Miguel Pastor Campos Salazar

Expediente 768/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 1 actuación registrada, la última del 22 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
768/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
22/05/2023

Partes del expediente

  • Miguel Pastor Campos Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio de cuenta del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con sede en esta ciudad, con el que devuelve estos autos y remite una reimpresión firmada electrónicamente de la resolución dictada el cuatro de mayo del presente año, en el amparo en revisión 357/2022, relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en este juicio. Ejecutoria de la que se aprecia la superioridad confirmó la resolución recurrida, en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio y en el segundo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, al quejoso ***. Acúsese recibo vía interconexión. Con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes el sentido de dicha ejecutoria. Asimismo, con fundamento en lo previsto en los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México, que cumpla con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte agraviada en el goce de los derechos fundamentales violados, como lo dispone el artículo 77, fracción I, del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa por $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100 moneda nacional), equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, conforme al párrafo sexto, del Apartado B, del Artículo 26 de la Constitución Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido que las diversas autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, todos con sede en la Ciudad de México, no tienen que ejecutar acto alguno, pues se les reclamó el proceso de creación y aprobación de publicación del ordenamiento reclamado, el cual no puede quedar insubsistente por tratarse de una disposición de orden público, de carácter general y por lo mismo impersonal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo VI, Octubre de 1997, tesis 2a. CXV/97, en la página 414 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Por otra parte, glósese a estos autos las actuaciones original que integran el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto en este asunto, y deséchense las demás para evitar la voluminosidad del presente expediente. Por último, remítase a la responsable que habrá de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, copia certificada del testimonio de referencia; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

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