Miguel Cruz Mendoza

Expediente 377/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
377/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
15/07/2021

Partes del expediente

  • Miguel Cruz Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio signado vía electrónica por el Delegado del Instituto de la Defensoría Publica del Poder Judicial de la Federación, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa que designó como representante especial a Santiago Orozco Valencia, en virtud de que por auto de diecisiete del mes y año en curso, se tuvo al citado representante aceptando el cargo conferido en autos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que dentro del presente juicio de amparo en que se actúa, el quejoso Miguel Cruz Mendoza, reclama lo siguiente: Por tanto, por ser preferente su estudio, se analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el aludido precepto podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. En ese sentido, este órgano de control constitucional estima que en el caso resulta improcedente el juicio de amparo porque no es de aquéllos cuyos efectos son de imposible reparación, por lo que se actualiza la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación inversa del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos indicados disponen textualmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.].". En el artículo 61 de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley, lo que deja abierta la posibilidad de atender otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. De acuerdo con el artículo 107, fracción V, de la misma ley, se prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Esta concepción de "actos de imposible reparación", resulta contundente y limitativa, a diferencia de aquélla concebida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, pues en esa norma reglamentaria, el legislador no había definido qué debía entenderse por ese tipo de actos: "Artículo 114. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: (.) IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación;" Con la interpretación dada por la Suprema Corte a la norma recién transcrita, se produjeron criterios como los que a continuación se citan: "Época: Novena Época Registro: 180415 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Octubre de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. LVII/2004 Página: 9 ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Es decir, ante el limitado contenido de la fracción IV, del artículo 114, de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que debían entenderse por "actos de imposible reparación" aquéllos que afectaran materialmente derechos sustantivos, y además, de manera excepcional, aquellos actos que afectaran a las partes en grado predominante o superior, afectación que debía determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que estuviera en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. Sin embargo, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, a diferencia de la anterior legislación, ya es clara y precisa al definir qué debe entenderse por "actos de imposible reparación", y limita éstos a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que México sea parte. Interpretada en sentido contrario dicha disposición, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de un acto de imposible reparación, que es aquél que tiene como consecuencia afectar materialmente derechos y que esos derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, protegidos por la Carta Magna. Asimismo, se entiende por derechos sustantivos aquellos derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad. Cabe destacar, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal se desarrolla en las siguientes etapas: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." La etapa de investigación, comienza con fase de investigación inicial que es regulada en los artículos 212 a 306 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual se centra en la indagación que el Ministerio Público realiza con el auxilio de la Policía y de los peritos, para efecto de determinar un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el investigado lo cometió o participó en su comisión. A continuación comienza la fase de investigación complementaria, regulada por el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales que a la letra expresa: "Artículo 307. Audiencia inicial En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. En caso de que el Ministerio Público o la víctima u ofendido solicite la procedencia de una medida cautelar, dicha cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte la suspensión de la audiencia inicial. A esta audiencia deberá concurrir el Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia no será requisito de validez de la audiencia." Una vez emitido el auto de vinculación a proceso y las medidas cautelares se da inicio a la fase de investigación complementaria. Ahora bien, tratándose del cierre de la investigación complementaria, con base a los argumentos vertidos por las partes el Juez de Control determina el mismo, el cual no podrá ser mayor a dos meses tratándose de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima excede de ese tiempo; asimismo, transcurrido el plazo o bien antes del vencimiento de dicho plazo, el Ministerio Público debe concluir la investigación complementaria, salvo que las partes soliciten una prórroga debidamente justificada sin exceder los términos citados en líneas anteriores. Una vez cerrado el plazo de investigación complementaria dentro de los quince días siguientes el Ministerio Público podrá realizar lo siguiente: a) Solicitar el sobreseimiento parcial o total; b) Solicitar la suspensión del proceso; y, c) Formular acusación. Tratándose de la formulación de acusación, el proceso continuará con la etapa intermedia. Ahora bien, la etapa intermedia tiene como finalidad lo siguiente: l. Ofrecimiento y admisión de pruebas; y, ll. Depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. De acuerdo con el desarrollo del procedimiento penal acusatorio, las resoluciones emitidas en el procedimiento penal que nos ocupa por el que se tiene por formulada la acusación en contra del quejoso por la Fiscal Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, por los delitos de violación equiparada y abuso sexual en agravio de la menor L.G.C. dentro de la causa penal 1187/2020; así como el auto, donde el Juez responsable, no corrió vista a la defensa del aquí quejoso sobre la extemporaneidad de la acusación formulada por la Fiscal citada en el párrafo anterior, no son actos de imposible reparación. Ello, porque esas determinaciones que se emitieron en la etapa intermedia o de preparación a juicio, solo genera consecuencias de índole procesal y no producen una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del gobernado, virtud a que sus consecuencias no impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, produciendo solamente, lesión jurídica de carácter formal que pudiera o no trascender al resultado del fallo; máxime, que tal determinación no impacta en la libertad personal del quejoso o afectación de algún otro derecho sustantivo, tampoco provoca indefensión en perjuicio del procesado. Lo anterior, es así, porque en el supuesto de que el acto reclamado sea ilegal, la consecuencia de que la formulación de la acusación se haya presentado en forma extemporánea, es que el juez de control ponga el hecho en conocimiento del Procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días, de conformidad con lo establecido con el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales; esto es, las consecuencias del acto reclamado trascienden en lo puramente procesal y no afectan ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, porque el acto reclamado no tiene la consecuencia de que el juez de control ordene el sobreseimiento de la causa penal, sino de informar al Procurador la anomalía del Ministerio Público. Las anteriores consideraciones quedaron plasmadas por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el amparo en revisión 83/202, que se invoca por este juzgado como hecho notorio. Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 6 artículo 61, fracción XXlll, en relación con la diversa V, del numeral 107 de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo. Por tanto, la resolución reclamada no causa de inmediato una situación de imposible reparación, y su transcendencia seria posterior, ya que se trata de una infracción meramente adjetiva o extraprocesal, que no afecta ningún derecho sustantivo. En conclusión, el acto reclamado sólo genera consecuencias de índole procesal y no produce una afectación material e inmediata de derechos sustantivos del gobernado. El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Ahora bien, se advierte que por auto de siete de junio del año en curso, se ordenó el emplazamiento de la menor L.C.G. a través de su representante, sin que a la fecha obre dicha notificación, sin embargo, se suspende dicho emplazamiento en virtud de lo establecido en párrafos anteriores. En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa así como al representante especial y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído y/o resolución de 24 de junio de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

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