Miller Cruz Miranda
Expediente 735/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 735/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 22/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Miller Cruz Miranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran de la resolución dictada el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintinueve de octubre al veintiuno de noviembre del presente año, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años,. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, se ordena devolver al 1. Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, el anexo I que se formó con el duplicado de la causa penal 255/2008 de su índice. No ha lugar a requerirle el acuse de recibo respecto de la constancia devuelta, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita.
- Principal
SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO. SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de once de octubre pasado, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que las responsables han dado al fallo protector, sin que la hayan desahogado. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por las autoridades responsables encargadas del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. Antecedentes. En sentencia dictada el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, se concedió el amparo al quejoso Miller Cruz Miranda, contra el auto de formal prisión decretado en su contra el nueve de julio de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 255/2008, del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla; para los efectos precisados en el propio fallo protector. En acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, la sentencia de mérito causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Mediante oficios 204, 4411, 4455, 4433 y anexos, las autoridades responsables informaron el cumplimiento dado al fallo protector y, en auto de once de octubre de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, debe decirse que el suscrito advierte que las autoridades responsables cumplieron cabalmente con las consideraciones apuntadas en la ejecutoria de amparo. Se explica. El veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, este juzgado de control constitucional concedió el amparo a Miller Cruz Miranda, para el efecto de que el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla realizara lo siguiente: ( Dejara insubsistente el auto de formal prisión dictado en su contra el nueve de julio de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 255/2008, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violación equiparada, previsto y sancionado por los artículos 267 (sic) y 272, fracción II; y corrupción de menores, previsto y sancionado por los artículos 217 y 218, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de I.R.C. de identidad reservada -acto reclamado-; ( Luego, con base en los razonamientos indicados en el considerando séptimo del fallo, tuviera por no demostrado el cuerpo del delito de corrupción de menores y, por ende, dictara auto de libertad con reservas de ley en favor del quejoso únicamente por cuanto a ese ilícito; ( Enseguida, motivara las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la ejecución del delito de violación equiparada tomando en cuenta las declaraciones del agraviado, con el objeto de que estuviera en aptitud de discernir las fechas aproximadas en que se pudo haber cometido el citado delito; ( Después, considerando los diversos momentos o bien las diversas fechas -aunque no fueran exactas- en que el agraviado refirió que el sujeto activo lo violó, determinara en cuáles acciones sí era competente y en cuáles no, es decir, en cuáles la competencia correspondía a un Juez Especializado en Materia de Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla. En el entendido de que en el caso de que hubiera estimado tener competencia en algunos sucesos, tenía que considerar la posible figura de un concurso real homogéneo del delito; ( Por cuanto a las conductas que estimara carecer de competencia, debía remitir inmediatamente los autos -o copia certificada de todo lo actuado- al citado juez especializado; y, ( Ordenara al Director del Centro de Reinserción de Cholula, Puebla (sic, debió ser de la ciudad de Puebla) la cancelación de la ficha de identificación decretada en la resolución reclamada únicamente por cuanto al delito de corrupción de menores, al ser consecuencia de la misma. Además, sólo en el supuesto de que el juez responsable fuera incompetente para conocer de todo el asunto o de algunas conductas, la concesión del amparo tendría el efecto de que el Juez Especializado en Materia de Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla, en su carácter de autoridad responsable sustituta, realizara lo siguiente: ( Primero, con libertad de jurisdicción, se pronunciara sobre la competencia planteada por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla; y, ( De declararse competente -parcial o íntegramente-, dentro del plazo que fija el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resolviera con plenitud de jurisdicción la situación jurídica del quejoso, valorando los elementos de prueba que obran en los autos al tenor del marco jurídico nacional e internacional que regula su competencia. En el entendido de que debía tomar en cuenta la posible figura de un concurso real homogéneo del delito. Luego, por acuerdo emitido el uno de octubre de dos mil diecinueve, dentro del presente juicio de derechos fundamentales, se destacó que el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, con la emisión de la resolución dictada el veinticinco de septiembre del actual, dentro de la causa penal de origen, había realizado lo siguiente: ( Que dejó insubsistente el auto de término constitucional reclamado; ( Que precisó las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la ejecución de las conductas reprochadas al ahora quejoso, al tenor de la siguiente tabla: Acción. Fecha (aproximada) Edad de la víctima (aproximada) Edad del sujeto activo (aproxi-mada) ¿Cumplía con la edad penal (mayor de dieciocho años)?. Acción a). Sexo oral por 1ª vez. ( Junio de 1997 -según lo señalado en la 2ª declaración del quejoso-. ( Este juzgador puede inferir que sucedió entre los años 1995, 1996 y 1997, según la edad del sujeto pasivo, verificada con el acta de nacimiento. ( 6 años -se dice tanto en la 1ª como en la 2ª declaración de la víctima-. ( Este juzgador infiere que la víctima pudo tener entre 6, 7 u 8 años. ( 14 años -lo refiere la víctima en su 1ª declaración-. ( De acuerdo al acta de nacimiento del sujeto activo, se estima que éste pudo tener la edad de 13, 14 o 15 años. No. Acción b). Sexo anal por 1ª vez. ( Marzo de 1998 -según lo señalado en la 2ª declaración del quejoso-. ( Este órgano de control constitucional considera que pudo tener lugar en el año de 1998, pues la víctima indicó que fue violada de esa manera a los 9 años. ( 9 años -lo dice la víctima en su 1ª declaración). ( Se estima que fue a los 9 años, según el acta de nacimiento de la víctima. ( Se presume que el activo, para el año de 1998, tenía la edad de 16 años, según su acta de nacimiento. No. Acción c). Sexo anal sin consentí-miento por última vez. ( Noviembre de 2002 -lo dice la víctima en su 2ª declaración-. ( Este órgano de control constitucional considera que pudo tener lugar en el año de 2002, pues la víctima indicó que fue penetrada sin su consentimien-to por última vez cuando tenía 13 años. ( 13 años -lo refiere la víctima en su 2ª declaración-. ( Se presume que el sujeto activo, para el año de 2002, tenía la edad de 20 años, según su acta de nacimiento. Sí. Acción d). Sexo anal con consenti-miento por 1ª vez. ( Enero de 2003 -lo dice la víctima en su 2ª declaración-. ( Este órgano de control constitucional considera que pudo tener lugar en el año de 2003, pues la víctima indicó que consintió el acto por primera vez en enero de ese año. ( 14 años -lo refiere la víctima en su 2ª declaración-. ( Se estima que la víctima pudo tener la edad de 13 años, pues para enero de 2003, aun no cumplía los 14 años, según su acta de nacimiento. ( Se presume que el sujeto activo tenía la edad de 20 años, pues para enero de 2003, aun no cumplía los 21 años. Sí. Acción e). Sexo anal con consenti-miento por última vez. ( Se presume que fue en el año 2005, pues la víctima refirió que la última vez que tuvieron relaciones fue cuando tenía la edad de 16 años. ( 16 años -así lo señaló en su 2ª declaración-. ( Se presume que el sujeto activo, al año 2005, tenía 23 años, según su acta de nacimiento. Sí. Tabla única. Y, con base en esa clasificación, se advirtió que: ( Dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley en favor de Miller Cruz Miranda, única y exclusivamente por la comisión del delito de corrupción de menores, previsto y sancionado por los artículos 217 y 218 del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de I.R.C., y sólo respecto de las acciones señaladas en los incisos c), d) y e) de la tabla reproducida; ( Declaró su incompetencia legal para conocer de los hechos con apariencia de delito de violación equiparada, imputado al quejoso por el fiscal de origen, única y exclusivamente por cuanto a las acciones marcadas con los incisos a) y b) de la tabla antes indicada; lo anterior, en virtud de que al momento de esos hechos Miller Cruz Miranda era menor de edad; ( Remitió al Juez Especializado en Materia de Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla copia certificada del proceso 255/2008, para que con libertad de jurisdicción se pronunciara sobre la competencia planteada respecto del delito de violación equiparada, cometido en agravio de I.R.C., en relación con los hechos marcados en los incisos a) y b) de la tabla señalada; ( Se declaró competente para conocer de los hechos consignados con apariencia de violación equiparada, respecto de las acciones c), d) y e) de la tabla reproducida; y, ( Reclasificó la conducta delictiva de violación equiparada por la de violación, prevista y sancionada por el artículo 267 del Código Penal del Estado de Puebla y, por la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, decretó en su contra auto de formal prisión, solamente por cuanto hace a las acciones descritas en los incisos c), d) y e), de forma separada, precisando, además, que se materializaba un concurso real homogéneo. Por su parte, ante la competencia planteada por el referido juez, en dicho proveído de uno de octubre pasado, se detectó que la Jueza Especializada en Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla, mediante resoluciones emitidas el veinticinco y veintisiete de septiembre de la presente anualidad dentro del expediente 7/2019 de su estadística, había realizado lo siguiente -en acatamiento al fallo protector-: ( Que se declaró competente para conocer de los hechos consignados con apariencia de violación equiparada, respecto de las acciones a) y b) de la tabla reproducida; ( Que consideró que, con base en los elementos de prueba reunidos, se acreditaban los elementos del cuerpo del delito de violación equiparada, previsto y sancionado por el artículo 272, fracción II, cometido en agravio de I.R.C. y precisó que se actualizaba un concurso real homogéneo; lo anterior, únicamente en atención a acciones marcadas en los incisos a) y b) de la tabla indicada; y, ( Que dictó auto de libertad en favor del aquí quejoso, por estimar que había operado la prescripción de la acción penal por cuanto a las acciones señaladas en los incisos a) y b) de la multicitada tabla, por lo que decretó el sobreseimiento del asunto. Sin embargo, se apreciaron un par de defectos en el cumplimiento realizado por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, consistentes en: 1. Primer defecto. 1.1. La responsable, en acatamiento al fallo protector, si bien había motivado las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la ejecución de las conductas reprochadas al ahora quejoso, dividiéndolas al tenor de la tabla indicada, lo cierto es que a raíz de esa división estableció que no debían analizarse las acciones precisadas en los incisos a) y b) descritas en la tabla, en virtud de que -señaló- al momento de su ejecución el sujeto activo era menor de edad; por lo que sólo dictó el auto de libertad ordenado por cuanto a las acciones descritas en los incisos c), d) y e), cuando en la sentencia de amparo se indicó que el auto de libertad debió dictarse respecto de todas las conductas de corrupción de menores. 1.2. Ciertamente, se dijo que si la intención de la sentencia de amparo hubiera sido que el juez de origen se declarara incompetente por cuanto algunas del delito de corrupción de menores, se hubiera precisado tal y como se hizo con el delito de violación equiparada, es decir, se hubiera precisado que el juez debía declararse incompetente por las conductas que desplegó cuando era menor de edad y dictar el auto de libertad sólo en atención a las conductas que el activo desplegó cuando era mayor de edad. 1.3. Empero, no fue así. Se apreció que no se reunían los elementos del cuerpo del delito de corrupción de menores, previsto en los artículos 217 y 218 del Código Penal del Estado de Puebla -vigentes antes de la reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el trece de diciembre de dos mil cuatro- sin distinción alguna por cuanto al momento de su supuesta ejecución; por lo que el juez, a pesar de la incompetencia que hubiera podido tener para conocer de las acciones precisadas en los incisos a) y b) de la referida tabla, debió dictar el auto de libertad con reservas de ley, en relación con todas las acciones inherentes a dicho ilícito. 1.4. De ahí que se haya establecido que si el juez señaló que tales acciones no eran materia del análisis de su resolución, en específico del relativo en el que dictó el auto de libertad con reservas de ley, la responsable no había acatado debidamente la sentencia de amparo. 2. Segundo defecto. ( Se advirtió que el juez no había enviado la constancia con la que acreditara que el Director del Centro de Reinserción Social de Puebla canceló o anotó la cancelación de la ficha de identificación administrativa del quejoso respecto del delito de corrupción de menores, que se le imputó dentro de la causa penal 255/2008. En ese sentido, en el multicitado acuerdo de uno de octubre de la presente anualidad, se requirió a la citada autoridad judicial para que realizara lo siguiente: ( Dejara sin efectos la resolución dictada el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 255/2008 de su índice -con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo-, así como el auto de formal prisión reclamado de nueve de julio del actual; ( Emitiera otra resolución en la que reiterara todo lo considerado en la citada determinación de veinticinco de septiembre del presente año, pero en el entendido de que el auto de libertad que dictara en favor del quejoso por el delito de corrupción de menores, debía ser en relación con todas las acciones precisadas en su tabla, es decir, las descritas en los incisos a), b), c), d) y e), a pesar que respecto de las dos primeras pudiera carecer de competencia legal; ( Notificara esa determinación a la Jueza Especializada en Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla, únicamente para los efectos legales procedentes en el expediente 7/2019; y, ( Remitiera copia certificada de la constancia en la que se advirtiera que el Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla efectuó la anotación de cancelación de la ficha de identificación administrativa del quejoso respecto del delito de corrupción de menores y en relación con aludida la causa penal 255/2008. Asimismo, se hizo saber a las partes, incluyendo a la Jueza Especializada en Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla -autoridad responsable sustituta-, que la orden de dejar insubsistente la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en la causa penal 255/2008 del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, no implicaba que lo actuado en el expediente 7/2019, de la estadística de dicha jueza, tuviera el mismo destino, sobre todo la diversa determinación de veintisiete de septiembre del actual, en la que, entre otras cuestiones, se dictó auto de libertad en favor del aquí quejoso, por estimar que operó la prescripción de la acción penal por cuanto a las acciones señaladas en los incisos a) y b) de la multicitada tabla. Lo anterior, porque se dijo que el juez de lo penal debía reiterar todas las consideraciones que plasmó en dicha resolución de veinticinco de septiembre de este año, que circunscribe su decisión de declararse legalmente incompetente respecto de las acciones mencionadas. Entonces, en cumplimiento a lo anterior, el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, mediante resolución de siete de octubre del presente año, dictada en la causa penal 255/2008 de su índice, efectuó lo siguiente: ( Dejó insubsistente el auto de término constitucional reclamado, así como el diverso de veinticinco de septiembre de este año -con el que había pretendido dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo-; ( Emitió otra resolución en la que reiteró todo lo considerado en la citada determinación de veinticinco de septiembre del presente año, pero al momento de decretar el auto de libertad en favor del quejoso por el delito de corrupción de menores, lo hizo en relación con todas las acciones precisadas en su tabla, es decir, las descritas en los incisos a), b), c), d) y e), a pesar que respecto de las dos primeras quizá no era competente por la menoría de edad de la víctima. Por otro lado, remitió copias certificadas de la cancelación de la ficha de identificación administrativa que fue practicada a Miller Cruz Miranda, dentro del Centro de Reinserción de la ciudad de Puebla, con motivo del auto de formal prisión dictado el nueve de julio de dos mil diecinueve, en la causa penal de origen -acto reclamado-, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de corrupción de menores y violación equiparada; asimismo, envió la nueva ficha de identificación por el delito de violación, con motivo del nuevo auto de término constitucional de siete de octubre del año en curso. Finalmente, envió copia certificada de la constancia con la que acreditó que hizo del conocimiento de la Jueza Especializada en Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla, el contenido de la resolución de siete de octubre del año en curso, únicamente para los efectos legales procedentes en el expediente 7/2019. En tales condiciones, tanto la autoridad responsable como la responsable sustituta acataron los efectos y consideraciones precisadas en la sentencia de amparo. ° Opinión jurisdiccional. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de once de octubre pasado, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que las responsables han dado al fallo protector, sin que la hayan desahogado. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por las autoridades responsables encargadas del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. Antecedentes. En sentencia dictada el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, se concedió el amparo al quejoso Miller Cruz Miranda, contra el auto de formal prisión decretado en su contra el nueve de julio de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 255/2008, del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla; para los efectos precisados en el propio fallo protector. En acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, la sentencia de mérito causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Mediante oficios 204, 4411, 4455, 4433 y anexos, las autoridades responsables informaron el cumplimiento dado al fallo protector y, en auto de once de octubre de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, debe decirse que el suscrito advierte que las autoridades responsables cumplieron cabalmente con las consideraciones apuntadas en la ejecutoria de amparo. Se explica. El veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, este juzgado de control constitucional concedió el amparo a Miller Cruz Miranda, para el efecto de que el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla realizara lo siguiente: ( Dejara insubsistente el auto de formal prisión dictado en su contra el nueve de julio de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 255/2008, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violación equiparada, previsto y sancionado por los artículos 267 (sic) y 272, fracción II; y corrupción de menores, previsto y sancionado por los artículos 217 y 218, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de I.R.C. de identidad reservada -acto reclamado-; ( Luego, con base en los razonamientos indicados en el considerando séptimo del fallo, tuviera por no demostrado el cuerpo del delito de corrupción de menores y, por ende, dictara auto de libertad con reservas de ley en favor del quejoso únicamente por cuanto a ese ilícito; ( Enseguida, motivara las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la ejecución del delito de violación equiparada tomando en cuenta las declaraciones del agraviado, con el objeto de que estuviera en aptitud de discernir las fechas aproximadas en que se pudo haber cometido el citado delito; ( Después, considerando los diversos momentos o bien las diversas fechas -aunque no fueran exactas- en que el agraviado refirió que el sujeto activo lo violó, determinara en cuáles acciones sí era competente y en cuáles no, es decir, en cuáles la competencia correspondía a un Juez Especializado en Materia de Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla. En el entendido de que en el caso de que hubiera estimado tener competencia en algunos sucesos, tenía que considerar la posible figura de un concurso real homogéneo del delito; ( Por cuanto a las conductas que estimara carecer de competencia, debía remitir inmediatamente los autos -o copia certificada de todo lo actuado- al citado juez especializado; y, ( Ordenara al Director del Centro de Reinserción de Cholula, Puebla (sic, debió ser de la ciudad de Puebla) la cancelación de la ficha de identificación decretada en la resolución reclamada únicamente por cuanto al delito de corrupción de menores, al ser consecuencia de la misma. Además, sólo en el supuesto de que el juez responsable fuera incompetente para conocer de todo el asunto o de algunas conductas, la concesión del amparo tendría el efecto de que el Juez Especializado en Materia de Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla, en su carácter de autoridad responsable sustituta, realizara lo siguiente: ( Primero, con libertad de jurisdicción, se pronunciara sobre la competencia planteada por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla; y, ( De declararse competente -parcial o íntegramente-, dentro del plazo que fija el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resolviera con plenitud de jurisdicción la situación jurídica del quejoso, valorando los elementos de prueba que obran en los autos al tenor del marco jurídico nacional e internacional que regula su competencia. En el entendido de que debía tomar en cuenta la posible figura de un concurso real homogéneo del delito. Luego, por acuerdo emitido el uno de octubre de dos mil diecinueve, dentro del presente juicio de derechos fundamentales, se destacó que el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, con la emisión de la resolución dictada el veinticinco de septiembre del actual, dentro de la causa penal de origen, había realizado lo siguiente: ( Que dejó insubsistente el auto de término constitucional reclamado; ( Que precisó las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la ejecución de las conductas reprochadas al ahora quejoso, al tenor de la siguiente tabla: Acción. Fecha (aproximada) Edad de la víctima (aproximada) Edad del sujeto activo (aproxi-mada) ¿Cumplía con la edad penal (mayor de dieciocho años)?. Acción a). Sexo oral por 1ª vez. ( Junio de 1997 -según lo señalado en la 2ª declaración del quejoso-. ( Este juzgador puede inferir que sucedió entre los años 1995, 1996 y 1997, según la edad del sujeto pasivo, verificada con el acta de nacimiento. ( 6 años -se dice tanto en la 1ª como en la 2ª declaración de la víctima-. ( Este juzgador infiere que la víctima pudo tener entre 6, 7 u 8 años. ( 14 años -lo refiere la víctima en su 1ª declaración-. ( De acuerdo al acta de nacimiento del sujeto activo, se estima que éste pudo tener la edad de 13, 14 o 15 años. No. Acción b). Sexo anal por 1ª vez. ( Marzo de 1998 -según lo señalado en la 2ª declaración del quejoso-. ( Este órgano de control constitucional considera que pudo tener lugar en el año de 1998, pues la víctima indicó que fue violada de esa manera a los 9 años. ( 9 años -lo dice la víctima en su 1ª declaración). ( Se estima que fue a los 9 años, según el acta de nacimiento de la víctima. ( Se presume que el activo, para el año de 1998, tenía la edad de 16 años, según su acta de nacimiento. No. Acción c). Sexo anal sin consentí-miento por última vez. ( Noviembre de 2002 -lo dice la víctima en su 2ª declaración-. ( Este órgano de control constitucional considera que pudo tener lugar en el año de 2002, pues la víctima indicó que fue penetrada sin su consentimien-to por última vez cuando tenía 13 años. ( 13 años -lo refiere la víctima en su 2ª declaración-. ( Se presume que el sujeto activo, para el año de 2002, tenía la edad de 20 años, según su acta de nacimiento. Sí. Acción d). Sexo anal con consenti-miento por 1ª vez. ( Enero de 2003 -lo dice la víctima en su 2ª declaración-. ( Este órgano de control constitucional considera que pudo tener lugar en el año de 2003, pues la víctima indicó que consintió el acto por primera vez en enero de ese año. ( 14 años -lo refiere la víctima en su 2ª declaración-. ( Se estima que la víctima pudo tener la edad de 13 años, pues para enero de 2003, aun no cumplía los 14 años, según su acta de nacimiento. ( Se presume que el sujeto activo tenía la edad de 20 años, pues para enero de 2003, aun no cumplía los 21 años. Sí. Acción e). Sexo anal con consenti-miento por última vez. ( Se presume que fue en el año 2005, pues la víctima refirió que la última vez que tuvieron relaciones fue cuando tenía la edad de 16 años. ( 16 años -así lo señaló en su 2ª declaración-. ( Se presume que el sujeto activo, al año 2005, tenía 23 años, según su acta de nacimiento. Sí. Tabla única. Y, con base en esa clasificación, se advirtió que: ( Dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley en favor de Miller Cruz Miranda, única y exclusivamente por la comisión del delito de corrupción de menores, previsto y sancionado por los artículos 217 y 218 del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de I.R.C., y sólo respecto de las acciones señaladas en los incisos c), d) y e) de la tabla reproducida; ( Declaró su incompetencia legal para conocer de los hechos con apariencia de delito de violación equiparada, imputado al quejoso por el fiscal de origen, única y exclusivamente por cuanto a las acciones marcadas con los incisos a) y b) de la tabla antes indicada; lo anterior, en virtud de que al momento de esos hechos Miller Cruz Miranda era menor de edad; ( Remitió al Juez Especializado en Materia de Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla copia certificada del proceso 255/2008, para que con libertad de jurisdicción se pronunciara sobre la competencia planteada respecto del delito de violación equiparada, cometido en agravio de I.R.C., en relación con los hechos marcados en los incisos a) y b) de la tabla señalada; ( Se declaró competente para conocer de los hechos consignados con apariencia de violación equiparada, respecto de las acciones c), d) y e) de la tabla reproducida; y, ( Reclasificó la conducta delictiva de violación equiparada por la de violación, prevista y sancionada por el artículo 267 del Código Penal del Estado de Puebla y, por la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, decretó en su contra auto de formal prisión, solamente por cuanto hace a las acciones descritas en los incisos c), d) y e), de forma separada, precisando, además, que se materializaba un concurso real homogéneo. Por su parte, ante la competencia planteada por el referido juez, en dicho proveído de uno de octubre pasado, se detectó que la Jueza Especializada en Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla, mediante resoluciones emitidas el veinticinco y veintisiete de septiembre de la presente anualidad dentro del expediente 7/2019 de su estadística, había realizado lo siguiente -en acatamiento al fallo protector-: ( Que se declaró competente para conocer de los hechos consignados con apariencia de violación equiparada, respecto de las acciones a) y b) de la tabla reproducida; ( Que consideró que, con base en los elementos de prueba reunidos, se acreditaban los elementos del cuerpo del delito de violación equiparada, previsto y sancionado por el artículo 272, fracción II, cometido en agravio de I.R.C. y precisó que se actualizaba un concurso real homogéneo; lo anterior, únicamente en atención a acciones marcadas en los incisos a) y b) de la tabla indicada; y, ( Que dictó auto de libertad en favor del aquí quejoso, por estimar que había operado la prescripción de la acción penal por cuanto a las acciones señaladas en los incisos a) y b) de la multicitada tabla, por lo que decretó el sobreseimiento del asunto. Sin embargo, se apreciaron un par de defectos en el cumplimiento realizado por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, consistentes en: 1. Primer defecto. 1.1. La responsable, en acatamiento al fallo protector, si bien había motivado las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la ejecución de las conductas reprochadas al ahora quejoso, dividiéndolas al tenor de la tabla indicada, lo cierto es que a raíz de esa división estableció que no debían analizarse las acciones precisadas en los incisos a) y b) descritas en la tabla, en virtud de que -señaló- al momento de su ejecución el sujeto activo era menor de edad; por lo que sólo dictó el auto de libertad ordenado por cuanto a las acciones descritas en los incisos c), d) y e), cuando en la sentencia de amparo se indicó que el auto de libertad debió dictarse respecto de todas las conductas de corrupción de menores. 1.2. Ciertamente, se dijo que si la intención de la sentencia de amparo hubiera sido que el juez de origen se declarara incompetente por cuanto algunas del delito de corrupción de menores, se hubiera precisado tal y como se hizo con el delito de violación equiparada, es decir, se hubiera precisado que el juez debía declararse incompetente por las conductas que desplegó cuando era menor de edad y dictar el auto de libertad sólo en atención a las conductas que el activo desplegó cuando era mayor de edad. 1.3. Empero, no fue así. Se apreció que no se reunían los elementos del cuerpo del delito de corrupción de menores, previsto en los artículos 217 y 218 del Código Penal del Estado de Puebla -vigentes antes de la reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el trece de diciembre de dos mil cuatro- sin distinción alguna por cuanto al momento de su supuesta ejecución; por lo que el juez, a pesar de la incompetencia que hubiera podido tener para conocer de las acciones precisadas en los incisos a) y b) de la referida tabla, debió dictar el auto de libertad con reservas de ley, en relación con todas las acciones inherentes a dicho ilícito. 1.4. De ahí que se haya establecido que si el juez señaló que tales acciones no eran materia del análisis de su resolución, en específico del relativo en el que dictó el auto de libertad con reservas de ley, la responsable no había acatado debidamente la sentencia de amparo. 2. Segundo defecto. ( Se advirtió que el juez no había enviado la constancia con la que acreditara que el Director del Centro de Reinserción Social de Puebla canceló o anotó la cancelación de la ficha de identificación administrativa del quejoso respecto del delito de corrupción de menores, que se le imputó dentro de la causa penal 255/2008. En ese sentido, en el multicitado acuerdo de uno de octubre de la presente anualidad, se requirió a la citada autoridad judicial para que realizara lo siguiente: ( Dejara sin efectos la resolución dictada el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 255/2008 de su índice -con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo-, así como el auto de formal prisión reclamado de nueve de julio del actual; ( Emitiera otra resolución en la que reiterara todo lo considerado en la citada determinación de veinticinco de septiembre del presente año, pero en el entendido de que el auto de libertad que dictara en favor del quejoso por el delito de corrupción de menores, debía ser en relación con todas las acciones precisadas en su tabla, es decir, las descritas en los incisos a), b), c), d) y e), a pesar que respecto de las dos primeras pudiera carecer de competencia legal; ( Notificara esa determinación a la Jueza Especializada en Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla, únicamente para los efectos legales procedentes en el expediente 7/2019; y, ( Remitiera copia certificada de la constancia en la que se advirtiera que el Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla efectuó la anotación de cancelación de la ficha de identificación administrativa del quejoso respecto del delito de corrupción de menores y en relación con aludida la causa penal 255/2008. Asimismo, se hizo saber a las partes, incluyendo a la Jueza Especializada en Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla -autoridad responsable sustituta-, que la orden de dejar insubsistente la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en la causa penal 255/2008 del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, no implicaba que lo actuado en el expediente 7/2019, de la estadística de dicha jueza, tuviera el mismo destino, sobre todo la diversa determinación de veintisiete de septiembre del actual, en la que, entre otras cuestiones, se dictó auto de libertad en favor del aquí quejoso, por estimar que operó la prescripción de la acción penal por cuanto a las acciones señaladas en los incisos a) y b) de la multicitada tabla. Lo anterior, porque se dijo que el juez de lo penal debía reiterar todas las consideraciones que plasmó en dicha resolución de veinticinco de septiembre de este año, que circunscribe su decisión de declararse legalmente incompetente respecto de las acciones mencionadas. Entonces, en cumplimiento a lo anterior, el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, mediante resolución de siete de octubre del presente año, dictada en la causa penal 255/2008 de su índice, efectuó lo siguiente: ( Dejó insubsistente el auto de término constitucional reclamado, así como el diverso de veinticinco de septiembre de este año -con el que había pretendido dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo-; ( Emitió otra resolución en la que reiteró todo lo considerado en la citada determinación de veinticinco de septiembre del presente año, pero al momento de decretar el auto de libertad en favor del quejoso por el delito de corrupción de menores, lo hizo en relación con todas las acciones precisadas en su tabla, es decir, las descritas en los incisos a), b), c), d) y e), a pesar que respecto de las dos primeras quizá no era competente por la menoría de edad de la víctima. Por otro lado, remitió copias certificadas de la cancelación de la ficha de identificación administrativa que fue practicada a Miller Cruz Miranda, dentro del Centro de Reinserción de la ciudad de Puebla, con motivo del auto de formal prisión dictado el nueve de julio de dos mil diecinueve, en la causa penal de origen -acto reclamado-, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de corrupción de menores y violación equiparada; asimismo, envió la nueva ficha de identificación por el delito de violación, con motivo del nuevo auto de término constitucional de siete de octubre del año en curso. Finalmente, envió copia certificada de la constancia con la que acreditó que hizo del conocimiento de la Jueza Especializada en Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla, el contenido de la resolución de siete de octubre del año en curso, únicamente para los efectos legales procedentes en el expediente 7/2019. En tales condiciones, tanto la autoridad responsable como la responsable sustituta acataron los efectos y consideraciones precisadas en la sentencia de amparo. ° Opinión jurisdiccional. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de octubre de dos mil diecinueve. Intégrese a los autos el oficio signado por la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de ocho de octubre pasado, remite copia certificada de la constancia de notificación de la resolución dictada el siete de octubre de dos mil diecinueve, en autos de la causa penal 255/2008 de su estadística, practicada al aquí quejoso Miller Cruz Miranda. En consecuencia, con el contenido del oficio 204 y anexos de la Jueza Especializada en Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla, así como de los diversos 4411, 4455, 4433 y anexos del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla; dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante.
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