Milca Virginia Tepal Tepal
Expediente 988/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 988/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Milca Virginia Tepal Tepal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
VISTO para resolver el juicio de amparo 988/2023-I-A, promovido por Milca Virginia Tepal Tepal y Juana de Arco Balderas Puch por conducto de su apoderado legal Diego Adán Chan Viana; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado vía electrónica el veintiuno de junio de dos mil veintitrés; recibido el veintidós siguiente en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado en esa propia fecha a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Milca Virginia Tepal Tepal y Juana de Arco Balderas Puch por conducto de su apoderado legal Diego Adán Chan Viana, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclaman del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo auto de prevención y escrito de cumplimiento, por acuerdo de cinco de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde y se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado. De igual forma, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 61 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así de la lectura íntegra del escrito de demanda, como de las constancias remitidas por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, se tiene que la parte quejosa reclama esencialmente, lo siguiente: La multa impuesta a cada quejosa por la cantidad de $500.00 (quinientos pesos, 00/100, moneda nacional), mediante autos de treinta y uno de mayo y veintiocho de junio, ambos de dos mil veintitrés, para Milca Virginia Tepal Tepal; y los autos de treinta y uno de mayo y cinco de julio, ambos de la presente anualidad, para Juana de Arco Balderas Puch, dictados en el juicio ordinario laboral 11/2007, por no haber comparecido ante el tribunal responsable en la fecha y hora que se les requirió, con el fin de formular una propuesta o solución alternativa de pago del laudo, dentro del citado juicio laboral. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, toda vez que así lo manifestó expresamente en su representación su Magistrado Presidente, al rendir su correspondiente informe justificado (número de promoción 9262). Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de la Litis. Suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, resultan fundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá concedérsele el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. En efecto, en el caso se reclama de la autoridad responsable la multa impuesta a cada una de las quejosas por la cantidad de $500.00 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional), por no haber comparecido ante el tribunal en las fechas y horas indicadas, con el fin de formular una propuesta o solución alternativa de pago de laudo; siendo que dicha determinación es violatoria del artículo 16 Constitucional, pues carece de debida fundamentación y motivación. El artículo 16 constitucional dispone lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causal legal del procedimiento...". De tal precepto constitucional se advierte la obligación de las autoridades de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, entendiéndose por lo primero, la obligación de la autoridad que emite el acto, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que apoye la determinación adoptada, y por lo segundo, la expresión de una serie de razonamientos lógicos y jurídicos sobre el por qué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa, que precisamente sustentan el acto de molestia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 204, visible en la página 166, del Apéndice del 2000, Tomo VI, Materia Común, Séptima Época, Segunda Sala, que es de este tenor: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En el mismo contexto, es necesario señalar que el derecho fundamental de legalidad tutelado por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales y en la expresión de los motivos que se aduzcan en su aplicación por parte de la autoridad, al atender el valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla los requisitos legales necesarios. Por otro lado, la motivación de la causa legal del procedimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional, implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto y el caso específico en que éste va a operar o a surtir su efecto. Sin dicha adecuación se violaría, por ende, la citada prerrogativa que, conjuntamente con la de fundamentación legal, integra el derecho fundamental de legalidad. Sentado lo anterior, cabe precisar que de las constancias que se consultan, remitidas por la autoridad responsable, que merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se constata que éste no cumple con la debida motivación y fundamentación. Siendo que, para poner en contexto lo anterior, conviene destacar que entre las copias certificadas examinadas, obran las relativas a los acuerdos dictados por la responsable en el juicio de origen 11/2007, en los que estableció las multas impuestas señaladas como acto reclamado, mismos que en la parte que interesa, establecen lo siguiente: En el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés: "En vista de lo anteriormente expuesto se hace constar la inasistencia de la actora MILCA VIRGINIA TEPAL TEPAL a pesar de estar debidamente notificada según se desprende de la constancia actuarial que obra en autos de fecha doce de julio de dos mil veintitrés y del PRESIDENTE MUNICIPAL Y/O SÍNDICO Y/O TESORERO, todos del AYUNTAMIENTO DE TIXKOKOB, YUCATÁN, a pesar de estar debidamente notificados según se desprende de la constancia actuarial que obra en autos de fecha doce de julio de dos mil veintitrés, motivo por el cual se les hacen efectivos los apercibimientos decretados en acuerdo de fecha seis de junio de dos mil veintitrés, por lo que con fundamento en los artículos 157 y 160 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, se ordena girar atento oficio a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a fin de hacer efectivos los medios de apremio consistente en la multa de $500.00 (QUINIENTOS PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL) ." En el proveído de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en la parte conducente es del tenor siguiente: "En vista de lo anteriormente expuesto se hace constar la inasistencia de la actora MILCA VIRGINIA TEPAL TEPAL a pesar de estar debidamente notificada según se desprende de la constancia actuarial que obra en autos de fecha cuatro de septiembre de dos mil veintitrés y del PRESIDENTE MUNICIPAL Y/O SÍNDICO Y/O TESORERO, todos del AYUNTAMIENTO DE TIXKOKOB, YUCATÁN, a pesar de estar debidamente notificados según se desprende de la constancia actuarial que obra en autos de fecha cinco de septiembre de dos mil veintitrés, motivo por el cual se les hacen efectivos los apercibimientos decretados en acuerdo de seis de junio del año dos mil veintitrés, motivo por el cual se les hacen efectivos los apercibimientos decretados en acuerdo de fecha seis de junio de dos mil veintitrés, por lo que con fundamento en los artículos 157 y 160 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, se ordena girar atento oficio a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a fin de hacer efectivos los medios de apremio consistente en la multa de $500.00 (QUINIENTOS PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a la C. MILCA VIRGINIA TEPAL TEPAL; ." En el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en la parte conducente, es de la literalidad siguiente: "En vista de lo anteriormente expuesto se hace constar la inasistencia de la actora JUANA DE ARCO BALDERAS PUCH a pesar de estar debidamente notificada según se desprende de la constancia actuarial que obra en autos de fecha doce de julio de dos mil veintitrés y del PRESIDENTE MUNICIPAL Y/O SÍNDICO Y/O TESORERO, todos del AYUNTAMIENTO DE TIXKOKOB, YUCATÁN, a pesar de estar debidamente notificados según se desprende de la constancia actuarial que obra en autos de fecha doce de julio de dos mil veintitrés, motivo por el cual se les hacen efectivos los apercibimientos decretados en acuerdo de seis de junio del año dos mil veintitrés, motivo por el cual se les hacen efectivos los apercibimientos decretados en acuerdo de fecha seis de junio de dos mil veintitrés, por lo que con fundamento en los artículos 157 y 160 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, se ordena girar atento oficio a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a fin de hacer efectivos los medios de apremio consistente en la multa de $500.00 (QUINIENTOS PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a la C. JUANA DE ARCO BALDERAS PUCH; ." En el proveído de cinco de julio de dos mil veintitrés, en su parte que aquí interesa, es del tenor siguiente: "En vista de lo anteriormente expuesto se hace constar la inasistencia de la actora JUANA DE ARCO BALDERAS PUCH a pesar de estar debidamente notificada según se desprende de la constancia actuarial que obra en autos de fecha cuatro de septiembre de dos mil veintitrés y del PRESIDENTE MUNICIPAL Y/O SÍNDICO Y/O TESORERO, todos del AYUNTAMIENTO DE TIXKOKOB, YUCATÁN, a pesar de estar debidamente notificados según se desprende de la constancia actuarial que obra en autos de fecha quince de septiembre de dos mil veintitrés, motivo por el cual se les hacen efectivos los apercibimientos decretados en acuerdo de seis de junio del año dos mil veintitrés, motivo por el cual se les hacen efectivos los apercibimientos decretados en acuerdo de fecha seis de junio de dos mil veintitrés, por lo que con fundamento en los artículos 157 y 160 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, se ordena girar atento oficio a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a fin de hacer efectivos los medios de apremio consistente en la multa de $500.00 (QUINIENTOS PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a la C. JUANA DE ARCO BALDERAS PUCH; ." Ahora bien, en atención a la naturaleza de los actos reclamados los cuales se relacionan con un medio de apremio, conviene tener en consideración los artículos 157, 160 y 160 bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios del Estado de Yucatán. En términos de los artículos señalados se advierten diversas medidas de apremio, dentro de las cuales se establece la sanción económica, señalada en una cantidad mínima de $100.00 (cien pesos, cero centavos, moneda nacional) tratándose de trabajadores, y de $1,000.00 (mil pesos, cero centavos, moneda nacional), tratándose de funcionarios. Asimismo, se establece que las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, para hacer respetar y cumplir sus resoluciones, cuando fueren requeridas para tal fin. En ese sentido, en los citados preceptos legales no se encuentra específicamente reglamentado el procedimiento para la imposición de una medida de apremio, dado que únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y tomando en consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que establecen los principios de legalidad y seguridad jurídica, la autoridad debe emitir su mandamiento en los términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones. Por lo que, los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son los siguientes: a) La existencia de una determinación fundada y motivada en derecho que deba ser cumplida por alguna de las partes, o por alguna de las personas involucradas en el juicio. b) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado con el apercibimiento, en el sentido de que de no obedecer la determinación, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. c) Que conste o se desprenda de autos la oposición o negativa injustificada del obligado a obedecer el mandamiento judicial, es decir, que el incumplimiento sea realmente un acto u omisión ilícito. d) Una razón grave, a juicio del juzgador, para decretar el medio de apremio. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia 1a./J. 20/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS). Si bien dentro de las legislaciones procesales civiles del Distrito Federal y de los Estados de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra específicamente reglamentado el procedimiento para la imposición de una medida de apremio, dado que únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y tomando en consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, para que sea legal la aplicación de la medida, la autoridad debe emitir su mandamiento en términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones; así, los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son: 1) La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta." Y la parte conducente de la diversa Jurisprudencia I.4o.C. J/4, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "MEDIOS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO DE SU IMPOSICION Y LA OBLIGACION A CUMPLIMENTAR DEBEN NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Por lo que ve a los medios de apremio, doctrinariamente se considera que su aplicabilidad está sujeta a las siguientes condiciones: 1a. La existencia de una determinación, justa y fundada en derecho, que deba ser cumplida por las partes, o por alguna de las personas involucradas en el litigio. 2a. La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. 3a. Que conste o se desprenda de autos la oposición o negativa injustificada del obligado a obedecer el mandamiento judicial, es decir, que el incumplimiento sea realmente un acto u omisión ilícitos. 4a. Una razón grave, a juicio del juzgador, para decretar el medio de apremio. De las anteriores condiciones, debe destacarse la segunda, consistente en que se comunique mediante notificación personal, a quien se exija, el cumplimiento de la determinación judicial, el requerimiento o disposición judicial a cumplimentar, así como el apercibimiento de la aplicación de la medida de apremio para el caso de incumplimiento. La finalidad de tal exigencia consiste en dejar constancia fehaciente de que la persona vinculada pudo conocer, con toda oportunidad, tanto la obligación que le impuso el juzgador como el apercibimiento de la imposición de una concreta medida de apremio, en caso de no dar cumplimiento, a fin de que pueda impugnarla si la considera lesiva de su derecho y quiere evitarla, o bien, para que pueda preparar lo necesario para proceder al cumplimiento, o que quede clara su resistencia al cumplimiento. Además, existe un fundamento directo para la procedencia de la notificación personal, que es el artículo 114, fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, conforme al cual será notificado personalmente en el domicilio de los litigantes, el requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo, toda vez que en los casos en comento se contiene un requerimiento. Tal situación se justifica, además, porque para estar en aptitud de cumplir un requerimiento, éste debe conocerse con anterioridad a la fecha en que deba cumplirse, pues de lo contrario pueden presentarse múltiples situaciones que impidan al requerido el cumplimiento, como por ejemplo, que el obligado tuviera en lugar distinto el objeto o documento cuya exhibición se exigiera; que se encontraran en posesión de persona distinta, a la que en el momento de la diligencia no fuera posible localizar; que el directamente obligado no se encuentre al momento de la diligencia, etcétera; casos todos en que no se puede atribuir incumplimiento culpable, si no se proporcionó la posibilidad de preparar el cumplimiento." En términos de ese marco jurídico, el actuar de la autoridad responsable, fue completamente omiso en indicar el motivo por el cual se le impuso una multa por la cantidad de $500.00 (quinientos pesos sin centavos, moneda nacional), en cada uno de los referidos proveídos, máxime que la responsable solamente hace referencia a que la parte actora no acudió a la celebración de la audiencia en el procedimiento de ejecución en el expediente 11/2007, a pesar de estar debidamente notificada, siendo que la norma no prevé la posibilidad de aplicar una sanción por esa conducta. Esto es, si bien fundamentó su actuar en el artículo 157 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios del Estado de Yucatán, de dicho numeral se desprenden como supuestos en los que el Tribunal podrá establecer diversas sanciones, cuando se incurra en la alteración al orden y cuando realice alguna falta de respeto al Tribunal, mismas que según la gravedad de la falta, impondría una amonestación, expulsión del local del Tribunal o económica, la cual a su criterio, sería con una cantidad mínima de cien pesos tratándose de los trabajadores. Por tanto, la circunstancia de que la parte actora, aquí quejosa, no acudiera al Tribunal responsable a efecto de llevar a cabo la celebración de una audiencia relativa al procedimiento de ejecución de laudo, para tratar de efectuar una propuesta o solución alterna para el pago del laudo, no encuadra de manera alguna en los supuestos establecidos en dicho numeral en el cual la responsable funda su sanción, y de haberlo considerado así el tribunal, debió entonces motivar esa circunstancia, lo que no hizo. De ahí que sea evidente la indebida fundamentación y motivación de las sanciones impuestas a las impetrantes del amparo, pues si bien no cumplieron los requerimientos que les efectuó la responsable, ésta debió fundar y motivar su actuar en los numerales que pudieran encuadrar en la conducta incurrida, explicando detalladamente el motivo de la sanción a imponer. Aunado a que también fue omisa en indicar el motivo por el cual les fijó dicho monto. En otras palabras, el Tribunal responsable no llegó a expresar las razones, motivos o circunstancias que debidamente le llevaron a la convicción de que las quejosas fueran acreedoras a la sanción impuesta, lo que, acertadamente apunta la parte impetrante de la protección constitucional, la coloca en un estado de indefensión total; impidiéndole que esté en condiciones de cuestionar y controvertir la decisión, de lo que se sigue que no basta que el acto de autoridad observe una motivación imprecisa e incongruente, que impida la defensa del gobernado, sino que se deben expresar los motivos suficientes y necesarios para explicar y justificar la determinación adoptada. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/43, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." Así las cosas, ante la ausencia de motivos que justifiquen el actuar de la responsable, es de sostenerse que los derechos fundamentales de la parte quejosa se han transgredido, dado que la imposibilita para impugnar y defenderse del acto autoritario, por no conocer los fundamentos aplicables para ese caso así como las razones que tuvo la autoridad para emitirlo. Por lo tanto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, deje insubsistente las multas impuestas a las impetrantes del amparo, en proveídos de treinta y uno de mayo, así como veintiocho de junio y cinco de julio, todos de dos mil veintitrés, respectivamente, decretadas en autos del juicio reclamatorio laboral 11/2007, así como las consecuencias legales de las mismas. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Equivalencia de las constancias que integran el expediente electrónico a copias certificadas. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a MILCA VIRGINIA TEPAL TEPAL y JUANA DE ARCO BALDERAS PUCH, en contra de los actos atribuidos al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, por las razones y para los efectos señalados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que mediante Circular 28/2023, de diecinueve de octubre del año en curso, se informó que en sesión extraordinaria de esa data, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles los días del dieciséis al veinticuatro de octubre en curso, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; así como a los avisos de suspensión de labores, emitidos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, en el que por causas de fuerza mayor, con motivo del paro de labores se suspendieron los términos judiciales y se declararon inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. Ahora bien, toda vez que la audiencia constitucional de este asunto se encontraba programada para el veinticinco de octubre en curso, no fue posible su celebración; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan estos autos, de los que se advierte que hasta la presente fecha no obra en autos la tarjeta de acuse de recibo relativa al oficio correspondiente al emplazamiento del tercero interesado Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este día y se señalan las ONCE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nuevas hora y fecha para su celebración. Lo anterior, con apoyo en el artículo 17 constitucional, tomando en consideración que el domicilio de dicha autoridad se ubica fuera de la residencia de este juzgado; y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de los que se advierte que hasta la presente fecha no obra en autos la tarjeta de acuse de recibo correspondiente al oficio en el cual se emplaza a la pare tercera interesada, el ********************. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este día y se señalan las ONCE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nuevas hora y fecha para su celebración. Lo anterior, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que dicha autoridad responsable tiene su domicilio fuera del lugar de residencia de este Juzgado; y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese y cúmplase.
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