Miguel Chávez Ayala

Expediente 257/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
257/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
22/05/2018

Partes del expediente

  • Miguel Chávez Ayala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, glósese el oficio que remite el secretario del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del expediente de amparo del que deriva este cuaderno e informa que se aceptó la competencia planteada por este juzgado. En consecuencia, archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en atención a que se trata de un cuaderno de antecedentes. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de mayo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, glósese el oficio suscrito por la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 418/2018, por el que se solicitó notificar a la parte quejosa el auto de ocho de mayo del año en curso. Dése de baja la comunicación referida y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de mayo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, glósese el oficio suscrito por la secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual proporciona la información solicitada, de la que se desprende: Que el diez de junio de dos mil dieciséis, el juez homólogo declaró infundado el incidente no especificado de traslado que promovió el defensor público federal así como el quejoso Miguel Chávez Ayala, resolución que fue notificada el veintinueve de junio de ese mismo año; Que en contra de dicha determinación el impetrante de amparo interpuso recurso de apelación, el cual por razón de turno conoció el Primer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad; y, Que el veinte de septiembre de dos mil dieciséis el tribunal en cita confirmó la resolución impugnada. Ahora, del análisis integral del expediente en que se actúa, así como de la información que obra en la comunicación de cuenta, se infiere que la parte quejosa reclama la resolución dictada dentro del toca penal 377/2016-II del índice del Primer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, que confirmó la resolución de diez de junio de dos mil dieciséis, misma que declaró infundado el incidente no especificado de traslado dentro de la causa penal 32/2015-I. En ese sentido, cabe traer a glosa que la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal en su artículo 29, fracción I, establece lo siguiente: "Artículo 29. Los tribunales unitarios de circuito conocerán: I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado; ." Luego, del citado precepto se aprecia que el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de Tribunales Unitarios de Circuito, como en la especie, no constituyen sentencia definitiva y será competente el tribunal unitario de circuito más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado, siendo innecesario determinar si el acto reclamado requiere o no de ejecución material para fincar la competencia; por tanto, este juzgado se declara incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Miguel Chávez Ayala. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 14/2012(10a) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, libro VI, Marzo de 2012, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DE OTRO TRIBUNAL DE IGUAL JERARQUÍA QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LA REGLA ESPECIAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El citado precepto prevé que los tribunales unitarios de circuito conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la ley de la materia respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito; en estos casos, el tribunal unitario de circuito competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. Lo anterior implica que el precepto citado establece una regla especial en cuanto a la competencia de dichos tribunales para conocer de los actos reclamados de otro de la misma jerarquía, en el sentido de que debe ser el más próximo a su residencia, siendo innecesario determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material para fincar la competencia del órgano jurisdiccional, pues donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo al juzgador." En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal declara carecer de competencia para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa y la declina a favor del Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, por ser el más cercano, exceptuando de dicho turno al Primer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, por ser autoridad responsable dentro del libelo constitucional que originó el presente expediente. En consecuencia, una vez que se notifique el presente acuerdo a la parte quejosa, mediante atento oficio que al efecto se gire, se ordena remitir el expediente en que se actúa formado con la referida demanda de amparo, así como sus anexos, al Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios de Circuito, de esta ciudad, que se considera con competencia legal por territorio, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas determine si acepta o no la competencia que se le plantea y se le solicita que haga del conocimiento de este juzgado la resolución que al respecto pronuncie, conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Ahora, como la parte quejosa guarda reclusión en el Centro de Reinserción Social Número 12, con residencia en Ocampo, Guanajuato, atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno, con residencia en León, Guanajuato, para que en auxilio de la Justicia Federal, se sirva comisionar a quien corresponda, a fin de que se constituya en el citado centro de reclusión y realice lo siguiente: Con las formalidades que establece el artículo 26, fracción I y artículo 27, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, efectúe la notificación del presente proveído, personalmente a la parte quejosa; Le corra traslado con copia de la presente determinación; y, Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona encomendada para que realice la diligencia aun en días y horas inhábiles. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.Estefania AponteMorelia, Michoacán, ocho de mayo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, glósese el oficio suscrito por la secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual proporciona la información solicitada, de la que se desprende: Que el diez de junio de dos mil dieciséis, el juez homólogo declaró infundado el incidente no especificado de traslado que promovió el defensor público federal así como el quejoso Miguel Chávez Ayala, resolución que fue notificada el veintinueve de junio de ese mismo año; Que en contra de dicha determinación el impetrante de amparo interpuso recurso de apelación, el cual por razón de turno conoció el Primer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad; y, Que el veinte de septiembre de dos mil dieciséis el tribunal en cita confirmó la resolución impugnada. Ahora, del análisis integral del expediente en que se actúa, así como de la información que obra en la comunicación de cuenta, se infiere que la parte quejosa reclama la resolución dictada dentro del toca penal 377/2016-II del índice del Primer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, que confirmó la resolución de diez de junio de dos mil dieciséis, misma que declaró infundado el incidente no especificado de traslado dentro de la causa penal 32/2015-I. En ese sentido, cabe traer a glosa que la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal en su artículo 29, fracción I, establece lo siguiente: "Artículo 29. Los tribunales unitarios de circuito conocerán: I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado; ." Luego, del citado precepto se aprecia que el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de Tribunales Unitarios de Circuito, como en la especie, no constituyen sentencia definitiva y será competente el tribunal unitario de circuito más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado, siendo innecesario determinar si el acto reclamado requiere o no de ejecución material para fincar la competencia; por tanto, este juzgado se declara incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Miguel Chávez Ayala. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 14/2012(10a) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, libro VI, Marzo de 2012, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DE OTRO TRIBUNAL DE IGUAL JERARQUÍA QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LA REGLA ESPECIAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El citado precepto prevé que los tribunales unitarios de circuito conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la ley de la materia respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito; en estos casos, el tribunal unitario de circuito competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. Lo anterior implica que el precepto citado establece una regla especial en cuanto a la competencia de dichos tribunales para conocer de los actos reclamados de otro de la misma jerarquía, en el sentido de que debe ser el más próximo a su residencia, siendo innecesario determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material para fincar la competencia del órgano jurisdiccional, pues donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo al juzgador." En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal declara carecer de competencia para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa y la declina a favor del Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, por ser el más cercano, exceptuando de dicho turno al Primer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, por ser autoridad responsable dentro del libelo constitucional que originó el presente expediente. En consecuencia, una vez que se notifique el presente acuerdo a la parte quejosa, mediante atento oficio que al efecto se gire, se ordena remitir el expediente en que se actúa formado con la referida demanda de amparo, así como sus anexos, al Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios de Circuito, de esta ciudad, que se considera con competencia legal por territorio, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas determine si acepta o no la competencia que se le plantea y se le solicita que haga del conocimiento de este juzgado la resolución que al respecto pronuncie, conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Ahora, como la parte quejosa guarda reclusión en el Centro de Reinserción Social Número 12, con residencia en Ocampo, Guanajuato, atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno, con residencia en León, Guanajuato, para que en auxilio de la Justicia Federal, se sirva comisionar a quien corresponda, a fin de que se constituya en el citado centro de reclusión y realice lo siguiente: Con las formalidades que establece el artículo 26, fracción I y artículo 27, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, efectúe la notificación del presente proveído, personalmente a la parte quejosa; Le corra traslado con copia de la presente determinación; y, Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona encomendada para que realice la diligencia aun en días y horas inhábiles. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de mayo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto de nueve de abril pasado. Ahora, de las constancias que remitió la autoridad auxiliar se advierte que el veintinueve de abril del año en curso, la actuaria de su adscripción llevó a cabo la diligencia encomendada y, ante su fe el quejoso indicó lo siguiente: "Fue en el dos mil dieciséis; no recuerdo mes ni día, las autoridades son el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán con sede en Morelia y el Magistrado que confirmó negativa, no sé cuál sea." De lo anterior, se infiere que el impetrante de amparo desconoce la totalidad de las autoridades responsables que llevaron a cabo el acto reclamado-consistente en el auto dictado dentro de la causa penal I-32/2015, por el cual se negó su solicitud de ser trasladado del centro de reinserción en el cual guarda reclusión al diverso Centro de Reinserción Social David Franco Rodríguez, con sede en Zurumbeneo, Municipio de Charo, Michoacán, así como la resolución dictada por el magistrado en el que confirma dicha negativa-, así como la fecha exacta en el que tuvo conocimiento del mismo. Por tanto, a efecto de tener mayor certeza de las autoridades a las que les resulta el carácter de responsables y la fecha en que se notificó el acto reclamado a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, solicítese de la manera más atenta al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, informe si dentro de la causa penal I-32/2015, se negó al quejoso Miguel Chávez Ayala el traslado del centro de reinserción en el cual guarda reclusión al diverso Centro de Reinserción Social David Franco Rodríguez, y en caso de ser así, la fecha en que se hizo de su conocimiento dicha negativa. De igual forma, se solicita indique si con motivo a la respuesta dada, el impetrante de amparo promovió recurso ordinario o medio de defensa alguno y la autoridad que tuvo conocimiento del mismo, así como el sentido en que ésta resolvió. Finalmente, una vez que el juzgado federal en cita dé respuesta a la solicitud realizada, este órgano jurisdiccional se pronunciará respecto a la tramitación del libelo constitucional que originó el presente expediente. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano