Milton Gonzalez Martinez
Expediente 753/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 753/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 12/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Milton Gonzalez Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante auto de veintidós de febrero del año en curso, se declaró que causó estado la sentencia dictada el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio y se ordenó el archivo de este asunto como concluido. En consecuencia, ya que resulta innecesario conservar la copia auténtica de diversas constancias derivadas de la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0002624/2020, con las cuales, se formó el anexo I de pruebas, se ordena devolverlas a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Novena Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Puebla; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega del documento descrito. Notifíquese por oficio a la autoridad referida; y, cúmplase.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) Marisol En la propia fecha se giró el oficio correspondiente y se turnó el expediente a la Actuaría. Conste. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) La suscrita secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Igualmente, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral citado, se establece que es susceptible de destrucción; una vez que transcurra el plazo de seis meses. Finalmente, se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; por lista a la moral tercera interesada Petróleos Mexicanos (PEMEX) Transformación Industrial; y, por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 753/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Milton González Martínez; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el trece de octubre de dos mil veinte, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado a este órgano jurisdiccional, Milton González Martínez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Novena Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Puebla. El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Auto admisorio. Por acuerdo dictado el catorce de octubre de dos mil veinte, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 753/2020; asimismo, la admitió a trámite -con incidente de suspensión-, requirió el informe justificado a la autoridad responsable y dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Tercero. Parte tercera interesada. En cumplimiento al proveído de tres de noviembre de la anualidad pasada -y en términos del artículo 5, fracción III, inciso c) de la ley de la materia-, se tuvo y se emplazó con el carácter de tercera interesada a la moral Petróleos Mexicanos (PEMEX) Transformación Industrial. Cuarto. Suspensión por contingencia sanitaria. Mediante circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial comunicó que en sesión celebrada de manera extraordinaria en la misma fecha, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", en el que, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se establecieron, entre otras medidas, el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, lo cual implicó: ( El trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, así como el seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. ( El trámite de casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio "en línea", con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencia, o cuando resultara necesaria la práctica de notificaciones personales. ( De manera que para los casos restantes a los anteriores -como el presente-, se suspendieron los plazos y términos procesales del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, con la única salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia. Quinto. Reanudación del procedimiento. 1. Mediante Circular SECNO/1/2021, dirigida al público en general, al personal jurisdiccional y de las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, a las y los titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, signada electrónicamente por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se dio a conocer que en sesión de ocho de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19" del 12 al 18 de enero de 2021; y, en cumplimiento a lo instruido en la fracción II de dicha Circular, en relación a los Circuitos Judiciales diversos al Primero, Segundo, Decimoctavo y Decimoquinto, se determinó: ( Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órgano jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, ( Que como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. 2. En ese sentido, el doce de enero de dos mil veintiuno, en atención al levantamiento de la suspensión de plazos y términos procesales, se ordenó notificar la citada reanudación a las partes. Sexto. Cita para audiencia. En acuerdo de dieciocho de enero del actual, se señalaron las diez horas con treinta minutos del veinticinco de enero de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos emitidos dentro de una carpeta de investigación, del índice de una autoridad ministerial federal con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión del informe justificado, se advierte que el quejoso Milton González Martínez reclama: 1. El acuerdo dictado el tres de octubre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0002624/2020, en donde se decreta el aseguramiento de los siguientes objetos: i) vehículo Marca Chevrolet, Clase Camioneta, Tipo Chasis-Cabina, Carrocería tipo Tanque, con placas de circulación 1588-A del Estado de Tlaxcala, color blanco, con número de identificación vehicular (NIV) 3GBKC34G81M112086, Origen Nacional, Modelo 2001; y, ii) del auto tanque con capacidad de 5,800 litros para reparto de gas licuado de petróleo, año 2011, color blanco, toriesférico, NOM-009-SESH, serie ATM-255-B08-17. 2. El acuerdo emitido el ocho de octubre de dos mil veinte, dentro de la citada indagatoria, por medio del cual se da una respuesta no favorable a su solicitud formulada mediante escrito presentado en la misma fecha, en sentido de realizar la devolución de lo siguiente: i) el vehículo antes señalado; ii) el auto tanque con capacidad de 5800 litros acoplado al vehículo de mérito; y, iii) el gas licuado de petróleo (LP) contenido en dicho auto tanque. Lo anterior, por encontrarse pendiente el recaudo de diversa información para constatar la legítima procedencia de dichos objetos. Tercero. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a la autoridad responsable siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Fojas 1 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Novena Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Puebla. Acepta. 20 a 23. Tabla única. La autoridad responsable convino en la existencia de los actos que se les atribuye. Certeza que se corrobora con la copia auténtica de diversos registros de la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0002624/2020, que acompañó en complemento a su informe, la cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo -por disposición expresa de su numeral 2-, por tratarse de una documental pública. Cuarto. Ponderaciones previas. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la décima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Quinto. Procedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. A mayor abundamiento, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Por ende, este juzgado procede al estudio de la causal de improcedencia que se advierte de oficio. * Cesación de efectos. En ese sentido, respecto de los acuerdos reclamados, derivados de la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0002624/2020 del índice del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Novena Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Puebla; se materializa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Se explica. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional. En ese sentido, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) por revocación y b) por sustitución, las cuales no son excluyentes entre sí, es decir, ambas se pueden materializar en un mismo caso fáctico. El primer supuesto, se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje alguna huella. El segundo supuesto, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. Ahora bien, con la documental aportada por el fiscal responsable, consistente en copia auténtica de la carpeta de investigación de origen -valorada anteriormente-, se acredita lo siguiente: 1. El dos de octubre de dos mil veinte, se dio inicio a la investigación criminal por la detención en flagrancia de Marco Antonio Castillo Rojas, por su probable responsabilidad en la comisión de hechos con apariencia de delito de posesión ilícita de hidrocarburo, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción II, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. 2. El tres de octubre de dos mil veinte, se decretó el aseguramiento de los siguientes objetos: i) vehículo Marca Chevrolet, Clase Camioneta, Tipo Chasis-Cabina, Carrocería tipo Tanque, con placas de circulación 1588-A del Estado de Tlaxcala, color blanco, con número de identificación vehicular (NIV) 3GBKC34G81M112086, Origen Nacional, Modelo 2011 y ii) auto tanque con capacidad de 5800 litros acoplado al vehículo de mérito -primer acto reclamado-. 3. El ocho de octubre de dos mil veinte, el fiscal de origen acordó una solicitud formulada por el quejoso mediante escrito presentado en la misma fecha, en sentido de negar -en ese momento- la devolución de lo siguiente: i) el vehículo antes señalado, ii) el auto tanque con capacidad de 5800 litros acoplado al vehículo de mérito; y, iii) el gas licuado de petróleo (LP) contenido en dicho auto tanque. Lo anterior, por encontrarse pendiente el recaudo de diversa información para constatar la legítima procedencia de dichos objetos -segundo acto reclamado-. 4. El quince de diciembre de dos mil veinte, el fiscal responsable dictó una determinación en la que ordenó el levantamiento del aseguramiento decretado y ordenó la devolución de los objetos cuya propiedad acreditó el quejoso mediante comparecencias de tres y cuatro de octubre del mismo año. 5. El trece de enero de dos mil veintiuno, fue entregado y notificado al quejoso Milton González Martínez el oficio IX-026/2021 de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, por el cual fiscal ordenó al Encargado del Servicio de "Grúas Transborder" devolver al citado quejoso el vehículo asegurado con su contenido. De lo narrado, es posible concluir que los efectos de los actos reclamados han cesado. En efecto, la autoridad a quien se les atribuyeron los mismos, dejó de afectar la esfera jurídica de la parte solicitante del amparo, restituyéndole en el pleno goce de los derechos humanos que en algún momento se estimaron vulnerados, ya que levantó el aseguramiento de los objetos asegurados -cuya propiedad se tuvo por demostrada- y ordenó su devolución. La improcedencia que se comenta se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es precisamente el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte inconforme en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. De ahí que si tales actos, así como sus efectos jurídicos, han sido destruidos, se patentiza la imposibilidad de cristalizar una posible concesión de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de amparo indirecto, por cuanto a los acuerdos dictados el tres y ocho de octubre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0002624/2020. Atento a lo anterior, este órgano de control constitucional se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación formulados en contra de los citados actos en la presente contienda constitucional, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide el pronunciamiento sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 61, 63, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por Milton González Martínez, contra los actos, autoridad y por los motivos precisados en los considerandos segundo, tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; por lista a la moral tercera interesada Petróleos Mexicanos (PEMEX) Transformación Industrial; y, por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio IX/005/2021 signado por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Novena Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Puebla, mediante el cual remite copia auténtica de diversos registros derivados de la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0002624/2020, de su índice. En consecuencia, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de su parte la documental que remite, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en el momento procesal oportuno. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, por lista a las demás partes.
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