Mildred Emilia del Carmen Bojórquez Manjarrez

Expediente 116/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 33 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
116/2020
Año
2020
Actuaciones
33
Última actuación
16/06/2023

Partes del expediente

  • Mildred Emilia del Carmen Bojórquez Manjarrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Mérida, Yucatán; veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de treinta de mayo de dos mil veintitrés, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar, se declara que causa ejecutoria la referida sentencia que sobreseyó en el presente asunto. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En virtud de lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción en un plazo de tres años contado a partir del presente proveído, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, del citado precepto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto de todos los actos. Así mismo, se hace la indicación que el original del cuaderno del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción en un plazo de tres años contado a partir del presente proveído, pues se negó la medida cautelar definitiva; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, del referido Acuerdo General. Igualmente, es susceptible de destrucción el duplicado del cuaderno de incidente de suspensión que deriva del presente juicio pues se negó la medida cautelar definitiva; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General, en un plazo de seis meses contado a partir del presente proveído que ordena el archivo. Por otra parte, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario constitucional y el incidente de suspensión que de él deriva, coinciden con el expediente electrónico correspondiente en su totalidad. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTOS para resolver el juicio de amparo número 116/2020-IV-A, promovido por ++++++, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y remitido ese propio día, a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció ++++++, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintisiete de enero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable, su correspondiente informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada. TERCERO. Primera ampliación de demanda. Por auto de seis de agosto de dos mil veinte, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda por primera ocasión (foja 213), en relación con la licencia de uso de suelo de veintidós de enero de dos mil diecinueve; así como la diversa licencia para construcción de uso distinto a casa habitación de treinta de agosto de dos mil diecinueve y la falta de llamamiento al procedimiento administrativo en el cual se expidieron dichas licencias. Ampliación que fue admitida a trámite en auto de siete de agosto de dos mil veinte (foja 248), se solicitó su informe a la autoridad responsable, el cual rindió oportunamente (foja 311). CUARTO. Segunda ampliación de demanda. Luego, mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se tuvo a la parte amparista ampliando por segunda ocasión la demanda de amparo (foja 621), señalando que existían nuevas licencias de construcción porque las anteriores habían sido renovadas; por lo que en auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite dicha segunda ampliación (foja 624). Por lo que se solicitó su informe de ley a la autoridad responsable, el cual rindió en tiempo (foja 653). QUINTO.- Posteriormente, se continuó con el procedimiento, y se le hizo de su conocimiento a las partes de la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, se llevó a cabo en la cual, entre otras cuestiones, se tuvo por desierta la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa, ante la incomparecencia de los atestes; como se observa del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, atendiendo a la demanda de amparo y a sus dos ampliaciones, se precisa que los actos reclamados se hacen consistir en lo siguiente: a) La licencia de uso de suelo para el trámite de la licencia para construcción de fecha veintidós de enero de dos mil diecinueve, con número de trámite 0000152612, respecto del predio ubicado en la calle 9, número 350, por 6 y 8, de la colonia Ampliación Plan de Ayala Villas del Sol, de esta ciudad. b) La licencia para construcción de uso diferente a casa habitación, multifamiliares de 2 a 100 unidades, de fecha treinta de agosto de dos mil diecinueve, con número de trámite 87199, respecto del predio ya indicado. c) La falta de llamamiento al procedimiento administrativo, del cual derivaron las referidas licencias. d) La expedición de nuevas licencias que renovaron las indicadas en los incisos a) y b). TERCERO. No son ciertos los actos identificados con los incisos c) y d), ya que al rendir los informes justificados relativos a la demanda, así como a las ampliaciones de la misma [promoción 3064, foja 84], [promoción 6414, foja 311] y [promoción 7142, foja 653] así lo manifestaron, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dichas negativas. Ello es así, ya que en relación con el acto señalado con el inciso c), la autoridad responsable Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, con sede en esta ciudad, señaló que no existe procedimiento administrativo alguno relacionado con la expedición de las licencias, sino que sólo el solicitante cumplió con los requisitos correspondientes y las mismas le fueron expedidas. Mientras que respecto del diverso acto identificado con el inciso d), dicha responsable refirió que no existen nueva licencias o renovación de las mismas. En consecuencia, toda vez que la autoridad responsable negó los actos reclamados ya indicados, sin que se desvirtuara su negativa procede SOBRESEER en el presente juicio respecto a los mismos, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la citada Ley de Amparo, CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, identificados con los incisos a) y b), relativos a las licencias cuya autorización impugna la parte quejosa; pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, este órgano jurisdiccional advierte, tal como también lo señala la parte tercero interesada, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no tiene interés legítimo suficiente para promover el presente juicio de amparo, toda vez que las pruebas que aportó al juicio constitucional resultan insuficientes para demostrar que existe una afectación cualificada y relevante en su esfera jurídica. En efecto, el interés jurídico y legítimo necesario para ejercer la acción constitucional, tienen su origen con el principio de instancia agraviada que rige en el juicio de amparo, y el cual se encuentra consagrado en el artículo 107, fracción I, de la Ley Suprema, que dispone: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Como puede advertirse, la norma constitucional establece que para la procedencia del juicio de amparo -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien o quienes comparezcan a solicitar la protección de la Justicia de la Unión, deberán ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (ii) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en su esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (ii) en caso de que no se cuente con tal interés, ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer al juicio. Acorde con lo anterior, en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 5, fracción I, párrafo primero, prevé: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Del dispositivo reproducido, se desprende que el juicio de amparo puede ser promovido por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, ya sea en forma directa (interés jurídico) o frente a una situación especial en el orden jurídico (interés legítimo). Por otra parte, cuando el acto reclamado no cause agravio al quejoso, es decir, no lesione el interés jurídico o legítimo, tendrá como consecuencia que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, que prevé que el juicio de amparo será improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.. Conforme a lo expuesto, la procedencia del amparo contra actos no jurisdiccionales está supeditada a que el acto reclamado afecte la esfera jurídica del quejoso, en cualquiera de las siguientes vertientes: La primera, cuando exista alguna afectación al interés jurídico. Supone que el acto reclamado cause un agravio personal, directo y real a algún derecho subjetivo del particular, es decir, un derecho derivado de una norma objetiva que se individualice en el gobernado y le otorgue una facultad y el cual se ve afectado por el acto de autoridad. La segunda vertiente, es la afectación al interés legítimo. El cual, en una primera aproximación, ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Ahora, en cuanto su alcance y contenido para la procedencia del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, sustentadas entre la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció una serie de directrices para analizar los juicios de amparo en los que el promovente alegue una afectación en su interés legítimo. Así, en primer lugar, el Máximo Tribunal del País dejó claro que el interés legítimo es distinto al interés jurídico que tradicionalmente se exigió para la procedencia del juicio de amparo. Su inclusión como una posibilidad para acudir al juicio constitucional deriva de la reforma al juicio de amparo, publicada en Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, con relación a la reforma de derechos humanos publicada el diez de junio de mil once, la cual creó un nuevo paradigma constitucional. En ese contexto, el análisis del interés para comparecer al juicio de amparo, en su acepción jurídica, se refiere a un vínculo entre cierta esfera jurídica y una acción encaminada a su protección, en virtud del cual, se solicita a la autoridad competente que ejerza sus facultades de conocimiento y resolución en torno a dicha acción. Dicho interés puede ser clasificado de diversas formas, ello en base a la acción jurídica a la cual se encuentre referido. Algunos de los criterios más empleados son los siguientes: a) Atendiendo al número de personas afectadas por el acto que se reclama. A partir de tal criterio, el interés puede clasificarse de la siguiente manera: i. Individual. ii. Colectivo o difuso. b) Atendiendo al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona. En torno a dicho criterio, existen los siguientes tipos de interés: i. Simple. ii. legítimo, y iii. jurídico. En relación a los tipos de interés atendiendo al número de personas afectadas por el acto que se reclama, atiende al número de personas que son titulares de la esfera jurídica afectada, el cual puede ser individual, es decir, sólo corresponde a un individuo -con independencia del nivel de afectación-; mientras que los llamados intereses difusos y colectivos, son aquellos derechos subjetivos e intereses legítimos que corresponden a personas indeterminadas, pertenecientes a ciertos grupos sociales, es decir, la afectación es indivisible, con independencia de que también pueda ser ejercido en forma individual. Por otra parte, en relación con el nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona, se habla de interés simple, legítimo y jurídico. Así las cosas, el interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad -situación que comúnmente se ha identificado con las denominadas "acciones populares"-; en cambio que el interés jurídico, como se expuso, es aquel que se ha identificado con la titularidad de un derecho subjetivo, es decir, con la posibilidad de hacer, o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros el respeto de la misma. En otras palabras, el interés simple, es el concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo. Es por ello que tal interés constituye el supuesto contrario al interés jurídico, en el cual, la afectación a la esfera jurídica se encuentra referida a una cualidad específica: la titularidad de un derecho subjetivo. Ahora, en relación con el interés legítimo, se suele indicar que se trata de una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. Así, el interés legítimo solamente requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. El interés legítimo implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Sin embargo, esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica requiere de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, en cualquier vertiente, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Cabe aclararse que tal parámetro de razonabilidad, no se refiere a los estándares argumentativos empleados por la Suprema Corte para analizar la validez de normas jurídicas, sino al hecho de que la afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio debe ser posible, esto es, debe ser razonable la existencia de tal afectación. Por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Así, mediante este interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, y si bien la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, lo cierto es que no requiere provenir de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, tal situación goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos. En cualquier caso, el órgano de control constitucional al apreciar el interés legítimo, a efecto de verificar su actualización en el procedimiento correspondiente, no depende de una manifestación del interesado, es decir, la sola afirmación de éste, en el sentido de que goza del interés suficiente, no basta para que el mismo se tenga por acreditado, sino que, al igual que sucede con el interés jurídico, es necesario que la parte quejosa demuestre que el acto de autoridad afecta su esfera jurídica, pues de lo contrario se estará ante la presencia de un mero interés simple que no hace procedente el juicio constitucional. En otras palabras, el hecho de que el interés legítimo implique un nivel de afectación menor al exigido en el interés jurídico, no significa que el mismo no deba acreditarse, aunque por otra parte, no existe ningún impedimento para que la autoridad, por medio de inferencias lógicas, arribe a la conclusión de que sí se ha actualizado el mismo, es decir, el interés legítimo requiere que sea demostrado en forma eficaz, mediante medios de pruebas idóneos para ello, y no sólo sostenerse en aseveraciones hipotéticas carentes de base jurídica. En esa línea, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que las notas distintivas del interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo son las siguientes: a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. d) La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. Es decir, el criterio contenido en la presente sentencia no constituye un concepto cerrado o acabado sobre el interés legítimo, sino que contiene los elementos suficientes para adaptarse a diversas situaciones, así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés. j) Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la voz: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Expresado lo anterior, en el particular, la quejosa acude a la instancia constitucional porque considera que las autorizaciones para la ejecución de una obra en construcción le causan una afectación diferenciada al ser vecina de la zona. En efecto, refiere que la emisión de la licencia de uso de suelo de fecha veintidós de enero de dos mil diecinueve, así como la licencia para construcción de uso diferente a casa habitación, de treinta de agosto de dos mil diecinueve, respecto del predio ubicado en la calle 9, número 350, por 6 y 8, de la colonia Ampliación Plan de Ayala Villas del Sol, de esta ciudad, le causan perjuicio, al ubicarse en una especial posición frente a los actos reclamados. Lo anterior es así, ya que refiere que con su expedición se autorizó la construcción de la obra en dicho predio, lo cual afecta sus derechos fundamentales de salud, a un medio ambiente sano y el derecho a una vivienda digna. Sin embargo, en autos del juicio de amparo no aportó prueba idónea para acreditar que se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad sólo por el hecho de ser vecina, ya que es necesario que además, acreditara la afectación que dichos actos reclamados le ocasionan y es este último punto el que no se satisface en la especie. En efecto, la parte quejosa, con su demanda de amparo, aportó como pruebas y le fueron admitidas las siguientes: 1.- La documental consistente en copia debidamente certificada por notario de la credencial para votar de la hoy quejosa (foja 77) 2.- La documental consistente en copia certificada de la escritura con la cual se desprende que la quejosa es propietaria del bien inmueble ubicado en la calle 11 x 6 y 8 número 358 del Fraccionamiento Ampliación Plan de Ayala o Fraccionamiento Villas del Sol, de esta ciudad, con código postal 97118. 3.- La instrumental de actuaciones, así como la presuncional legal y humana Posteriormente, mediante auto de dos de marzo de dos mil veinte, ofreció y se le admitieron: 4.- La pericial en materia de "distancia"; y 5.- Las testimoniales a cargo de ALBERTO ARJONA ORDAZ, GUSTAVO ADOLFO MONFORTE MÉNDEZ y JORGE CARLOS CÁSARES ORTIZ, al tenor del interrogatorio exhibido. Sin embargo, con motivo del fallecimiento del testigo citado en último término, la parte quejosa solicitó la sustitución del mismo, por el testimonio de MARÍA LUCÍA DEL CARMEN DIJÓN PEREIRA, lo cual le fue autorizado en auto de cuatro de enero de dos mil veintidós (foja 550). Ahora bien, en relación con el cúmulo probatorio aportado por la quejosa, se tiene que al analizar de manera conjunta la documental consistente en copia certificada notarialmente de la credencial para votar de la hoy quejosa, con la copia certificada de la escritura con la cual acredita la propiedad del bien inmueble ubicado en la calle 11 número 358, x 6 y 8, del Fraccionamiento Ampliación Plan de Ayala o Fraccionamiento Villas del Sol, de esta ciudad, logra acreditar que tiene su residencia en ese lugar. Cabe precisar que las testimoniales también habían sido ofrecidas con la finalidad de acreditar, que la amparista habita en el domicilio ya señalado y que éste se encuentra cerca del predio en donde se realiza la construcción. Sin embargo, la parte oferente no presentó a los atestes en el día señalado para el desahogo de la prueba, por lo que, se le hizo efectivo el apercibimiento que se le realizó y se declararon desiertas las testimoniales. Luego, se tiene que la promovente del amparo también ofreció la pericial en materia de distancia, a cargo del perito Jorge Manuel Castro Tejero, quien en diligencia de trece de marzo de dos mil veinte aceptó y protestó el cargo, por lo que mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el trece de agosto de dos mil veinte (foja 257) presentó su dictamen pericial, el cual ratificó el veintiocho de agosto siguiente (foja 366) En relación con lo anterior, se tiene que también este órgano jurisdiccional nombró como perito oficial en la materia señalada, a Ulrik Parra Lara, quien mediante memorial presentado el uno de junio de dos mil veintiuno (foja 482) emitió su dictamen pericial, mismo que ratificó el nueve de junio de dos mil veintiuno (foja 515). Ambos dictámenes fueron puestos a la vista de las partes, siendo que en la experticial del perito de la parte quejosa, en la parte conducente, señala que el domicilio de la amparista está a once punto tres (11.3) metros lineales de la obra en construcción cuyas licencias impugna. Lo cual es sustancialmente coincidente con lo señalado por el experto oficial, quien refirió que entre el lugar de residencia de la quejosa y el inmueble en construcción, existen once metros lineales de diferencia. En efecto, la prueba técnica ofrecida por la parte quejosa sí es útil para acreditar lo que pretende la parte quejosa, sólo en lo referente a la cercanía existente entre su domicilio con el lugar en donde se está construyendo la obra relacionada con los actos reclamados. Por tanto, la quejosa cumple con justificar uno de los dos requisitos necesarios para acreditar el interés legítimo en función de la naturaleza de los actos impugnados. Sin embargo, no acredita la afectación que señala sufrir a sus derechos fundamentales que refiere le son violentados, como el derecho a un ambiente sano, derecho a la salud y a una vivienda digna. Lo anterior es así, dado que las pruebas que ofreció no tienen el alcance probatorio de acreditar los aspectos vinculados con cada uno de esos derechos. Ciertamente, aun analizadas desde una óptica amplia no se demostraron las afectaciones alegadas por la solicitante del amparo, por lo que una eventual concesión no se traducirá en un beneficio jurídico en su favor. Al respecto, debe decirse que la impetrante afirmó que la ejecución de la obra, produciría una serie de afectaciones a su derecho a la salud y a un medio ambiente sano; pero no ofreció alguna pericial relacionada con dichas materias para evidenciar el daño o el posible a los derechos humanos relacionados con esos temas. Sin que se desconozca que en las periciales en materia de distancia, al desahogar el cuestionario relativo, los expertos, tanto el de la quejosa como el correspondiente a este juzgado, hicieron pronunciamientos en el sentido de que probablemente, por la cercanía, la obra podría ocasionar que el polvo y el ruido afectaran la salud de la quejosa. No obstante ello, tales manifestaciones son inatendibles en razón de que de acuerdo a la materia y naturaleza de la prueba, dichos expertos no están calificados para realizar esos asertos en la media que no son profesionales de la salud. Asimismo, debe señalarse que los expertos también hacen referencia a diversos daños que podría sufrir la parte quejosa, tales como demoras por salir o entrar por la obstrucción de la entrada o salida de su propiedad; estrés debido al ruido constante; incremento en la actividad de limpieza dentro de la casa habitación y patio frontal por el polvo; posible falta de suministro de energía eléctrica y daño a los electrodomésticos conectados a la energía eléctrica. Sin embargo, tales aspectos son de índole temporal y no permanentes, que sólo están relacionados con el proceso de construcción del inmueble, mas no así con la totalidad del proyecto y su implementación definitiva, por lo que son transitorios y simples actos de molestia. Además, se observa que dichas manifestaciones son especulaciones, ya que constituyen apreciaciones subjetivas de los peritos, y algunas de ellas futuras e inciertas como el daño a los aparatos eléctricos del domicilio de la amparista; ya que no se encuentran sustentadas en algún estudio formal y especializado que las avale. De ahí que en esta parte, debe restársele valor demostrativo a los dictámenes periciales que obran en autos, siendo sólo útil el aspecto relacionado con los aspectos de distancias entre los predios involucrados, donde sí se realizó un estudio adecuado, citando la metodología empleada, por lo que ese análisis técnico avala sus conclusiones vertidas sobre el tema precisado. En consecuencia, por las razones expuestas, la prueba pericial señalada no es suficiente para acreditar el interés legítimo pues no se desprende cómo de manera particular causa perjuicio la obra en construcción; asimismo, no demuestra que su ejecución afecte los derechos que estima vulnerados, esto es, la afectación al medio ambiente sano, salud y vivienda digna. Porque la prueba de tal afectación es necesaria para destacar la existencia del vínculo entre los derechos fundamentales violados y la persona determinada, que en razón de sus circunstancias específicas, están en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad. Así, como ya se apuntó, las pruebas ofrecidas no demuestran, alguna afectación en sus derechos, es decir, que la construcción ubicada en el predio ya indicado en autos, genere afectaciones a los derechos defendidos, en virtud de que en la expedición de los permisos correspondientes, las autoridades responsables se sujetaron a lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; por lo cual, no es suficiente considerar que la sola construcción de un inmueble conllevará un daño ambiental por lo que se concluye que el juicio de amparo es improcedente. Este órgano jurisdiccional, no soslaya el criterio relativo al entorno adyacente desarrollado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para identificar el interés legítimo en el juicio de amparo en materia ambiental. Sin embargo, no es aplicable al caso, ya que en la zona en que se autorizó la licencia de construcción no es un área en la que se localice un ecosistema del que se beneficie a la quejosa, sino que su inconformidad se enfocó en las afectaciones que, consideró, causará la obra autorizada, por ser vecina de la zona en la que se ejecuta la obra en cuestión. En las relatadas consideraciones, está actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; razón por la que, debe SOBRESEERSE en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley en cita, respecto de los actos reclamados. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito determina que cuando en el juicio de amparo indirecto se señalan como actos reclamados la licencia, permiso y/o autorizaciones para realizar una obra de construcción que, a decir de la parte quejosa, afectan su derecho a un medio ambiente sano y saludable, e implican una violación al entorno urbano o en materia de vialidad u otros derechos análogos, es necesario demostrar el interés legítimo, entendido como el enlace entre la norma jurídica que otorga la prerrogativa y la afectación que se produce a ese derecho por el acto de autoridad. Así, debe demostrarse que el inmueble donde habita la parte quejosa está inmerso dentro del área de afectación de la obra cuya licencia, permiso y/o autorizaciones se reclaman, así como el perjuicio jurídicamente relevante generado por la obra en construcción, en virtud de la especial situación de la parte quejosa frente al orden jurídico, y la prueba de esos dos aspectos debe demostrarse de manera fehaciente con prueba suficiente, según lo requiera cada caso concreto. Justificación: El interés legítimo constituye la legitimación tanto en el proceso como en la causa que permite, por una parte, el trámite válido del juicio y, por otra, la condición necesaria para obtener una sentencia concesoria de amparo. Entonces, el interés legítimo debe demostrarse de manera fehaciente con medios de prueba suficientes que evidencien la afectación al derecho que la parte quejosa defiende en el juicio de amparo y que deriva de su especial situación frente al orden jurídico, que le permite expresar un agravio diferenciado del resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, pues de no demostrarse esa afectación, el interés, en todo caso, resulta genérico o simple". Finalmente, al haberse decretado el sobreseimiento en el presente asunto, existe imposibilidad jurídica para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión del fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Ilustra lo dicho, la jurisprudencia VI. 1o. J/23, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página doscientos cincuenta y dos, tomo 22-24, octubre-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que la parte quejosa no hizo manifestación respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, a excepción de la parte tercero interesada, que sí manifestó su oposición. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que no obstante que la parte quejosa en el presente controvertido haya omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; mientras que la parte tercero interesada sí lo hizo, De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Descarga de las constancias que integran el presente juicio. Con fundamento en el a artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que para la obtención de las constancias conducentes que integran el presente juicio, se encuentra en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargarlas, en el entendido que las que cuentan con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas. Por lo expuesto y considerado, con apoyo también en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ++++++, contra los actos que reclama del Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, atento a las razones señaladas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ++++++ contra los actos que reclama del Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, por los motivos referidos en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de estos autos, se advierte que la parte tercero interesada Banco Invex, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero Fideicomiso 3464, no ha sido notificada del auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, por el que se tuvo por recibida la resolución de dos de febrero de dos mil veintitrés, pronunciada en la queja ********************, y se levantó la suspensión del procedimiento en este asunto, ordenando continuarlo por su secuela legal, por lo que no fue enterada de la nueva fecha de audiencia constitucional programada para esta fecha. En consecuencia, a efecto de que la citada tercero interesada tenga conocimiento de lo anterior, comisiónese a uno de los actuarios adscritos a este Juzgado Federal para que lleve a cabo la notificación personal del citado proveído. Por tal motivo, y para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. En razón de que en autos se tuvo por admitida la prueba testimonial ofrecida por la quejosa a cargo de ********************y ********************, se le reitera a la parte amparista que el día y en la hora fijados para la celebración de la audiencia constitucional señalada en el párrafo precedente, deberá presentar a los atestes de mérito debidamente identificados, con identificación oficial vigente y con la anticipación debida. Apercibida que de no presentarlos en la hora y fecha señaladas, se tendrá por desierta dicha probanza. Notifíquese, personalmente a las partes, y cúmplase.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTEERESADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.- Mérida, Yucatán; veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de estos autos, se advierte que la parte tercero interesada Banco Invex, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero Fideicomiso 3464, no ha sido notificada del auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, por el que se tuvo por recibida la resolución de dos de febrero de dos mil veintitrés, pronunciada en la queja ********************, y se levantó la suspensión del procedimiento en este asunto, ordenando continuarlo por su secuela legal, por lo que no fue enterada de la nueva fecha de audiencia constitucional programada para esta fecha. En consecuencia, a efecto de que la citada tercero interesada tenga conocimiento de lo anterior, comisiónese a uno de los actuarios adscritos a este Juzgado Federal para que lleve a cabo la notificación personal del citado proveído. Por tal motivo, y para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. En razón de que en autos se tuvo por admitida la prueba testimonial ofrecida por la quejosa a cargo de ********************y ********************, se le reitera a la parte amparista que el día y en la hora fijados para la celebración de la audiencia constitucional señalada en el párrafo precedente, deberá presentar a los atestes de mérito debidamente identificados, con identificación oficial vigente y con la anticipación debida. Apercibida que de no presentarlos en la hora y fecha señaladas, se tendrá por desierta dicha probanza. Notifíquese, personalmente a las partes, y cúmplase. ______________________________________________________________________________ Mérida, Yucatán; veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se ordena agregar el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad; mediante el cual, remite testimonio de la resolución de dos de febrero de dos mil veintitrés, pronunciada en la queja 285/2022, que se formó con motivo del recurso que interpuso la parte tercero interesada Banco Invex, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero Fideicomiso 3464, contra el acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Testimonio del que se advierte que la Superioridad declaró infundado el referido recurso de queja; hágase lo anterior del conocimiento de las partes y acúsese recibo correspondiente. En mérito de lo anterior, se levanta la suspensión del procedimiento que se decretó en este asunto y se ordena continuarlo por su secuela legal. Por lo cual, se señalan las diez horas con catorce minutos del VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nuevas fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, en razón de que en autos se tuvo por admitida la prueba testimonial ofrecida por la quejosa a cargo de Alberto Arjona Ordaz, Gustavo Adolfo Monforte Méndez y María Lucía Del Carmen Digón, se le reitera a la parte amparista que el día y en la hora fijados para la celebración de la audiencia constitucional señalada en el párrafo precedente, presente a los atestes de mérito debidamente identificados, con identificación oficial vigente y con la anticipación debida. Apercibida que de no presentarlos a la hora y fecha señalada, se tendrá por desierta dicha probanza. Notifíquese, personalmente a las partes, y cúmplase.

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