Miguel Angel Rivera Breton
Expediente 31/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 31/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 05/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Miguel Angel Rivera Breton
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos tres años. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente. Notifíquese por lista a la parte promovente.
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San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS. Mediante Circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, de treinta de enero y seis de febrero de dos mil veintiuno, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que en sesión celebrada de manera extraordinaria en esas fechas, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto para acuerdo denominado Propuesta de medidas que deben adoptarse del uno al nueve y del diez al quince, todos del mes de febrero de la presente anualidad, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", en el que, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se establecieron, entre otras medidas, el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 -en lo subsecuente AG 13/2020-. Tales medidas implican que se daría trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad; asimismo, que se recibirán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencia, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones. De manera que para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales. Las medidas adoptadas en la citada sesión extraordinaria, tendrían vigencia del uno al nueve y del diez al quince, todos del mes de febrero de la presente anualidad. En atención a ello, en el presente asunto se suspendieron los plazos y términos a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno, por la contingencia provocada por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-COV2 y permanecieron suspendidos hasta el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, ante la imposibilidad de proseguir su tramitación a través de medios electrónicos o a través del esquema de juicio "en línea". Ahora bien, mediante Circular SECNO/10/2021, dirigida al público en general, al personal jurisdiccional y de las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, a las y los titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, signada electrónicamente por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se dio a conocer que en sesión de ocho de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; y, en cumplimiento a lo instruido en la fracción II de dicha Circular, en relación a los Circuitos Judiciales no incluidos en la fracción I, se determinó: 1. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 37/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. En ese sentido, como el periodo de suspensión decretado ha fenecido, hágase saber a las partes que a partir de esta fecha queda levantada la suspensión de los plazos y términos procesales decretada el uno de febrero de dos mil veintiuno, en el entendido de que el levantamiento de la suspensión implica la reanudación de los plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Reitérese a las partes que el levantamiento de la suspensión operará hasta que se notifique a las partes emplazadas el presente acuerdo, por lo que el cómputo de los plazos concedidos a cada una de ellas se reanudará a partir del punto en que quedó pausado y de que surta efectos la notificación de esta determinación. OTRAS PROVIDENCIAS. Comuníquese a la parte quejosa que cuenta con dos días para desahogar la prevención formulada mediante auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, a partir de la notificación de este auto. En la inteligencia que de no desahogar la prevención en los términos indicados, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente sumario constitucional. Finalmente, de autos se advierte que se reservó la notificación a la parte quejosa de los autos dictados el ocho y diez de febrero de la presente anualidad, por lo que, se comisiona al actuario de la adscripción para que notifique personalmente los citados proveídos dictados en el presente sumario constitucional. Notifíquese personalmente a la parte promovente el presente auto y los diversos de ocho y diez de febrero de dos mil veintiuno...
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San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio de demanda signado por el quejoso Miguel Ángel Rivera Breton y, visto su contenido, téngasele dando cumplimiento a la prevención formulada en auto de dieciocho de enero del año en curso, pues al efecto: Precisa cual es el acto que reclama de las autoridades que señalo como responsables 1. Aarón Hernández Chino, Juez de Control de la Región Judicial Centro de la ciudad de Puebla y 3. Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Centro De lo anterior toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya lugar a tener como diverso acto reclamado en esta instancia constitucional los consistentes en las órdenes de localización, aprehensión, captura y presentación dictadas en su contra, de las cuales tuvo conocimiento el tres de febrero de dos mil veintiuno, fecha posterior a la presentación de la demanda que se tramita. Ello es así, pues en el citado auto de dieciocho de enero del año en curso, se le previno para que precisara el tópico citado con anterioridad, sin que ello significara que cambiara o modificara su demanda, ni que la ampliara. Por otro lado, del escrito de cuenta y de la demanda de amparo interpuesta, se advierte que los actos que se reclaman por esta vía son: De 1. Aarón Hernández Chino, Juez de Control de la Región Judicial Centro de Puebla: La cita para que comparezca a la audiencia de formulación de imputación Del 2. Juez de Control de la Región Judicial Centro de Puebla: La omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de control judicial previo que solicitó el seis de enero de dos mil veintiuno. De 3. Erika Yazmin Guerrero Carrasco, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Culposos: La omisión de acordar su solicitud de no ejercicio de la acción penal, dentro de la carpeta de investigación 9495/2017/ZC. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. 1. Ahora bien, respecto al acto que reclama el quejoso de 1. Aarón Hernández Chino, Juez de Control de la Región Judicial Centro de Puebla, consistente en la cita para que comparezca a la audiencia de formulación de imputación, el suscrito juzgador estima que en el presente asunto se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". En ese sentido, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determinen la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan (.)" El numeral 107, de la Carta Magna precisa la procedencia del amparo contra actos de un tribunal judicial, y previene, en su fracción III, los casos en que son competentes para conocer de ellos, los Jueces de Distrito en vía de amparo indirecto, cuyos casos se reiteran en lo conducente en el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, tratándose de actos realizados fuera de juicio o después de concluido; esto es, de una interpretación sistemática de ambos preceptos, se colige que el juicio de amparo indirecto, es procedente contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, siempre y cuando su ejecución sea de imposible reparación. Ahora bien, de conformidad con el artículo 211, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales "el proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme."; consideración que se reproduce en el artículo 170, fracción I, párrafo final, de la Ley de Amparo, en relación a que "en materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control." En ese contexto, en el caso particular, si el reclamo consiste en la cita para que comparezca a la audiencia de formulación de imputación, dicha citación se trata de un acto fuera de juicio o procedimiento penal, emitido justo antes de que inicie. Por otra parte, si bien ha quedado claro que el acto que se analiza, fue dictado fuera de juicio, lo cierto es que su ejecución no es de imposible reparación, al no afectar por sí mismo la libertad personal del investigado. En relación con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del agente del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior, el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse la comparecencia forzosa del investigado, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Bajo esa tesitura, contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial, es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), publicada el siete de diciembre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)].- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo". Bajo esa perspectiva, resulta indudable que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia del juicio de amparo contenida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la ley de la materia, respecto al acto reclamado consistente en la cita para que comparezca a la audiencia de formulación de imputación, por lo que se desecha la demanda de amparo respecto al citado acto reclamado, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la misma ley. 2. Respecto al diverso acto que reclama del 2. Juez de Control de la Región Judicial Centro de Puebla, consistente en la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de control judicial previo que solicitó el seis de enero de dos mil veintiuno; se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en la especie), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Ahora bien, la parte promovente acude ante este órgano jurisdiccional a reclamar la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de control judicial previo que solicitó el seis de enero de dos mil veintiuno, sin que a la fecha se les haya notificado el acuerdo correspondiente. Así, es evidente que tal acto es susceptible de ser impugnado a través del recurso de queja, conforme a lo estipulado en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido." De modo que, la parte quejosa previamente a acudir al juicio de amparo se encuentra obligada a agotar el medio ordinario de defensa de mérito, en virtud de que a través de dicho medio se puede subsanar la omisión que por esta vía constitucional pretende combatir, sin perjuicio de las otras consecuencias legales que ésta tenga. Máxime que, la queja prevista en el citado numeral, procede precisamente en contra del Juez de Control por no realizar un acto procesal que, en el caso, se traduce en la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de control judicial previo que solicitó el seis de enero de dos mil veintiuno; y, conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo, la resolución que en su caso se realice, se limitará a los actos omitidos por la responsable, de ahí que dicho recurso es idóneo para impugnar tales omisiones. Además, del contenido íntegro de su escrito de demanda se aprecia que la parte quejosa reclama propiamente la omisión indicada y no la violación en su perjuicio del derecho de petición que consagra el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, omisión que es recurrible mediante el recurso de queja, con el cual se procura evitar que un proceso quede inmóvil. En mérito de lo expuesto, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, y por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de derechos fundamentales respecto del acto reclamado de 2. Juez de Control de la Región Judicial Centro de Puebla, consistente en la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de control judicial previo que solicitó el seis de enero de dos mil veintiuno. 3. Finalmente, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de acordar la solicitud del quejoso -en su carácter de imputado- de determinar el no ejercicio de la acción penal, dentro de la carpeta de investigación 9495/2017/ZC, que reclama de 3. Erika Yazmin Guerrero Carrasco, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Culposos. Debe concluirse que la acción intentada mediante la demanda de amparo que se analiza, deviene improcedente, pues en la especie también se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" De tal disposición se colige que, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Pues, de la interpretación sistemática de artículos 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución, y 109 y 258 del Código Nacional, concluyó que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el último numeral citado. Por lo tanto, -indicó- previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. En efecto, precisó que el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido pueda impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquéllas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. El Máximo Tribunal del país estableció que la víctima u ofendido del delito tiene el derecho de impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; sin embargo, en la ejecutoria de mérito no se abordó el tema de si el imputado también tenía ese derecho. En ese orden de ideas, el Ministerio Público, como agente investigador, debe realizar una investigación objetiva y actuar con la debida diligencia, garantizando el respeto a los derechos de las partes y el debido proceso; y, al concluir la investigación, puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio, la absolución o una condena menor que aquella que pida la acusación. Por su parte, durante la investigación, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido, pueden solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. En ese orden, el agente investigador deberá resolver al respecto dentro de los tres días y disponer que se lleven a cabo las diligencias conducentes; puede solicitar la comparecencia del imputado a declarar sobre los hechos que se investigan; asimismo, debe notificar a la víctima u ofendido, las resoluciones en que se determine la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, para que, en su caso, la víctima u ofendido impugne dicha resolución ante el juez de control; como así lo disponen los artículos 129, 216 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En tales condiciones, este juzgado considera que el imputado también tiene derecho de impugnar, en sede judicial ordinaria, todas las omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora por conducto del medio de defensa previsto en el aludido precepto 258 y, por ende, debe acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reconocen los derechos de los imputados dentro del proceso penal acusatorio. De entre dichos derechos, se destaca la posibilidad de que se les reciban los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezcan, para lo cual se le concederá el tiempo necesario para tal efecto. En relación con lo anterior, el artículo 216 del Código Nacional establece que durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. En el entendido de que el Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquéllos que sean conducentes en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición. Ahora bien, el medio de defensa que prevé el artículo 258 del Código Nacional resulta un medio idóneo para impugnar, ante sede judicial, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, tanto en la fase de investigación inicial como en la fase de investigación complementaria. En ese orden de ideas, si bien dicho precepto legal únicamente contempla, en su redacción literal, al ofendido o víctima del delito como sujeto legitimado para intentar el citado medio de defensa, no significa que el imputado no pueda hacerlo, toda vez que ambas partes tienen la misma prerrogativa de solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, por lo que es inconcuso que si existe una omisión o dilación por parte de la representación social en pronunciarse sobre una solicitud en ese sentido, éstas tienen el derecho de acudir ante el juez de control para dirimir esa circunstancia. Ciertamente, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. De modo que no sería acorde con la Constitución ni con el Código Nacional que únicamente la víctima u ofendido tuviera la oportunidad de acudir ante el juez de control para que se subsanaran las irregularidades que -estime- se cometieron o se están cometiendo en la etapa de investigación. Se dice lo anterior, en observancia a las consideraciones que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación plasmó en la contradicción de tesis que se analizó en el presente fallo, en el sentido de que si se acude directamente al juicio de amparo antes de agotar el multicitado medio de defensa, ello generaría mayor retraso en el desarrollo del procedimiento penal, porque: 1) Las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación pueden actualizarse tanto en la fase inicial como en la complementaria. Por ello, las posibles consecuencias con la promoción del juicio de amparo en una u otra fase, son distintas. 2) La promoción del juicio de amparo indirecto contra las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, supone que su trámite y posterior resolución puede encontrar mayor demora que si la cuestión destacada se resuelve en sede judicial ordinaria, ante la posibilidad de que se actualicen las siguientes problemáticas: a) Que durante la etapa de investigación inicial, atendiendo a la punibilidad del delito que se investiga, prescriba el ejercicio de la acción penal; o, b) Que se cumpla el plazo de investigación complementaria fijado por el juez de control y se cierre la fase respectiva, en cuyo caso la víctima u ofendido ya no tendrían oportunidad de alegar posibles omisiones del Ministerio en la investigación del delito, pues concluida una etapa procesal, los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa siguiente. En otras palabras, no tendría sentido que, por una parte, se estableciera que el ofendido o víctima del delito tenga la obligación de agotar el citado recurso para evitar que sucedan esas incidencias en detrimento al natural desarrollo del procedimiento penal y, por otra, se sostuviera que el imputado no tenga esa carga, pues de ser así, el juicio de amparo, en vez de resultar un medio eficaz para reparar violaciones a derechos humanos, supondría un trámite que afectaría la naturaleza del nuevo sistema penal acusatorio y su naturaleza de recurso extraordinario. Aunado a lo anterior, el principio de igualdad procesal que rige al sistema acusatorio, contenido en el artículo 20, apartado A, fracción V, Constitucional y en los numerales 10 y 11 del Código Nacional, conlleva a que las partes gozarán de igualdad procesal para sostener tanto la acusación como la defensa, por lo que podrán aportar todo elemento de prueba con que cuenten e interponer los medios de impugnación que legalmente procedan. Por tanto, analizándolo desde otra perspectiva, el hecho de que el artículo 258 del Código Nacional no contemple expresamente al imputado, no le otorga una prerrogativa adicional para acceder optativamente al juicio de amparo, pues ello transgrediría el principio de igualdad apuntado en perjuicio de la víctima, quien sí debe agotarlo, constituyendo una carga adicional para dicha parte. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que los asuntos derivados del sistema penal acusatorio deben ser resueltos de forma expedita y en breve término, en aras de recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, ello en consonancia con los principios que rigen dicho sistema y la preocupación de la judicatura de hacerlos compatibles con el juicio de amparo. Por lo tanto, al no haberse agotado el medio de impugnación ordinario, contra la omisión reclamada, en la especie se actualiza de manera manifiesta y notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo; lo que conlleva a desechar la demanda de derechos fundamentales respecto del acto consistente en la omisión de acordar la solicitud del quejoso -en su carácter de imputado- de determinar el no ejercicio de la acción penal, dentro de la carpeta de investigación 9495/2017/ZC, lo anterior en términos de lo dispuesto por el numeral 113 de la mencionada Ley. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y la tesis aislada I.6o.P.123 P (10a.) del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." "ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA OMISIÓN O NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PROVEER SOBRE LAS PETICIONES DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que durante la etapa de investigación de un delito, tanto el imputado, cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, como la víctima u ofendido del delito, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; de ahí que si la autoridad ministerial es omisa o se niega a proveer sobre las peticiones del imputado o su defensor, dicho acto no es privativo de la libertad, sino de molestia, por ello éstos tienen derecho a inconformarse ante la autoridad judicial, en términos del artículo 258 del propio código, que establece que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, entre otras, pueden impugnarse ante el Juez de Control; por tanto, al no esar en presencia de las excepciones previstas en los incisos a), b) o c), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es imperativo para el imputado agotar la vía jurisdiccional ordinaria, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
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CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LOS AUTOS DE 8, 10 Y 18 DE FEBRERO DE 2021 QUE DICEN: San Andrés Cholula, Puebla, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el escrito promovido por Miguel Ángel Rivera Breton y signado electrónicamente por Esmeralda Olmos Rodríguez -autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo-, fue recibido el cinco de febrero de dos mil veintiuno, ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y que el mismo cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es decir, dicha promoción, se presentó en la vigencia del Acuerdo General 13/2020 -ampliada mediante circular SECNO/8/2021, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, emitida el treinta de enero de dos mil veintiuno-. Asimismo, debe decirse que la evidencia criptográfica acredita que Esmeralda Olmos Rodríguez es titular de la firma electrónica que la autoriza para enviar promociones de conformidad con el artículo 3, quinto párrafo de la Ley de Amparo; asimismo, se desprende que dicha signatura electrónica se encuentra vigente; en mérito de lo anterior, con fundamento en los citados preceptos se provee: Ténganse por recibido el escrito promovido por Miguel Ángel Rivera Breton y signado electrónicamente por Esmeralda Olmos Rodríguez -autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo-, por medio del cual, pretende desahogar el auto preventivo de dieciocho de enero de dos mil veintiuno. En atención a lo anterior, toda vez que el escrito con el que se dio cuenta, fue promovido en su totalidad por el quejoso Miguel Ángel Rivera Breton; y que, la evidencia criptográfica que se anexó al mismo, no es concordante respecto a quien promueve, toda vez que la misma pertenece a Esmeralda Olmos Rodríguez, lo procedente es desechar el citado ocurso de cuenta. Al respecto, el artículo 3 de la ley de la materia dispone que las promociones en el juicio de amparo podrán ser promovidas mediante la modalidad de juicio en línea, haciendo uso de las tecnologías de la información, mediante la firma electrónica regulada por el Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, que al presentarlas en esta vía, deberá ingresarse el documento que contenga la promoción respectiva, acompañado, de la firma electrónica, que es el documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del firmante con una llave pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico. Por su parte, el artículo 2 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo -publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte- establece que la firma electrónica es el documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Sentado lo anterior, toda vez que, la promoción de cuenta, no se encuentra firmado electrónicamente por el quejoso, si no por persona diversa, se desecha el escrito de cuenta. Finalmente, SE RESERVA LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, ya que de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso c, de la ley de la materia, y tomando en consideración la naturaleza de la presente determinación, ésta se debe practicar personalmente, lo cual está vedado por el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la circular SECNO/8/2021, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, emitida el treinta de enero de dos mil veintiuno, para esta clase de asuntos (no urgentes). AUTO DE 10 DE FEBRERO DE 2021} San Andrés Cholula, Puebla, diez de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el escrito signado por Esmeralda Olmos Rodríguez, autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, a la parte quejosa; sin embargo, dígase a la promovente que el artículo 12 de la Ley de Amparo no confiere a los autorizados la facultad para aclarar la demanda o subsanar los requisitos establecidos en la Ley de la Materia, pues dicho numeral únicamente le otorga la facultad de interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir a la parte quejosa. Por lo tanto, las irregularidades que llegaren a encontrarse por el Juez de Distrito en el escrito de demanda deben ser subsanadas por la parte promovente del juicio de garantías o por su representante legal, y no deben tenerse por hechas las realizadas por los autorizados en los términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: DEMANDA, ACLARACIÓN DE LA. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NO ESTA FACULTADO PARA HACERLA. El segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, antes de su reforma llevada a cabo en decreto de veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, prescribía: "El agraviado y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a cualquier persona con capacidad legal. La facultad de recibir notificaciones autoriza a la persona designada para promover o interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas y alegar en las audiencias, pero no para substituir dichas facultades en un tercero". Por otra parte, en los términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo, en materias diversas de la penal, el ejercicio de la acción constitucional corresponde al quejoso o a su representante, y, como todo acto que tienda a poner a la demanda en condición de ser admitida forma parte del ejercicio de la acción, sólo puede ser realizado por el quejoso o su representante. Además, de una recta interpretación del artículo 27, en comento, se concluye que la enumeración de las facultades de recibir notificaciones, promover o interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas y alegar en las audiencias, es limitativa y no enunciativa. Por tanto, las irregularidades que llegaren a encontrarse por el Juez de Distrito en el escrito de demanda deben ser subsanadas por el promovente del juicio de garantías o por su representante legal, y no deben tenerse por hechas las realizadas por el autorizado para oír notificaciones en los términos del artículo 27 de la Ley de Amparo. No obstante, cabe precisar que el autorizado sí puede presentar las copias de la demanda que sean necesarias, pues ello no implica el ejercicio de la acción de amparo, sino la realización de un acto material. Sentado lo anterior, toda vez que, la promoción de cuenta, no se encuentra firmada electrónicamente por el quejoso, si no por persona diversa, se desecha el escrito de cuenta. Finalmente, SE RESERVA LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, ya que de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso c, de la ley de la materia, y tomando en consideración la naturaleza de la presente determinación, ésta se debe practicar personalmente, lo cual está vedado por el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la circular SECNO/8/2021, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, emitida el treinta de enero de dos mil veintiuno, para esta clase de asuntos (no urgentes). Cúmplase y publíquese electrónicamente AUTO DE 18 DE FEBRERO DE 2021: San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS. Mediante Circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, de treinta de enero y seis de febrero de dos mil veintiuno, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que en sesión celebrada de manera extraordinaria en esas fechas, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto para acuerdo denominado Propuesta de medidas que deben adoptarse del uno al nueve y del diez al quince, todos del mes de febrero de la presente anualidad, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", en el que, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se establecieron, entre otras medidas, el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 -en lo subsecuente AG 13/2020-. Tales medidas implican que se daría trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad; asimismo, que se recibirán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencia, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones. De manera que para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales. Las medidas adoptadas en la citada sesión extraordinaria, tendrían vigencia del uno al nueve y del diez al quince, todos del mes de febrero de la presente anualidad. En atención a ello, en el presente asunto se suspendieron los plazos y términos a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno, por la contingencia provocada por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-COV2 y permanecieron suspendidos hasta el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, ante la imposibilidad de proseguir su tramitación a través de medios electrónicos o a través del esquema de juicio "en línea". Ahora bien, mediante Circular SECNO/10/2021, dirigida al público en general, al personal jurisdiccional y de las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, a las y los titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, signada electrónicamente por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se dio a conocer que en sesión de ocho de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; y, en cumplimiento a lo instruido en la fracción II de dicha Circular, en relación a los Circuitos Judiciales no incluidos en la fracción I, se determinó: 1. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 37/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. En ese sentido, como el periodo de suspensión decretado ha fenecido, hágase saber a las partes que a partir de esta fecha queda levantada la suspensión de los plazos y términos procesales decretada el uno de febrero de dos mil veintiuno, en el entendido de que el levantamiento de la suspensión implica la reanudación de los plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Reitérese a las partes que el levantamiento de la suspensión operará hasta que se notifique a las partes emplazadas el presente acuerdo, por lo que el cómputo de los plazos concedidos a cada una de ellas se reanudará a partir del punto en que quedó pausado y de que surta efectos la notificación de esta determinación. OTRAS PROVIDENCIAS. Comuníquese a la parte quejosa que cuenta con dos días para desahogar la prevención formulada mediante auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, a partir de la notificación de este auto. En la inteligencia que de no desahogar la prevención en los términos indicados, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente sumario constitucional. Finalmente, de autos se advierte que se reservó la notificación a la parte quejosa de los autos dictados el ocho y diez de febrero de la presente anualidad, por lo que, se comisiona al actuario de la adscripción para que notifique personalmente los citados proveídos dictados en el presente sumario constitucional. Notifíquese personalmente a la parte promovente el presente auto y los diversos de ocho y diez de febrero de dos mil veintiuno... AUTO DE 18 DE FEBRERO DE 2021 San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio de demanda signado por el quejoso Miguel Ángel Rivera Breton y, visto su contenido, téngasele dando cumplimiento a la prevención formulada en auto de dieciocho de enero del año en curso, pues al efecto: Precisa cual es el acto que reclama de las autoridades que señalo como responsables 1. Aarón Hernández Chino, Juez de Control de la Región Judicial Centro de la ciudad de Puebla y 3. Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Centro De lo anterior toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya lugar a tener como diverso acto reclamado en esta instancia constitucional los consistentes en las órdenes de localización, aprehensión, captura y presentación dictadas en su contra, de las cuales tuvo conocimiento el tres de febrero de dos mil veintiuno, fecha posterior a la presentación de la demanda que se tramita. Ello es así, pues en el citado auto de dieciocho de enero del año en curso, se le previno para que precisara el tópico citado con anterioridad, sin que ello significara que cambiara o modificara su demanda, ni que la ampliara. Por otro lado, del escrito de cuenta y de la demanda de amparo interpuesta, se advierte que los actos que se reclaman por esta vía son: De 1. Aarón Hernández Chino, Juez de Control de la Región Judicial Centro de Puebla: La cita para que comparezca a la audiencia de formulación de imputación Del 2. Juez de Control de la Región Judicial Centro de Puebla: La omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de control judicial previo que solicitó el seis de enero de dos mil veintiuno. De 3. Erika Yazmin Guerrero Carrasco, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Culposos: La omisión de acordar su solicitud de no ejercicio de la acción penal, dentro de la carpeta de investigación 9495/2017/ZC. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. 1. Ahora bien, respecto al acto que reclama el quejoso de 1. Aarón Hernández Chino, Juez de Control de la Región Judicial Centro de Puebla, consistente en la cita para que comparezca a la audiencia de formulación de imputación, el suscrito juzgador estima que en el presente asunto se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". En ese sentido, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determinen la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan (.)" El numeral 107, de la Carta Magna precisa la procedencia del amparo contra actos de un tribunal judicial, y previene, en su fracción III, los casos en que son competentes para conocer de ellos, los Jueces de Distrito en vía de amparo indirecto, cuyos casos se reiteran en lo conducente en el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, tratándose de actos realizados fuera de juicio o después de concluido; esto es, de una interpretación sistemática de ambos preceptos, se colige que el juicio de amparo indirecto, es procedente contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, siempre y cuando su ejecución sea de imposible reparación. Ahora bien, de conformidad con el artículo 211, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales "el proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme."; consideración que se reproduce en el artículo 170, fracción I, párrafo final, de la Ley de Amparo, en relación a que "en materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control." En ese contexto, en el caso particular, si el reclamo consiste en la cita para que comparezca a la audiencia de formulación de imputación, dicha citación se trata de un acto fuera de juicio o procedimiento penal, emitido justo antes de que inicie. Por otra parte, si bien ha quedado claro que el acto que se analiza, fue dictado fuera de juicio, lo cierto es que su ejecución no es de imposible reparación, al no afectar por sí mismo la libertad personal del investigado. En relación con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del agente del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior, el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse la comparecencia forzosa del investigado, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Bajo esa tesitura, contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial, es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), publicada el siete de diciembre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)].- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo". Bajo esa perspectiva, resulta indudable que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia del juicio de amparo contenida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la ley de la materia, respecto al acto reclamado consistente en la cita para que comparezca a la audiencia de formulación de imputación, por lo que se desecha la demanda de amparo respecto al citado acto reclamado, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la misma ley. 2. Respecto al diverso acto que reclama del 2. Juez de Control de la Región Judicial Centro de Puebla, consistente en la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de control judicial previo que solicitó el seis de enero de dos mil veintiuno; se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en la especie), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Ahora bien, la parte promovente acude ante este órgano jurisdiccional a reclamar la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de control judicial previo que solicitó el seis de enero de dos mil veintiuno, sin que a la fecha se les haya notificado el acuerdo correspondiente. Así, es evidente que tal acto es susceptible de ser impugnado a través del recurso de queja, conforme a lo estipulado en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido." De modo que, la parte quejosa previamente a acudir al juicio de amparo se encuentra obligada a agotar el medio ordinario de defensa de mérito, en virtud de que a través de dicho medio se puede subsanar la omisión que por esta vía constitucional pretende combatir, sin perjuicio de las otras consecuencias legales que ésta tenga. Máxime que, la queja prevista en el citado numeral, procede precisamente en contra del Juez de Control por no realizar un acto procesal que, en el caso, se traduce en la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de control judicial previo que solicitó el seis de enero de dos mil veintiuno; y, conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo, la resolución que en su caso se realice, se limitará a los actos omitidos por la responsable, de ahí que dicho recurso es idóneo para impugnar tales omisiones. Además, del contenido íntegro de su escrito de demanda se aprecia que la parte quejosa reclama propiamente la omisión indicada y no la violación en su perjuicio del derecho de petición que consagra el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, omisión que es recurrible mediante el recurso de queja, con el cual se procura evitar que un proceso quede inmóvil. En mérito de lo expuesto, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, y por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de derechos fundamentales respecto del acto reclamado de 2. Juez de Control de la Región Judicial Centro de Puebla, consistente en la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de control judicial previo que solicitó el seis de enero de dos mil veintiuno. 3. Finalmente, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de acordar la solicitud del quejoso -en su carácter de imputado- de determinar el no ejercicio de la acción penal, dentro de la carpeta de investigación 9495/2017/ZC, que reclama de 3. Erika Yazmin Guerrero Carrasco, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Culposos. Debe concluirse que la acción intentada mediante la demanda de amparo que se analiza, deviene improcedente, pues en la especie también se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" De tal disposición se colige que, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Pues, de la interpretación sistemática de artículos 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución, y 109 y 258 del Código Nacional, concluyó que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el último numeral citado. Por lo tanto, -indicó- previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. En efecto, precisó que el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido pueda impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquéllas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. El Máximo Tribunal del país estableció que la víctima u ofendido del delito tiene el derecho de impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; sin embargo, en la ejecutoria de mérito no se abordó el tema de si el imputado también tenía ese derecho. En ese orden de ideas, el Ministerio Público, como agente investigador, debe realizar una investigación objetiva y actuar con la debida diligencia, garantizando el respeto a los derechos de las partes y el debido proceso; y, al concluir la investigación, puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio, la absolución o una condena menor que aquella que pida la acusación. Por su parte, durante la investigación, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido, pueden solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. En ese orden, el agente investigador deberá resolver al respecto dentro de los tres días y disponer que se lleven a cabo las diligencias conducentes; puede solicitar la comparecencia del imputado a declarar sobre los hechos que se investigan; asimismo, debe notificar a la víctima u ofendido, las resoluciones en que se determine la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, para que, en su caso, la víctima u ofendido impugne dicha resolución ante el juez de control; como así lo disponen los artículos 129, 216 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En tales condiciones, este juzgado considera que el imputado también tiene derecho de impugnar, en sede judicial ordinaria, todas las omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora por conducto del medio de defensa previsto en el aludido precepto 258 y, por ende, debe acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reconocen los derechos de los imputados dentro del proceso penal acusatorio. De entre dichos derechos, se destaca la posibilidad de que se les reciban los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezcan, para lo cual se le concederá el tiempo necesario para tal efecto. En relación con lo anterior, el artículo 216 del Código Nacional establece que durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. En el entendido de que el Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquéllos que sean conducentes en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición. Ahora bien, el medio de defensa que prevé el artículo 258 del Código Nacional resulta un medio idóneo para impugnar, ante sede judicial, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, tanto en la fase de investigación inicial como en la fase de investigación complementaria. En ese orden de ideas, si bien dicho precepto legal únicamente contempla, en su redacción literal, al ofendido o víctima del delito como sujeto legitimado para intentar el citado medio de defensa, no significa que el imputado no pueda hacerlo, toda vez que ambas partes tienen la misma prerrogativa de solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, por lo que es inconcuso que si existe una omisión o dilación por parte de la representación social en pronunciarse sobre una solicitud en ese sentido, éstas tienen el derecho de acudir ante el juez de control para dirimir esa circunstancia. Ciertamente, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. De modo que no sería acorde con la Constitución ni con el Código Nacional que únicamente la víctima u ofendido tuviera la oportunidad de acudir ante el juez de control para que se subsanaran las irregularidades que -estime- se cometieron o se están cometiendo en la etapa de investigación. Se dice lo anterior, en observancia a las consideraciones que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación plasmó en la contradicción de tesis que se analizó en el presente fallo, en el sentido de que si se acude directamente al juicio de amparo antes de agotar el multicitado medio de defensa, ello generaría mayor retraso en el desarrollo del procedimiento penal, porque: 1) Las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación pueden actualizarse tanto en la fase inicial como en la complementaria. Por ello, las posibles consecuencias con la promoción del juicio de amparo en una u otra fase, son distintas. 2) La promoción del juicio de amparo indirecto contra las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, supone que su trámite y posterior resolución puede encontrar mayor demora que si la cuestión destacada se resuelve en sede judicial ordinaria, ante la posibilidad de que se actualicen las siguientes problemáticas: a) Que durante la etapa de investigación inicial, atendiendo a la punibilidad del delito que se investiga, prescriba el ejercicio de la acción penal; o, b) Que se cumpla el plazo de investigación complementaria fijado por el juez de control y se cierre la fase respectiva, en cuyo caso la víctima u ofendido ya no tendrían oportunidad de alegar posibles omisiones del Ministerio en la investigación del delito, pues concluida una etapa procesal, los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa siguiente. En otras palabras, no tendría sentido que, por una parte, se estableciera que el ofendido o víctima del delito tenga la obligación de agotar el citado recurso para evitar que sucedan esas incidencias en detrimento al natural desarrollo del procedimiento penal y, por otra, se sostuviera que el imputado no tenga esa carga, pues de ser así, el juicio de amparo, en vez de resultar un medio eficaz para reparar violaciones a derechos humanos, supondría un trámite que afectaría la naturaleza del nuevo sistema penal acusatorio y su naturaleza de recurso extraordinario. Aunado a lo anterior, el principio de igualdad procesal que rige al sistema acusatorio, contenido en el artículo 20, apartado A, fracción V, Constitucional y en los numerales 10 y 11 del Código Nacional, conlleva a que las partes gozarán de igualdad procesal para sostener tanto la acusación como la defensa, por lo que podrán aportar todo elemento de prueba con que cuenten e interponer los medios de impugnación que legalmente procedan. Por tanto, analizándolo desde otra perspectiva, el hecho de que el artículo 258 del Código Nacional no contemple expresamente al imputado, no le otorga una prerrogativa adicional para acceder optativamente al juicio de amparo, pues ello transgrediría el principio de igualdad apuntado en perjuicio de la víctima, quien sí debe agotarlo, constituyendo una carga adicional para dicha parte. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que los asuntos derivados del sistema penal acusatorio deben ser resueltos de forma expedita y en breve término, en aras de recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, ello en consonancia con los principios que rigen dicho sistema y la preocupación de la judicatura de hacerlos compatibles con el juicio de amparo. Por lo tanto, al no haberse agotado el medio de impugnación ordinario, contra la omisión reclamada, en la especie se actualiza de manera manifiesta y notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo; lo que conlleva a desechar la demanda de derechos fundamentales respecto del acto consistente en la omisión de acordar la solicitud del quejoso -en su carácter de imputado- de determinar el no ejercicio de la acción penal, dentro de la carpeta de investigación 9495/2017/ZC, lo anterior en términos de lo dispuesto por el numeral 113 de la mencionada Ley. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y la tesis aislada I.6o.P.123 P (10a.) del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." "ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA OMISIÓN O NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PROVEER SOBRE LAS PETICIONES DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que durante la etapa de investigación de un delito, tanto el imputado, cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, como la víctima u ofendido del delito, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; de ahí que si la autoridad ministerial es omisa o se niega a proveer sobre las peticiones del imputado o su defensor, dicho acto no es privativo de la libertad, sino de molestia, por ello éstos tienen derecho a inconformarse ante la autoridad judicial, en términos del artículo 258 del propio código, que establece que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, entre otras, pueden impugnarse ante el Juez de Control; por tanto, al no esar en presencia de las excepciones previstas en los incisos a), b) o c), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es imperativo para el imputado agotar la vía jurisdiccional ordinaria, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO
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