Minerva Sanchez Alba
Expediente 279/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 279/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 06/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Minerva Sanchez Alba
- MINERVA SANCHEZ ALBA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia firmada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis (fojas 162 a 179), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por los quejosos Minerva Sánchez Alba y Rigoberto Cabanzo Amayo, para los efectos siguientes: "NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que se: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada de siete de abril de dos mil catorce, y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá analizar de acuerdo a las pruebas que obran en la causa penal de la que deriva el acto reclamado con qué medios de prueba se acredita cada uno de elementos del cuerpo del delito de robo agravado, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión, además de otorgarles valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales deberá relacionar con cada elemento del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial, de forma tal que exponga las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito, lo que implica explicar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ello aconteció. b) Del mismo modo deberá indicar con base en los elementos de convicción que obran en el expediente de origen, con qué pruebas y como es que se acreditan las agravantes del delito, lo que implica explicar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ello aconteció. c) Deberá con base a las pruebas que obra en la causa cuál fue la forma de autoría o participación en que incurrieron los indiciados a aquí quejosos, en la comisión del delito que se les atribuye, expresando las razones que tiene para considerarlo así, lo que implica explicar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ello aconteció. d) Deberá considerar de acuerdo a su facultad si procede alguna reclasificación del delito si fuera el caso, atendiendo a la jurisprudencia 1a./J. 3/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia Penal, registro 170391, página 151, del rubro siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL.". (foja 176). Por auto de ocho de julio de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriéndose su cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 243 a 246). Mediante oficio 3504-II de catorce de julio de dos mil dieciséis (foja 260), la autoridad responsable Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, pretendió dar cumplimiento a la sentencia amparadora y remitió copia certificada de la resolución de catorce de julio de dos mil dieciséis emitida en el proceso 146/2014-II, en la que dicho juzgador, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, dejó insubsistente la resolución reclamada de siete de abril de dos mil catorce, y con libertad de jurisdicción, dictó otra en la que libró orden de aprehensión en contra de los quejosos como probables responsables en la comisión del delito de ROBO AGRAVADO previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción I y 380, fracciones I y XI, en relación con los diversos numerales 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Carlos Enríquez Vega y Guadalupe Sofía Vega Sánchez. Sin embargo, como en aquella ocasión incurrió en las deficiencias siguientes: En lo que se refiere al efecto consistente en ".analizar de acuerdo a las pruebas que obran en la causa penal de la que deriva el acto reclamado con qué medios de prueba se acredita cada uno de elementos del cuerpo del delito de robo agravado, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión, además de otorgarles valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales deberá relacionar con cada elemento del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial." Únicamente concedió el valor probatorio (de indicio) a la declaración de los agraviados, no así a las restantes pruebas. Por lo que hace a la testimonial desahogada por Alejandro Cisneros Mendoza y Delia Puertos Hernández, sólo precisó que ésta tenía valor probatorio conforme al artículo 201 de la ley adjetiva civil de la materia; a los dictámenes 3321 y 3322 emitidos por el doctor Sergio Mejía Castañeda, los consideró elementos válidos en términos del artículo 200 del código adjetivo penal y, respecto de la diligencia de inspección ocular al lugar de los hechos, sólo la valoró conforme al artículo 56 Bis y 73 del código adjetivo de la materia (sin referir el valor que les otorga, de indicio, pleno, etcétera; y tampoco las relaciona con los elementos del ilícito que tuvo por acreditado (robo agravado); y b) Por lo que hace al efecto de la ejecutoria cuyo cumplimiento se pretende consistente en ".qué pruebas y como es que se acreditan las agravantes del delito, lo que implica explicar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ello aconteció.", el juez de la causa estableció que son dos las agravantes que se acreditan: la primera, prevista en la fracción I del artículo 380 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla que consiste básicamente en: ".Si el robo se ejecuta con violencia contra la víctima de aquél o contra otra u otras personas que se encuentren en el lugar de los hechos."; y la segunda, prevista en la fracción XI del artículo 380 del mencionado código, consistente en "cuándo los ladrones sean dos o más, o se fingieren servidores públicos o supusieren una orden de alguna autoridad"; con el dictamen médico legista (la primera) y la segunda, al tenor de la denuncia de los pasivos Carlos Enrique Vega y Guadalupe Sofía Vega Sánchez y la declaración de los testigos Alejandro Cisneros Mendoza y Delia Puertos Hernández. Siendo omiso en establecer el valor probatorio que le otorgó a dichas pruebas (pleno, de indicio etcétera) y, tampoco precisó ni explicó las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se imputa a los sujetos activos, aquí quejosos en relación con tales agravantes.(fojas 292 a 294). Mediante proveído de ocho de agosto de dos mil dieciséis no se tuvo por cumplida la sentencia de mérito y se le requirió de nueva cuenta el cumplimiento de la ejecutoria amparadora a la referida autoridad responsable (fojas 292 a 294). Así, mediante oficio 4074-II de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, remitió la resolución de esa misma fecha en la que en cumplimiento a la ejecutoria amparadora y al requerimiento realizado mediante proveído de ocho de agosto de dos mil dieciséis, hizo lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución materia del acto reclamado de siete de abril de dos mil catorce así como la diversa de catorce de julio de dos mil dieciséis, con la que pretendió dar cumplimiento; Libró orden de aprehensión en contra de los quejosos Rigoberto Cabanzo Amayo y Minerva Sánchez Alva, como probables responsables en la comisión del delito de ROBO AGRAVADO , previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción I y 380, fracciones I y XI en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, cometo en agravio de Carlos Enríquez Vega y Guadalupe Sofía Vega Sánchez, y llevó a cabo lo siguiente: Precisó los medios de prueba con los que consideró que se acredita cada uno de elementos del cuerpo del delito de robo agravado, expresando las razones lógico jurídicas en que apoyó su conclusión, otorgándoles valor probatorio a cada prueba en particular, relacionándolas con cada elemento del delito y concatenándolas en forma individual y circunstancial. Sin embargo, si bien el juez responsable por una parte indicó con qué medios de prueba se acreditan las agravantes del delito, por la otra fue omiso en ".explicar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ello aconteció." Al resultar insuficiente para tener por cumplida la ejecutoria de mérito en este aspecto por el sólo hecho de que el juez responsable dijera lo siguiente: "Aunado a ello con las declaraciones de los agraviados y de los testigos las cuales han quedado transcritas y valoradas en párrafos que anteceden, se acredita además la calificativa prevista en a fracción XI del artículo 380 consistente en la intervención de dos o más personas en la comisión del ilícito cuyo estudio nos ocupa." (foja 310 vuelta). Y, "Probanzas antes señaladas fe de lesiones y certificados médicos firmados por el médico legista que gozan de valor probatorio pleno mismas que resultan eficaces para acreditar las calificativas de violencia a que se refiere la fracción I del artículo 380 del Código de Defensa Social en el Estado, vigente en la época de la comisión del delito. (foja 311). Pues, se insiste no explicó las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se imputa a los sujetos activos, aquí quejosos en relación con tales agravantes. Y, mediante ese mismo proveído una vez más se le requirió para diera cumplimiento a la sentencia amparadora, debiendo además dejar sin efectos la resolución reclamada de siete de abril de dos mil catorce y las diversas de catorce de julio de dos mil dieciséis y dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, con las que pretendió dar cumplimiento (fojas 330 a 334). Atento a lo anterior, mediante oficio 4660-II, el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla remitió la resolución pronunciada el catorce de septiembre de dos mil dieciséis en la que, en primer término dejó insubsistente la resolución materia del acto reclamado de siete de abril de dos mil catorce, así como las diversas de catorce de julio de dos mil dieciséis y dieciséis de agosto de dos mil dieciséis con las que pretendió dar cumplimiento; e hizo lo siguiente: Libró orden de aprehensión en contra de los quejosos Rigoberto Cabanzo Amayo y Minerva Sánchez Alva, como probables responsables en la comisión del delito de ROBO AGRAVADO , previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción I y 380, fracciones I y XI en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, cometo en agravio de Carlos Enríquez Vega y Guadalupe Sofía Vega Sánchez, y llevó a cabo lo siguiente: Precisó los medios de prueba con los que consideró que se acredita cada uno de elementos del cuerpo del delito de robo agravado, expresando las razones lógico jurídicas en que apoyó su conclusión, otorgándoles valor probatorio a cada prueba en particular, relacionándolas con cada elemento del delito y concatenándolas en forma individual y circunstancial; e Indicó con qué medios de prueba se acreditan las agravantes del delito y explicó las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ello aconteció (fojas 253 vuelta a 255). Las constancias a las que se ha hecho referencia son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que este asunto en el que por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió la protección constitucional no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se concedió y por la otra se negó la suspensión definitiva, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Así mismo, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia firmada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis (fojas 162 a 179), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por los quejosos Minerva Sánchez Alba y Rigoberto Cabanzo Amayo, para los efectos siguientes: "NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que se: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada de siete de abril de dos mil catorce, y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá analizar de acuerdo a las pruebas que obran en la causa penal de la que deriva el acto reclamado con qué medios de prueba se acredita cada uno de elementos del cuerpo del delito de robo agravado, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión, además de otorgarles valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales deberá relacionar con cada elemento del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial, de forma tal que exponga las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito, lo que implica explicar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ello aconteció. b) Del mismo modo deberá indicar con base en los elementos de convicción que obran en el expediente de origen, con qué pruebas y como es que se acreditan las agravantes del delito, lo que implica explicar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ello aconteció. c) Deberá con base a las pruebas que obra en la causa cuál fue la forma de autoría o participación en que incurrieron los indiciados a aquí quejosos, en la comisión del delito que se les atribuye, expresando las razones que tiene para considerarlo así, lo que implica explicar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ello aconteció. d) Deberá considerar de acuerdo a su facultad si procede alguna reclasificación del delito si fuera el caso, atendiendo a la jurisprudencia 1a./J. 3/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia Penal, registro 170391, página 151, del rubro siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL.". (foja 176). Por auto de ocho de julio de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriéndose su cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 243 a 246). Mediante oficio 3504-II de catorce de julio de dos mil dieciséis (foja 260), la autoridad responsable Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, pretendió dar cumplimiento a la sentencia amparadora y remitió copia certificada de la resolución de catorce de julio de dos mil dieciséis emitida en el proceso 146/2014-II, en la que dicho juzgador, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, dejó insubsistente la resolución reclamada de siete de abril de dos mil catorce, y con libertad de jurisdicción, dictó otra en la que libró orden de aprehensión en contra de los quejosos como probables responsables en la comisión del delito de ROBO AGRAVADO previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción I y 380, fracciones I y XI, en relación con los diversos numerales 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Carlos Enríquez Vega y Guadalupe Sofía Vega Sánchez. Sin embargo, como en aquella ocasión incurrió en las deficiencias siguientes: En lo que se refiere al efecto consistente en ".analizar de acuerdo a las pruebas que obran en la causa penal de la que deriva el acto reclamado con qué medios de prueba se acredita cada uno de elementos del cuerpo del delito de robo agravado, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión, además de otorgarles valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales deberá relacionar con cada elemento del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial." Únicamente concedió el valor probatorio (de indicio) a la declaración de los agraviados, no así a las restantes pruebas. Por lo que hace a la testimonial desahogada por Alejandro Cisneros Mendoza y Delia Puertos Hernández, sólo precisó que ésta tenía valor probatorio conforme al artículo 201 de la ley adjetiva civil de la materia; a los dictámenes 3321 y 3322 emitidos por el doctor Sergio Mejía Castañeda, los consideró elementos válidos en términos del artículo 200 del código adjetivo penal y, respecto de la diligencia de inspección ocular al lugar de los hechos, sólo la valoró conforme al artículo 56 Bis y 73 del código adjetivo de la materia (sin referir el valor que les otorga, de indicio, pleno, etcétera; y tampoco las relaciona con los elementos del ilícito que tuvo por acreditado (robo agravado); y b) Por lo que hace al efecto de la ejecutoria cuyo cumplimiento se pretende consistente en ".qué pruebas y como es que se acreditan las agravantes del delito, lo que implica explicar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ello aconteció.", el juez de la causa estableció que son dos las agravantes que se acreditan: la primera, prevista en la fracción I del artículo 380 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla que consiste básicamente en: ".Si el robo se ejecuta con violencia contra la víctima de aquél o contra otra u otras personas que se encuentren en el lugar de los hechos."; y la segunda, prevista en la fracción XI del artículo 380 del mencionado código, consistente en "cuándo los ladrones sean dos o más, o se fingieren servidores públicos o supusieren una orden de alguna autoridad"; con el dictamen médico legista (la primera) y la segunda, al tenor de la denuncia de los pasivos Carlos Enrique Vega y Guadalupe Sofía Vega Sánchez y la declaración de los testigos Alejandro Cisneros Mendoza y Delia Puertos Hernández. Siendo omiso en establecer el valor probatorio que le otorgó a dichas pruebas (pleno, de indicio etcétera) y, tampoco precisó ni explicó las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se imputa a los sujetos activos, aquí quejosos en relación con tales agravantes.(fojas 292 a 294). Mediante proveído de ocho de agosto de dos mil dieciséis no se tuvo por cumplida la sentencia de mérito y se le requirió de nueva cuenta el cumplimiento de la ejecutoria amparadora a la referida autoridad responsable (fojas 292 a 294). Así, mediante oficio 4074-II de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, remitió la resolución de esa misma fecha en la que en cumplimiento a la ejecutoria amparadora y al requerimiento realizado mediante proveído de ocho de agosto de dos mil dieciséis, hizo lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución materia del acto reclamado de siete de abril de dos mil catorce así como la diversa de catorce de julio de dos mil dieciséis, con la que pretendió dar cumplimiento; Libró orden de aprehensión en contra de los quejosos Rigoberto Cabanzo Amayo y Minerva Sánchez Alva, como probables responsables en la comisión del delito de ROBO AGRAVADO , previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción I y 380, fracciones I y XI en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, cometo en agravio de Carlos Enríquez Vega y Guadalupe Sofía Vega Sánchez, y llevó a cabo lo siguiente: Precisó los medios de prueba con los que consideró que se acredita cada uno de elementos del cuerpo del delito de robo agravado, expresando las razones lógico jurídicas en que apoyó su conclusión, otorgándoles valor probatorio a cada prueba en particular, relacionándolas con cada elemento del delito y concatenándolas en forma individual y circunstancial. Sin embargo, si bien el juez responsable por una parte indicó con qué medios de prueba se acreditan las agravantes del delito, por la otra fue omiso en ".explicar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ello aconteció." Al resultar insuficiente para tener por cumplida la ejecutoria de mérito en este aspecto por el sólo hecho de que el juez responsable dijera lo siguiente: "Aunado a ello con las declaraciones de los agraviados y de los testigos las cuales han quedado transcritas y valoradas en párrafos que anteceden, se acredita además la calificativa prevista en a fracción XI del artículo 380 consistente en la intervención de dos o más personas en la comisión del ilícito cuyo estudio nos ocupa." (foja 310 vuelta). Y, "Probanzas antes señaladas fe de lesiones y certificados médicos firmados por el médico legista que gozan de valor probatorio pleno mismas que resultan eficaces para acreditar las calificativas de violencia a que se refiere la fracción I del artículo 380 del Código de Defensa Social en el Estado, vigente en la época de la comisión del delito. (foja 311). Pues, se insiste no explicó las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se imputa a los sujetos activos, aquí quejosos en relación con tales agravantes. Y, mediante ese mismo proveído una vez más se le requirió para diera cumplimiento a la sentencia amparadora, debiendo además dejar sin efectos la resolución reclamada de siete de abril de dos mil catorce y las diversas de catorce de julio de dos mil dieciséis y dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, con las que pretendió dar cumplimiento (fojas 330 a 334). Atento a lo anterior, mediante oficio 4660-II, el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla remitió la resolución pronunciada el catorce de septiembre de dos mil dieciséis en la que, en primer término dejó insubsistente la resolución materia del acto reclamado de siete de abril de dos mil catorce, así como las diversas de catorce de julio de dos mil dieciséis y dieciséis de agosto de dos mil dieciséis con las que pretendió dar cumplimiento; e hizo lo siguiente: Libró orden de aprehensión en contra de los quejosos Rigoberto Cabanzo Amayo y Minerva Sánchez Alva, como probables responsables en la comisión del delito de ROBO AGRAVADO , previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción I y 380, fracciones I y XI en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, cometo en agravio de Carlos Enríquez Vega y Guadalupe Sofía Vega Sánchez, y llevó a cabo lo siguiente: Precisó los medios de prueba con los que consideró que se acredita cada uno de elementos del cuerpo del delito de robo agravado, expresando las razones lógico jurídicas en que apoyó su conclusión, otorgándoles valor probatorio a cada prueba en particular, relacionándolas con cada elemento del delito y concatenándolas en forma individual y circunstancial; e Indicó con qué medios de prueba se acreditan las agravantes del delito y explicó las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ello aconteció (fojas 253 vuelta a 255). Las constancias a las que se ha hecho referencia son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que este asunto en el que por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió la protección constitucional no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se concedió y por la otra se negó la suspensión definitiva, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Así mismo, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexo signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
- Principal
CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexo signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Milthon Javier Fregoso Escalera49/2023
- Milthon Javier Fregoso Escalera1161/2019
- Milthon Javier Fregoso Escalera1140/2021
- Milton Gonzalez Martinez753/2020
- MILTON MORRI OSORNO y Otros.1122/2017
- Minerva Sanchez Alba1423/2016
- Minervo Meneses Meza320/2020
- Miriam Cruz Carballo138/2019
- Miriam Flores Camela (Lorena Pineda de Julian Asesora)733/2023
- Miriam Gonzalez Meneses627/2018
- Miriam Maldonado Nolasco912/2022
- Miriam Montesinos Alcantara1152/2023