Miguel Ángel Tejeda Alcantara

Expediente 127/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
127/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
12/12/2022

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Tejeda Alcantara
  • Juan Manuel Tzec Canul y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    En doce de diciembre de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con el oficio 73/2022, de nueve de diciembre de dos mil veintidós, registrado bajo el número 121, en el que relaciona las constancias electrónicas que integran el juicio de amparo ********************/2022, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco Campeche. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese la copia certificada del oficio 73/2022, de ocho de diciembre de dos mil veintidós, firmado electrónicamente por la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco Campeche, mediante el cual, remite de manera electrónica el juicio de amparo ********************/2022, de su estadística, promovido por ********************, para el auxilio del dictado de la sentencia. Al respecto, téngase a la autoridad oficiante relacionando únicamente las referidas constancias electrónicas y estese a la espera de las constancias físicas a que hace referencia en el oficio de cuenta. Acúsese recibo de estilo correspondiente. En razón de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y lo aprobado en el oficio SECNO/STCCNO/1294/2022, de dos de diciembre del año en curso, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se autorizó el auxilio en el dictado de las sentencias a este órgano jurisdiccional; se acuerda: Regístrese el expediente con el número auxiliar 127/2022, en el libro electrónico implementado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Como de los autos que integran el juicio de amparo de que se trata, se advierte que la audiencia constitucional se celebró el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós y, además, a criterio del juzgador auxiliado, cumple con el requisito establecido en el oficio SECNO/STCCNO/1294/2022, de dos de diciembre del año en curso, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a ser uno de los cincuenta expedientes con audiencia constitucional pendientes de emitir resolución, se actualiza la hipótesis para conocer del presente asunto; por tanto, en continuación de dicha audiencia, díctese la sentencia que en derecho corresponda con las constancias que integran el expediente electrónico puesto a disposición por el órgano auxiliado, con la identificación de información reservada, confidencial o datos personales, para los efectos legales a que haya lugar. CÚMPLASE. Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, con quien actúa y autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Cuenta. En siete de julio de dos mil veintidós, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, certifica: Que el plazo de diez días de que disponían la parte quejosa y tercera interesada, para recurrir la sentencia dictada en autos, transcurrió del veintitrés de junio al seis de julio de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, sin que lo hubieren hecho, toda vez que fueron notificados por lista el veintiuno de junio; con ello doy cuenta al Juez, así como con el estado procesal, dentro del juicio de amparo 127/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de julio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Ejecutoria. Visto que no fue impugnada en legal término la sentencia que negó a la parte quejosa la protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Devolución de documentales. Devuélvanse el tomo de pruebas que se formó con las constancias que adjuntó a su informe la autoridad responsable Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad. Orden de archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto que coteje todas las constancias físicas y del expediente electrónico, que sean coincidentes entre sí, certificando tal circunstancia. Hecho lo anterior, deberá remitirse al área correspondiente para anotaciones y resguardo. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Incidente de suspensión. Virtud a que se concedió la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo. Con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio así como el cuaderno original del incidente, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, de referido acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Constancia. Toda vez que no se glosará a este expediente el original del cuaderno incidental, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éste, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuenta. En veinticuatro de junio de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con un escrito mismo que se registró con el folio 8725, dentro del juicio de amparo indirecto número 127/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Se recibe escrito. Agréguese a los autos el escrito del quejoso Miguel Ángel Tejeda Alcántara, mediante el cual manifiesta que es su deseo renunciar a los términos para interponer algún recurso en contra de la sentencia dictada en autos. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otra parte, respecto a que se remita copia a la autoridad responsable, para que se continúe con la secuela procesal; dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad a lo que solicita, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes hagan valer el recurso de que disponen conforme al citado artículo, por lo que las constancias del referido juicio mercantil aún deberán obrar en autos, y una vez fenecido el plazo se proveerá conforme corresponda a derecho. Notifíquese, y personalmente al quejoso.

  4. Principal

    En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las once horas con treinta y siete minutos del veinte de junio de dos mil veintidós, José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido de la secretaria Nubia Miranda Ramírez, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 127/2022, en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención.Y, relaciona como principales constancias del expediente: La demanda; Informes justificados; y, Emplazamiento a la parte tercera interesada. Acto seguido, el Juez declara abierto el periodo probatorio y la secretaria da cuenta al Juez con la prueba documental ofertada por la parte quejosa en su escrito de demanda; así como con las documentales exhibidas por la autoridad responsable. A lo que el juez provee: Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. A lo anterior el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se procede al dictar la siguiente: SENTENCIA Visto, para resolver, los autos que integran el juicio de amparo 127/2022, promovido por Miguel Ángel Tejeda Alcántara, contra actos del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, Miguel Ángel Tejeda Alcántara, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que a continuación se describen: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- C. JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. IV.- ACTOS RECLAMADOS: A).- Del C. JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACAN, se reclama: La Resolución dictada dentro de la audiencia de FECHA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 24/2021, en el juicio EJECUTIVO MERCANTIL ORAL promovido por MIGUEL ÁNGEL TEJEDA ALCANTARA en contra de GUSTAVO ARMANDO MIRANDA VILLANUEVA, POR MEDIO DE LA CUAL DECRETO QUE LA NOTIFICACIÓN REALIZADA AL HOY DEMANDADO ERA NULA, Y EN CONSECUENCIA TODO LO ACTUADO, INCLUSO DEJO SIN EFECTOS EL EMBARGO TRABADO EN AUTOS." El promovente expuso que se violaron sus derechos humanos reconocidos en el artículo 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y expresó los conceptos de violación que estimaron pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. El veintiocho de febrero de dos mil veintidós, virtud de la incompetencia legal declinada por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, se turnó la demanda de que se trata a este órgano de control constitucional, y en proveído de esa data se registró con número de expediente 127/2022; y, se previno al promovente para que manifestara la fecha del acto reclamado. El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, previo cumplimiento al requerimiento anterior, se admitió a trámite; se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención que compete al Fiscal de su adscripción; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado; y, señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción 1, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama actos con ejecución en esta ciudad, lugar en el cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad: La resolución de veintiséis de enero de dos mil veintidós, dictada en el juicio ejecutivo oral mercantil 24/2021, promovido por Miguel Ángel Tejeda Alcántara contra Gustavo Armando Miranda Villanueva, por medio del cual se determinó que el emplazamiento del demandado era nulo, y en consecuencia, todo lo actuado, incluso, el embargo trabado en autos. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamado al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad; lo anterior, porque así lo reconoció al rendir su informe justificado. Es ilustrativa, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 391, del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 211004, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo que se corrobora con diversas constancias que exhibió relativas al juicio mercantil ejecutivo oral 24/2021, así como el disco versátil digital de la audiencia que contiene el acto reclamado, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Es así, porque la información contenida en el disco versátil digital tiene la naturaleza de prueba documental, cuyo contenido fue debida e íntegramente analizado, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Del estudio oficioso de las causas de improcedencia, que exige el artículo 62 de la Ley de Amparo, en el presente asunto no se advierte actualizada ninguna de ellas, ni tampoco fueron hechas valer por las partes. Tiene sustento, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Virtud a lo anterior, procede analizar los conceptos de violación expuestos. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, los que se dan aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, en la medida de que ningún dispositivo legal establece como requisito formal de la sentencia la trascripción de los mismos; a lo que debe agregarse que la obligación respectiva atañe al estudio de éstos, incluso en su conjunto, según lo establece el artículo 79 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y/O INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. El quejoso refiere, esencialmente, que la resolución reclamada vulnera sus derechos fundamentales, porque el Juez responsable no se encontraba facultado para revocar sus propias determinaciones, y al decretar la nulidad del emplazamiento, debió subsistir el embargo, debido que dicha actuación se realizó previamente al emplazamiento, por lo que no podía afectarla de nulidad; el cual además se encontraba firme. Lo anterior es infundado. Para una mejor comprensión del asunto, es relevante resaltar los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las constancias del juicio de origen: El seis de agosto de dos mil veintiuno, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, admitió a trámite la demanda, que en la vía ejecutiva oral mercantil, presentó Miguel Ángel Tejeda Alcántara, contra Gustavo Armando Miranda Villanueva; a quien reclamó el pago de pesos y otras prestaciones, el cual se registró bajo el número 24/2021; en el propio auto, ordenó girar despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Jiquilpan, Michoacán, a efecto que requiera de pago al demandado, y, en caso no hacerlo, le embargara bienes de su propiedad, asimismo, lo emplazara al juicio de origen. El quince de octubre de dos mil veintiuno, se realizó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, la cual se desahogó por conducto del ministro ejecutor adscrito al Juzgado Menor Mixto de Jiquilpan, Michoacán, en la cual, previo requerimiento de pago, se tuvo señalado para su embargo el bien inmueble consistente en finca urbana con casa habitación ubicada en la calle Morelos Oriente número ciento treinta y cinco, y se dejaron a salvo los derechos del actor para hacerlos valer ante el juez de origen, por no haber exhibido el original del certificado de gravamen; finalmente se realizó el emplazamiento ordenado. El uno de diciembre de dos mil veintiuno, el Juez de Distrito responsable, ordenó girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad de Zamora, Michoacán, a fin de que inscribiera el embargo trabado el quince de octubre de dos mil veintiuno. El siete de diciembre de dos mil veintiuno, se señaló fecha para la celebración de la audiencia preliminar, la cual se desahogó el veinte de enero de dos mil veintidós, en la que, en la etapa de depuración del procedimiento, el Juez responsable determinó que ante la incomparecencia del demandado a la referida audiencia, procedía el estudio del emplazamiento, conforme al artículo 1390 bis 16, del Código de Comercio; hecho lo cual, resolvió que la parte demandada no había sido legalmente emplazada, por no cumplirse las formalidades que exige el artículo 1390 bis 15 y la jurisprudencia 1ª.J39/2022, por lo que declaró la nulidad de la totalidad de la diligencia de requerimiento de pago, embargo de bienes y emplazamiento. Lo que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. En relación con el juicio oral ejecutivo mercantil, el Código de Comercio dispone lo siguiente: "Art. 1,390 Ter 4. La demanda deberá presentarse en los términos señalados en el artículo 1390 Bis 11. Art. 1,390 Ter 5. Presentada por el actor su demanda, se dictará auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se proceda al embargo de acuerdo a las reglas previstas en los artículos 1392, 1393, 1394, 1395 y 1396. Art. 1,390 Ter 6. Dentro de los ocho días siguientes al requerimiento de pago, al embargo, en su caso, y al emplazamiento, el demandado deberá contestar la demanda, refiriéndose concretamente a cada hecho, oponiendo las excepciones que se prevén en los artículos 1397, 1398 y 1403; y conforme a las reglas previstas en los artículos 1390 Bis 16, 1390 Bis 20, 1399 y 1400, salvo lo relativo a la reconvención que es incompatible con este juicio." Ahora bien, el artículo 1390 bis 16 dispone lo siguiente: "Art. 1,390 Bis 16. Transcurrido el plazo fijado para contestar la demanda y, en su caso, la reconvención, sin que lo hubiere hecho y sin que medie petición de parte, se procederá en los términos del artículo 1390 Bis 20. El juez examinará, escrupulosamente y bajo su más estricta responsabilidad, si el emplazamiento fue practicado al demandado en forma legal. Si el juez encontrara que el emplazamiento no se hizo conforme a la ley, mandará reponerlo." Asimismo la referida legislación, por lo que ve a la diligencia de exequendo, remite a las disposiciones contenidas en los artículos 1392 al 1396 de literalidad siguiente: "Art. 1,392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste. En todo momento, el actor tendrá acceso a los bienes embargados, a efecto de verificar que no hayan sido dispuestos, sustraídos, su estado y la suficiencia de la garantía, para lo cual, podrá además solicitar la práctica de avalúos. De ser el caso, el actor podrá solicitar la ampliación de embargo, salvo que la depreciación del bien haya sido por causas imputables al mismo o a la persona nombrada para la custodia del bien. Art. 1,393. No encontrándose el demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin girar oficios para la localización del domicilio. Art. 1,394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado. La copia o constancia que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso de haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma se presente al Registro Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los avisos de los notarios en los términos de la parte final del artículo 3016 del Código Civil, y el juez, dentro de un término máximo de cinco días, deberá poner a disposición del interesado el oficio respectivo junto con copia certificada de la diligencia de embargo para su inscripción. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores. Art. 1,395. En el embargo de bienes se seguirá este orden: I. Las mercancías; II. Los créditos de fácil y pronto cobro, a satisfacción del actor; III. Los demás muebles del demandado; IV. Los inmuebles; V. Las demás acciones y derechos que tenga el demandado. Cualquiera dificultad suscitada en el orden que deba seguirse, no impedirá el embargo. El ejecutor la allanará, prefiriendo lo que prudentemente crea más realizable, a reserva de lo que determine el juez. Tratándose de embargo de inmuebles, a petición de la parte actora, el juez requerirá que la demandada exhiba el o los contratos celebrados con anterioridad que impliquen la transmisión del uso o de la posesión de los mismos a terceros. Sólo se aceptarán contratos que cumplan con todos los requisitos legales y administrativos aplicables. Tratándose de embargo de bienes muebles, el mismo deberá realizarse en la Sección Única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio. Una vez trabado el embargo, el ejecutado no puede alterar en forma alguna el bien embargado, ni celebrar contratos que impliquen el uso del mismo, sin previa autorización del juez, quien al decidir deberá recabar la opinión del ejecutante. Registrado que sea el embargo, toda transmisión de derechos respecto de los bienes sobre los que se haya trabado no altera de manera alguna la situación jurídica de los mismos en relación con el derecho que, en su caso, corresponda al embargante de obtener el pago de su crédito con el producto del remate de esos bienes, derecho que se surtirá en contra de tercero con la misma amplitud y en los mismos términos que se surtiría en contra del embargado, si no hubiese operado la transmisión. Cometerá el delito de desobediencia el ejecutado que transmita el uso del bien embargado sin previa autorización judicial. Art. 1,396. Hecho el embargo, acto continuo se notificará al demandado, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del término de ocho días, el que se computará en términos del artículo 1075 de este Código, comparezca la parte demandada ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad reclamada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello." Del contenido de los preceptos recién transcritos se desprende que el juez se encuentra obligado legalmente a revisar que el emplazamiento ordenado en autos reúna los requisitos necesarios para su validez, pues en caso contrario, debe ordenar su reposición. Asimismo, que el mandamiento de ejecución recaído al escrito de demanda inicial, consta de tres actos distintos que deben realizarse en la misma diligencia sin solución de continuidad, los que se encuentran sujetos para su validez y eficacia, a las formalidades y requisitos exigidos en aquéllos, o sea, requerimiento, embargo y emplazamiento. Empero, no puede desconocerse que esos actos jurídicos distintos de que consta aquel mandamiento, se encuentran estrechamente vinculados entre sí, de modo tal que impide legalmente hablarse de un embargo sin requerimiento y de un secuestro sin emplazamiento, este último de orden público y trascendental importancia, conforme al criterio sustentado por la anterior Tercera Sala de este alto tribunal en la tesis jurisprudencial que dice: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no, y si en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia." Cabe destacar, que la inobservancia de las formalidades y requisitos a que se encuentra sujeto el emplazamiento, produce su nulidad total, no parcial, atenta la causa que motivó su anulación, de manera que pueda considerarse eficaz sólo en parte. Ahora, es innegable que la nulidad del emplazamiento por haberse efectuado sin sujeción a los requisitos a que se hizo referencia, vicia el procedimiento y transgrede, en perjuicio del deudor demandado, los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que acarrea, por regla general, la anulación de las actuaciones posteriores. No obstante, dicha nulidad también trasciende al requerimiento y embargo, sin que pueda considerarse que por haberse practicado en la misma diligencia, pero con anterioridad, no se encuentren afectados de nulidad. En efecto, el requerimiento y embargo no pueden concebirse jurídicamente en forma independiente y ajena a su notificación pese a ser actos distintos, notificación que constituye un requisito indispensable para su validez. Lo anterior es así porque obviamente la diligencia debe de entenderse con el deudor demandado, a quien el ejecutor está en obligación de hacerle saber el porqué de su proceder, como se desprende no sólo de los preceptos transcritos sino del sentido común, notificación que no es otra cosa que el emplazamiento a que aluden los mismos. En otras palabras, el requerimiento y embargo requieren para su legal existencia de su notificación; la que se traduce en el emplazamiento a que se refieren los preceptos en cita, lógico es concluir que la nulidad de este último, independientemente de la causa que lo motivó, trasciende a aquéllos, atentas las consideraciones vertidas, lo que no puede soslayarse por el hecho de que el requerimiento y embargo no formen parte del emplazamiento, pues este último, se repite, constituye una exigencia ineludible para su legal existencia, lo que los vincula estrechamente. De estimarse lo contrario se llegaría al absurdo de considerar correctos ese requerimiento y embargo, pese a que la diligencia, no se hubiera llevado conforme a las formalidades exigidas. Lo anterior no significa que los multicitados requerimiento y embargo no puedan adolecer de vicios propios distintos al que se analiza, los que motivarían su anulación, sin que ésta trascienda al emplazamiento practicado. Cobra puntual aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 28/96, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 207, Tomo IV, Octubre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES, NULIDAD DEL, COMPRENDE AL REQUERIMIENTO Y EMBARGO PRACTICADOS. Conforme a lo dispuesto en los artículos 1392, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio, 111 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria, el requerimiento de pago y embargo hechos al deudor demandado, necesariamente requieren para su legal existencia de su notificación en la forma establecida en la ley, notificación que no es otra cosa que el emplazamiento a que aluden los preceptos en cita, al cual aquéllos, pese a ser actos jurídicos distintos, se encuentran estrechamente vinculados; luego la nulidad de este último, que entraña la inobservancia del requisito a que se encuentran sujetos los aludidos requerimiento y embargo, lógicamente trasciende a los mismos, sin que sea óbice para ello el hecho de que cronológicamente se hubieran practicado con anterioridad y en forma sucesiva en la misma diligencia, al indicado emplazamiento." En el caso, se estima que la actuación de la autoridad responsable, contrario a lo que aduce el quejoso en su concepto de violación, el embargo trabado en el expediente de origen, no podía subsistir a pesar de la nulidad del emplazamiento, pues como se vio, las actuaciones que conformar la diligencia de exequendo se encuentran íntimamente vinculadas, y no podrían concebirse la subsistencia del requerimiento de pago o del embargo si se determinó que el emplazamiento no se ajustó a la legalidad. Es así, pues el Juez natural, en la audiencia preliminar de veinte de enero de dos mil veintidós, al analizar el emplazamiento a la parte demandada, virtud a su incomparecencia a contestar la demanda y a la referida audiencia, estimó que éste no cumplió con los requisitos legales establecidos, en virtud que el actuario que lo practicó no describió cuáles fueron las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que se corrió traslado, en exacta aplicación de la jurisprudencia 1ª. J39/2020 de rubro "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO"; lo cual no fue controvertido por el ahora quejoso, quien únicamente se duele de la circunstancia que con tal declaratoria de nulidad del emplazamiento, se hubiera afectado el embargo, que a su parecer, por haberse realizado previamente, no debió nulificarse. No obstante, como lo determinó Primera Sala del máximo tribunal del país, la nulidad del emplazamiento comprende forzosamente el del requerimiento de pago y embargo, por estar estrechamente vinculados dada la naturaleza de la diligencia en cuestión. Por lo anterior, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo conducente es NEGAR el amparo y protección de la Justicia Federal. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Miguel Ángel Tejeda Alcántara, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando último de esta sentencia. Notifíquese.

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