Miguel Hernández Lemus

Expediente 173/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
173/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
27/04/2018

Partes del expediente

  • José Hernández Lemus
  • Miguel Hernández Lemus

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de abril de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se advierte que por sentencia de diez de abril de dos mil dieciocho se sobreseyó en el presente juicio, y de la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra dicho fallo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se sobreseyó en el mismo. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de depurarse de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, en razón de que se concedió la medida cautelar. Por lo que se refiere al duplicado del incidente destrúyase el mismo en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cincuenta minutos del diez de abril de dos mil dieciocho, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 173/2018, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con el pedimento registrado bajo el número 5824, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado. El juez acuerda: Agréguese a los autos para que obre como corresponda el pedimento antes descrito y dése cuenta en la etapa procesal correspondiente. Respecto a la solicitud realizada por la fiscal de la adscripción, en el sentido de que se le expida copia de la resolución que se dicte en este expediente, una vez que se pronuncie la misma, expídasele copia certificada. Enseguida el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo en vigor, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario hace constar que únicamente la autoridad responsable Facilitadora del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, adscrita al Distrito Judicial de Zinapécuaro, Michoacán, ofertó medios de prueba y las demás partes no ofrecieron medio de prueba alguno. El Juez provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas en relación de su propia y especial naturaleza las probanzas referidas y se declara precluido el derecho de las demás partes para ofrecer pruebas. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos el secretario hace constar que únicamente la representación social los formuló y las demás partes no lo hicieron. Enseguida el Juez provee: con fundamento en lo dispuesto por el numeral 124 de la Ley de Amparo se tienen por formulados los alegatos descritos y se declara precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Miguel y José ambos de apellidos Hernández Lemus, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridades responsables: 1. Facilitadora del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, adscrita al Distrito Judicial de Zinapécuaro, Michoacán; 2. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ambos con residencia en Zinapécuaro, Michoacán. Acto reclamado: - El pretender privar de la libertad a la parte quejosa y su ejecución. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los que se contienen en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación; se dio la intervención legal que le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, por tanto, una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional y se procede a resolver en relación con las siguientes CONSIDERACIONES: PRIMERA. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues la parte quejosa reclama actos positivos atribuidos a autoridades que residen en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al precepto y la jurisprudencia referidos, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: - El pretender privar de la libertad a la parte quejosa y su ejecución. TERCERA. Las autoridades responsables al momento de rendir su informe justificado manifestaron que no es cierto el acto que se les reclama, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atentos al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de los actos reclamados es de carácter positivo en tanto que implican una actividad desplegada por las autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que los hacía susceptibles de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad responsable mencionada se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, se sobresee en el presente juicio de amparo. Sin que obste a lo anterior, las manifestaciones vertidas por la autoridad responsable Facilitadora del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, adscrita al Distrito Judicial de Zinapécuaro, Michoacán, en el sentido de que ésta recibió oficio de canalización de personas para someterse a medios alternos de solución de conflictos número 01419/UATP/MOR/2018, de fecha treinta y uno de enero del año en curso, dentro de la carpeta de investigación con número de caso único 1003201801975 que se instruye contra la parte aquí quejosa por el posible delito de despojo; en atención a ello, se giró invitación a efecto de que las partes se presentaran el día veinte de febrero del año en curso para hacer de su conocimiento el procedimiento de mediación, conciliación y justicia restaurativa. Toda vez que las partes no comparecieron en la fecha indicada, se realizó una segunda invitación para el día veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, a la cual tampoco comparecieron los invitados; ello, sin que en ningún momento se les haya pretendido privar de su libertad de manera temporal; lo anterior, aunado a que dicha autoridad responsable señalada como ordenadora, no cuenta con dichas facultades según lo establece el artículo 51 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, por lo que las invitaciones realizadas no pueden ser violatorias de sus derechos fundamentales, pues la simple invitación no afecta sus intereses jurídicos; máxime que no es inminente el mismo, ni pueden tener tal carácter este tipo de mandamientos judiciales, porque depende del análisis y valoración de las pruebas existentes en dicha averiguación que en su momento realice una autoridad judicial, lo que puede resultar en que se dicte o no una orden de captura. Conviene precisar, que las invitaciones referidas únicamente fueron en el sentido de lograr y llevar a cabo el procedimiento de mediación, el cual constituye un mecanismo voluntario mediante el cual, los intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el fin de alcanzar la solución de ésta Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Miguel y José ambos de apellidos Hernández Lemus, por inexistencia del acto reclamado en términos de la consideración tercera de esta resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de marzo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde la siguiente autoridad responsable: - Facilitadora del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, adscrita al Distrito Judicial De Zinapécuaro, Michoacán. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas en razón a su propia y especial naturaleza las documentales que adjunta dicha autoridad a su informe de cuenta, consistentes en copia certificada de diversas constancias del expediente 01419/UATP/MOR/2018. Hágase nueva relación de dicho informe, así como de las documentales descritas en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    ÚNICO. Se niega a Miguel y José ambos de apellidos Hernández Lemus, la suspensión definitiva solicitada en términos de la consideración segunda de la presente interlocutoria. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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