Miguel Herrera Urbano
Expediente 443/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 58 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 443/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 58
- Última actuación
- 08/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Miguel Herrera Urbano
- Benito Herrera Castro
- Benito Herrera Castro y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 58.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 07 de marzo de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 443/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que anexaron a sus informes las autoridades Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado y Receptor de Rentas del municipio de ********************, Michoacán, así como las que acompañó a su demanda la parte quejosa. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo ********************9 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por las autoridades responsables y por la parte quejosa. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que únicamente la parte tercera interesada formuló los de su intención. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la tercera interesada y declara precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, ********************, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Receptor de Rentas del Municipio de ********************, Michoacán y de otras autoridades. Actos que la parte quejosa estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 443/2021 y en proveído de uno de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. Luego, en auto de seis de julio de dos mil veintiuno, se ordenó suspender toda comunicación con las autoridades señaladas como Tesorero General del Estado de Michoacán, y Encargado del Departamento de Herencia y Varios Ramos de la Tesorería General del Estado de Michoacán, ambas con residencia en Morelia, Michoacán, en virtud de su inexistencia. Posteriormente, mediante auto de uno de septiembre de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de terceros interesados a ******************** y ********************, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por lo que se ordenó su emplazamiento. El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional correspondiente y el veintidós del propio mes y año se dictó sentencia, en la cual se determinó sobreseer en el juicio de amparo. Tercero. Recurso de revisión y reposición del procedimiento. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso revisión, misma que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, y mediante resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión ********************, revocó la resolución recurrida y ordenó la reposición del procedimiento. En cumplimiento a lo ordenado por el tribunal colegiado, se ordenó el emplazamiento de ******************** y ********************. Seguido el trámite respectivo, se fijó día y hora hábiles para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado consignado en el acta que antecede; y ahora se procede a resolver en términos de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 10******************** fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 3******************** y 10******************** de la Ley de Amparo, 49 y 5********************, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tiene consecuencias jurídicas dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo ********************4, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo ****************************************, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo ****************************************, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda y su ampliación, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: La falta de llamado al ******************** expediente ********************del departamento de herencia de la Tesorería General del Estado, de fecha ocho de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro. En dicho expediente, relativo a la variación catastral de bienes hereditarios que pertenecieron a ********************, se concedió a favor de ********************, la variación catastral y traslación de dominio de los siguientes predios: Predio denominado "********************", ubicado en la tenencia de ********************, municipio de ********************, Michoacán; Predio denominado "********************", ubicado en la tenencia de ********************, municipio de ********************, Michoacán; Predio denominado "********************", ubicado en la tenencia de ********************, municipio de ********************, Michoacán; y, Predio urbano ubicado en la calle ******************** número ********************, de la población de ********************, municipio de ********************, Michoacán. Derivado de lo anterior, los contratos y posteriores adjudicaciones de los inmuebles en cita que realizó ********************, incluido el Acuerdo Resolutorio número ******************** de diez de agosto de dos mil quince, dictado dentro del expediente administrativo ********************promovido por ********************, relativo a la variación catastral de bienes hereditarios que pertenecieron a su extinto esposo ********************, entre ellos, el referido predio denominado "********************" que el quejoso aduce tener en posesión, así como la inscripción de dicho bien a favor de aquélla. Actos que atribuye a las autoridades: Gobernador del Estado de Michoacán; Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán; y, Receptor de Rentas del municipio de ********************, Michoacán. Tercera. Inexistencia. El Gobernador del Estado de Michoacán, manifestó que no son ciertos los actos que se le atribuyen, consistentes en la falta de llamado a la variación catastral número ******************** expediente ********************, y ********************, por no ser actos propios de esa autoridad, con lo cual se dio vista a las partes para que se impusieran de su contenido. No obstante lo anterior, el promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de la autoridad responsable en cita, aun cuando se le dio vista con el respectivo informe justificado, a pesar de que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 18****************************************28, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En ese sentido, dado que se advierte que el Gobernador del Estado de Michoacán, no tiene carácter de autoridad ordenadora ni ejecutora, se tienen por inexistentes los actos reclamados, por lo que se refiere a la citada autoridad. De modo que, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad señalada en esta consideración, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por lo que respecta a la autoridad de que se trata. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 8041********************6, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo ********************4 de la Ley de Amparo". Cuarta. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado y Receptor de Rentas del municipio de ********************, Michoacán, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Certeza que se corrobora con las copias certificadas que acompañaron las citadas autoridades, entre las que se encuentran el oficio ******************** de ocho de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro, donde el Tesorero General del Estado ordena al Recaudador de Rentas de ********************, Michoacán, proceda a realizar la variación catastral de los predios descritos en párrafos precedentes, a favor de ********************. Así como de las constancias relativas al Acuerdo Resolutorio Número ********************, dictado en el procedimiento administrativo ********************, que sobre variación catastral promovió ********************, respecto de los bienes que pertenecieron al extinto ********************. Documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 19******************** y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 191********************-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinta. Procedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Interés. Este juzgador, de oficio, advierte actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, misma que establece: Previo a establecer las razones por las cuales se estima que se actualiza la mencionada causal, es necesario traer a glosa la porción normativa que la regula, la cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 10********************, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 10********************. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los artículos transcritos, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Luego, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, conforme a los artículos 10********************, fracción I, Constitucional, 4° y ********************3, fracción V, de la anterior Ley de Amparo, de igual contenido sustancial a los de la actual Ley de la Materia, para acreditar el interés jurídico el promovente del amparo debe ser titular del derecho que se aduce violado con el acto reclamado, y que éste produzca una afectación a su esfera jurídica; asimismo, que el interés jurídico es considerado por la doctrina como un derecho subjetivo que supone la facultad de exigir y una obligación correlativa que se traduce en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia; lo anterior, según lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 168/200********************, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Conviene apuntar que el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. El perjuicio entendido como el menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de garantías, que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos, en forma tal que la afectación originada no puede ser reparada por un acto jurídico posterior. Entonces, si uno de los presupuestos para el ejercicio de la acción Constitucional, es la existencia de un derecho legítimamente tutelado, puede afirmarse que es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente la titularidad de ese derecho, ya que éste no puede inferirse o presumirse. En este punto es preciso destacar que, como lo señaló el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión ******************** interpuesto contra la sentencia dictada en este juicio el veintidós de febrero de dos mil veintidós, el quejoso para acreditar su interés jurídico adjuntó a su demanda de amparo las siguientes constancias: a) Copias certificadas de las actas del registro civil siguientes: 1. Defunción de ********************; 2. Nacimiento de ******************** ********************; 3. Nacimiento de ******************** ********************; 4. Matrimonio de ******************** y ********************; 5. Defunción de ********************; 6. Defunción de ********************; ********************. Matrimonio de ******************** y ********************; y, 8. Nacimiento de ********************. Todas certificadas por la Oficial del Registro Civil de ******************** de ********************, Michoacán. b) Constancia original de inexistencia de la partida de nacimiento de ********************, expedida por la Oficial del Registro Civil de ******************** de ********************, Michoacán. c) Certificado de bautismo de ********************, expedido por el párroco de la Parroquia de San José de ********************. d) Certificados de defunción de ******************** y ********************, expedidas por el cura Gerald Anthony O Rourke. Medios de prueba a los que se otorga valor probatorio, a las actas de registro civil señaladas en los incisos a) y b), al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, al ser documentos públicos que expidió un funcionario público en uso de las facultades que la ley le encomienda; en tanto que, las boletas de bautismo y defunción, tienen valor indiciario al tenor de los artículos 129 y 203 del citado código adjetivo supletorio. Constancias de las que, para lo que aquí interesa, se conoce que el quejoso acreditó haber nacido el ********************, ser hijo de ********************y ******************** Patiño; sus abuelos paternos fueron ******************** y ********************; asimismo, de ******************** no se localizó registro de nacimiento pero sí de su deceso ocurrido el nueve de mayo de mil novecientos setenta y nueve, y los padres de éste eran ******************** y ********************; de igual forma, se obtiene que el quejoso es hermano de ******************** y ********************, ambos de apellidos ********************, pero éste último falleció el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. Además, indiciariamente se advierte que ******************** falleció el uno de mayo de dos mil veinte. Asimismo, de los certificados de historial catastral de los predios denominados "********************", "********************", "********************", y el ubicado en la calle ******************** número ********************, todos de la población de ********************, municipio de ********************, Michoacán, se advierte que estaban registrados a nombre de ******************** y/o ********************; y los cuales fueron adquiridos por ******************** mediante la variación catastral comunicada mediante oficio ******************** dentro del expediente ******************** del Departamento de Herencias y Varios Ramos de la Dirección de Catastro, de ocho de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro. También se conoce que, los cuatro predios antes nombrados fueron transmitidos a ******************** y ********************, mediante contratos de donación y compraventa que celebraron con el citado ********************. Expuesto el anterior panorama, a pesar de lo manifestado por la parte quejosa y de los documentos anexos a su demanda, quien aquí resuelve considera que no tiene un derecho subjetivo susceptible de protección, que le permita acudir al juicio de amparo a defender sus derechos respecto de los predios urbanos en comento. Se afirma lo anterior, porque ********************, reclama la falta de llamado a la variación catastral ******************** expediente ********************del departamento de herencia de la Tesorería General del Estado, de fecha ocho de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro, donde se concedió a favor de su tío abuelo ********************, la variación catastral de los siguientes predios que pertenecieron a su bisabuelo ********************: Predio denominado "********************", ubicado en la tenencia de ********************, municipio de ********************, Michoacán; Predio denominado "********************", ubicado en la tenencia de ********************, municipio de ********************, Michoacán; Predio denominado "********************", ubicado en la tenencia de ********************, municipio de ********************, Michoacán; y, Predio urbano ubicado en la calle ******************** número ********************, de la población de ********************, municipio de ********************, Michoacán. Trámite respecto del cual -refiere el quejoso- su tío abuelo ******************** nunca notificó a su abuelo ******************** ni a su padre ********************, sobre la adjudicación de las propiedades y como consecuencia de ese trámite, posteriormente se realizaron las diversas adjudicaciones, incluido el Acuerdo Resolutorio número ******************** de diez de agosto de dos mil quince, dictado dentro del expediente administrativo ********************promovido por ********************, relativo a la variación catastral de bienes hereditarios que pertenecieron al extinto ********************, entre ellos, el predio denominado "********************", del que aduce el quejoso tener la posesión. Expuesto el anterior panorama, quien aquí resuelve advierte que en el quejoso no tiene un derecho subjetivo susceptible de ser protegido en el presente juicio de amparo. Para explicar lo anterior, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 1506 del Código Civil para el Estado de Michoacán, el cual establece: "Artículo 1506. La sucesión se abre en el momento en que muere el autor de la herencia y cuando se declara la presunción de muerte de un ausente." Sobre el particular, el tratadista Rafael Rojina Villegas define la vocación legítima o testamentaria como "...el llamamiento virtual que por ministerio de ley se hace a todos los que se crean con derecho a una herencia en el instante preciso en que muera el autor de la misma o al declararse la presunción de muerte del ausente." Por tanto, la radicación del juicio y sus consecuencias, como el llamamiento de los herederos a la sucesión, jurídicamente se retrotraen al día y hora de la muerte de los autores de la sucesión. De ello se sigue que, si el aquí quejoso acudió a reclamar el derecho que le correspondía como heredero de su padre, quien fuera nieto del autor de la sucesión, fallecido después de éste, ocurrieron al menos tres transmisiones hereditarias, es decir, la del autor de la sucesión [********************], la del abuelo del quejoso [********************] así como la de su padre [********************]. Ahora bien, tomando como base que en el trámite de variación catastral de origen se trató de la sucesión del bisabuelo del quejoso, así como el contexto en que debe entenderse el artículo 146******************** del citado código civil, que prevé: "Artículo 146********************. Si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros heredarán por cabeza y los segundos por estirpes. Lo mismo se observará tratándose de descendientes de hijos pre-muertos, incapaces de heredar, o que hubieren renunciado a la herencia." Se llega a la conclusión de que, si bien es cierto que el quejoso pudiera tener derecho a la herencia, también lo es que antes "debe dirimirse" lo relativo a la calidad de heredero que asista a su padre respecto de aquéllos y, para ello, es menester que sea el albacea de la sucesión del padre del quejoso, quien acuda al juicio a demostrar y defender ese derecho. En apoyo a esta postura se acude nuevamente a Rojina Villegas cuando dice: "Herencia por estirpes. La herencia por estirpes es la que presenta mayores dificultades en su régimen, dando derecho a la herencia por representación. Podemos definirla de la siguiente manera: hay herencia por estirpes cuando un descendiente entra a heredar en lugar de un ascendiente. Éste sería el concepto más general. El hijo puede entrar a heredar en representación de su padre, cuando éste ha muerto antes que el de cujus. Se presenta la herencia por estirpes en la línea recta descendente, sin limitación de grado; en la línea recta ascendente nunca puede ocurrir; es decir, el bisabuelo no representa al abuelo, cuando éste murió antes que el autor de la sucesión, sino que heredará por líneas, cuando no exista el abuelo y, a su vez, no haya padres, ni descendientes. En cambio, en la línea recta descendente sí hay derecho de representación, sin limitación de grado. Quiere esto decir, que el hijo representa a su padre, si éste muere antes que el de cujus; o el nieto representa a su abuelo, si a su vez murieron su padre y su abuelo; o el bisnieto puede heredar por estirpes, si a su vez murieron su padre, su abuelo y su bisabuelo." De otro modo podría suceder que sin llamamiento a juicio a la sucesión del padre del quejoso [a la que pueden acudir otros hermanos de éste por ejemplo], bastara que, concediéndose el amparo al hoy impetrante, se anulara el trámite de variación catastral reclamado para efecto de oírlo, y culminado el nuevo trámite apareciera otro hermano de éste con igual interés en el juicio de amparo. En cambio, si el albacea del juicio sucesorio del padre del quejoso defiende en el que es materia del acto reclamado el derecho de éste, será ese albacea el que, de obtener la parte correspondiente de la herencia, deberá responder frente a otros herederos que tengan derecho a heredar por estirpe o, en su defecto, estos últimos tendrán acción contra quien o quienes hayan obtenido esa parte de la herencia del bisabuelo, sin afectar al juicio, pues en él ya se habrá respetado el derecho del padre del aquí quejoso. De ahí que se considere ésta, la correcta interpretación que debe darse al artículo 1506, y que de ninguna forma pugna con los diversos dispositivos del código de referencia, pues no desconoce el contenido del diverso artículo 1516 que establece: "Artículo 1506. Si el heredero fallece sin aceptar o repudiar la herencia, el derecho a hacerlo se transmite a sus sucesores." Por tanto, si el quejoso es probable sucesor de quien al parecer es heredero directo del autor de la sucesión [hijo y nieto, respectivamente], ésta debió justificar que se abrió el juicio sucesorio ab intestato o intestamentario a bienes de su padre, y que en éste se le nombró albacea, para que se le llamara al trámite de variación catastral de origen para defender los derechos de la sucesión de su ascendiente, pues no le corresponde el carácter de heredero directo del autor de la sucesión sino, probablemente, de sucesor de quien al parecer tiene derecho a heredar. Situación distinta ocurre, si el padre del quejoso hubiera fallecido antes que los autores de la sucesión, donde, su descendencia heredaría por estirpe o en representación, según lo dispuesto por los artículos 146******************** y 1506 del referido Código Civil del Estado de Michoacán. De ahí que, en los términos en que se encuentra planteada la demanda del quejoso, se concluya que en su calidad de bisnieto de ********************, no tiene un derecho subjetivo susceptible de ser protegido en el presente juicio de amparo para ser llamado al trámite de variación catastral promovido por su tío abuelo ********************. Como sustento a lo antes argumentado, se cita por identidad jurídica la tesis IV.2o.C.3 C (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, registro digital 200********************852, el epígrafe y contenido siguientes: "VOCACIÓN HEREDITARIA. ES EL ALBACEA DE LA SUCESIÓN A BIENES DEL PADRE DE LA QUEJOSA, QUIEN PUEDE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO A RECLAMAR TODO LO ACTUADO EN EL ACUMULADO INTESTAMENTARIO A BIENES, RESPECTIVAMENTE, DEL ABUELO Y MADRE DE AQUÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). El artículo 1546 del Código Civil para el Estado establece: "La sucesión se abre en el momento en que muere el autor de la herencia y cuando se declare la presunción de muerte de un ausente.". Sobre el particular, el tratadista Rafael Rojina Villegas define la vocación legítima o testamentaria como "... el llamamiento virtual que por ministerio de ley se hace a todos los que se crean con derecho a una herencia en el instante preciso en que muera el autor de la misma o al declararse la presunción de muerte del ausente." (Compendio de Derecho Civil II, Bienes, Derechos Reales y Sucesiones, página 390, cuadragésima edición, Editorial Porrúa, México 200********************). Por tanto, la radicación del juicio y sus consecuencias, como el llamamiento de los herederos a la sucesión, jurídicamente se retrotraen al día y hora de la muerte de los autores de la sucesión. De ello se sigue que si la quejosa acudió a reclamar el derecho que le correspondía como heredera de su padre, quien fuera hijo y nieto de los autores de la sucesión, fallecido después de ellos, ocurrieron al menos dos transmisiones hereditarias, la de los autores de la sucesión y la del padre de la quejosa. Ahora bien, tomando como base que en el juicio de origen se trató de la sucesión del bisabuelo y de la abuela de la quejosa, así como el contexto en que debe entenderse el artículo 1506 del citado código, que prevé: "Si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros heredarán por cabeza y los segundos por estirpes. Lo mismo se observará tratándose de descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar o que hubieren renunciado la herencia.", se llega a la conclusión de que, si bien es cierto que la quejosa puede tener derecho a la herencia, también lo es que antes "debe dirimirse" lo relativo a la calidad de heredero que asista a su padre respecto de aquéllos y, para ello, es menester que sea el albacea de la sucesión del padre de la quejosa, quien acuda al juicio a demostrar y defender ese derecho. En apoyo a esta postura se acude nuevamente a Rojina Villegas cuando dice: "4. Herencia por estirpes.-La herencia por estirpes es la que presenta mayores dificultades en su régimen, dando derecho a la herencia por representación. Podemos definirla de la siguiente manera: hay herencia por estirpes cuando un descendiente entra a heredar en lugar de un ascendiente. Éste sería el concepto más general. El hijo puede entrar a heredar en representación de su padre, cuando éste ha muerto antes que el de cujus. Se presenta la herencia por estirpes en la línea recta descendente, sin limitación de grado; en la línea recta ascendente nunca puede ocurrir; es decir, el bisabuelo no representa al abuelo, cuando éste murió antes que el autor de la sucesión, sino que heredará por líneas, cuando no exista el abuelo y, a su vez, no haya padres, ni descendientes. En cambio, en la línea recta descendente sí hay derecho de representación, sin limitación de grado. Quiere esto decir, que el hijo representa a su padre, si éste muere antes que el de cujus; o el nieto representa a su abuelo, si a su vez murieron su padre y su abuelo; o el bisnieto puede heredar por estirpes, si a su vez murieron su padre, su abuelo y su bisabuelo.". De otro modo podría suceder que sin llamamiento a juicio a la sucesión del padre de la quejosa (a la que pueden acudir otros hermanos de ésta por ejemplo), bastara que, concediéndose el amparo a la hoy impetrante, se anulara el juicio natural para efecto de oírla, y culminado el nuevo trámite apareciera otro hermano de ésta con igual interés en el juicio de amparo. En cambio, si el albacea del juicio sucesorio del padre de la quejosa defiende en el que es materia del acto reclamado el derecho de éste, será ese albacea el que, de obtener la parte correspondiente de la herencia, deberá responder frente a otros herederos que tengan derecho a heredar por estirpe o, en su defecto, estos últimos tendrán acción contra quien o quienes hayan obtenido esa parte de la herencia del bisabuelo y abuela, sin afectar al juicio, pues en él ya se habrá respetado el derecho del padre de la quejosa. De ahí que se considere ésta, la correcta interpretación que debe darse al artículo 1506, y que de ninguna forma pugna con los diversos dispositivos del código de referencia, pues no desconoce el contenido del diverso artículo 1556 que establece: "Si el heredero fallece sin aceptar o repudiar la herencia, el derecho a hacerlo se transmite a sus sucesores.". Por tanto, si la quejosa es probable sucesora de quien al parecer es heredero directo de los autores de la sucesión (hijo y nieto, respectivamente), ésta debió justificar que se abrió el juicio sucesorio ab intestato o intestamentario a bienes de su padre, y que en éste se le nombró albacea, para que se le llamara al juicio de origen para defender los derechos de la sucesión de su ascendiente, pues no le corresponde el carácter de heredera directa de los autores de la sucesión sino, probablemente, de sucesora de quien al parecer tiene derecho a heredar. Situación distinta ocurre, si el padre de la quejosa hubiera fallecido antes que los autores de la sucesión, donde, su descendencia heredaría por estirpe o en representación, según lo dispuesto por los artículos 1501 y 1506 del referido código." A mayor abundamiento, debe decirse que, en el supuesto de que el impetrante de amparo contara con interés jurídico para acudir al presente juicio de amparo, el término de la prescripción de su derecho a reclamar la herencia de su bisabuelo, habría prescrito desde el veintidós de agosto del año dos mil. Para explicar lo anterior, es necesario traer a contexto lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis ********************4/9********************, de la que derivó la jurisprudencia del rubro: "SUCESORIO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO NO FUERA LLAMADO A UN JUICIO DE ESA CLASE Y ÉSTE HUBIERE CONCLUIDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES ADJETIVAS DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA)", visible en la página 242, Tomo X, Octubre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en cuya ejecutoria sostuvo lo siguiente: "QUINTO.- ...... Finalmente, antes de que esta Primera Sala fije la posición que habrá de adoptar para resolver la contradicción de tesis materia de estudio, respecto a la procedencia del juicio de amparo en aquellos casos en los que un posible heredero que no fue debidamente emplazado a juicio reclama su derecho a intervenir en un juicio sucesorio intestamentario, para ser declarado heredero, con todas sus consecuencias legales, es necesario analizar los diversos supuestos que podrían dar lugar a que se promoviera el juicio de garantías por parte una persona que se considera con derecho a participar de la masa hereditaria dejada por el de cujus, que en la especie son las siguientes: a) En primer lugar cabe mencionar aquellos casos en los que desde la denuncia del juicio intestamentario se señala a alguna persona familiar del de cujus, con derecho a participar en el juicio, respecto de la cual, el juzgador estaría en la obligación de ordenar que se le cite y de verificar que se dé cabal cumplimiento a las formalidades legales establecidas para ello, a efecto de que se haga del conocimiento del heredero señalado la existencia del juicio sucesorio, para que esté en condiciones de acudir ante la autoridad judicial que conoce del juicio sucesorio a deducir sus derechos hereditarios, como ocurre en los casos expresamente señalados en los artículos 844, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, ********************9******************** y ********************98 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, que en lo conducente señalan: "Artículo 844. Efectuada la denuncia y una vez practicadas las diligencias de aseguramiento de los bienes, cuando así proceda, el Juez tendrá por radicado el intestado y mandará notificarlo por cédula o por correo con acuse de recibo a las personas que se hubiesen señalado como interesadas, haciéndoles saber el nombre del finado, las demás particularidades que lo identifiquen, la fecha y el lugar del fallecimiento, para que en un término improrrogable de treinta días se presenten a deducir y a justificar sus derechos, a la herencia y a hacer el nombramiento de albacea. En todo caso mandará a fijar y publicar los edictos correspondientes, haciendo saber a los interesados la radicación del intestado y previniéndoles que deberán presentarse a deducir y justificar sus derechos en la forma y términos que ordena el párrafo anterior." "Artículo ********************9********************. En la denuncia o promoción de intestado, se expresará, si el autor de la sucesión dejó cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales, dentro del quinto grado." "Artículo ********************98. El Juez citará a los presuntos herederos que aparecieren de la denuncia o a sus representantes legítimos, para una junta ..." Del contenido de los numerales transcritos de ambos ordenamientos legales citados, se advierte que en aquellos casos en que en la demanda de intestado se haga mención o se señale a alguna persona como familiar del de cujus, se genera la obligación por parte del Juez del conocimiento, de vigilar la correcta citación de dicha persona, a efecto de que se haga de su conocimiento la existencia del juicio sucesorio, para que acuda a deducir sus derechos hereditarios. En este caso, de darse alguna irregularidad -deficiencia u omisión- en la citación o llamamiento correspondiente, indudablemente el heredero en cuestión, se vería afectado en sus derechos fundamentales con las resoluciones que se dictaran en las diferentes etapas que integran el trámite del juicio sucesorio, pues las mismas no se ocuparían del quejoso porque no fue parte en el mismo, luego entonces dicha afectación no podría ser subsanada con el dictado de la resolución definitiva (en un juicio sucesorio se entiende como tal la que determina la adjudicación de bienes), pues no sería tomado en consideración en dicha determinación, por no haber sido parte en el juicio, razón por la que el interesado quedaría en la posibilidad de promover el juicio de amparo indirecto ante un Juzgado de Distrito, dentro del término señalado para ello por el artículo 21 de la Ley de Amparo, a condición de que no haya operado en su perjuicio el término para la prescripción del derecho a reclamar la herencia a que se refieren los artículos 2993 del Código Civil para el Estado de Jalisco y 2939 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala, los cuales son coincidentes en señalar el término de diez años contados a partir de la muerte del de cujus. Sin que en las citadas condiciones, exista la obligación, por parte del quejoso, de tramitar previamente el juicio de petición de herencia, en virtud de que éste no tiene la calidad de un recurso ordinario, ya que se trata de un procedimiento autónomo y no de un recurso o medio ordinario de impugnación, como ya se precisó con anterioridad. Tampoco sería exigible en las condiciones apuntadas, que el quejoso agotara los recursos ordinarios señalados en los códigos de procedimientos civiles, pues al no haber sido parte en el juicio no tendría acceso a agotarlos, por tener la calidad de tercero extraño al juicio. b) Diversa circunstancia se presentaría cuando a una persona que se considera posible heredera, no se le da intervención alguna en el juicio sucesorio por omisión total de su señalamiento en el trámite del procedimiento sucesorio y reclama su derecho a intervenir en dicho juicio, para ser declarado heredero, con todas sus consecuencias legales, circunstancia que daría lugar a dos situaciones diversas: 1-b) La primera se actualiza cuando la persona interesada cuenta con un documento público fehaciente que acredita su entroncamiento con el autor de la sucesión -en la especie el acta del Registro Civil correspondiente-, así como el grado de parentesco idóneo para ser declarado heredero, lo que le permitiría, sin prejuzgar sobre la primacía o no de sus derechos hereditarios en relación con las otras personas declaradas como herederos en el juicio sucesorio, establecer su derecho para ser llamado a juicio a través del juicio de garantías, siempre que no haya transcurrido el término de la prescripción de su derecho a reclamar la herencia. 2-b) La segunda situación se daría cuando la persona interesada en intervenir en un juicio sucesorio, no obstante que cuenta con un documento público fehaciente -un acta del Registro Civil- para acreditar su entronque de parentesco con el autor de la sucesión, como base para promover el juicio de amparo, dicho documento sea insuficiente para acreditar su derecho a participar en el juicio sucesorio como ocurre en los casos en que en un juicio intestamentario ya se encuentran acreditadas como herederas personas con un grado de parentesco menor con el autor de sucesión, que el que acredita el quejoso, con el documento en cuestión, si se toma en consideración que en todos los Códigos Civiles de las entidades federativas y del Distrito Federal, establecen en sus preceptos la regla que señala que los parientes cercanos excluyen a los parientes lejanos, en la preferencia al haber hereditario. c) Otra circunstancia diversa se presenta en el caso en que la persona interesada en intervenir en el juicio sucesorio, para que se le declare heredero, pretende demostrar su entroncamiento familiar con el autor de la sucesión, mediante el acopio de diverso material probatorio, por carecer del documento público idóneo para ello -en la especie el acta del Registro Civil- en cuyo caso no sería procedente el juicio de amparo, pues se estaría en la imposibilidad de hacer alguna declaración en torno a la demostración del vínculo de parentesco, por no contarse con la prueba fehaciente requerida por los diversos Códigos Civiles para ello, en tales condiciones dicha pretensión deberá hacerse valer a través de un juicio ordinario ante las autoridades correspondientes a través del procedimiento de petición de herencia. Por todo lo anteriormente analizado, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que adopta en el presente asunto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los siguientes términos: ..." Consideraciones las anteriores que se estiman aplicables al caso a estudio, en virtud de que en las legislaciones de los Estados de Jalisco y Tlaxcala, existen disposiciones similares a las del Estado de Michoacán, en tratándose de lo relativo a la tramitación de la acción de petición de herencia. De lo cual se desprende, -en lo que aquí interesa- que es procedente el juicio de amparo ante un Juez de Distrito, contra la falta total o ilegal emplazamiento a un juicio sucesorio o en su caso al procedimiento administrativo correspondiente que en su caso se promueva [variación catastral de bienes hereditarios], cuando un posible heredero no fuere llamado a un juicio o procedimiento administrativo de esa naturaleza, o bien, de forma legal, y éste hubiere concluido, sin tener que ejercer, previamente a su interposición, la acción de petición de herencia que se prevé para los herederos que no acudieron o no fueron llamados a la sucesión, de acuerdo con las disposiciones civiles aplicables; esto, claro está, siempre y cuando no haya transcurrido, en su perjuicio, el término de diez años que para la prescripción del derecho a reclamar la herencia se contempla en el artículo 1509 del Código Civil del Estado de Michoacán, aplicables en la época de inicio del trámite de variación catastral sobre bienes hereditarios aquí reclamado, y que dio origen a las adjudicaciones subsecuentes. Respecto de la aplicación de la legislación civil del Estado de Michoacán, no está de más mencionar que si bien la variación catastral tiene un trámite regulado por el derecho administrativo, el derecho sustantivo es de origen civil. En efecto, el artículo 1509 del Código Civil, así como el numeral 1044 del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Michoacán, vigentes en la época de inicio de la variación catastral de origen [1964], disponen: "Artículo 1509. El derecho de reclamar la herencia prescribe en diez años y es transmisible a los herederos". "Artículo 1044. Los herederos o legatarios que no se presenten al juicio de sucesión, tienen derecho de pedir su herencia o legado, mientras no prescriba, demandando en el juicio correspondiente al albacea si el juicio no ha concluido, o a los que hayan adquirido los bienes sucesorios, si se ha verificado la partición". Preceptos legales de donde se desprende que, para ejercer válidamente la acción de petición de herencia, se requiere: a) Que la herencia exista; b) Que se haya hecho la declaración de herederos, donde se excluya u omita a quien tiene derecho a heredar; c) Que los bienes de la herencia sean poseídos por el albacea de la sucesión, o bien, por los herederos; y, d) Que se encuentre vigente el derecho de los herederos que no se hubieran presentado a la sucesión. Esto es, ineludiblemente, que no haya transcurrido, en su perjuicio, el término que para la prescripción del derecho a reclamar la herencia se indica en el Código Civil del Estado de Michoacán aplicable. Ahora, si bien el ordenamiento legal citado no señala en forma expresa cuál es el momento a partir del cual debe computarse el término de los diez años para ejercer la acción de petición de herencia, lo cierto es que, en el caso a estudio a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya existía la variación catastral y por ende en válido decir que el cómputo de referencia, debe realizarse a partir de la fecha en que se hace el reconocimiento de herederos por la autoridad competente [lo cual ocurrió cuando se aceptó la variación], puesto que desde ese momento, se surte el efecto de tener a los terceros interesados por legítimos poseedores de los bienes hereditarios. Como apoyo al anterior argumento, se cita la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2********************2034, del contenido siguiente: "PETICIÓN DE HERENCIA, PRESCRIPCIÓN EN CASO DE (LEGISLACIONES DE MICHOACÁN Y DEL DISTRITO FEDERAL). Aun cuando la ley no dice a partir de qué momento comienza a contarse el plazo de la prescripción para ejercitar la acción de petición de herencia, la cuestión se resuelve por la aplicación del principio elemental de que la prescripción extintiva corre desde el momento en que el derecho se hace exigible, y este momento no puede ser otro sino aquél en que se pone en posesión al demandado de los bienes pertenecientes a la masa hereditaria, mediante el reconocimiento de su calidad de heredero, por la autoridad competente. Por lo que si de acuerdo con el artículo 13 del Código de Procedimientos Civiles de Michoacán (igual al 18 del código de la misma materia del D. F.), la acción de petición de herencia se da contra el poseedor en concepto de heredero, es lógico concluir que el nacimiento de dicha acción empieza, no precisamente a partir del momento en que aquél se atribuye por sí y ante sí, el carácter de heredero que pretende ser exclusivo, sino a partir de la fecha de su reconocimiento como tal heredero, por la autoridad correspondiente". Así como el criterio aislado de la propia Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2********************0202, del rubro y texto siguientes: "PETICIÓN DE HERENCIA, MOMENTO EN QUE EMPIEZA A CONTARSE EL PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN DE. Si bien es cierto que la ley no precisa a partir de qué momento comienza a contarse el plazo de la prescripción para ejercitar el derecho de petición de herencia, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, ha resuelto este problema por la aplicación del principio de que la prescripción extintiva corre desde el momento en que el derecho se hace exigible, tomando en cuenta que ese momento no puede ser otro que aquél en que se pone en posesión al demandado de los bienes pertenecientes a la masa hereditaria mediante el reconocimiento de su calidad de heredero por la autoridad competente; y que para que el derecho sea exigible, es necesario que la herencia exista, que haya un heredero y que los bienes de la herencia sean poseídos por el albacea de la sucesión o por un heredero aparente o por otras personas; ya que salvo prueba en contrario, se presume que el albacea fue puesto, en los términos de ley, en posesión de los bienes hereditarios y esa posesión marca el momento del nacimiento de la acción de petición y el en que debe empezar a contarse el término de diez años de la prescripción extintiva a que se refiere la ley". Se invoca también como sustento la tesis aislada XI.2o.200 C, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, registro digital 213838, del epígrafe y texto: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION DE PETICIÓN DE HERENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). El artículo 1509 del Código Civil del Estado de Michoacán establece que el derecho de reclamar la herencia prescribe en diez años, pero ni en esa disposición ni en alguna otra de tal ordenamiento, se dice a partir de qué momento ha de contarse el término de la prescripción de la acción de petición de herencia; sin embargo, la cuestión se resuelve por aplicación del principio de derecho establecido, en el sentido de que la prescripción extintiva corre desde el momento en que el derecho se hace exigible, en el caso desde que el albacea es puesto en posesión de los bienes sucesorios, mediante el reconocimiento de su calidad de heredero a través de la declaratoria de herederos". Lo anterior se robustece si se toma en consideración, por una parte, que el artículo 13 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, vigente en la época de inicio de los trámites de variación catastral reclamados, establece que la acción de petición de herencia se da contra el poseedor de las cosas hereditarias con el carácter de heredero, y por la otra, que el numeral 10********************2 del ordenamiento legal en cita, dispone que la declaración de herederos de un intestado surte el efecto de tener por legítimo poseedor de los bienes, derechos y acciones del difunto, a la persona en cuyo favor se hubiere hecho. Luego, si del escrito de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso ********************, señaló como acto reclamado todo lo actuado dentro del expediente administrativo ********************del departamento de herencia de la Tesorería General del Estado, de fecha ocho de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro, que sobre variación catastral de bienes hereditarios promovió el aquí tercero interesado ********************, respecto de dos bienes inmuebles que pertenecieron al extinto ********************, consistentes en los predios siguientes: Predio denominado "********************", ubicado en la tenencia de ********************, municipio de ********************, Michoacán; Predio denominado "********************", ubicado en la tenencia de ********************, municipio de ********************, Michoacán; Predio denominado "********************", ubicado en la tenencia de ********************, municipio de ********************, Michoacán; y, Predio urbano ubicado en la calle ******************** número ********************, de la población de ********************, municipio de ********************, Michoacán. Lo anterior, sin que se le llamara a ese trámite, no obstante que argumenta ser bisnieto del autor de la sucesión, y derivado del trámite anterior, las subsecuentes adjudicaciones que se realizaron de los predios en comento, así como la inscripción de los aludidos bienes raíz a favor de los terceros. Al respecto, de las constancias que obran en autos se advierte que dentro del expediente ********************del departamento de herencia de la Tesorería General del Estado, mediante oficio ******************** de fecha ocho de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro, se comunicó la resolución respectiva dentro del citado expediente de variación catastral, la que se declaró procedente en los siguientes términos: "[.] Esta Tesorería General con apoyo en el artículo 261 reformado de la Ley de Hacienda vigente, tuvo a bien dictar acuerdo con fecha 4 del actual, concediendo variación catastral en favor de ********************, de los bienes que pertenecieron a su finado padre ********************, consistentes en 3 predios rústicos y un urbano, registrados en esa oficina de Rentas con valor fiscal de $********************en la fecha de la muerte del autor y $********************, actualmente. [.]" Luego, al reverso del oficio descrito se observa un sello firmado por el Jefe del Registro Público de la Propiedad, en el que se advierte: "Presentado para su registro a las 9:24 horas del día 22 agosto 90. queda agregada copia de la presente bajo el número ********************, Tomo ******************** Libro de Propiedad correspondiente al Distrito de ********************. Doy fe. Morelia, Mich., a 22 agosto de 90." Entonces, es incuestionable que, a partir de que ese título se inscribió en el Registro Público, esto es, el veintidós de agosto de mil novecientos noventa, cuando debe estimarse que el heredero de la variación catastral entró en posesión jurídica del caudal hereditario del de cujus, y en consecuencia, desde entonces comenzó a transcurrir el término de diez años, para la prescripción extintiva del derecho, a fin de reclamar la herencia que contempla el artículo 1509 del Código Civil del Estado de Michoacán, vigente en la época de inicio de la variación catastral de origen, a favor de los herederos que no asistieron a deducir sus derechos. Por tanto, si la demanda de amparo en estudio fue presentada hasta el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, según sello de recibido de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, debe estimarse que transcurrió con exceso el término de diez años a que alude el dispositivo de referencia y, por ende, prescribió en perjuicio del aquí quejoso el derecho que podría haber hecho valer para ejercer la acción de petición de herencia, que se prevé en los artículos 13 y 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, en relación con el procedimiento administrativo sobre variación catastral de bienes hereditarios número ********************del departamento de herencia de la Tesorería General del Estado, contemplado en la Ley de Catastro del Estado de Michoacán, ambos ordenamientos legales vigentes en la época en que inició el trámite de dicha variación. Así, es claro que al no contar el quejoso con la titularidad de algún derecho público subjetivo, cuya afectación les faculte para acudir ante los órganos de control constitucional y demandar el cese de esa violación a través del juicio de amparo, debe estimarse que no cuentan con el interés jurídico necesario para intentar, válidamente, la acción constitucional contra los actos que reclamó en su escrito inicial de demanda. Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo solamente procede en aquellos casos en que un posible heredero que no fue debidamente emplazado a juicio o fue emplazado en forma ilegal, reclama su derecho a intervenir en un juicio sucesorio intestamentario o procedimiento administrativo de bienes hereditarios [variación catastral], para ser declarado como tal, con todas sus consecuencias legales, a condición de que, como se puso de manifiesto previamente, no haya operado en su perjuicio el término para la prescripción del derecho a reclamar la herencia, que prevé el artículo 1509 del citado Código Civil del Estado de Michoacán, mismo que en este caso, debe computarse a partir de la fecha en que el declarado heredero inscribió su título de dominio de los bienes que integran la masa hereditaria del de cujus, ante el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo 10********************2 del mencionado Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán; lo cual, hace improcedente el juicio de amparo en su contra. De modo que, no es suficiente que se acredite la existencia de alguna situación abstracta que pueda estimarse violatoria de derechos fundamentales, para poder concluir que, quien acude al juicio de amparo, cuenta con el interés jurídico necesario, para demandar el cese de esa violación a través del juicio Constitucional, sino que es necesario que todo aquél que acuda al juicio de amparo acredite, fehacientemente, ser el titular de algún derecho público subjetivo, legítimamente tutelado por la norma objetiva, que lo faculte para acudir ante los órganos de control constitucional a exigir se respete por la autoridad responsable, a través del ejercicio de la acción de amparo; lo cual, como se demostró, no aconteció en la especie. Como apoyo a lo expuesto, se invoca por analogía la tesis aislada VI.2o. C 63******************** C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Consultable en la página 1001, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 168331, del rubro y texto que se indican a continuación: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO RESULTA IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO SE PROMUEVE UNA VEZ QUE HA PRESCRITO LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme al artículo 3391 del Código Civil para el Estado de Puebla, la acción de petición de herencia prescribe en diez años, contados a partir de la adjudicación del patrimonio al que pudiera aspirar quien se considere con derecho por estimarse heredero. Por otro lado, para que un juicio de garantías satisfaga la exigencia de ser promovido por la parte a quien perjudique la ley o el acto reclamado, acorde con el artículo 4o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 10******************** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que el ejercicio de la acción de amparo tenga por objeto la tutela de derechos pertenecientes a quien demanda su protección, en razón de la existencia real al momento de la formulación de la pretensión correlativa ante la autoridad judicial, ya que a nada práctico conduciría el análisis de actos de autoridad frente a derechos cuya titularidad no corresponde al quejoso, o que habiéndole pertenecido, hubieren perdido positividad con motivo del transcurso del tiempo, tal como ocurre cuando opera la prescripción. De tal suerte, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se reclama la falta de emplazamiento a un juicio sucesorio intestamentario, si al momento de su promoción ya prescribió la acción de petición de herencia, dado que si por el solo transcurso del tiempo dejó de existir el derecho que habría permitido al quejoso intervenir en dicho procedimiento, es inconcuso que ninguna afectación se ocasiona a su interés jurídico, en tanto que su pretensión consiste en la anulación de lo actuado a efecto de que se le convoque a participar en la sucesión, derecho que se extinguió al operar la prescripción" En este punto es importante precisar que con lo antes considerado este juzgador no está dilucidando derechos hereditarios, así como tampoco el derecho que le pudiese corresponder al quejoso para intervenir en la sucesión correspondiente como presunto heredero, sino que, únicamente para efectos del presente juicio de amparo, se concluye que no obstante que acreditó el entroncamiento con ********************, el peticionario de amparo no cuenta con un derecho subjetivo protegido por la norma, para reclamar lo resuelto en la variación catastral ********************. En otro orden de ideas, no es inadvertido para quien esto resuelve, que el quejoso se ostenta poseedor de una fracción del predio denominado "********************", por tanto, debe acreditar el interés jurídico que tiene sobre ese inmueble, o dicho en otras palabras, la afectación a sus derechos sustantivos protegidos por la norma. Corrobora lo anterior, la tesis número I. 13º. C.12 C (10ª.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2040 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materias Común-Civil, Décima Época, registro 2006503, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5º., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias". Pues bien, para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, para lo cual deben concurrir los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), visible a foja 1598 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materia Común, Décima Época, registro 2019456; que a continuación se transcribe, ha determinado que para acreditar el interés jurídico, debe demostrarse lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 10********************, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Por lo anterior, en el caso que nos ocupa el quejoso debía acreditar fehacientemente el interés jurídico (y no de otra clase), que le asiste para reclamar el acto relacionado con la fracción del predio del que aduce ser poseedor. Es así, porque tratándose de la posesión de muebles e inmuebles, para que ésta sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, pues sólo con dicho documento está en posibilidad de demostrar el derecho que le asiste para defender los muebles precisados y, por ende, el interés jurídico legalmente protegido. En efecto, el artículo 14 constitucional prevé, entre otras situaciones, que nadie puede ser privado de sus propiedades o posesiones, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. El derecho de seguridad jurídica en comento es susceptible exigirse en aquellos casos en que el gobernado es afectado por un acto de autoridad en los derechos de propiedad o posesión de sus bienes, entre otros supuestos. Por tanto, una vez que el gobernado es privado de sus derechos de propiedad o posesión, tiene la facultad de exigir el cumplimiento de aquélla; sin embargo, ello no procede con la simple afirmación de que el bien afectado es de su propiedad o posesión, e incluso ser simple habitante del mismo, pues es necesario que se acrediten esos derechos, es decir, corresponde al particular demostrar con medios de prueba tales extremos. Esto es así, porque el interés jurídico está relacionado con el derecho afectado, por tal motivo no puede inferirse con base en presunciones, de ahí que el promovente del juicio debe demostrar a plenitud ser el titular de ese derecho, así como que los daños o perjuicios afectan real y efectivamente los bienes amparados en su favor. De ahí que no sea suficiente que el gobernado aduzca ser habitante, poseedor o propietario del inmueble, pues se encuentra obligado a demostrar, a través de los medios de convicción regulados en la legislación, que es titular de los derechos que refiere se ven afectados. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia VI.2º.C. J/22********************, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, página 16********************6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, enero de 2003, del título y contenido siguientes: "POSESIÓN QUE AMPARA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. No es el simple hecho de la ocupación, sin título alguno en el que pueda apoyarse, la que tutela y protege el juicio constitucional, puesto que no basta la circunstancia de encontrarse una persona detentando un bien inmueble para presumir que por sí sola tiene la posesión, si no se allega para su fundamento algún título que conduzca a la protección constitucional del derecho de posesión correspondiente. Así, a reserva de que ante las autoridades comunes se dilucide si el derecho a la posesión que emana de un título es legítimo o no, el juicio de garantías, salvaguarda inquebrantable de respeto e inviolabilidad de los derechos del hombre, no puede proteger la simple ocupación sin título, porque esta detentación no debe estimarse como posesión.". Entonces, en el juicio de amparo se protege la posesión, ya sea originaria (la que se obtiene a través de un título por el cual se transfiere la propiedad) o derivada (que no proviene de un título traslativo de dominio pero que otorga el derecho a poseer el bien, como puede ser el arrendamiento, usufructo, la depositaría o cualquier otra análoga), siempre que se acredite la existencia de algún título, fundado ya sea en un precepto legal o en alguna figura jurídica que le genere el derecho a poseer; por tanto, resulta insuficiente, como se dijo, sólo demostrar la simple detentación material del bien o ser habitante del mismo. Las consideraciones precedentes también encuentran apoyo en la jurisprudencia P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 1********************/91 -Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia del Primer Circuito- publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Civil, Novena Época, registro 18****************************************33, la cual es del tenor siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo ********************90 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Expuesto el alcance del tópico "interés jurídico", se procede a estudiar si en el caso en particular, se acreditan los extremos necesarios a fin de considerar si la parte quejosa tiene interés jurídico para ocurrir al juicio de amparo en defensa de los derechos que dice tener. En la especie, el quejoso se ostenta como tercero extraño dentro del expediente de variación catastral ********************, promovido por ********************, así como el trámite sobre variación catastral ********************promovido por ********************. Al respecto aduce el quejoso en su demanda, que se encuentra en posesión de una fracción de uno de los predios materia de las referidas variaciones catastrales, denominado "********************", ubicado en la población ********************, municipio de ********************, Michoacán. Sin embargo, no ofreció prueba alguna con la que acreditara la posesión y el origen de ésta y con ello el interés jurídico necesario para ocurrir al presente juicio de amparo. Por tanto, el peticionario de amparo no acredita que es poseedor de la fracción del predio que indica y por ende, tampoco prueba que los actos reclamados trasciendan en su esfera jurídica de manera directa; aunado a que, como quedó asentado en párrafos anteriores, debía acreditar que era la titular del derecho afectado, aunque pudiera resentir las consecuencias del acto reclamado de manera indirecta, mediata o inmediata, alguna lesión o afectación, por grave que pudiera parecer, pues de aceptar lo contrario, se llegaría al absurdo de sostener la incongruencia jurídica de que ante un acto autoritario que afectara el derecho de posesión, se promoviera por separado una cadena de juicios de amparo igual al número de personas que adujeran poseer el inmueble relativo. De suerte que, no obstante que el quejoso manifieste ser poseedor de la fracción del predio en comento, no lo acreditó con medio de prueba alguno; por tanto, no se le puede atribuir un derecho suficiente para acudir al juicio de amparo en defensa de la fracción multicitada, ya que no demuestra una posesión que pudiera ser garantizada por la ley. En ese orden, se colige que no obstante que el quejoso aduce tener la posesión de una fracción de uno de los inmuebles materia de las variaciones reclamadas [denominado "********************"], no está probado que, efectivamente, cuente con algún derecho jurídicamente tutelado en relación con la misma; por lo que es evidente que no acreditó su interés jurídico, máxime que este debe acreditarse fehacientemente, y no inferirse con base en presunciones, como lo establece el criterio 2ª./J. 16/94, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1********************, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 82, Octubre de 1994, registro 206338, de título y tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". En congruencia con lo anterior, es dable sostener que, para los efectos del presente juicio de amparo, la parte quejosa no acreditó su interés jurídico para reclamar los actos de que se duele, de manera que evidenciara la existencia de la violación a su derecho subjetivo, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer el juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. El sobreseimiento se hace extensivo respecto de los actos reclamados consistentes en la inscripción de la variación catastral reclamada en el Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, con sede en esta ciudad, así como de las posteriores adjudicaciones realizadas por ********************, los cuales no se reclaman por vicios propios, sino que su legalidad se encuentra subordinada a lo resuelto en el aludido trámite de variación catastral. Resulta aplicable a lo así considerado, la jurisprudencia número 64******************** del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, registro digital 253622, que dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo ********************3, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto **************************************** de la ley referida, atento a los numerales 6° y ********************° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por su propio derecho; en términos de lo expuesto en las consideraciones tercera y quinta de esta resolución. Segundo. Publíquese este fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Alejandra Álvarez Calderón, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos el escrito firmado por Alicia Ramírez Hernández, apoderada jurídica de la tercera interesada Enriqueta Olivares Silvestre, carácter que se le reconoce en virtud del instrumento notarial que anexa su escrito cuenta; y, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo se le tiene por apersonado al juicio en que se actúa. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que realiza la apoderada de la tercera interesada; con ellos, se ordena dar nueva cuenta en el momento procesal oportuno. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que exhibe la apoderada legal de la tercera interesada, sin perjuicio de relacionarlas al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio y anexo por medio del cual el Juez Menor Mixto de Primera Instancia con residencia en La Piedad, Michoacán, devuelve el despacho 658/2022 del índice de este juzgado debidamente diligenciado. En consecuencia, dése de baja el despacho en cuestión y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, visto el emplazamiento realizado a Enriqueta Olivares Silvestre, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene por emplazada al presente juicio a la referida tercera interesada. Por otra parte, se advierte que se reservó proveer sobre el escrito presentado por Alicia Ramírez Hernández, quien se ostenta apoderada jurídica de la tercera interesada Enriqueta Olivares Silvestre, hasta en tanto se recibiera la comunicación oficial remitida para tal efecto, lo cual en esta propia fecha aconteció. Atento lo anterior, agréguese sin mayor pronunciamiento el escrito presentado en línea por Alicia Ramírez Hernández, dado que no se advierte el carácter con el que comparece al presente juicio de amparo, ya que si bien adjuntó copia de instrumento notarial, no lo hizo bajo protesta de decir verdad que el documento electrónico respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso, en términos del artículo 12, inciso f) del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
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