Miguel Gaona Marquez
Expediente 1307/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1307/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 13/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Miguel Gaona Marquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el proveído de veintiuno de diciembre dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia dentro del expediente en que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Finalmente, como en autos obra un documento original exhibido por la parte quejosa, de acuerdo con la normativa general en cita, hágasele saber que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para que comparezca a recuperarlo, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo serán destruido. Notifíquese por lista; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de diciembre de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/6910/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 13 de enero de dos mil veintitres, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con el informe justificado que rinde la actuaria adscrita al Juzgado Cuarto Menor en Materia Civil, con sede en esta ciudad. Por otro lado, se advierte del estado de autos que la quejosa reclama lo siguiente: - El auto de diez de noviembre del presente año dictado por la autoridad responsable dentro del juicio ejecutivo mercantil 1089/2022, por el que ordenó llevar a cabo el embargo sobre el bien inmueble ubicado en la calle y/o avenida Villa de Charapan, número 21, fraccionamiento Villa Magna, propiedad del quejoso; y, la ejecución de dicho mandato. Establecido lo anterior, en la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, que es del siguiente contenido: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)" De lo anterior se advierte, que el juicio de amparo será improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o administrativo, cuando por el cambio de situación jurídica se deban considerar consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó en la tesis 2a. CXI/96, ubicada en el Tomo IV, página 219, de Diciembre de 1996, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 199808, lo siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Esto es, para que opere el cambio de situación jurídica, deben concurrir los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica, y ese cambio afecte al acto reclamado; c) Que si se analiza la constitucionalidad del acto reclamado, ésta afecte la nueva situación jurídica; y, d) Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclama y la nueva resolución dictada en el juicio de origen, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora, de los informes rendidos por las responsables Juez Cuarto Menor en Materia civil de este Distrito Judicial y actuaria de su adscripción, se advierte que si bien se ordenó el embargo del bien inmueble ubicado en la calle y/o avenida Villa de Charapan, número 21, fraccionamiento Villa Magna, propiedad del quejoso, el mismo no fue ejecutado ya que al momento de llevar a cabo la diligencia correspondiente el treinta de noviembre del presente año, la parte demandada en el juicio de origen -aquí parte quejosa-, exhibió la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos moneda nacional 00/100), en favor de la actora, por lo que en ese mismo momento se dio por pagada de todas las prestaciones reclamadas y en consecuencia, se dio por concluido el juicio de origen en acuerdo de dos de diciembre pasado. Lo anterior, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar lo manifestado por las autoridades responsables. Ello, tomando en consideración que la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, pues la emisión de los actos reclamados es positiva en tanto que implica una actividad desplegada por las autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que la hacía susceptible de prueba sin que aportara alguna para desvirtuar su dicho plasmado en los respectivos informes justificados. En consecuencia se actualiza la causal de improcedencia a estudio. Esto, porque respecto al requisito identificado en el inciso a), debe decirse que el acto reclamado emana de un procedimiento judicial, en concreto el relativo al juicio ejecutivo mercantil 1089/2022, sobre pago de pesos que promovió Martín Juvenal García Náteras, endosatario en procuración de la parte actora, frente a María Alejandra Nieto Castro. Por lo que corresponde a la hipótesis citada en el inciso b) también se encuentra satisfecha, en tanto que con posterioridad a la emisión de los actos reclamados; mediante la diligencia de exequendo de treinta de noviembre del presente año, la parte demandada exhibió la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos moneda nacional 00/100), en favor de la actora, por lo que se dio por pagada de todas las prestaciones en ese mismo momento, y por ende, no se llevó a cabo el embargo del bien y se dio por concluido el asunto en auto de dos de diciembre de dos mil veintidós. Asimismo, también actualiza el extremo citado en el inciso c) en razón de que no se puede analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, dado que si se hace, trastocaría y afectaría el auto emitido el dos de diciembre del presente año, lo cual traería como consecuencia una afectación a la nueva situación jurídica del juicio de origen. Finalmente, debe decirse que existe autonomía o independencia entre los actos que inicialmente se reclaman y la nueva determinación en donde se dio por concluido el juicio de origen, por lo que se surte el requisito citado en el inciso d). En consecuencia, al existir un cambio de situación jurídica, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la citada Ley. Atento lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
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