Milca Virginia Tepal Tepal

Expediente 1487/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1487/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Milca Virginia Tepal Tepal
  • Milca Virginia Tepal Tepal y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1487/2023-V-B, promovido por Milca Virginia Tepal Tepal y Juana de Arco Balderas Puch por conducto de su apoderado legal Diego Adán Chan Viana, en contra el acto que reclaman del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, ambos con sede en esta ciudad, y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el veinticinco de septiembre siguiente, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, comparecieron Milca Virginia Tepal Tepal y Juana de Arco Balderas Puch por conducto de su apoderado legal Diego Adán Chan Viana, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclaman del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable, lo siguiente: La multa impuesta a cada quejosa por la cantidad de $500.00 (quinientos pesos, 00/100, moneda nacional), mediante autos de veintitrés de agosto y trece de septiembre ambos de dos mil veintitrés, para Milca Virginia Tepal Tepal; y los autos de treinta de agosto y veinte de septiembre ambos de la presente anualidad, para Juana de Arco Balderas Puch, dictados en el juicio ordinario laboral 11/2007, por no haber comparecido ante el tribunal responsable en la fecha y hora que se les requirió, con el fin de formular una propuesta o solución alternativa de pago del laudo, dentro del citado juicio laboral. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, toda vez que así lo manifestó expresamente en su representación su Magistrado Presidente, al rendir su correspondiente informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de la Litis. Suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, resultan fundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá concedérsele el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. En efecto, en el caso se reclama de la autoridad responsable la multa impuesta a cada una de las quejosas por la cantidad de $500.00 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional), por no haber comparecido ante el tribunal en las fechas y horas indicadas, con el fin de formular una propuesta o solución alternativa de pago de laudo; siendo que dicha determinación es violatoria del artículo 16 Constitucional, pues carece de debida fundamentación y motivación. El artículo 16 constitucional dispone lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causal legal del procedimiento...". De tal precepto constitucional se advierte la obligación de las autoridades de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, entendiéndose por lo primero, la obligación de la autoridad que emite el acto, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que apoye la determinación adoptada, y por lo segundo, la expresión de una serie de razonamientos lógicos y jurídicos sobre el por qué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa, que precisamente sustentan el acto de molestia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 204, visible en la página 166, del Apéndice del 2000, Tomo VI, Materia Común, Séptima Época, Segunda Sala, que es de este tenor: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En el mismo contexto, es necesario señalar que el derecho fundamental de legalidad tutelado por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales y en la expresión de los motivos que se aduzcan en su aplicación por parte de la autoridad, al atender el valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla los requisitos legales necesarios. Por otro lado, la motivación de la causa legal del procedimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional, implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto y el caso específico en que éste va a operar o a surtir su efecto. Sin dicha adecuación se violaría, por ende, la citada prerrogativa que, conjuntamente con la de fundamentación legal, integra el derecho fundamental de legalidad. Sentado lo anterior, cabe precisar que de las constancias que se consultan, remitidas por la autoridad responsable, que merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se constata que éste no cumple con la debida motivación y fundamentación. Siendo que, para poner en contexto lo anterior, conviene destacar que entre las copias certificadas examinadas, obran las relativas a los acuerdos dictados por la responsable, en los que estableció las multas impuestas señaladas como acto reclamado, mismos que en la parte que interesa, establecen lo siguiente: En el proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés: "En vista de lo anteriormente expuesto se hace constar la inasistencia de la actora MILCA VIRGINIA TEPAL TEPAL a pesar de estar debidamente notificada según se desprende de la constancia actuarial que obra en autos de fecha doce de julio de dos mil veintitrés y del PRESIDENTE MUNICIPAL Y/O SÍNDICO Y/O TESORERO, todos del AYUNTAMIENTO DE TIXKOKOB, YUCATÁN, a pesar de estar debidamente notificados según se desprende de la constancia actuarial que obra en autos de fecha doce de julio de dos mil veintitrés, motivo por el cual se les hacen efectivos los apercibimientos decretados en acuerdo de fecha seis de junio de dos mil veintitrés, por lo que con fundamento en los artículos 157 y 160 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, se ordena girar atento oficio a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a fin de hacer efectivos los medios de apremio consistente en la multa de $500.00 (QUINIENTOS PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a la C. MILCA VIRGINIA TEPAL TEPAL; ." En el proveído de treinta de agosto de dos mil veintitrés: "En vista de lo anteriormente expuesto se hace constar la inasistencia de la actora MILCA VIRGINIA TEPAL TEPAL a pesar de estar debidamente notificada según se desprende de la constancia actuarial que obra en autos de fecha cuatro de septiembre de dos mil veintitrés y del PRESIDENTE MUNICIPAL Y/O SÍNDICO Y/O TESORERO, todos del AYUNTAMIENTO DE TIXKOKOB, YUCATÁN, a pesar de estar debidamente notificados según se desprende de la constancia actuarial que obra en autos de fecha cinco de septiembre de dos mil veintitrés, motivo por el cual se les hacen efectivos los apercibimientos decretados en acuerdo de seis de junio del año dos mil veintitrés, motivo por el cual se les hacen efectivos los apercibimientos decretados en acuerdo de fecha seis de junio de dos mil veintitrés, por lo que con fundamento en los artículos 157 y 160 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, se ordena girar atento oficio a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a fin de hacer efectivos los medios de apremio consistente en la multa de $500.00 (QUINIENTOS PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a la C. MILCA VIRGINIA TEPAL TEPAL; ." En el proveído de treinta de agosto de dos mil veintitrés: "En vista de lo anteriormente expuesto se hace constar la inasistencia de la actora JUANA DE ARCO BALDERAS PUCH a pesar de estar debidamente notificada según se desprende de la constancia actuarial que obra en autos de fecha doce de julio de dos mil veintitrés y del PRESIDENTE MUNICIPAL Y/O SÍNDICO Y/O TESORERO, todos del AYUNTAMIENTO DE TIXKOKOB, YUCATÁN, a pesar de estar debidamente notificados según se desprende de la constancia actuarial que obra en autos de fecha doce de julio de dos mil veintitrés, motivo por el cual se les hacen efectivos los apercibimientos decretados en acuerdo de seis de junio del año dos mil veintitrés, motivo por el cual se les hacen efectivos los apercibimientos decretados en acuerdo de fecha seis de junio de dos mil veintitrés, por lo que con fundamento en los artículos 157 y 160 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, se ordena girar atento oficio a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a fin de hacer efectivos los medios de apremio consistente en la multa de $500.00 (QUINIENTOS PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a la C. JUANA DE ARCO BALDERAS PUCH; ." En el proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés: "En vista de lo anteriormente expuesto se hace constar la inasistencia de la actora JUANA DE ARCO BALDERAS PUCH a pesar de estar debidamente notificada según se desprende de la constancia actuarial que obra en autos de fecha cuatro de septiembre de dos mil veintitrés y del PRESIDENTE MUNICIPAL Y/O SÍNDICO Y/O TESORERO, todos del AYUNTAMIENTO DE TIXKOKOB, YUCATÁN, a pesar de estar debidamente notificados según se desprende de la constancia actuarial que obra en autos de fecha quince de septiembre de dos mil veintitrés, motivo por el cual se les hacen efectivos los apercibimientos decretados en acuerdo de seis de junio del año dos mil veintitrés, motivo por el cual se les hacen efectivos los apercibimientos decretados en acuerdo de fecha seis de junio de dos mil veintitrés, por lo que con fundamento en los artículos 157 y 160 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, se ordena girar atento oficio a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a fin de hacer efectivos los medios de apremio consistente en la multa de $500.00 (QUINIENTOS PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a la C. JUANA DE ARCO BALDERAS PUCH; ." Ahora bien, en atención a la naturaleza de los actos reclamados los cuales se relacionan con un medio de apremio, conviene tener en consideración los artículos 157, 160 y 160 bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios del Estado de Yucatán. En términos de los artículos señalados se advierten diversas medidas de apremio, dentro de las cuales se establece la sanción económica, señalada en una cantidad mínima de $100.00 (cien pesos, cero centavos, moneda nacional) tratándose de trabajadores, y de $1,000.00 (mil pesos, cero centavos, moneda nacional), tratándose de funcionarios. Asimismo, se establece que las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, para hacer respetar y cumplir sus resoluciones, cuando fueren requeridas para tal fin. En ese sentido, en los citados preceptos legales no se encuentra específicamente reglamentado el procedimiento para la imposición de una medida de apremio, dado que únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y tomando en consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que establecen los principios de legalidad y seguridad jurídica, la autoridad debe emitir su mandamiento en los términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones. Por lo que, los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son los siguientes: a) La existencia de una determinación fundada y motivada en derecho que deba ser cumplida por alguna de las partes, o por alguna de las personas involucradas en el juicio. b) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado con el apercibimiento, en el sentido de que de no obedecer la determinación, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. c) Que conste o se desprenda de autos la oposición o negativa injustificada del obligado a obedecer el mandamiento judicial, es decir, que el incumplimiento sea realmente un acto u omisión ilícito. d) Una razón grave, a juicio del juzgador, para decretar el medio de apremio. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia 1a./J. 20/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS). Si bien dentro de las legislaciones procesales civiles del Distrito Federal y de los Estados de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra específicamente reglamentado el procedimiento para la imposición de una medida de apremio, dado que únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y tomando en consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, para que sea legal la aplicación de la medida, la autoridad debe emitir su mandamiento en términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones; así, los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son: 1) La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta." Y la parte conducente de la diversa Jurisprudencia I.4o.C. J/4, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "MEDIOS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO DE SU IMPOSICION Y LA OBLIGACION A CUMPLIMENTAR DEBEN NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Por lo que ve a los medios de apremio, doctrinariamente se considera que su aplicabilidad está sujeta a las siguientes condiciones: 1a. La existencia de una determinación, justa y fundada en derecho, que deba ser cumplida por las partes, o por alguna de las personas involucradas en el litigio. 2a. La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. 3a. Que conste o se desprenda de autos la oposición o negativa injustificada del obligado a obedecer el mandamiento judicial, es decir, que el incumplimiento sea realmente un acto u omisión ilícitos. 4a. Una razón grave, a juicio del juzgador, para decretar el medio de apremio. De las anteriores condiciones, debe destacarse la segunda, consistente en que se comunique mediante notificación personal, a quien se exija, el cumplimiento de la determinación judicial, el requerimiento o disposición judicial a cumplimentar, así como el apercibimiento de la aplicación de la medida de apremio para el caso de incumplimiento. La finalidad de tal exigencia consiste en dejar constancia fehaciente de que la persona vinculada pudo conocer, con toda oportunidad, tanto la obligación que le impuso el juzgador como el apercibimiento de la imposición de una concreta medida de apremio, en caso de no dar cumplimiento, a fin de que pueda impugnarla si la considera lesiva de su derecho y quiere evitarla, o bien, para que pueda preparar lo necesario para proceder al cumplimiento, o que quede clara su resistencia al cumplimiento. Además, existe un fundamento directo para la procedencia de la notificación personal, que es el artículo 114, fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, conforme al cual será notificado personalmente en el domicilio de los litigantes, el requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo, toda vez que en los casos en comento se contiene un requerimiento. Tal situación se justifica, además, porque para estar en aptitud de cumplir un requerimiento, éste debe conocerse con anterioridad a la fecha en que deba cumplirse, pues de lo contrario pueden presentarse múltiples situaciones que impidan al requerido el cumplimiento, como por ejemplo, que el obligado tuviera en lugar distinto el objeto o documento cuya exhibición se exigiera; que se encontraran en posesión de persona distinta, a la que en el momento de la diligencia no fuera posible localizar; que el directamente obligado no se encuentre al momento de la diligencia, etcétera; casos todos en que no se puede atribuir incumplimiento culpable, si no se proporcionó la posibilidad de preparar el cumplimiento." En términos de ese marco jurídico, el actuar de la autoridad responsable, fue completamente omiso en indicar el motivo por el cual se le impuso una multa por la cantidad de $500.00 (quinientos pesos sin centavos, moneda nacional), en cada uno de los referidos proveídos, máxime que la responsable solamente hace referencia a que la parte actora no acudió a la celebración de la audiencia en el procedimiento de ejecución en el expediente 11/2007, a pesar de estar debidamente notificada, siendo que la norma no prevé la posibilidad de aplicar una sanción por esa conducta. Esto es, si bien fundamentó su actuar en el artículo 157 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios del Estado de Yucatán, de dicho numeral se desprenden como supuestos en los que el Tribunal podrá establecer diversas sanciones, cuando se incurra en la alteración al orden y cuando realice alguna falta de respeto al Tribunal, mismas que según la gravedad de la falta, impondría una amonestación, expulsión del local del Tribunal o económica, la cual a su criterio, sería con una cantidad mínima de cien pesos tratándose de los trabajadores. Por tanto, la circunstancia de que la parte actora, aquí quejosa, no acudiera al Tribunal responsable a efecto de llevar a cabo la celebración de una audiencia relativa al procedimiento de ejecución de laudo, para tratar de efectuar una propuesta o solución alterna para el pago del laudo, no encuadra de manera alguna en los supuestos establecidos en dicho numeral en el cual la responsable funda su sanción, y de haberlo considerado así el tribunal, debió entonces motivar esa circunstancia, lo que no hizo. De ahí que sea evidente la indebida fundamentación y motivación de las sanciones impuestas a las impetrantes del amparo, pues si bien no cumplieron los requerimientos que les efectuó la responsable, ésta debió fundar y motivar su actuar en los numerales que pudieran encuadrar en la conducta incurrida, explicando detalladamente el motivo de la sanción a imponer. Aunado a que también fue omisa en indicar el motivo por el cual les fijó dicho monto. En otras palabras, el Tribunal responsable no llegó a expresar las razones, motivos o circunstancias que debidamente le llevaron a la convicción de que las quejosas fueran acreedoras a la sanción impuesta, lo que, acertadamente apunta la parte impetrante de la protección constitucional, la coloca en un estado de indefensión total; impidiéndole que esté en condiciones de cuestionar y controvertir la decisión, de lo que se sigue que no basta que el acto de autoridad observe una motivación imprecisa e incongruente, que impida la defensa del gobernado, sino que se deben expresar los motivos suficientes y necesarios para explicar y justificar la determinación adoptada. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/43, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." Así las cosas, ante la ausencia de motivos que justifiquen el actuar de la responsable, es de sostenerse que los derechos fundamentales de la parte quejosa se han transgredido, dado que la imposibilita para impugnar y defenderse del acto autoritario, por no conocer los fundamentos aplicables para ese caso así como las razones que tuvo la autoridad para emitirlo. Por lo tanto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, deje insubsistente las multas impuestas a las impetrantes del amparo, en proveídos de veintitrés de agosto y trece de septiembre, así como treinta de agosto y veinte de septiembre, todos de dos mil veintitrés, respectivamente, decretadas en autos del juicio reclamatorio laboral 11/2007, así como las consecuencias legales de las mismas. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Equivalencia de las constancias que integran el expediente electrónico a copias certificadas. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Milca Virginia Tepal Tepal y Juana de Arco Balderas Puch por conducto de su apoderado legal Diego Adán Chan Viana, en contra de los actos atribuidos al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, por las razones y para los efectos señalados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase. Así lo resolvió y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que hasta esta data el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad, no ha logrado el cumplimiento de pago del laudo y con ello el de la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio constitucional. Por tanto, tomando en consideración el tiempo transcurrido, como una medida tendente a continuar con el trámite de ejecución y lograr el eficaz cumplimiento del fallo protector, es menester que la referida autoridad responsable realice una actualización de la cantidad condenada en el laudo dictado en el juicio laboral de origen. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, realice la actualización de la cantidad condenada en el laudo dictado en el juicio laboral de origen, para lo cual deberá adjuntar su oficio de cumplimiento, copia certificada de las constancias conducentes que así lo acrediten. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, dentro del plazo concedido, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, sin centavos, moneda nacional) conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otro lado, agréguese a este expediente el oficio de cuenta de la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés y reiterado en proveídos de ocho, veintiuno de septiembre último y cuatro de octubre de los corrientes, informa el estado que guarda la ejecución de las multas relacionadas en el citado acuerdo de cuatro de agosto de la presente anualidad. Circunstancia de la que este órgano jurisdiccional se da por enterado para los efectos legales conducentes. Además, de la lectura del oficio de cuenta, se desprende que hasta la presente fecha, la multa impuesta a Diana Isabel Dzul Leo, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, aún se encuentra en vías de diligenciación; por tanto, requiérase por última ocasión a la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1", con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes a la notificación que se le haga de este acuerdo, informe a este juzgado el seguimiento dado a la ejecución de la referida multa, debiendo remitir las constancias conducentes que acrediten su dicho, pues resulta de vital importancia para la ejecución de la sentencia dictada en este juicio, que se materialice la medida coercitiva impuesta con que dota la ley a este Juzgador para hacer cumplir sus determinaciones. Por otra parte, glósese también el oficio de la Directora General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, mediante el cual, entre otras cosas, manifiesta que a su parecer, a fin de poder dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en estos autos, resulta indispensable la vinculación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para determinar la viabilidad y condiciones en que dicha dependencia atienda a lo solicitado por este juzgado sin incurrir en responsabilidad administrativa por realizar actos que pudieran contravenir las disposiciones federales. Al respecto, indíquese a la autoridad oficiante que no ha lugar a acordar de conformidad la vinculación a este asunto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda vez que atendiendo a los motivos que señala, no es indispensable incluir a dicha autoridad hacendaria en el cumplimiento de la ejecutoria, ya que, en el caso, su participación incide sólo en proporcionar las participaciones federales, punto sobre el cual no existe impedimento o conflicto alguno, de ahí que resulta innecesario su llamamiento al presente juicio. Máxime que, lo que se requiere que realice la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, son actos posteriores a la obtención de los recursos provenientes de la Federación, en los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tiene participación alguna. En otro aspecto, plantea la autoridad en el oficio que se atiende, que existe de su parte impedimento jurídico para atender lo que este Juzgado Federal le solicitó, ya que el artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal le impide afectar las participaciones que en derechos federales le corresponden al Municipio de Seyé, Yucatán. Lo anterior, derivado de la consulta que realizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, sobre la viabilidad y condiciones que tiene que cumplir la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, respecto a lo que se le solicita. Al efecto, en la misiva de cuenta, se observa que dicha autoridad comunica lo siguiente: "[.] Ahora bien, ante la pregunta expresa por parte de mi representada respecto a si: "¿El Estado podría dar trámite a la solicitud del municipio y afectar sus participaciones para el pago de laudos a cargo del propio municipio, considerando lo establecido en el primer párrafo del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal?", la Dirección General de Legislación y Consulta Fiscal, de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio No. 529-11-0GLCF-268/2023 de fecha 10 de julio de 2023 respondió de manera literal: "No es procedente afectar participaciones federales para "el pago de laudos", en términos de la Ley de Coordinación Fiscal,...". Asimismo, del análisis realizado al antecedente de los incidentes de inejecución por la Dirección General de Legislación y Consulta Fiscal, de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta de la Procuraduría Fiscal de la Federación, se observa que la autoridad precisa que en dichas resoluciones NO SE CONSIDERÓ lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, numeral que representa un impedimento jurídico expreso para mi representada. [.]". Al respecto, debe decirse de manera contundente que lo señalado por la autoridad oficiante, evidencia un acto tendente a evadir por completo el cumplimiento de lo ordenado por este Juzgado Federal, no obstante que se le ha requerido en varias ocasiones, ya que ahora, la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, señala que con motivo de la referida consulta realizada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le ha señalado que no es posible atender lo que se le solicita y con un argumento totalmente contrario, pretende restarle valor legal a lo ya decidido por el Máximo Tribunal del país, al sustentar que a ella no le es aplicable por las razones que señala, como si fuera una opción de su parte acatar o no lo decidido en una resolución judicial dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ello bajo una postura sesgada y tendenciosa. Se afirma lo anterior, en atención a que: 1.- En principio, la forma en que fue planteada la consulta no es la adecuada, pues se advierte que fue dirigida de antemano, a obtener una respuesta negativa por parte de la autoridad consultada. Ello en atención a que la interrogante estribó en cuestionar si el Estado podría dar trámite a la solicitud del municipio y afectar sus participaciones para el pago de laudos a cargo del propio municipio, considerando lo establecido en el primer párrafo del artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal. Como se observa, de entrada el planteamiento es incorrecto, dado que la autoridad oficiante insiste en realizar interpretaciones a las legislaciones que pudiesen tener relación con el uso de las participaciones federales, inobservando que este Juzgado Federal le ha señalado en múltiples ocasiones que se trata de un mandato judicial, derivado de lo ordenado también por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; siendo que, en este momento no es posible que dicha autoridad realice tales interpretaciones, incluso sobre el supuesto de que pudiera existir alguna responsabilidad administrativa, tal aspecto queda superado en atención a que se trata de una orden judicial que debe cumplir la autoridad. De tal forma que el hecho que la oficiante haya incluido en su pregunta medular el artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal está fuera de contexto. Puesto que la interrogante debió haber sido planteada de manera objetiva, en el sentido de que si es posible retener o afectar las participaciones federales correspondientes al Municipio de Seyé, derivado de la petición que ya le realizó el Cabildo en ese sentido, todo ello derivado de un mandato judicial en un juicio de amparo en fase de cumplimiento de sentencia. Lo cual, evidentemente no realizó en esos términos, provocando que la autoridad hacendaria se pronunciara en forma negativa, pero haciendo salvedades que más adelante en este proveído se destacan. 2.- Las conclusiones a las que arriba la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, no son acordes a lo que se le contesta en la consulta; de tal forma que trata de excusarse ante esta autoridad federal partiendo sólo de datos parciales que se señalan en la consulta, estableciendo como tendenciosa conclusión aspectos que no se obtienen del análisis integral del documento, adoptando la oficiante una postura que evidencia una actitud renuente a materializar los efectos de la sentencia amparadora, En efecto, del estudio de la consulta que se realizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se obtienen los aspectos que a continuación se destacan: a) De entrada, ante el planteamiento inicial de la interrogante principal, la autoridad hacendaria precisa que el artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal regula dos mecanismos de resarcimiento: (I) afectación y (II) compensación de participaciones federales; los cuales resultan aplicables sólo entre la Federación y las Entidades Federativas, por lo que para el caso de la afectación de las participaciones correspondientes a los Municipios del Estado de Yucatán, se sugiere sujetarse a lo previsto en la disposición local correspondiente. Como se observa, tal consideración evidencia que el citado dispositivo legal invocado por la Secretaría de Administración y Finanzas no es aplicable al caso concreto en la forma que lo planteó dicha autoridad; siendo dicho numeral la base de la consulta y de la postura que adopta la oficiante ante este Juzgado Federal en el sentido de que "existe un impedimento jurídico" para atender lo que se le requiere en materia de cumplimiento de sentencia. b) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indicó que existen casos de excepción en los cuales pueden ser afectadas las participaciones federales, en lo que interesa, (i) como garantía de fuente de pago de obligaciones contraídas por los Municipios, y (ii) a fines específicos, condicionando a fondos específicos de participaciones y recursos que contempla la Ley de Coordinación Fiscal, así como que se cuente con autorización de las legislaturas locales, por mencionar algunos requisitos. c) Asimismo, la autoridad hacendaria refirió que exclusivamente a la autoridad municipal le asiste la atribución para realizar las adecuaciones presupuestales que estime necesarias para cumplir las obligaciones de pago que le hayan sido fincadas. d) Que los Ayuntamientos a través del Tesorero, previa autorización de sus órganos competentes (Cabildo y Presidente Municipal), podrán realizar adecuaciones a los presupuestos de sus unidades de administración, para lo cual el Cabildo deberá emitir normas aplicables. e) Que tal y como lo establece el artículo 23 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán (LPCGEY), los ejecutores del gasto, con cargo a sus respectivos presupuestos, deberán cubrir las obligaciones de cualquier índole que deriven de resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente que hayan causado estado. f) Que no debe soslayarse que de conformidad con el ordinal 14, fracción I, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición, deberán ser destinados, entre otros conceptos, al pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente. Aspectos que no fueron mencionados por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, en el oficio de cuenta. Por el contrario, manifiesta que existe un impedimento jurídico para atender lo que este Juzgado Federal le requiere, cuando incluso de la propia consulta que realizó, la autoridad hacendaria le aclara que sí es posible que el Municipio acceda a esos recursos para el cumplimiento de sus obligaciones y señala los mecanismos y vías legales que tiene para hacerlo. Por tanto, no es válido que la autoridad oficiante trate de justificarse con una interpretación "a modo" del resultado de la consulta que ella misma realizó, bajo planteamientos tendenciosos encaminados a obtener una respuesta negativa que le permitiera escudarse para no atender lo que se le ha solicitado. Máxime que la propia autoridad consultada expone en la parte final del documento: "[.] La presente opinión es de carácter consultiva, por lo que se emite en el ámbito de competencia de esta Unidad Jurídica, sin que implique la validación de la actuación por parte de las autoridades competentes en el ejercicio de sus facultades [...]". En esa guisa, la postura adoptada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, en el oficio de cuenta, no es de cooperación para el cumplimiento, sino que trata de buscar los mecanismos que le permitan no acatar un mandato judicial en materia de amparo que se le ha realizado, sin tampoco aportar una solución distinta viable que permita mediante un diverso mecanismo atender lo solicitado, sino sólo obstaculiza abiertamente el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. 3.- La autoridad oficiante parte de una premisa equivocada para atender el cumplimiento y para realizar la consulta en los términos que lo hizo; ya que no es a ella a quien le corresponde la decisión de clasificar y dirigir el rubro de la afectación de las participaciones federales, sino que tal facultad legal recae en el Municipio. En efecto, de manera equívoca, la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, interpreta que ella debe canalizar los recursos federales para el pago del laudo, pero como se ha señalado en acuerdos previos, es al Ayuntamiento a través del Cabildo quien legalmente decide en qué emplear las participaciones federales y así es como éste en acuerdo general de Cabildo, en sesión, ya se lo solicitó. Punto el cual, se insiste, ya está concretado en autos, puesto que en el acta de Cabildo de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, dicho órgano colegiado municipal determinó afectar esas participaciones federales para el pago del laudo derivado del presente juicio de amparo; por lo que realizó la petición a dicha Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, para que únicamente ejecute tal determinación. De ahí que la renuencia mostrada por la autoridad oficiante no tiene asidero jurídico alguno, lo que deja ver una intención constante de no cumplir lo que se le ha requerido, siempre buscando y externando excusas para desatender el mandato judicial que se le ha instruido. Por tanto, persiste el requerimiento de cumplimiento efectuado para la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, siendo que, se le reitera, que ya se cuenta con el acta de Cabildo de diecisiete de marzo del año en curso, en la que se sesionó y autorizó la aprobación de la propuesta para solicitar al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaria de Administración y Finanzas, que a cuenta del Municipio realice el pago del laudo mediante la afectación a las participaciones que en ingresos federales correspondan al Municipio de Seyé, Yucatán. En consecuencia, mediante oficio que al efecto se gire, requiérase al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, por conducto de la Secretaria de Administración y Finanzas, para que a cuenta del Municipio de Seyé, Yucatán, realice las gestiones necesarias a fin de que afecte las participaciones que en ingresos federales correspondan al citado Ayuntamiento, para que con éstas se lleve a cabo el pago del laudo emitido en el juicio laboral de origen. Esto es, se hace notar a dicha Secretaría de Administración y Finanzas, que dicha retención servirá para el pago del laudo relativo en lo que corresponde a la parte aquí quejosa, precisándole que una vez afectados los recursos, deberá comunicar dicha circunstancia a este Juzgado Federal, y posterior a ello, se le indicará ante quién deberán ponerse a disposición para el pago del laudo, a fin de dar total y adecuado cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tal motivo, requiérase al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, por conducto de la Secretaria de Administración y Finanzas, para que en el plazo de TRES DÍAS, retenga las participaciones que en ingresos federales correspondan al citado Ayuntamiento y, una vez hecho ello, lo informe a este Juzgado para estar en aptitud de determinar lo procedente en relación con el pago del laudo; debiendo remitir copia certificada de las constancias conducentes que acrediten su dicho. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Por último, y de manera paralela al requerimiento anterior, solicítesele para que dentro del término de TRES DÍAS, informe la cantidad que de las partidas federales le corresponde al Ayuntamiento de Seyé, siendo que, de no tener de manera precisa tal dato, informe las cantidades que en este año se le han asignado por tal concepto, así como las del año inmediato anterior. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, dentro del plazo concedido, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, sin centavos, moneda nacional) conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.

  4. Incidental

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con nueve minutos del dos de octubre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa y da fe, se procede a celebrar la audiencia incidental, sin contarse con la asistencia personal de las partes ni representante legítimo de ellas. La Secretaria hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con el informe previo rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, el cual ya obra agregado a los presentes autos. A lo que el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede y por rendido el informe previo de cuenta. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS, no se da cuenta, con promoción alguna. A lo que el Juez acuerda: en atención a lo informado por la Secretaria, SE DECLARA CERRADO EL PERIODO DE PRUEBAS. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS, la Secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. A lo que el Juez acuerda: en atención a lo informado por la Secretaría, SE DECLARA CERRADO EL PERIODO DE ALEGATOS. A continuación, no habiendo diligencias por desahogar, ni pedimento formulado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, el Juez declara visto el incidente y procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1487/2023-V-B, promovido por ******************** y ******************** por conducto de su apoderado legal Diego Adán Chan Viana. ANTECEDENTES PRIMERO. Solicitud de la medida cautelar. En la correspondiente demanda de amparo, promovida por ******************** y ******************** por conducto de su apoderado legal Diego Adán Chan Viana, solicitaron la suspensión definitiva respecto del acto que reclaman del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Formación del cuaderno incidental. Por acuerdo dictado en el juicio principal el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos. Asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, tiene verificativo al tenor del acta que precede. C O N S I D E R A N D O PRIMERA. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se proceden a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, que hizo consistir en: La multa impuesta a cada quejosa por la cantidad de $500.00 (quinientos pesos, 00/100, moneda nacional), mediante autos de veintitrés de agosto y trece de septiembre ambos de dos mil veintitrés, para ********************; y los autos de treinta de agosto y veinte de septiembre ambos de la presente anualidad, para ********************, dictados en el juicio ordinario laboral ********************, por no haber comparecido ante el tribunal responsable en la fecha y hora que se les requirió, con el fin de formular una propuesta o solución alternativa de pago del laudo, dentro del citado juicio laboral. SEGUNDO. Certeza de los actos. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó expresamente su Magistrado Presidente al rendir su informe previo. TERCERA. Análisis respecto de la suspensión definitiva solicitada. En cuanto a la suspensión defintiva solicitada por la parte quejosa, previamente se debe analizar la naturaleza del acto reclamado, el cual en la especie se trata de un acto consumado con efectos positivos, por lo que sólo respecto de estos últimos sería factible verificar sobre la procedencia de la suspensión, toda vez que en cuanto a la emisión del acto, ya se llevó a cabo y su legalidad será analizada, en su caso, al momento de dictar la sentencia definitiva. Por tanto, respecto de sus efectos y consecuencias, que se traducen en el cobro de la multa reclamada, es que resulta procedente hacer pronunciamiento sobre el otorgamiento o no de la suspensión. Al respecto, el artículo 128 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos Siguientes: Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que el acto reclamado en el juicio de amparo es susceptible de ser suspendido, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén, esto es, que la solicite el quejoso y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión del acto reclamado. Atendiendo a lo anterior, es dable señalar que el primer requisito se encuentra cumplido, ya que son las promoventes del amparo quienes realizan la solicitud de la suspensión, a través de su apoderado; asimismo, su interés suspensional está acreditado en autos ya que son parte actora en el juicio laboral de origen. También se satisface el segundo de los requisitos citados, ya que con la suspensión de la ejecución del acto reclamado no se advierte que se siga una afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público en términos de la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 138; pues no se está en alguno de los supuestos precisados en el artículo 129 de la ley de la materia, y, en cambio, es claro que de no concederse la suspensión de referencia, se les causarían a los quejosos daños y perjuicios de difícil reparación, los que se traducirían en el cobro de la multa impuesta por el tribunal responsable. En tal virtud, con fundamento en los artículos 128, 129, 138, 139 y 147, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE CONCEDE la suspensión definitiva solicitada para el efecto de que no se haga efectiva la misma, hasta en tanto se resuelve el fondo del asunto en el expediente principal donde derivaron estos autos incidentales. Sin que en el presente caso sea necesario solicitar algún requisito de procedibilidad -garantía- en relación con la concesión de la suspensión definitiva que se otorga, toda vez que los quejosos son la parte trabajadora en el juicio laboral de origen ********************; máxime que de acuerdo a lo manifestado en la demanda de amparo, aún no han cobrado cantidad alguna derivada del laudo condenatorio dictado hace más de trece años. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE CONCEDE la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por ******************** y ********************, contra el acto que reclaman del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en la tercera consideración de esta resolución incidental. Notifíquese y cúmplase. Así lo resolvió y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

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