Miguel Ángel Negrete Villagómez
Expediente 669/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 669/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 31/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Miguel Ángel Negrete Villagómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
ESTADO PROCESAL. Vista la certificación secretarial de cuenta, se desprende que fueron declarados inhábiles los días diecisiete, diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre del año en curso, por lo que se suspendieron labores en dichas datas, sin que corrieran los plazos y términos procesales 2. DIFERIMIENTO. Consecuentemente, se difiere la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, y en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. 3. SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NOTIFICACIÓN POR LISTA A TERCERO INTERESADO. Asimismo, se advierte que, el plazo de tres días, concedido al tercero interesado Alejandro Mora Torres, en auto de dos de octubre pasado, en el que se le requirió para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió en el plazo que se precisa en la certificación secretarial de cuenta; sin que lo hubiere hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y, en términos del artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena la práctica de las notificaciones que a su parte corresponde, aún las de carácter personal, por medio de lista, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la citada Ley. Notifíquese personalmente.
- Principal
En cuatro de octubre de dos mil veintitrés, el secretario da cuenta al Juez, con los oficios registrados con los folios 12561 y 12560. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Incorpórense a los autos, los oficios signados por la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo; en su atención, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngasele rindiendo informe justificado, además remitiendo copia certificada de los registros en audio y video que integran la causa penal 220/2023, esto último, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintinueve de septiembre del año en curso, con lo que se ordena dar vista a la partes, para los efectos legales conducentes. Por otro lado, se tiene a dicha responsable, adjuntando el emplazamiento realizado a la tercera interesada Leticia Barocio Amezcua, Agente del Ministerio Público; por tanto, se tiene a dicha representante social debidamente emplazada a juicio; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, téngasele a la citada tercera interesada, proporcionando el correo electrónico leticia-barocio@hotmail.com, mismo que se ordena mantener bajo resguardo, a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del Secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.
- Incidental
PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 48 en relación con el 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el caso, el quejoso reclama del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región de Uruapan, lo siguiente: "El auto de vinculación a proceso emitido en mi contra de fecha 04 de septiembre de 2023. La omisión de valorar y resolver en favor de mi defensa todos los argumentos hechos valer por mis defensores, los Lics, CRISPÍN MARTÍNEZ SALINAS y VICTOR HUGO ZACARÍAS ZEPEDA, y la no valoración de las pruebas recabadas por el Ministerio Público, que están contenidas dentro de la carpeta de investigación NUC. No. 1004-2022-37279, y que constituyen una excluyente del delito, tal y como lo haré valer dentro de los agravios que expondré a este Honorable Juzgado de Distrito. La incorrecta tipificación del delito de FRAUDE PREVISTO Y SANCIONADO POR LOS ARTÍCULOS 216 fracción IX, 217, fracción V, y los diversos 19 fracción I, 24 fracción II del Código Penal del Estado de Michoacán, en agravio de ALEJANDRO MORA TORRES. Y todas las consecuencias, y todos los actos que deriven del mismo.". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Se presumen ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región de Uruapan, Michoacán de Ocampo, toda vez que fue omisa en rendir su informe previo, no obstante de haber sido debidamente notificada para ello, el veintisiete de septiembre pasado, como se advierte de la foja 24. CUARTO. Interés suspensional. La parte incidentista acredita su interés suspensional, toda vez que al presumirse cierto el acto reclamado del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región de Uruapan, Michoacán de Ocampo, como se precisó en el considerando que antecede, le resulta el carácter de parte dentro de la causa penal 00220/2023. QUINTO. Procedencia de la suspensión definitiva. Es menester precisar que para que proceda conceder la suspensión del acto reclamado, de conformidad con el dispositivo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos 128, 131, 138 y 147, de la Ley de Amparo, se requiere tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. Que el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza sea susceptible de suspenderse; 2. Que exista la solicitud del agraviado; y 3. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; En ese orden, el primer elemento, relativo a que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, se encuentra colmado, dado que el acto de que se duele la parte incidentista puede ser suspendido al tratarse de un acto positivo. El segundo requisito se encuentra colmado, en virtud de que en el escrito de demanda, la parte quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado, y por ende, existe la petición de parte agraviada. Asimismo, se encuentra colmado el tercero de los requisitos, pues, con su concesión no se infringen disposiciones de orden público, ni se lesiona el interés social y de negarse se causarían daños y perjuicios de difícil reparación. Ahora bien, acorde a lo dispuesto en el artículo 138, de la Ley de Amparo, que impone la obligación de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, del peligro en la demora y de la no afectación al interés social, a efecto de pronunciarse sobre la suspensión de actos como el aquí reclamado, se procede a estudiar dichos extremos. Como se desprende de los requisitos exigidos por el artículo 138, de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, existe un presupuesto que debe observar el juzgador para decidir respecto del otorgamiento de la medida suspensional, el cual consiste en la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en tener un conocimiento somero para llegar a una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho a cargo de la parte quejosa. Así se debe atender al examen de la naturaleza de la violación alegada, considerando sus características y su trascendencia para determinar la aparente inconstitucionalidad del acto reclamado. El peligro en la demora no es otra cosa, sino el adoptar las medidas cautelares necesarias, a efecto de evitar que el solicitante del amparo, le sean causados daños irremediables en el bien jurídico que considera vulnerado. La correcta interpretación que debe darse al razonamiento señalado, consiste en que el juzgador debe analizar en su integridad los actos reclamados, así como todos los medios de convicción que hayan sido aportados por la parte quejosa, con objeto de determinar la aparente inconstitucionalidad del acto que se reclama y ponderar conjuntamente sobre ese tema, el peligro en la demora y la no afectación al interés social. Lo anterior, encuentra sustento en la fracción X del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que para conceder la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que lleva consigo realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que estima el promovente le asiste, con la finalidad de mantener viva la materia del asunto y evitar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, si con ello no se afecte al interés social y orden público. Asimismo, el numeral 147, segundo párrafo, del referido ordenamiento, estatuye que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el juzgador ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 128, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 163 y 166, fracción I, de la citada Ley, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA PARTE QUEJOSA, para los siguientes efectos: De conformidad con el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a la autoridad responsable, que deberá suspenderse el procedimiento penal del que deriva el auto de vinculación a proceso a que se encuentra sujeto el imputado, una vez concluida la etapa intermedia, y hasta que sea notificado de la ejecutoria de amparo que se emita en el juicio principal; de ahí que, el peticionario de amparo, queda a disposición de este Juzgado de Distrito, únicamente por lo que se refiere a su libertad personal, quedando a la vez a disposición del juez de la causa, para los efectos de la continuación del procedimiento, en los términos que se han puntualizado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 25/2023 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materias(s): Común, Constitucional, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 25, Mayo de 2023, Tomo II, página 1641, con número de registro digital 2026437, que dice: "SUSPENSIÓN DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU CONCESIÓN EN RESPETO AL DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. Hechos: Un Tribunal Colegiado y un Pleno de Circuito se pronunciaron respecto a la procedencia de la suspensión; provisional en el caso del primer órgano jurisdiccional y definitiva respecto del segundo, cuando el acto reclamado en el amparo indirecto consistía en el auto de vinculación a proceso. Y en sus respectivas resoluciones, sobre la base de las consideraciones que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 414/2011, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), el primero de ellos sostuvo que no era procedente conceder la suspensión provisional porque se trataba de un acto que no generaba en automático la privación total de la libertad personal del imputado; mientras que el segundo consideró que el auto de vinculación a proceso generaba una perturbación que, aunque indirecta, incidía en la libertad personal del imputado y, por ello, era susceptible de otorgarse la suspensión definitiva. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el auto de vinculación a proceso no genera efecto alguno sobre la libertad de la persona imputada. Sin embargo, en respeto al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo, una vez reunidos los requisitos establecidos en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, procede su suspensión, ya sea provisional y/o definitiva, en términos y para los efectos del segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la propia ley, cuando la parte quejosa solicita esa medida cautelar en el juicio de amparo indirecto que promueve contra esa determinación procesal que define su situación jurídica. Justificación: El criterio reflejado en la jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", con relación a los alcances y efectos del auto de vinculación a proceso sobre el derecho fundamental a la libertad personal de los imputados, no resulta acorde con las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, a partir del tres de abril de dos mil trece; y en consecuencia, no es aplicable a supuestos regidos por ésta. Ello, porque tanto del Código Nacional de Procedimientos Penales como de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se desprende que el auto de vinculación a proceso no tiene incidencia alguna sobre el derecho fundamental a la libertad de la persona imputada; pues del código mencionado se colige que sus efectos se limitan a establecer el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso, o bien, respecto de los que se determinarán las formas anticipadas de su terminación, la apertura al juicio o el sobreseimiento, lo que pone en evidencia que su objetivo se constriñe a definir la situación jurídica de la persona imputada y no privarla de su libertad para asegurar su presencia en el procedimiento, ya que para tales efectos se prevén otras medidas legales; y en la Ley de Amparo, a pesar de que el auto de vinculación a proceso constituye una resolución que para los efectos de la procedencia del juicio constitucional, excepciona el principio de definitividad, se le desvincula por completo de aquellos actos que afectan la libertad personal. Y precisamente porque el auto de vinculación a proceso no afecta ese derecho fundamental de los imputados de un delito, es por lo que no figura en la parte especial dedicada a la procedencia y efectos de la suspensión de actos en materia penal, que se regula en los artículos 159 a 169 de la Ley de Amparo. Sin embargo, ello no implica que dicha medida cautelar no proceda respecto de esa resolución procesal porque la Primera Sala, en la contradicción de tesis 397/2016, estableció que el hecho de que un acto de la materia penal no se encuentre contemplado dentro de los supuestos de procedencia de la suspensión del acto reclamado que precisó el legislador en la parte especial de la Ley de Amparo, no es suficiente para determinar que la medida cautelar sea improcedente porque, en principio, todo acto reclamable es susceptible de ser suspendido, como consecuencia directa del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. En ese orden de ideas, tratándose de la suspensión del auto de vinculación a proceso, se debe atender a las reglas generales que regulan los tipos de suspensión de oficio y a petición de parte, aplicables a todas las materias, previstas en la Ley de Amparo; y una vez constatado que se reúnen los requisitos establecidos en los artículos 128 y 138 de ese ordenamiento legal, procederá la medida cautelar, ya sea provisional y/o definitiva, en términos y para los efectos del segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la misma ley, es decir, para que la autoridad jurisdiccional de control suspenda el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". 5.1. Requisitos de efectividad de la medida suspensional. Esta medida cautelar surte sus efectos desde este momento, hasta en tanto se reciba notificación de la ejecutoria que se emita en el juicio principal, y sin necesidad de fijar garantía, por disposición expresa de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se concede a Miguel Ángel Negrete Villagómez, la suspensión definitiva en los términos y para los efectos puntualizados en el considerando quinto de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe". FIRMADO.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintisiete de septiembre pasado, informa que le corresponde el carácter de víctima dentro de la causa penal 220/2023, a Alejandro Mora Torres, y su asesora jurídica es Dana Yunuen Hernández Ramírez. Asimismo, se le tiene facilitando como medios de contacto de aquéllos, los números telefónicos 4521399975 y 4521203207, respectivamente; así como el correo electrónico ceesav.uru117@gmail.com; en ese sentido, se ordena mantener bajo resguardo esos datos, a fin de que sean utilizados como medios especiales y expeditos de contacto. Por tanto, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercero interesado a Alejandro Mora Torres, quien tiene como domicilio en la localidad de Patamburo, municipio de Tancítaro, Michoacán de Ocampo. Por tanto, se comisiona al actuario de la adscripción que corresponda, para que lleve a cabo el emplazamiento del tercero interesado en comento, corriéndole traslado con copia de: I. La demanda de amparo. II. Auto de veintisiete de septiembre del año en curso; y, III. Del presente proveído. Y lo requiera, además, para que: a) Si lo estima necesario, comparezcan al juicio a hacer valer sus derechos (ofrecer pruebas y formular alegatos); y, b) En el acto de la diligencia o en el plazo de tres días, computado legalmente, señalen domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, apercibidos que, de no hacerlo, se le practicarán por lista las siguientes, inclusive las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al tercero interesado. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del Secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.
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