Miguel Ángel Sánchez Talavera

Expediente 293/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
293/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
20/06/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Sánchez Talavera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    En veinte de junio de dos mil veintitrés, la Secretaria certifica: Que el término de que disponía la parte quejosa, para recurrir la sentencia que sobreseyó el presente juicio, sin que lo haya hecho, transcurrió del dos al quince de junio de dos mil veintitrés, descontando los días inhábiles, toda vez que fue notificada el treinta y uno de mayo del año en curso. Que los autos y promociones que integran el expediente han sido incorporadas al expediente electrónico y coinciden en su totalidad. Con lo anterior y con el estado que guardan los autos, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de junio de dos mil veintitrés. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO. Tomando en consideración que de la certificación secretarial que antecede, se advierte en esencia que el presente expediente físico coincide en su totalidad con el electrónico; por tanto, se ordena su ARCHIVO DEFINITIVO, motivo por el cual, se deberá entregar en su oportunidad al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del artículo 17, fracción Ill, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 20 fracción I, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Virtud a que se negó la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en la fracción III, del artículo 20 del referido acuerdo. De conformidad con el artículo 20 primer párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

  2. Principal

    treinta de mayo de dos mil veintitrésUruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de mayo de dos mil veintitrés. veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de mayo de dos mil veintitrés, el licenciado René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo ********************, sin la asistencia de las partes. La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Y, relaciona como principales constancias del expediente: La demanda; e, Informes justificados. Al respecto, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que anteceden. Posteriormente la secretaria da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, haciendo constar que: Se encuentra debidamente integrado; Que guarda estado para dictar sentencia; Que hasta el día de hoy se encuentra debidamente foliado y rubricado; y Que las constancias del expediente físico y electrónico coinciden íntegramente. El Juez Acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias, en cuanto a la certificación que antecede se ordena tomar en consideración para los efectos legales conducentes. Acto seguido, el Juez declara abierto el periodo probatorio y la secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció prueba alguna. A lo que el Juez provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la anterior constancia. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. A lo que el Juez acuerda: ténganse por hecha la anterior constancia y se declara precluido el derecho de las partes para formularlos, con lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede al dictado de la resolución correspondiente, lo que se hace a continuación. SENTENCIA VISTOS, para resolver, los autos que integran el juicio de amparo ********************, promovido por ********************, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Uruapan, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito depositado el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, turnado a este Juzgado por la Oficina de Correspondencia Común el veintiocho del mismo mes y año, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que hizo consistir en la orden de aprehensión librada en su contra. Derechos fundamentales trasgredidos. La parte quejosa expuso que los actos reclamados violan sus derechos humanos reconocidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda de amparo de que se trata fue turnada a este Juzgado Sexto de Distrito en Estado de Michoacán de Ocampo, el día veintiocho de abril de dos mil veintitrés; y, en auto de la misma data, se ordenó registrarla con el expediente ********************; y se procedió a la admisión a trámite de la acción de amparo; solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente le compete al Fiscal de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que procede, toda vez que la parte quejosa, reclama actos con posible ejecución en esta ciudad, lugar en donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo, y de las demás constancias que integran este asunto, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Región Uruapan, y del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Región Morelia: La orden de aprehensión girada en su contra. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, cuenta habida que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. La ley de la materia, según la interpretación de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables, y la última, aunque más usual, es el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su conducta. En caso que las autoridades nieguen la existencia del acto reclamado, se debe analizar la naturaleza del mismo para estar en condiciones de determinar a quién le corresponde la carga de la prueba. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Existen tres reglas en relación a la carga de la prueba dependiendo de la naturaleza del acto reclamado: 1.- Tratándose de actos positivos, esto es, los que implican un hacer por parte de la autoridad, la negativa simple libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues no es factible demostrar lo que se ha negado; 2.- Por otra parte, cuando la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí está obligado a justificarla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 82, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2; y, 3.- Finalmente, tratándose de actos negativos y aquella a quien se atribuyen los niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en posibilidad de probar la omisión. En ese orden de ideas, no son ciertos los actos reclamados en la presente instancia constitucional. La parte quejosa reclama del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Región Uruapan, y del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Región Morelia: La orden de aprehensión girada en su contra. En su escrito de demanda, expuso que tiene conocimiento de que las autoridades señaladas como responsables pretenden privarlo de su libertad personal, fuera de todo procedimiento judicial, sin la existencia de orden de aprehensión alguna, sin haber cometido ningún delito o sin que exista denuncia o querella en su contra. Asimismo, que el día miércoles veintiséis de abril del dos mil veintitrés por conducto de algunos familiares, se enteró que ese día por la mañana, aproximadamente a las catorce horas, a su domicilio particular el cual se encuentra en el inmueble marcado con el número ********************, de la calle ******************** de la colonia ******************** de esta ciudad (entre ******************** y ********************), acudieron varios elementos de la Fiscalía Regional del Estado de Michoacán, fuertemente armados, quienes le manifestaron a sus familiares que lo andaban buscando para detenerlo, ya que supuestamente traían varios mandamientos judiciales consistente en ordenes de aprehensión y que estas habían sido libradas en su contra por alguno de los Jueces de control y enjuiciamiento señalados como autoridades responsables ordenadoras, sin especificar cuáles de ellas ni por qué delito; a quienes les fue imposible cumplimentar los referidos mandamientos judiciales, ya que en ese momento el aquí quejoso no se encontraba en el inmueble antes referido. Al respecto, las autoridades responsables señaladas como ordenadoras, al rendir sus informes con justificación, negaron categóricamente los actos que de ellas reclama el quejoso. En esas condiciones, al tratarse de actos positivos, respecto de los cuales las citadas autoridades, al rendir sus informes con justificación negaron su existencia, correspondía al quejoso acreditarlo, sin que haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara esa negativa, no obstante que se dio vista con los mismos. En efecto, dentro de las constancias que obran en el presente juicio de garantías no se advierte la presencia de medio de convicción, del que se desprenda que efectivamente se haya girado orden de aprehensión en contra del impetrante de amparo, ya que no se ofreció ni desahogó medio de convicción alguno, para acreditar ese extremo. Luego, si las autoridades responsables ordenadoras, negaron el acto que se les atribuye, argumentando que no es cierto el acto reclamado por el quejoso, entonces la carga de la prueba recae sobre el solicitante de amparo, de modo que, al no hacerlo, la negativa de las autoridades no fue desvirtuada. Tiene aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo interpretada, y el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, la tesis jurisprudencial 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos reclamados que se les atribuyen, y los quejosos, no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". Y, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 748, tomo XC, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega haber ejecutado el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, pues es de explorado derecho que cuando las autoridades responsables niegan los actos reclamados, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, pues de lo contrario, debe sobreseerse en el juicio, sin estudiar otras cuestiones que únicamente podrían tratarse en el supuesto de que estuviera demostrado la existencia del acto reclamado". En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, por ser una cuestión de estudio preferente, como ya se precisó, ello impide entrar al estudio de los conceptos de violación planteados por el quejoso, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos que reclamó de los Jueces de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Regiones Uruapan y Morelia, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

  3. Incidental

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés.********************ACTA DE AUDIENCIA INCIDENTAL********************En Uruapan, Michoacán de Ocampo, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, procede a celebrar la audiencia incidental señalada para este día, asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, en el presente incidente de suspensión ********************.********************La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron por escrito estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención.********************Acto continuo, para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 144, de la Ley de Amparo, se declara abierta la presente audiencia y la secretaria da cuenta con las constancias necesarias para resolver y el Juez acuerda lo conducente:********************Posteriormente, la Secretaria da cuenta al Juez con los informes previos rendidos por las siguientes autoridades responsables:********************Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo.********************Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán de Ocampo.********************Al respecto, el Juez acuerda; con fundamento en los artículos 138 fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, téngase a las citas autoridades responsables, rindiendo su informe previo.********************Acto seguido, el Juez, declara abierto el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta que ninguna de las partes ofreció pruebas. A lo que el Juez determina: Se toma conocimiento y se cierra esta fase.********************Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que las partes no formularon alegatos en su favor; a lo que el Juez acuerda: se tiene a las partes por precluido su derecho para formular alegatos, con lo que se cierra esta etapa.********************Finalmente, se da por concluida la audiencia y el Juez procede a dictar la siguiente resolución:******************** VISTOS; y, RESULTANDO:********************PRIMERO. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN. En su demanda de amparo ********************, solicitó la suspensión del acto reclamado.********************SEGUNDO. TRÁMITE. El incidente se tramitó por su cauce legal y la audiencia de ley fue celebrada en términos del acta que antecede; ********************CONSIDERANDO:********************PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo.********************SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, el quejoso señala como acto reclamado:********************La orden de aprehensión girada en su contra.********************TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No son ciertos los actos reclamados a la autoridades responsables, en razón de que así lo informaron, cada una de ellas, al rendir su informe previo y la parte quejosa no ofreció prueba alguna para desvirtuar dicha negativa.********************Por tanto, con apoyo en el numeral 144, de la Ley de Amparo, se NIEGA a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada, por falta de materia sobre qué decretarla, por lo que corresponde al referido acto y las mencionadas autoridades.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente, la que no contraviene lo establecido en la nueva Ley de Amparo:********************"INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario."********************Por lo expuesto y fundado, se: ********************RESUELVE:********************ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva a ********************, en los términos del considerando tercero de esta resolución.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

  4. Principal

    En doce de mayo de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con un oficio y anexos, registrados bajo el folio 5983. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de mayo de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo, rindiendo su INFORME JUSTIFICADO. Con lo anterior, se ordena dar vista a las partes, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

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