Miguel Ángel Roque Chino

Expediente 317/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
317/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
11/10/2022

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Roque Chino
  • Juez Primero de Primera Instancia En Materia Civil, Con Residencia En Zamora, Michoacán de Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Cuenta. En once de octubre de dos mil veintidós, la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, certifica: Que el plazo de diez días de que disponían la parte quejosa y tercera interesada, para recurrir la sentencia dictada en autos, transcurrió del veintitrés de septiembre al seis de octubre de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, sin que lo hubieren hecho, toda vez que fueron notificados por lista el veintiuno de septiembre; con ello doy cuenta al Juez, así como con el estado procesal, dentro del juicio de amparo 317/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, once de octubre de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 21/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Ejecutoria. Toda vez que no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el sobreseimiento en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Devolución de documentales. Devuélvanse los tomos de pruebas que se formaron con las constancias que adjuntó a su informe la autoridad responsable Juez Primero de lo Civil, con sede en Zamora de Hidalgo, Michoacán de Ocampo. Orden de archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto que coteje todas las constancias físicas y del expediente electrónico, que sean coincidentes entre sí, certificando tal circunstancia. Hecho lo anterior, deberá remitirse al área correspondiente para anotaciones y resguardo. De conformidad con el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Incidente de suspensión. Virtud a que se concedió la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo. Con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el cuaderno original del incidente, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, de referido acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Constancia. Toda vez que no se glosará a este expediente el original del cuaderno incidental, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éste, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  2. Principal

    En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las diez horas con treinta y siete minutos del diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido de la secretaria Nubia Miranda Ramírez, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 317/2022, en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial. La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención.Y, relaciona como principales constancias del expediente: La demanda; Informes justificados; y, Emplazamiento de la tercera interesada. Al respecto, el Juez acuerda; téngase por hecha la relación de las constancias que anteceden. Acto seguido, el Juez, declara abierto el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las documentales que exhibieron la parte quejosa y la autoridad responsable. A lo que el Juez determina: con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria da cuenta con los formulados por la tercera interesada y hace constar que las partes restantes no formularon alegatos; a lo que el Juez acuerda: ténganse formulados los alegatos de cuenta y por precluido tal derecho para las partes restantes, con lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 317/2022, promovido por Miguel Ángel Roque Chino, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en materia Civil, con residencia en Zamora, Michoacán de Ocampo, y otras autoridades; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante demanda presentada el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, Miguel Ángel Roque Chino, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto de la autoridad que hizo consistir en: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. A)COMO AUTORIDAD ORDENADORA.- EL JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA, EN MATERIA CIVIL, DE LA CIUDAD DE ZAMORA MICHOACAN, SEÑALÁNDOSE COMO AUTORIDAD ORDENADORA, con domicilio en la calle Apatzingán Sur número 195, de la colonia Jardinadas, de la ciudad de ZAMORA DE Hidalgo, Michoacán. B) COMO AUTORIDAD EJECUTORA.- a).-EI ACTUARIO adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia, en materia civil, de la ciudad de Zamora de Hidalgo, Michoacán, con domicilio en la calle Apatzingán Sur número 195, de la colonia Jardinadas, de la ciudad de ZAMORA DE Hidalgo, Michoacán. b).- El actuario del juzgado menos de la ciudad de Zamora, Michoacán. IV.-ACTO RECLAMADO.- DELC. JUEZ SE RECLAMA A).- LA ILEGAL NOTIFICACIÓN Y Emplazamiento, y, de fecha 03 tres de marzo del año 2021, dos mil veintiuno, practicado dentro de los autos del JUICIO Ordinario civil registro número 30/2020, que sobre Reivindicación de Inmueble sigue ELVIRA VELAZQUEZ FLORES, Frente A PEDRO MARCELO MACIAS Y DELFINA TURJA HUERTA; ante el Juzgado Primero de Primera Instancia, en Materia Civil, de la ciudad de Zamora de hidalgo, Michoacán, en el que no se dio cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento, con lo que se generó un estado de indefensión al habérseme privado de mis derechos a contestar la demanda, ofrecer pruebas, alegatos dentro del tal procedimiento, y como consecuencia de ello así mismo se reclama la ilegalidad de todas las actuaciones judiciales realizadas en ese juicio, y todos los autos, decretos y resoluciones, como lo es la Sentencia Definitiva de fecha del día 13 trece de diciembre del 2021, dos mil veintiuno, el auto de fecha del día 19 diecinueve de enero del año 2022, dos mil veintidós, que declara ejecutoriada dicha sentencia definitiva y también se me concede al demandado del juicio el termino de 03 tres días para que cumpla voluntariamente con la sentencia definitiva; así como LA ILEGAL ORDEN DE LANZAMIENTO ordenado en auto de fecha 20 de ABRIL DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDOS, en donde se ordenó señalar día y hora para la práctica del lanzamiento señalando las 14:00 catorce horas del día 26 veintiséis de Mayo del año 2022 dos mil veintidós, misma que se llevara a cabo en el inmueble ubicado en la calle Ocampo Sur número 126 ahora número 128, letra C, del barrio tercero de la población de Nahuazten, Michoacán" inmueble que tengo en posesión en calidad de propietario, con el inminente peligro de que se me prive de la propiedad y la posesión del mismo y se ordene la entrega y la desocupación al suscrito, respecto de dicho inmueble, sin que haya sido oído y vencido en juicio, para poder ordenar tales diligencias en mi contra, por lo que dentro del juicio de referencia, se cometieron violaciones a mi garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, Dejándoseme en completo estado de indefensión al no cumplirse con las formalidades esenciales del procedimiento, al habérseme privado de mis derechos para contestar la demanda, ofrecer pruebas, alegatos dentro del tal procedimiento, y como consecuencia de ello así mismo se reclama la ilegalidad de todas las actuaciones judiciales realizadas en ese juicio, y todos los autos, decretos y resoluciones, así como la orden de ejecutar dichos actos procesales, como lo el auto de LANZAMIENTO, de fecha ordenado en auto de fecha 20 de abril del año 2022 dos mil veintidós, cometieron violaciones a mi garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica. AL ACTUARIO ADSCRITO al Juzgado Mixto de la ciudad de Zamora, de Hidalgo, Michoacán, en su calidad de Autoridad Ejecutora le RECLAMO el acta de NOTIFICACION y emplazamiento por instructivo de fecha 03 tres de marzo del año 2021, dos mil veintiuno, el cual emplaza a juicio a los demandados los señores PEDRO MARCELO MACIAS Y DELFINA TURJA HUERTA, dejándoseme en estado de indefensión ya que es el suscrito quien estaba en posesión en calidad e propietario respecto del inmueble ya citado lo era el suscrito por lo que era al ahora quejoso a quien se debió llamar a juicio, y no a los ahora tercer interesados. Y al actuario adscrito al juzgado Primero de lo civil de primera instancia, de la ciudad de Zamora de Hidalgo, Michoacán, la notificación del auto de fecha 19 diecinueve de enero del año 2022, dos mil veintidós, el cual declara firme la sentencia definitiva dictada dentro del juicio ordinario civil registro número 30/2020, y en el cual se le concede el improrrogable termino de 3 tres días a la parte demandada ya citados para que cumplan voluntariamente con la sentencia definitiva dictada dentro del juicio antes citados." El quejoso expuso que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO EN ESTE JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. El veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se turnó la referida demanda a este órgano de control constitucional, por lo que en proveído de esa propia fecha, se radicó con el número 317/2022, se admitió a trámite, se solicitó el informe de ley, se ordenó dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede, por lo que se procede a emitir la siguiente determinación. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclama un acto con ejecución en Cherán, Michoacán de Ocampo, donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán de Ocampo: La falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio ordinario civil 30/2020, que sobre reivindicación de inmueble promovió Elvira Velázquez Flores Frente a Pedro Marcelo Macías y Delfina Turja Huerta. La orden de lanzamiento del inmueble ubicado en calle Ocampo Sur número 126, ahora número 128, letra C, del barrio Tercero de la población de Cherán, Michoacán de Ocampo. De los Actuarios adscritos al Juzgado Menor Mixto de Zamora, Michoacán de Ocampo y al Juzgado Primero de Primera Instancia Civil de Zamora, Michoacán de Ocampo. Su ejecución. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Juez Primero de Primer Instancia en materia Civil, Actuario de su adscripción y Actuario del Juzgado Menor Mixto, todos de Zamora, Michoacán de Ocampo, al rendir su informe de ley, reconocieron la existencia de los actos reclamados Además, su certeza se corrobora, con las constancias que dichas autoridades adjuntaron a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del juicio ordinario civil reivindicatorio 30/2022, las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, atendiendo a su naturaleza de documental pública. Ilustra, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo, antes de proceder al estudio de los motivos de disenso que atañen el fondo del asunto, deben analizarse las causales de improcedencia cuya materialización aleguen las partes o se aprecian actualizadas oficiosamente, ya que ello implica una cuestión de orden público, tal y como se establece en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son aplicables, las jurisprudencias, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." No obstante la existencia de los actos reclamados, en los términos que se precisan en el considerando anterior, no será sometido a análisis constitucional, en razón que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente, por tratarse de una cuestión de orden público, en términos de lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. A fin de dar claridad al problema planteado, resulta necesario hacer una narración de antecedentes del acto reclamado, los cuales de desprenden de las constancias que remitió la autoridad responsable: El diecisiete de enero de dos mi veinte, el Juez Primero de Primera Instancia en materia Civil de Zamora, Michoacán de Ocampo, admitió a trámite la demanda, que en la vía ordinaria civil, sobre reivindicación de inmueble, promovió Elvira Velázquez Flores contra Pedro Marcelo Macías y Delfina Turja Huerta, y ordenó el emplazamiento de los demandados; diligencia que se realizó el tres de marzo de dos mil veintiuno, quienes comparecieron a contestar la demanda. Concluida la secuela procesal correspondiente, el trece de diciembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva, en la que se declaró procedente la acción real reivindicatoria y se condenó a la parte demandada a la entrega del inmueble ubicado en la calle Ocampo sur número 128-C, Barrio Tercero, en Cherán, Michoacán; la cual, causó ejecutoria el diecinueve de enero de dos mil veintidós, por lo que en esa data se requirió a la demandada para que cumpliera voluntariamente con la sentencia, bajo apercibimiento de ejecución forzosa. Por autos de veintidós de febrero y veinte de abril, ambos de este año, se ordenó poner en posesión real y material a la parte actora del bien inmueble en referencia. Lo anterior constituye la materia de reclamo en esta instancia constitucional. En el caso, respecto de los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción Xll, de la Ley de Amparo, en virtud de que éstos no afectan el interés jurídico de la parte quejosa. Al respecto, conviene destacar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 5o., fracción I, de la Ley de Amparo establecen que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter el quejoso, quien aduce ser titular de un derecho; y que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el concepto de "interés jurídico" tiene un amplio abanico de pronunciamientos, por los cuales es posible entender que, detrás de él, hay referencia a la existencia de derechos objetivos que, conforme han sido reconocidos en el marco constitucional, otorgan a los individuos un interés jurídico de acuerdo a la posición particular que mantengan en relación con las normas del ordenamiento jurídico; cuestión que, atendiendo a la situación particular del quejoso, puede otorgar facultad para acudir al amparo. Además, de acuerdo con el artículo 6º, de la ley de la materia vigente, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o, en su caso, por la ley. Así, los que litigan en un juicio son partes de éste, que se les denomina actor y demandado y son aquellas a quienes desde ese momento les nace el derecho a que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, o se les absuelva de las prestaciones reclamadas, respectivamente; en otras palabras, parte es todo aquel que pide o contra el cual se pide en juicio una declaración de derecho, por tanto, son las únicas que en ese procedimiento pueden hacer uso de todo derecho que les consigne la ley, ya para demostrar su acción, ya para sus excepciones, así como de impugnar los acuerdos o resoluciones que les agravie, a través de los recursos correspondientes y, por ende, son la únicas facultadas, cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad, para acudir ante el órgano jurisdiccional federal, demandando el cese de esa violación. Lo que no acontece en el caso, porque la parte quejosa no es parte en el juicio natural, de ahí la improcedencia en estudio respecto del acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio de origen. De los antecedentes narrados previamente, se advierte que el juicio subyacente no se sigue contra el ahora quejoso, ni se le reclamó ninguna prestación, por lo que, resulta inconcuso que no que no se siguió la litis natural en su contra, tampoco le agravia todo lo actuado; de ahí que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo; pues las partes en ese juicio de origen, según quedó precisado con antelación, son la únicas facultadas, cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad, para acudir ante el órgano jurisdiccional federal demandando el cese de esa violación. Es aplicable, la tesis del tenor literal: "AMPARO IMPROCEDENTE, CUANDO EL QUEJOSO NO ES PARTE EN EL JUICIO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si de las constancias de autos se aprecia que el quejoso no fue parte en el juicio del que deriva la sentencia reclamada, es evidente que ésta no afecta su interés jurídico y, por lo mismo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo. A esto debe agregarse que de conformidad con el artículo 4°. del mismo ordenamiento legal, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo aquel a quien perjudica el acto reclamado, por lo que, en tal caso, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 4o., ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Además, de las constancias que remitió la autoridad responsable como apoyo a su informe justificado, no se advierte algún acto de ejecución, específicamente contra el aquí quejoso; en ese orden de ideas, es evidente que la actuación del juez civil responsable no depara perjuicio alguno contra el impetrante de garantías. De ahí, que al ostentarse como tercero extraño al juicio de origen, el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado; y, por ende no le causa ningún agravio personal y directo. Es aplicable, la jurisprudencia, del tenor siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo." En ese mismo sentido, se patentiza la referida causal de improcedencia respecto del diverso acto reclamado consistente en la orden de lanzamiento del inmueble ubicado en calle Ocampo Sur, número 126, del Barrio Tercero de Cherán, Michoacán de Ocampo, respecto del cual el quejoso aduce su propiedad y posesión, y ser tercero extraño al procedimiento natural. Es así, porque como se indicó, para verificar la procedencia del juicio de amparo resulta insuficiente advertir la presencia de un derecho subjetivo, ya que también es necesario constatar si existe algún derecho objetivo que otorgue interés para acudir a tal juicio; en ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que la persona extraña a juicio tiene interés jurídico para promover amparo indirecto sobre el inmueble de su propiedad , porque la afectación a su esfera jurídica se produce al existir la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad o posesión e inviolabilidad del domicilio injustificadamente. Lo anterior, cuando la persona extraña a juicio demuestra ser propietaria del inmueble o poseedora y tener su domicilio en éste. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 1/2002, sostuvo que del artículo 14 de la Constitución no se desprenden datos o elementos que sirvan para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo; esto es, si se trata de aquélla que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, además, concluyó que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común, esto es, la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas. Por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio de origen, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Por ende, para acreditar el interés jurídico es necesario que el solicitante del amparo demuestre los siguientes supuestos: La causa generadora de la posesión, contenida en un documento de fecha cierta; La detentación material del bien; y, La identidad entre el bien objeto del juicio de origen, y del que el quejoso asegura tener la posesión. Ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido el criterio jurídico consistente en que un documento privado tiene fecha cierta, a partir del día en que se incorpore o se inscriba en un registro público, o bien, desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de oficio y, finalmente, a partir de la muerte de cualesquiera de los firmantes. En el caso, el quejoso no logró demostrar la totalidad de esos requisitos, derivado de lo siguiente. De la demanda de amparo se advierte que el quejoso acude al amparo indirecto ostentándose como tercero extraño a juicio stricto sensu, ya que aduce ser poseedor y propietario del inmueble ubicado en calle Ocampo Sur, número 126, del Barrio tercero de Cherán, Michoacán de Ocampo, el que refiere, ahora se identifica con el número 128-C. Ahora, para acreditar el derecho que defiende en esta instancia constitucional adjuntó lo siguiente: Constancia de posesión emitida el quince de marzo de dos mil dieciocho, por el Consejo de Procuración, Vigilancia y Mediación de Justicia, en el que se indica que el quejoso es poseedor de un predio urbano ubicado en la calle OCAMPO SUR NÚMERO 126, DEL BARRIO TERCER DE LA COMUNIDAD DE CHERÁN, MICHOACÁN. Documental que tienen valor probatorio en términos de los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de amparo, no obstante, es ineficaz para demostrar los extremos pretendidos por el quejoso. Es así, porque de ellas no se advierte que se hubiera reconocido en favor del quejoso la propiedad del predio urbano ubicado en la calle Ocampo Sur número 128-C, del Barrio tercero de la Comunidad de Cherán, Michoacán de Ocampo; pues el documento con el pretende acreditar la causa generadora de la posesión, únicamente refiere que es poseedor del inmueble ubicado en el número CIENTO VEINTISÉIS DE LA CALLE OCAMPO, DEL BARRIO TERCERO, de dicha población; por tanto no existe identidad entre el inmueble que defiende el quejoso y el afectado en el juicio reivindicatorio de origen. Así, se advierte que el inmueble que la autoridad responsable adujó es materia de reivindicación en favor de la tercera interesada y que consta en las constancias remitidas en apoyo a su informe justificado, difiere de aquel cuya posesión ostenta el quejoso; ello sin prejuzgar sobre la idoneidad del documento exhibido para acreditar la causa generadora de la posesión, el cual, en su caso, únicamente acreditaría la posesión, pero no la propiedad del inmueble, por tanto, es insuficiente para considerar que el quejoso detente un título de dominio respecto de dicho bien; empero, ello resulta intrascendente ante la falta de identidad de ambos inmuebles. No pasa inadvertido que, en su escrito de demanda, el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el inmueble que defiende ahora se identifica con el número 128-C, de la calle Ocampo Sur, Barrio tercero de Cherán, Michoacán de Ocampo; no obstante, no existe algún medio de convicción del que se advierta la identidad con el afectado en el expediente subyacente. Por lo que para acreditar su identidad plena era necesario desahogar prueba pericial, en la que se precisara si la ubicación, las medidas y colindancias del predio defendido por el peticionario y aquel inmueble materia de entrega y desocupación en el expediente de origen son el mismo; así como si el inmueble marcado con el número 128-C, es el mismo que el 126, de la calle Ocampo Sur, del Barrio Tercero, de la población mencionada. Es así, porque con esa probanza podía identificarse plenamente el predio y su localización topográfica y demostrar que, efectivamente, el bien que defiende corresponde al que fue materia de la diligencia reclamada. En cambio, las documentales ofertadas por el quejoso, no identifican plenamente que el bien inmueble materia del expediente de ejecución penal subyacente se trate precisamente del mismo o que en él, se encuentre comprendido el que el quejoso defiende en esta instancia. De modo que, a efecto que el peticionario pudiera acreditar que el bien cuya propiedad alega se trata exactamente del que fue materia del referido expediente, era necesario que ofreciera y se desahogara la pericial para demostrar la identidad y, por ende, determinar cuál es la ubicación, superficie real y colindancias; al no haberlo hecho así, no probó que lo determinado en ese expediente le afecte el derecho subjetivo aducido. Cobra puntual aplicación, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES. Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado." Así como, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, del siguiente tenor: "IDENTIDAD DE INMUEBLES. LA PERICIAL ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA LA.- La prueba idónea para acreditar el elemento identidad de un bien inmueble, en un juicio reivindicatorio, es la pericial, en materia de Ingeniería Topográfica, a fin de que se determine si el predio controvertido se encuentra dentro de la superficie manifestada por la contraparte y así poder precisar cuál es esa área". De ahí que si el quejoso, como tercero extraño en el juicio natural, no demuestra la identidad de los predios en mención; esto es, respecto del inmueble que dice es de su propiedad y posesión con el que es materia del juicio reivindicatorio de origen, por lo que, es evidente que no puede afirmarse que dicho acto le cause perjuicio y, por ende, cabe concluir que el mismo no afecta su interés jurídico. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia número VI.3o. J/2, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: "POSESIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL BIEN RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMA LA PRIVACIÓN.- Si el quejoso como tercero extraño en el juicio natural, no demuestra la identidad del inmueble materia del juicio de usucapión de donde deriva el acto reclamado, con la del inmueble cuya posesión ostenta, es evidente que no puede afirmarse que dicho acto le cause perjuicio y, por ende, cabe concluir que el mismo no afecta su interés jurídico, razón por la que resulta literalmente aplicable la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo lo cual conduce al sobreseimiento del juicio de garantías". También, la jurisprudencia número VI. 2o. J/340, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que textualmente señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA LA DESPOSESIÓN DE UN PREDIO DEBE ACREDITARSE SU IDENTIDAD, PARA QUE SE DEMUESTRE EL.- El artículo 4 de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados en su caso, en un juicio de garantías, causen un perjuicio al quejoso; por lo que si en autos no está demostrada la identidad entre el predio a que se refiere la quejosa cuya propiedad y posesión dice ostentar con el que se va a ejecutar la orden desposesoria reclamada, surge en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, la que se refiere a la titularidad que a la quejosa corresponde en relación con los derechos o posesiones que alega les son conculcadas por la autoridad responsable". Máxime, que es al quejoso a quien correspondía la carga de probar que, efectivamente, el predio motivo de esta litis constitucional fue afectado con la determinación de la autoridad responsable, ya que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, circunstancia que en el presente asunto no sucede. Sin que sea obstáculo que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, lo haya hecho "bajo protesta de decir verdad", pues esta afirmación, por sí sola, no acredita el interés jurídico que tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés; lo que como se ha visto, no ocurre en el presente caso. Resulta aplicable, la jurisprudencia emitida por la Otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACION DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés. En las referidas condiciones, al actualizarse al causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento, respecto de los actos reclamados en este juicio. Se precisa que dado el sobreseimiento decretado en el presente juicio, este órgano de control constitucional se encuentra impedido para examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que los mismos constituyen el problema de fondo. Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades ejecutorias, por no reclamarse vicios propios en sus actuaciones, sino por vía de consecuencia respecto de los actos atribuidos a la autoridad ordenadora. Sirve de apoyo, por las razones que la informan, la jurisprudencia VI.2o. J/7 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 690, del tomo II segunda parte, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". Alegatos. Finalmente, no es el caso realizar pronunciamiento sobre los alegatos formulados por la tercera interesada, atendiendo al sentido de la presente sentencia y porque el Juez resolutor no se encuentra constreñido a hacerlo, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Tiene aplicación, la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable a página 14, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Miguel Ángel Roque Chino, contra actos de las autoridades responsables precisados en la consideración segunda, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Se apersona tercera interesada. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito de la tercera interesada ********************; en atención a su contenido, se le tiene apersonándose al presente juicio y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle ********************número ********************, colonia ******************** esta ciudad. Formula alegatos. Se le tiene por hechas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Autorizado de la parte tercera interesada. Asimismo, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, por así haberlo solicitado expresamente. Pruebas. Ofrece como pruebas las que obran en el expediente en que se actúa, relativas al juicio ordinario civil 30/2020, sobre reivindicación de inmueble del índice del Juzgado Primero de lo Civil de Zamora, Michoacán de Ocampo. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuenta. En diecisiete de agosto de dos mil veintidós, el secretario da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho, con un oficio y anexos, mismo que se registró con el folio 10947, dentro del juicio de amparo indirecto 317/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Devuelve exhorto. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio del Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, con el cual devuelve a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), sin diligenciar exhorto 149/2022 (número de orden 389/2022), de nuestro índice, a fin de emplazar a la tercera interesada Elvira Velázquez Flores, como se desprende de las constancias que adjunta, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Dese de baja la comunicación oficial que se recibe y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, sin que sea necesario acusar recibo, toda vez que el propio sistema genera el mismo. Estado de autos. Ahora bien, de las constancias que remitieron las autoridades responsables en su informe justificado, se desprende la documental consistente en copia de la credencial para votar IDEMEX1994034736, a nombre de la tercera interesada Elvira Velázquez Flores, con domicilio ubicado en calle Melchor Ocampo Sur, número 128, Barrio Tercero, de Cherán, Michoacán de Ocampo; en esas condiciones, se ordena emplazar a la referida tercera interesada en el citado domicilio. Se comisiona al actuario. En virtud de lo anterior, se comisiona al actuario respectivo, para que se constituya en el citado domicilio y proceda a emplazar a juicio a la tercera interesada Elvira Velázquez Flores, a quien deberá correr traslado con copia de la demanda de amparo, auto admisorio, auto de tres de junio del año en curso, así como del presente auto, y la requiera para que: a) Si lo estima necesario, comparezca al juicio a hacer valer sus derechos (ofrecer pruebas y formular alegatos); y, b) En el acto de la diligencia o en el plazo de tres días, computado legalmente, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que, de no hacerlo, se practicarán por lista las siguientes, inclusive las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional. Para dar margen a que se emplace a juicio a la tercera interesada Elvira Velázquez Flores, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional prevista en el presente asunto y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese; y personalmente a la tercera interesada Elvira Velázquez Flores.

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