Miguel Angel Ramos Hernandez (Promovente)

Expediente 7/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
7/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
25/05/2021

Partes del expediente

  • Miguel Angel Ramos Hernandez (Promovente)
  • Luis Fernando Gazano Tolentino
  • MIGUEL ANGEL RAMOS HERNANDEZ (PROMOVENTE) y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Visto, agréguese a los presentes autos el oficio 16258/2021 recibido vía interconexión, proveniente del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; en atención a su contenido, hágase del conocimiento que el ocho de enero de dos mil veintiuno este órgano jurisdiccional asumió la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Ramos Hernández, a favor de Luis Fernando Gazano Tolentino. Notifíquese por oficio al Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otro lado, este expediente es susceptible de destrucción transcurridos tres años contados a partir del presente auto, de con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General). Así mismo, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR EN QUE ESTA RECLUIDO Y POR LISTA AL PROMOVENTE...

  3. Principal

    CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL PROMOVENTE MIGUEL ANGEL RAMOS HERNANDEZ LA RESOLUCION DE 26 DE FEBRERO DE 2021, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. RATIFICACIÓN DE DEMANDA. Vista la diligencia practicada por el Actuario adscrito a este Juzgado Federal, con el quejoso directo Luis Fernando Gazano Tolentino, misma que se agrega a los presentes autos para que surta los efectos legales correspondientes, de cuyo contenido medularmente se advierte lo siguiente: "(.) Si ratifica la demanda de garantías (.)" "(.) No tiene lesiones y manifiesta que no ha sido torturado ni incomunicado (.)" En ese sentido, se advierte que el quejoso directo no se encuentra incomunicado ni mucho menos ha sido torturado. DESECHAMIENTO. De lo anterior, se advierte que la demanda formulada por Miguel Ángel Ramos Hernández, quien señaló que promovía en nombre de Luis Fernando Gazano Tolentino, porque se encontraba incomunicado y por otra parte que había sido objeto de actos prohibitivos del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano (tortura; mutilación; infamia; marcas, azotes, palos; tormento y desaparición forzada), fue con el único objeto de ubicar la demanda de amparo en los supuestos de urgencia previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, pero sin que se actualizara dicha hipótesis legal. La circunstancia anterior implica la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues con dichas expresiones se evidencia que quien promovió la demanda carecía de la legitimación exigida en la ley para instar la acción de amparo en nombre de otro, pues Miguel Ángel Ramos Hernández con el fin de justificar su legitimación para promover en nombre de Luis Fernando Gazano Tolentino. Ahora bien, cabe precisar que el artículo 15 de Ley de Amparo, legítima a los promoventes para instar la demanda de amparo en nombre de otro; el cual es transcribe a continuación: "Artículo 15.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." En el citado numeral destacan las frases siguientes: "Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "...y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre.. " Esto es, no basta que se reclame alguno de los actos previstos en el citado artículo 15 para que la demanda la pueda promover cualquier persona distinta al quejoso -como lo es la incomunicación- sino que por virtud de la conjunción "y" debe entenderse que además debe existir una imposibilidad del quejoso para promover por sí mismo la demanda de amparo, ya que dicha circunstancia es la que justifica que sea una persona distinta al afectado quien promueva en su nombre, ante su imposibilidad material de acudir ante el órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos. Es decir, la ley legitima en determinadas circunstancias que alguien promueva la demanda de amparo en nombre de otro; empero, si dichas condiciones no se satisfacen, quien haya instado el juicio carecerá de legitimación, y al ser ésta un presupuesto procesal, la promovente no estuvo en aptitud de haber iniciado el proceso. En el caso, no se surte el supuesto establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo para que Miguel Ángel Ramos Hernández estuviera en aptitud de promover en nombre de Luis Fernando Gazano Tolentino, al no satisfacerse los requisitos previstos en dicho numeral, en virtud de que la diligencia de cuenta, revela que el directo quejoso manifestó que no ha sido incomunicado ni torturado, razón por la cual, no se encuentra incomunicado ni ha sufrido algún acto prohibido del artículo 22 del Pacto Federal. Por tanto, resulta evidente que Miguel Ángel Ramos Hernández carecía de legitimación para promover la demanda de amparo en nombre de Luis Fernando Gazano Tolentino. Lo mismo, debe decirse respecto de los diversos actos que el promovente reclamó, consistentes en la tortura y actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional (mutilación; infamia; marcas, azotes, palos; tormento y desaparición forzada), pues no contaba con legitimación para promover la demanda de amparo, ni justificó su personalidad para promover en nombre del directo agraviado. Sin que sea óbice a lo anterior que en la diligencia de cuenta, Luis Fernando Gazano Tolentino, al ser requerido por el actuario judicial adscrito a este Juzgado, haya manifestado que sí ratificaba la demanda promovida en su nombre por Miguel Ángel Ramos Hernández, pues, con ello, no se puede convalidar un acto procesal que fue iniciado ilegítimamente por quien en términos de ley no se encontraba facultados para hacerlo. Pues en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y esto lo podrá hacer por sí, por su representante legal, por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en la propia ley. Empero, en el caso, como ya se indicó, no se actualizó el supuesto previsto en el artículo 15, porque al iniciarse el juicio de amparo por personas no reconocidas en la ley, no pudo surgir la relación jurídico-procesal, en virtud que a la presentación de la demanda no se encontraba satisfecho el presupuesto procesal de legitimación en el proceso, por parte de quienes iniciaron el juicio de amparo. Ahora bien, respecto a los actos reclamados por el promovente consistentes en: Orden de detención (privación de la libertad). Orden de aprehensión. Orden de reaprehensión. Orden de comparecencia y/o presentación. Su ejecución. Se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]". Del artículo trascrito se advierte que, el juicio de amparo será improcedente cuando opere un cambio de situación jurídica. Esto es, para que opere un cambio de situación jurídica deben darse los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la emisión del acto reclamado se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud de dicho acto; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En materia penal la libertad personal puede restringirse por diversos motivos, y el conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen dicha restricción de la libertad se llama situación jurídica y cada una de ellas por tener características peculiares no puede afectar a la otra, así que cada forma de restricción de la libertad (situación jurídica) excluye a la que le antecedió. Tales formas de restringir la libertad personal son: 1) La orden de aprehensión, la detención en caso de urgencia cuando se trate de delito grave, y la retención por los términos de cuarenta y ocho a noventa y seis horas por parte del Ministerio Público, mientras está integrando la averiguación previa, situaciones reguladas en el artículo 16 constitucional; 2) La detención o preinstrucción que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica, en términos del primer párrafo del precepto 19 constitucional, en cuanto establece que ninguna detención podrá exceder del término de setenta y dos horas; 3) La prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; y 4) La pena definitiva impuesta en el proceso penal por un órgano judicial, de conformidad con el artículo 14 constitucional. Es así, pues, en el caso a estudio, como ya se dijo, se actualiza la señalada causal de improcedencia, al advertirse que, si bien es cierto la parte quejosa reclama las órdenes detención, aprehensión, reaprehensión, comparecencia y presentación, libradas en su contra, así como su ejecución; también lo es que dichas órdenes privativas de libertad, a pesar de existir, no pueden ser estudiadas, ya que ha operado un cambio de situación jurídica. Lo anterior es así, pues del escrito registrado como 1563, promovido por Luis Fernando Gazano Tolentino, firmado electrónicamente por Miguel Ángel Ramos Hernández, y recibido el dos de febrero de dos mil veintiuno -electrónicamente- ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se desprende medularmente que el quejoso directo, refirió bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: Que se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Puebla; Que el veintidós de diciembre de dos mil veinte, se llevó acabo la audiencia inicial, ante el Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Javier Vázquez Fernández); Que el veintiocho de diciembre siguiente, en continuación de la audiencia inicial, el referido Juez de Control, dictó auto de vinculación a proceso en su contra, por el hecho con apariencia del delito denominado contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de suministro, dentro de la causa penal 2661/2020/PUEBLA; y, Que actualmente se encuentra transcurriendo la etapa de investigación complementaria, dentro de la referida causa penal. De lo anterior se advierte que las órdenes de captura reclamadas se sustituyó por el auto de vinculación a proceso, y dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones constitucionales que reclama Luis Fernando Gazano Tolentino, relativas al cumplimiento de las órdenes detención, aprehensión, reaprehensión, comparecencia y presentación, libradas en su contra, así como su ejecución, ya que no es posible decidir sobre éstas, sin afectar su nueva situación jurídica. Sustenta lo anterior, el siguiente criterio: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." En tales condiciones, al no satisfacerse el presupuesto exigido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, haberse ejercido la acción por persona legitimada para hacerlo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII y XVII, en relación con el diverso 15, en sentido contrario, del ordenamiento legal en cita, por lo que procede DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTIAS, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO DIRECTO LUIS FERNANDO GAZANO TOLENTINO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN Y AL PROMOVENTE EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. RATIFICACIÓN DE DEMANDA. Vista la diligencia practicada por el Actuario adscrito a este Juzgado Federal, con el quejoso directo Luis Fernando Gazano Tolentino, misma que se agrega a los presentes autos para que surta los efectos legales correspondientes, de cuyo contenido medularmente se advierte lo siguiente: "(.) Si ratifica la demanda de garantías (.)" "(.) No tiene lesiones y manifiesta que no ha sido torturado ni incomunicado (.)" En ese sentido, se advierte que el quejoso directo no se encuentra incomunicado ni mucho menos ha sido torturado. DESECHAMIENTO. De lo anterior, se advierte que la demanda formulada por Miguel Ángel Ramos Hernández, quien señaló que promovía en nombre de Luis Fernando Gazano Tolentino, porque se encontraba incomunicado y por otra parte que había sido objeto de actos prohibitivos del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano (tortura; mutilación; infamia; marcas, azotes, palos; tormento y desaparición forzada), fue con el único objeto de ubicar la demanda de amparo en los supuestos de urgencia previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, pero sin que se actualizara dicha hipótesis legal. La circunstancia anterior implica la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues con dichas expresiones se evidencia que quien promovió la demanda carecía de la legitimación exigida en la ley para instar la acción de amparo en nombre de otro, pues Miguel Ángel Ramos Hernández con el fin de justificar su legitimación para promover en nombre de Luis Fernando Gazano Tolentino. Ahora bien, cabe precisar que el artículo 15 de Ley de Amparo, legítima a los promoventes para instar la demanda de amparo en nombre de otro; el cual es transcribe a continuación: "Artículo 15.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." En el citado numeral destacan las frases siguientes: "Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "...y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre.. " Esto es, no basta que se reclame alguno de los actos previstos en el citado artículo 15 para que la demanda la pueda promover cualquier persona distinta al quejoso -como lo es la incomunicación- sino que por virtud de la conjunción "y" debe entenderse que además debe existir una imposibilidad del quejoso para promover por sí mismo la demanda de amparo, ya que dicha circunstancia es la que justifica que sea una persona distinta al afectado quien promueva en su nombre, ante su imposibilidad material de acudir ante el órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos. Es decir, la ley legitima en determinadas circunstancias que alguien promueva la demanda de amparo en nombre de otro; empero, si dichas condiciones no se satisfacen, quien haya instado el juicio carecerá de legitimación, y al ser ésta un presupuesto procesal, la promovente no estuvo en aptitud de haber iniciado el proceso. En el caso, no se surte el supuesto establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo para que Miguel Ángel Ramos Hernández estuviera en aptitud de promover en nombre de Luis Fernando Gazano Tolentino, al no satisfacerse los requisitos previstos en dicho numeral, en virtud de que la diligencia de cuenta, revela que el directo quejoso manifestó que no ha sido incomunicado ni torturado, razón por la cual, no se encuentra incomunicado ni ha sufrido algún acto prohibido del artículo 22 del Pacto Federal. Por tanto, resulta evidente que Miguel Ángel Ramos Hernández carecía de legitimación para promover la demanda de amparo en nombre de Luis Fernando Gazano Tolentino. Lo mismo, debe decirse respecto de los diversos actos que el promovente reclamó, consistentes en la tortura y actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional (mutilación; infamia; marcas, azotes, palos; tormento y desaparición forzada), pues no contaba con legitimación para promover la demanda de amparo, ni justificó su personalidad para promover en nombre del directo agraviado. Sin que sea óbice a lo anterior que en la diligencia de cuenta, Luis Fernando Gazano Tolentino, al ser requerido por el actuario judicial adscrito a este Juzgado, haya manifestado que sí ratificaba la demanda promovida en su nombre por Miguel Ángel Ramos Hernández, pues, con ello, no se puede convalidar un acto procesal que fue iniciado ilegítimamente por quien en términos de ley no se encontraba facultados para hacerlo. Pues en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y esto lo podrá hacer por sí, por su representante legal, por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en la propia ley. Empero, en el caso, como ya se indicó, no se actualizó el supuesto previsto en el artículo 15, porque al iniciarse el juicio de amparo por personas no reconocidas en la ley, no pudo surgir la relación jurídico-procesal, en virtud que a la presentación de la demanda no se encontraba satisfecho el presupuesto procesal de legitimación en el proceso, por parte de quienes iniciaron el juicio de amparo. Ahora bien, respecto a los actos reclamados por el promovente consistentes en: Orden de detención (privación de la libertad). Orden de aprehensión. Orden de reaprehensión. Orden de comparecencia y/o presentación. Su ejecución. Se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]". Del artículo trascrito se advierte que, el juicio de amparo será improcedente cuando opere un cambio de situación jurídica. Esto es, para que opere un cambio de situación jurídica deben darse los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la emisión del acto reclamado se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud de dicho acto; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En materia penal la libertad personal puede restringirse por diversos motivos, y el conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen dicha restricción de la libertad se llama situación jurídica y cada una de ellas por tener características peculiares no puede afectar a la otra, así que cada forma de restricción de la libertad (situación jurídica) excluye a la que le antecedió. Tales formas de restringir la libertad personal son: 1) La orden de aprehensión, la detención en caso de urgencia cuando se trate de delito grave, y la retención por los términos de cuarenta y ocho a noventa y seis horas por parte del Ministerio Público, mientras está integrando la averiguación previa, situaciones reguladas en el artículo 16 constitucional; 2) La detención o preinstrucción que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica, en términos del primer párrafo del precepto 19 constitucional, en cuanto establece que ninguna detención podrá exceder del término de setenta y dos horas; 3) La prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; y 4) La pena definitiva impuesta en el proceso penal por un órgano judicial, de conformidad con el artículo 14 constitucional. Es así, pues, en el caso a estudio, como ya se dijo, se actualiza la señalada causal de improcedencia, al advertirse que, si bien es cierto la parte quejosa reclama las órdenes detención, aprehensión, reaprehensión, comparecencia y presentación, libradas en su contra, así como su ejecución; también lo es que dichas órdenes privativas de libertad, a pesar de existir, no pueden ser estudiadas, ya que ha operado un cambio de situación jurídica. Lo anterior es así, pues del escrito registrado como 1563, promovido por Luis Fernando Gazano Tolentino, firmado electrónicamente por Miguel Ángel Ramos Hernández, y recibido el dos de febrero de dos mil veintiuno -electrónicamente- ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se desprende medularmente que el quejoso directo, refirió bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: Que se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Puebla; Que el veintidós de diciembre de dos mil veinte, se llevó acabo la audiencia inicial, ante el Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Javier Vázquez Fernández); Que el veintiocho de diciembre siguiente, en continuación de la audiencia inicial, el referido Juez de Control, dictó auto de vinculación a proceso en su contra, por el hecho con apariencia del delito denominado contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de suministro, dentro de la causa penal 2661/2020/PUEBLA; y, Que actualmente se encuentra transcurriendo la etapa de investigación complementaria, dentro de la referida causa penal. De lo anterior se advierte que las órdenes de captura reclamadas se sustituyó por el auto de vinculación a proceso, y dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones constitucionales que reclama Luis Fernando Gazano Tolentino, relativas al cumplimiento de las órdenes detención, aprehensión, reaprehensión, comparecencia y presentación, libradas en su contra, así como su ejecución, ya que no es posible decidir sobre éstas, sin afectar su nueva situación jurídica. Sustenta lo anterior, el siguiente criterio: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." En tales condiciones, al no satisfacerse el presupuesto exigido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, haberse ejercido la acción por persona legitimada para hacerlo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII y XVII, en relación con el diverso 15, en sentido contrario, del ordenamiento legal en cita, por lo que procede DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTIAS, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO DIRECTO LUIS FERNANDO GAZANO TOLENTINO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN Y AL PROMOVENTE EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA.

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