Milthon Javier Fregoso Escalera

Expediente 49/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
49/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
28/07/2023

Partes del expediente

  • Milthon Javier Fregoso Escalera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. A. Promoción de cuenta. Vista la comparecencia de cuenta, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar y, atento a su contenido, téngase al quejoso Milthon Javier Fregoso Escalera reconociendo la firma del escrito recibido en este órgano jurisdiccional el veinticuatro de julio de la presente anualidad -con número de registro 11517 de 2023-, mediante el cual, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y desahogó la vista concedida por acuerdo de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. En ese sentido, téngasele señalando ese domicilio para tales efectos y desahogando la vista en tiempo y forma. B. Cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesadas para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector. Vista que fue desahogada únicamente por la autoridad tercera interesada Sandra Flores Degante, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Puebla, mediante oficio FECC/UIHCAE/4703/2023, presentado el veintiuno de julio de dos mil veintitrés vía correo institucional, así como por el quejoso Milthon Javier Fregoso Escalera, mediante escrito recibido en este juzgado el veinticuatro de julio de este año. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos y, desde luego, tomando en consideración la vista desahogada. I. Antecedentes. El veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo al quejoso Milthon Javier Fregoso Escalera, respecto del auto de vinculación a proceso, dictado en audiencia inicial celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil veintidós y continuada el veintidós de diciembre siguiente dentro de la carpeta judicial administrativa 4085/2022/PUEBLA; por las razones expuestas en el considerando séptimo y para los efectos precisados en el considerando octavo del propio fallo. Inconformes con el fallo de amparo, los terceros interesados Juan Manuel Bonilla Romero, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción en el Ámbito Estatal de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, y Alfredo Baltazar Ajuria Vergara, abogado general del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, interpusieron recurso de revisión, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión 102/2023, en donde mediante ejecutoria dictada el veintidós de junio de dos mil veintitrés, por una parte desechó el medio de impugnación interpuesto por Alfredo Baltazar Ajuria Vergara, abogado general del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla y, por otra confirmó, por unanimidad de votos, la sentencia recurrida, con una puntualización indicada en dicho fallo. Mediante acuerdo emitido el seis de julio de la presente anualidad, se tuvo por recibida la indicada ejecutoria; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable Joel Daniel Baltazar Ávalos, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la ciudad de Puebla, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Finalmente, en proveído de diecisiete de julio del actual, se dio vista a las partes quejosa y autoridades terceras interesadas con el cumplimiento dado a la ejecutoria, para que manifestaran lo que estimaran conducente, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se concluyó que el auto de vinculación a proceso, dictado en audiencia inicial celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil veintidós y continuada el veintidós de diciembre siguiente dentro de la carpeta judicial administrativa 4085/2022/PUEBLA, contenía una violación formal que dejó en estado de indefensión al quejoso Milthon Javier Fregoso Escalera; por ende, se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto de dicha determinación. Lo anterior, por violar el derecho humano a la legalidad, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello se justificó, en lo que interesa, con base en los siguientes razonamientos: A. Después de analizar las aludidas audiencias y de establecer los requisitos necesarios para el dictado de un auto de vinculación a proceso, se indicó que el auto de vinculación a proceso combatido, se siguió en contra de Milthon Javier Fregoso Escalera, por los hechos que la ley señala como delitos falsificación de documento. B. Que según la clasificación que hizo el juez responsable, está previsto y sancionado por los artículos 250 fracción VII, 251 fracción I y II, así como el artículo 252 del Código Penal para el Estado de Puebla, aunado a los artículos 11, 13, 17 y 21 fracción I, en agravio del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla y la sociedad. C. Se destacó una inconsistencia, dado que el juez responsable hizo de lado que, la descripción típica, no solo exige los elementos que indica el artículo 251, fracciones I y II, sino que, además, requiere que el falsario haga la falsificación sin consentimiento de la persona en cuyo nombre se hizo el documento, indicada en la fracción III, del mismo ordenamiento legal. D. Se explicó que la ley misma exige que confluyan esos tres requisitos; dado que, no debe perderse de vista que la falsedad de un documento, solo adquiere una connotación delictiva si hay alguna ganancia (provecho) para el emisor y un posible beneficiario; que ello, cause un daño a la administración pública (del Estado); y se haga sin permiso de aquella persona en cuyo nombre se hizo el documento (sin consentimiento). E. De tal modo que, la forma en la que el juez de control resolvió, permitía apreciar una violación formal que dejó en estado de indefensión al aquí quejoso Milthon Javier Fregoso Escalera, pues no le dejó conocer si conforme a los hechos imputados, existió algún consentimiento de la persona en cuyo nombre se hizo el documento. F. Lo que se destacó, dado que la mecánica de dicho ilícito, requería que entre el falsificador y el beneficiario de esa alteración existiera una comunicación que revelara un concierto previo en el que, el segundo autorice al primero a que haga la alteración para así obtener alguna ganancia. G. Situación que el juez de control evadió en su análisis, de las versiones y los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público y la defensa; pero que, al no verse satisfecha, revela un proceder adverso a los derechos humanos a la legalidad y certeza jurídica, previstos en el artículo 16 Constitucional. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para los siguientes efectos: "(.) OCTAVO. En términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, y 77, fracción I de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y el respeto al derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que la autoridad responsable: 1. Juez de control adscrito al juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Joel Daniel Baltazar Ávalos), una vez que se le requiera el cumplimiento de esta sentencia de amparo, deberá realizar lo siguiente: Dejar sin efectos la resolución pronunciada el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, en la carpeta judicial administrativa: 4085/2022/PUEBLA de su índice, en la parte que dictó auto de vinculación a proceso. Señalar inmediatamente día y hora para la celebración de la audiencia en la que se dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en donde deberán estar presentes todas las partes intervinientes en la audiencia de veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Sin dar el uso de la palabra a las partes, siguiendo los lineamientos constitucionales establecidos en la presente sentencia, resuelva con libertad de jurisdicción, conforme a derecho corresponda respecto a la situación jurídica del aquí quejoso. Deberá remitir las constancias que justifiquen el cumplimiento al fallo protector. (.)" No obstante, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el amparo en revisión 102/2023, si bien confirmó el amparo concedido, también efectuó la siguiente precisión -lo destacado es propio-: "(.) Consecuentemente, esa parte de la consideración de la sentencia que se revisa no subsiste jurídicamente. Para claridad, se reproduce la parte de la sentencia aquí recurrida que deja de regir la misma: "(.) Ello es importante, dado que la mecánica de dicho ilícito, requiere que entre el falsificador y el beneficiario de esa alteración, debe existir una comunicación que revele un concierto previo en el que, el segundo autorice al primero a que haga la alteración para así obtener alguna ganancia." No obstante, la concesión del amparo al quejoso prevale, porque lo advertido por el juez de Distrito fue que la resolución reclamada contiene una violación formal, en tanto no se deja conocer al peticionario -imputado en la causa de origen- si conforme los hechos que se le atribuyen, confluye lo que dispone la fracción III del artículo 251 del Código Penal del Estado, que es como debe entenderse lo considerado en la sentencia sujeta a escrutinio, precisamente porque en todo caso corresponde al juez natural formular los argumentos atinentes, en función de lo expuesto en el debate, la formulación de la imputación, y los datos de prueba incorporados por los intervinientes en la audiencia inicial y su continuación, para decidir lo que estime procedente con libertad de jurisdicción y respetar los derechos humanos de legalidad y certeza jurídica previstos en el artículo 16 constitucional. De otro modo dicho, el vicio formal a que se contrae la sentencia que se revisa, queda especificado en el sentido de que en la resolución reclamada se hizo de lado que se requiere "Que el falsario haga la falsificación sin consentimiento de la persona a quien resulte o pueda resultar perjuicio o sin el de aquélla en cuyo nombre se hizo el documento" (fracción III del artículo 251 del Código Penal del Estado), de modo que al cumplirse la ejecutoria de amparo, siguiendo lo precisado en el considerando octavo de la sentencia sujeta a revisión, en sus puntos uno a cuatro, se atienda que los lineamientos establecidos en la sentencia amparadora, implican, como quedó de manifiesto en esta ejecutoria, que ha de considerarse el contenido de dicha fracción III para establecer el hecho que la ley señala como delito atribuido al quejoso, debiéndose decidir con libertad de jurisdicción y conforme en derecho corresponda, de manera fundada y motivada, acorde el análisis de las versiones de las partes, los datos de prueba aportados por estas, es decir, virtud el debate generado en audiencia." (.)" III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable Joel Daniel Baltazar Ávalos, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la ciudad de Puebla, en audiencia celebrada el trece de julio de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta judicial administrativa 4085/2022/PUEBLA de su índice, entre otras cuestiones, realizó lo siguiente: 1. Dejó sin efectos la resolución pronunciada el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, en la parte que dictó auto de vinculación a proceso. 2. Sin dar el uso de la palabra a las partes y siguiendo los lineamientos constitucionales establecidos en la presente sentencia, resolvió con libertad de jurisdicción y dictó nuevamente auto de vinculación a proceso en contra de Milthon Javier Fregoso Escalera, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de falsificación de documentos, previsto y sancionado por los artículos 250, fracción VII, 251, fracciones I, II y III, y 252, en relación con los diversos artículos 13, 17 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. 3. Para lo cual, consideró lo establecido en el artículo 251, fracción III, respecto a la falta de consentimiento de la persona a quien resulte o pueda resultar en perjuicio a nombre de quien se hizo el documento falso, ya que aludió que el quejoso realizó esta documentación sin previa autorización y sin el consentimiento por parte de la Dirección Académica Revisora y por parte de la Subdirección de Evaluación y Acreditación, encargada de elaborar esa documentación para integrar el expediente para obtener el grado académico de licenciado. IV. Desahogo a la vista otorgada. La autoridad tercera interesada Sandra Flores Degante, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Puebla, mediante oficio FECC/UIHCAE/4703/2023, presentado el veintiuno de julio de dos mil veintitrés vía correo institucional, desahogó la vista concedida por auto de diecisiete de julio del año en curso, señalando que el juez de control se había ajustado a los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Asimismo, el quejoso Milthon Javier Fregoso Escalera, mediante escrito presentado el veinticuatro de julio de esta anualidad ante este Juzgado, desahogó la vista concedida referida, en los siguientes términos: i) Indica que el juez de control tomó en cuenta aspectos que no fueron hechos valer por las partes en audiencia inicial. ii) Señala que el juez responsable únicamente valoró los datos de prueba ofrecidos por el ministerio público y no aquéllos ofrecidos por su defensa. iii) Afirma que no se le permitió conocer si conforme a los hechos imputados, existió algún consentimiento de la persona en cuyo nombre se hizo el documento. V. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo; por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el citado juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos la resolución reclamada; ii) dejó intocado todo lo manifestado por las partes en audiencia inicial; y, iii) con base en las consideraciones expuestas en la sentencia y con libertad de jurisdicción, dictó un nuevo auto de vinculación a proceso, donde valoró lo previsto en la fracción III del artículo 251 del Código Penal del Estado de Puebla para establecer el hecho con apariencia del delito de falsificación de documento, pues indicó que el quejoso elaboró el documento apócrifo, sin previa autorización y sin el consentimiento por parte de la Dirección Académica Revisora y por parte de la Subdirección de Evaluación y Acreditación, encargada de elaborar esa documentación para integrar el expediente para obtener el grado académico de licenciado. En ese sentido, lo alegado por el quejoso es infundado, en la parte en que sostiene que no se le permitió conocer si conforme a los hechos imputados, existió algún consentimiento de la persona en cuyo nombre se hizo el documento; además, el resto de la materia alegado, en su caso, debe ser análisis del medio legal o extraordinario que se interponga en contra de la nueva determinación. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. C. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación, dada su trascendencia. Notifíquese personalmente al quejoso en el en el domicilio señalado en su escrito con registro 11517 de 2023; y, por oficio a la autoridad responsable, a las autoridades terceras interesadas y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. I. Oficio de cuenta. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio FECC/UIHCAE/4703/2023 remitido -vía correo electrónico institucional- por la autoridad tercera interesada ********************, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Puebla; y, en atención a su contenido, téngasele realizando manifestaciones relacionadas a la vista otorgada por auto de diecisiete de julio del actual, mismas que serán consideradas al momento de pronunciarse sobre el cumplimiento de dicha sentencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Escrito de cuenta. Intégrese a los autos el escrito signado aparentemente por el quejoso ********************, mediante el cual pretende desahogar la vista concedida por auto de diecisiete de julio pasado. Sin embargo, las firmas que aparecen en el escrito de demanda y en el diverso de cuenta, a simple vista difieren notoriamente, tal como se desprende de la siguiente reproducción: 1. Firma que calza en la demanda de amparo. 2. Firma que calza en el escrito de cuenta -registro 11517 de 2023-. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resérvese acordar lo conducente a su contenido y requiérase al citado promovente, para que en el plazo de tres días, computado legalmente, comparezca ante el personal actuante de este juzgado a reconocer la firma que calza el escrito de cuenta; apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentado. Hágase saber al promovente que de no conducirse con la verdad, se actualiza el delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, conducta prevista y sancionada por la fracción IV, del artículo 247 del Código Penal Federal. Por tanto, se le significa que afirmar hechos falsos como manifestar haber suscrito algún documento cuando no fue así o presentar documentos con firmas falsificadas ante este órgano jurisdiccional constituye un delito federal; asimismo, hágasele saber que este juzgado federal se encuentra facultado para ordenar de oficio el peritaje correspondiente para dilucidar dicha situación y de ser el caso se procederá a realizar la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial federal competente para iniciar la investigación criminal. En relación con ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse a reconocerlas, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. De ahí la importancia de la diligencia ordenada en líneas precedentes. En el entendido de que el reconocimiento de firmas no es una diligencia que tenga el alcance de convalidar un acto nulo ni de permitir que la parte quejosa en un juicio de amparo se haga cargo del contenido de un escrito no firmado por ella, pues sus efectos se agotan, por lo general, en otorgar certeza sobre una voluntad, una obligación o un documento y, en el presente caso, se limitan a confirmar o negar la autenticidad de la firma objeto de cuestionamiento, sin que alcancen a hacerse cargo del contenido de un escrito firmado por un tercero a su nombre. Por el momento, se reserva el dictado de la determinación que dictamine el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, hasta en tanto el quejoso reconozca la citada firma, o bien, transcurra el término concedido para tal efecto. III. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación dada su trascendencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio indicado en el escrito de cuenta; y, por lista a las demás partes.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de julio de dos mil veintitrés. I. Razón actuarial. Agréguese a los autos la razón signada por el actuario judicial adscrito, en la cual, hace del conocimiento la imposibilidad para notificar al quejoso *** el acuerdo dictado el seis de julio del año en curso, en el Centro de Reinserción de la ciudad de Puebla, pues le informaron que el referido quejoso obtuvo su libertad el siete de mayo pasado. Al respecto, se toma en consideración la certificación que antecede, de la que se observa que el secretario que da cuenta fue informado que el citado quejoso obtuvo su libertad, en cumplimiento a lo ordenado en el diverso juicio de amparo 17/2023 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, en el que se decretó cambiar la prisión preventiva por diversas medidas cautelares (se impusieron la firma periódica mensual, no acercarse a las víctimas, al lugar de los hechos ni a los testigos, así como no salir del país). Ahora bien, por cuanto a la imposibilidad de notificar la referida determinación, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, puesto que el mismo fue notificado por lista a sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, toda vez que se entiende que dichos abogados, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas al quejoso, aunado a que éste ya no se encuentra privado de su libertad personal. No obstante, al no haberse señalado diverso domicilio para oír y recibir notificaciones por parte del quejoso, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar mediante lista de acuerdos las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, en el entendido que una vez que proporcione nuevo domicilio se efectuarán de manera personal. II. Oficio de cuenta. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio 29129/2023/JC remitido -vía correo electrónico institucional- por Joel Daniel Baltazar Ávalos, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la ciudad de Puebla, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que mediante acuerdo emitido el diez de julio de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta judicial administrativa 4085/2022/PUEBLA, realizó -en esencia- lo siguiente: ( Dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintidós de diciembre de dos mil veintidós -acto reclamado-; y, ( Señaló las quince horas del trece de julio de dos mi veintitrés, para la que tuviera verificativo la audiencia en la que se resolvería la situación jurídica únicamente por cuanto hace al quejoso ***, en cumplimiento a la sentencia de amparo. De lo anterior toma conocimiento esta autoridad federal, para los efectos legales a los que haya lugar. Cabe precisar que el hecho de que al quejoso ***se le haya cambiado la medida consistente en la prisión preventiva justificada, no impide que Joel Daniel Baltazar Ávalos, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la ciudad de Puebla, cumpla con la sentencia emitida en el presente juicio de amparo; lo que se hace constar para los efectos legales a los que haya lugar. III. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación y las promociones de cuenta al expediente físico, por haberse impreso e impulsar el procedimiento. Notifíquese por lista a las partes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de julio de dos mil veintitrés.********************I. Ampliación de competencia y cambio de denominación de este órgano jurisdiccional.********************En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad (en adelante AG 3/2023); a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambió de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla.********************II. Testimonio.********************Agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio 506/2023 signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual, remite los autos originales del presente sumario 49/2023, un anexo de pruebas, un disco formato digital versátil -mismo que se ordena agregar al expediente- y el testimonio de la ejecutoria dictada el veintidós de junio de dos mil veintitrés, en el recurso de revisión ********************, relativo al recurso de revisión interpuesto por ******************** ********************, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y por ******************** ********************, abogado general del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, en contra de la sentencia dictada el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo indirecto en que se actúa.********************Hágase del conocimiento de las partes la llegada de la ejecutoria de mérito, la cual se resolvió, por unanimidad de votos, en los siguientes términos:********************"PRIMERO. Se desecha por extemporáneo el recurso de revisión interpuesto por el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. ********************SEGUNDO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida, con la puntualización indicada en esta ejecutoria.********************TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el auto de vinculación a proceso reclamado de la autoridad jurisdiccional señalada como responsable, en los términos y para los efectos establecidos en la sentencia que se revisa, con la precisión a que se refiere esta ejecutoria. ********************CUARTO. Es infundada la revisión adhesiva interpuesta por el quejoso."********************En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente al órgano colegiado oficiante, glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).********************III. Requerimiento para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo.********************Luego, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable ********************, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la ciudad de Puebla, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, en la cual se concedió el amparo para los efectos siguientes:********************"(.)********************OCTAVO. En términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, y 77, fracción I de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y el respeto al derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que la autoridad responsable: 1. Juez de control adscrito al juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (********************), una vez que se le requiera el cumplimiento de esta sentencia de amparo, deberá realizar lo siguiente:********************Dejar sin efectos la resolución pronunciada el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, en la carpeta judicial administrativa: ********************de su índice, en la parte que dictó auto de vinculación a proceso.********************Señalar inmediatamente día y hora para la celebración de la audiencia en la que se dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en donde deberán estar presentes todas las partes intervinientes en la audiencia de veintidós de diciembre de dos mil veintidós.********************Sin dar el uso de la palabra a las partes, siguiendo los lineamientos constitucionales establecidos en la presente sentencia, resuelva con libertad de jurisdicción, conforme a derecho corresponda respecto a la situación jurídica del aquí quejoso.********************Deberá remitir las constancias que justifiquen el cumplimiento al fallo protector. ********************(.)"********************Lo anterior, atendiendo la precisión efectuada por la superioridad, esto es:********************"(.)********************Consecuentemente, esa parte de la consideración de la sentencia que se revisa no subsiste jurídicamente.********************Para claridad, se reproduce la parte de la sentencia aquí recurrida que deja de regir la misma:********************"(.) Ello es importante, dado que la mecánica de dicho ilícito, requiere que entre el falsificador y el beneficiario de esa alteración, debe existir una comunicación que revele un concierto previo en el que, el segundo autorice al primero a que haga la alteración para así obtener alguna ganancia."********************No obstante, la concesión del amparo al quejoso prevale, porque lo advertido por el juez de Distrito fue que la resolución reclamada contiene una violación formal, en tanto no se deja conocer al peticionario -imputado en la causa de origen- si conforme los hechos que se le atribuyen, confluye lo que dispone la fracción III del artículo 251 del Código Penal del Estado, que es como debe entenderse lo considerado en la sentencia sujeta a escrutinio, precisamente porque en todo caso corresponde al juez natural formular los argumentos atinentes, en función de lo expuesto en el debate, la formulación de la imputación, y los datos de prueba incorporados por los intervinientes en la audiencia inicial y su continuación, para decidir lo que estime procedente con libertad de jurisdicción y respetar los derechos humanos de legalidad y certeza jurídica previstos en el artículo 16 constitucional.********************De otro modo dicho, el vicio formal a que se contrae la sentencia que se revisa, queda especificado en el sentido de que en la resolución reclamada se hizo de lado que se requiere "Que el falsario haga la falsificación sin consentimiento de la persona a quien resulte o pueda resultar perjuicio o sin el de aquélla en cuyo nombre se hizo el documento" (fracción III del artículo 251 del Código Penal del Estado), de modo que al cumplirse la ejecutoria de amparo, siguiendo lo precisado en el considerando octavo de la sentencia sujeta a revisión, en sus puntos uno a cuatro, se atienda que los lineamientos establecidos en la sentencia amparadora, implican, como quedó de manifiesto en esta ejecutoria, que ha de considerarse el contenido de dicha fracción III para establecer el hecho que la ley señala como delito atribuido al quejoso, debiéndose decidir con libertad de jurisdicción y conforme en derecho corresponda, de manera fundada y motivada, acorde el análisis de las versiones de las partes, los datos de prueba aportados por estas, es decir, virtud el debate generado en audiencia."******************** (.)"********************Debe decirse que el plazo que se fija se encuentra acorde a las particularidades del asunto y a los efectos de la sentencia, de conformidad en el último párrafo del artículo 192 citado. Para dar margen a lo anterior, se remite a la autoridad requerida copia autorizada de la ejecutoria de mérito.********************Se apercibe a la citada autoridad responsable, que de no cumplir dentro del término que se señala, o bien informar el impedimento que tenga para ello, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien días, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento del dictado del presente auto.********************De igual forma, hágase de su conocimiento, que en caso de ser omisa al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerle la multa con la que se le apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de sus cargos y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.********************Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurre en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículos 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo.********************No se inadvierte por este órgano de control constitucional, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, también se debe requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno a dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; sin embargo, toda vez que se trata de ********************, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la ciudad de Puebla, éste cuenta con total independencia y autonomía para cumplir con las sentencias de amparo; por tanto, carece de superior jerárquico, lo anterior, atendiendo al criterio contenido en la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito.********************IV. Integración al expediente físico.********************Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación y la promoción de cuenta al expediente físico, por impulsar el procedimiento.********************Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión -Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla-; por lista a sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, por oficio a la superioridad, a la autoridad responsable, a las autoridades terceras interesadas y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.

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