Mildred Ceballos Medina

Expediente 605/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
605/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
01/06/2022

Partes del expediente

  • Mildred Ceballos Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de once de mayo de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado estado el proveído señalado en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó la resolución de que se trata a las autoridades responsables foráneas, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables. Y en relación a las autoridades responsables, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues SE CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, de conformidad con la interlocutoria dictada el DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS; lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese.

  2. Incidental

    VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 605/2022-II-A, promovido por representante de la menor de edad quejosa . RESULTANDO PRIMERO. Solicitud de la medida cautelar. En la correspondiente demanda de amparo, representante de la menor de edad quejosa , solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclamó de las autoridades siguientes: 1.- PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 2.- TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 3.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. 4.- COORDINADOR ESTATAL DE ESTRATEGIA OPERATIVA DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 (OPERATIVO CORRECAMINOS CON SEDE EN YUCALPETÉN, YUCATÁN, CAPITÁN DE CORBETA ). SEGUNDO. Formación de los cuadernos incidentales. Por acuerdo dictado en el juicio principal el tres de marzo de dos mil veintidós, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos mediante proveído de esa propia fecha, se ordenó notificar a las partes, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental; siendo que mediante interlocutoria de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se resolvió sobre la suspensión definitiva solicitada en contra de las autoridades responsables con sede en Mérida, Yucatán y Yucalpetén, Yucatán; y se difirió la audiencia por las autoridades foráneas con sede en la Ciudad de México, la cual, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se proceden a fijar de manera clara y precisa los actos que la parte quejosa reclama, que como se asentaron en el auto de suspensión provisional, esencialmente son: La omisión de integrar a la aplicación de la vacuna BioNTech, Pfizer, para la prevención del SARS-CoV-2, COVID-19 al grupo etario de los menores quejosos, lo cual pone en riesgo su salud. SEGUNDA. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, pues así lo manifestó la Subdirectora de Área adscrita a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, al rendir su informe previo en su representación; sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, procede NEGAR la suspensión definitiva por falta de materia sobre la cual pueda ser decretada, en relación con la referida autoridad responsable; resultando aplicable el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 286, publicada en la página 237, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,820, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse por cierto si no existen pruebas contra lo que en el se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión, si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." TERCERA. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, pues a pesar de que en su informe negó el acto que se le atribuye, lo cierto es, que con posterioridad realizó manifestaciones de las que se evidencia su certeza; de ahí que, se reitera, se tienen por ciertos los actos que se le atribuyen. CUARTA. En cuanto a la suspensión definitiva solicitada respecto de los actos reclamados de la aquí parte quejosa, la cual a la fecha cuenta con la edad de doce años, al respecto, debe decirse, en relación con el derecho a la salud previsto en el artículo 4° Constitucional, que la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, de 8 de diciembre de 2020, se aprobó a partir de estudios científicos realizados por especialistas nacionales en materias de inmunología, vacunación, infectología, sociología, sistemas y economía de la salud, quienes se apoyaron en lo recomendado por los organismos internacionales en la materia, con el fin de proteger la salud de la población y reducir los contagios y muertes provocados por el virus. Así, con dicha estrategia de salud se determinó ejecutar el plan de vacunación en cinco (5) etapas por grupos poblacionales, priorizados como sigue: etapa 1: diciembre 2020-febrero 2021, personal de salud de primera línea de control de la COVID-19; etapa 2: febrero-abril 2021, personal de salud restante y personas de 60 y más años; etapa 3: abril-mayo 2021, personas de 50 a 59 años; etapa 4: mayo-junio 2021, personas de 40 a 49 años; y, etapa 5: junio 2021-marzo 2022, resto de la población. Ahora bien, constituye un hecho notorio, por tratarse de un medio oficial, que en la página de internet oficial de la Secretaria de Salud https://mivacuna.salud.gob.mx, ya está abierto el registro para ser inoculados con la vacuna contra el virus SARS-CoV2 que causa la enfermedad Covid-19, tanto para los menores de doce años o más (cumplidos al veintiocho de abril de dos mil veintidós) y que se quieran vacunar por primera vez como a los de dieciocho años o más que soliciten un refuerzo; todos sin comorbilidades. Tal como lo anunció el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, lo que además se corrobora con la siguiente imagen capturada del sitio web oficial, de la que se advierte que efectivamente ya se pueden registrar los menores de doce años de edad para recibir la vacuna contra el virus que provoca COVID-19. Lo anterior, pone de manifiesto que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, emitió autorización para aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech en menores a partir de doce años, conforme a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la COVID-19 en México. Aunado a que en la diversa página oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, se advierte en un comunicado de tres de mayo de dos mil veintidós, en el cual, se anuncia el pre registro para vacunación de niñas y niños de doce años en adelante, lo que se corrobora en la consulta de la página electrónica con dirección https://coronavirus.yucatan.gob.mx/noticia/6090, de la que se desprende que ya se encuentra disponible el pre registro para menores de doce años o más sin comorbilidades. Es decir para que puedan realizar el registro para que sean inoculados con la vacuna contra el virus que causa la enfermedad Covid-19, tal como se evidencia con la imagen que se inserta: Información oficial electrónica que constituye un hecho notorio que puede invocarse por este juzgado, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; aunque no hayan sido alegados o probados por la parte quejosa. Por tanto, dichas documentales e imágenes que aparecen en páginas electrónicas oficiales, se les concede valor probatorio en términos del artículo 197 y 210-A del código procesal federal de procedimientos civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior los siguientes criterios: "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS ACTOS DE PUBLICIDAD DEL DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO NO REQUIEREN DE LA CITA DE LOS PRECEPTOS LEGALES FACULTATIVOS PARA SU EMISIÓN, PARA ESTIMAR QUE SATISFACEN LA GARANTÍA DE LEGALIDAD. De los artículos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se advierte la obligación de las entidades oficiales de hacer pública, de la manera más simple y directa, la información que se encuentra en su poder derivada del ejercicio de sus funciones, así como aquella que estimen relevante, a efecto de aportar a la opinión pública datos sobre su gestión, lo que implica una carga de carácter democrático. En este sentido, la emisión de boletines de prensa, comunicados, conferencias, discursos, entrevistas, entre otros medios de divulgación, en los que se da a conocer determinada información sobre las funciones desempeñadas por un órgano de gobierno, es un acto de publicidad de su desempeño y resultados dirigido al público en general y no a un sujeto en particular, cuya emisión obedece a la obligación y necesidad de transparentar su gestión - elevada a rango constitucional-. Consecuentemente, dicho acto no requiere la cita de los preceptos legales facultativos para su emisión, para estimar que satisface la garantía de legalidad, concretamente, la parte relativa a la debida fundamentación y motivación, pues basta la existencia de una norma que faculte y obligue a la autoridad encargada de divulgar esa información para actuar en ese sentido, y que su proceder se encuentre dentro de los límites legales y del texto constitucional, por tratarse de actos con efectos generales donde existen razones que, socialmente, justifican su emisión, obligación emanada del propio mandato -ex lege-, en donde se confieren la facultad y responsabilidad a la autoridad de difundir las actividades y resultados obtenidos en el ejercicio de sus funciones, siendo destacable, además, que la fuente en que se basa el medio de divulgación es fiable, por tener su origen en actos desplegados por autoridades en ejercicio de sus funciones, resultando conveniente que la sociedad tenga conocimiento de este tipo de información, por tratarse de acontecimientos que trascienden la órbita de lo privado." "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." En consecuencia, procede negar la suspensión definitiva por falta de materia sobre la cual pueda decretarse dicha medida suspensional, pues como se señaló ya puede realizar su pre-registro y proceder a la aplicación de la vacuna respectiva, de acuerdo con lo que le indiquen las autoridades de salud relativas. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. SE NIEGA la suspensión definitiva a la menor , solicitada por conducto de su representante en contra del acto reclamado a la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, por los motivos expuestos en la segunda consideración de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se NIEGA la suspensión definitiva a la menor , solicitada por conducto de su representante en contra del acto reclamado a la autoridad responsable Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, por las razones expuestas en la cuarta consideración de esta resolución. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguense a este expediente los informes justificados rendidos por la Subdirectora de Área adscrita a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y del Secretario de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México; recibidos vía electrónica en este Juzgado mediante el uso de la FIREL. Sin que sea el caso ponerlos a la vista de las partes, toda vez que mediante proveído de once de mayo de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo. Independientemente de lo anterior, téngase como domicilio y delegados de las citadas autoridades responsables, los que se precisan en sus informes de mérito. Notifíquese.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguense a este incidente los informes previos rendidos por la Subdirectora de Área adscrita a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y del Secretario de Salud, con sede en la Ciudad de México; recibidos vía electrónica en este Juzgado mediante el uso de la FIREL. Al efecto, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, hágase relación de los mismos al celebrarse la audiencia incidental relativa. Asimismo, téngase como domicilio y delegados de las citadas autoridades responsables, los que se precisan en sus informes de mérito. Notifíquese.

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