe sobre la suspensión de plano concedida a la directa quejosa Miriam Guzmán Álvarez. Por tanto, requiérasele nuevamente a la autoridad responsable para que dentro del término de veinticuatro horas informen acerca de la forma o término en que dieron cumplimiento a la suspensión de plano dictada en auto de quince de febrero del año en curso, previniendo a dicha autoridad que la violación de este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo y 215 del Código Penal Federal. Hágase saber a la autoridad responsable que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de ABUSO DE AUTORIDAD conforme a lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO

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