Miguel Angel Salazar Arriaga
Expediente 687/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 687/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Miguel Angel Salazar Arriaga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, causó estado la sentencia dictada en el presente, ordenándose el archivo definitivo del asunto. Ahora bien, al valorar el destino del cuadernillo original del incidente de suspensión, se determinó que era susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en virtud que se concedió la suspensión provisional solicitada y se negó la definitiva. No obstante lo anterior, el punto 7.1.1, apartado 2 del Manual para la Organización de Archivos Judiciales Bajo el Resguardo del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece lo siguiente: "7.1.1 En los Juzgados de Distrito. 2. Incidentes de suspensión en amparo en los que se haya concedido la medida cautelar de manera definitiva. Nota: Si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la suspensión definitiva el cuaderno incidental será 'destruible´." De ahí, que al actualizarse la hipótesis antes señalada en el presente asunto, en términos de lo dispuesto en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se regulariza el procedimiento y, conforme al punto 7.1.1. apartado 2 del citado Manual se establece que los autos originales del incidente de suspensión, son susceptibles de destrucción una vez que transcurra el plazo de seis meses. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente relativo al original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado en este auto. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veintinueve de julio de dos mil veintidós, la cual sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.
- Principal
V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 687/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Miguel Ángel Salazar Arriaga; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil veintidós, mediante buzón judicial, y remitido materialmente a este órgano jurisdiccional al día siguiente, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Miguel Ángel Salazar Arriaga solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a la 1. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla (Adriana de Lourdes Martínez Jiménez) y otras autoridades. La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías y derechos fundamentales violados, los contenidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante auto de treinta de junio de dos mil veintidós, se registró la demanda promovida por Miguel Ángel Salazar Arriaga, con el número de juicio de amparo indirecto 687/2022; se admitió a trámite; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En el citado auto admisorio, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades penales judiciales y penal administrativa, con ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, y de la revisión de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se advierte que, en el caso particular, Miguel Ángel Salazar Arriaga, reclama lo siguiente: - La orden de aprehensión dictada en su contra, y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número de orden. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 a 12 Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Isaí Rivas López), en representación de los jueces de control señalados como responsables. Niega (foja 25) 13 Coordinador General de Asuntos Jurídicos, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla (José González Zepeda). Niega (foja 24) Como se advierte de la tabla que antecede, las autoridades responsables, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que el quejoso haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí, que no existan los actos reclamados. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio constitucional, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuyen. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Miguel Ángel Salazar Arriaga, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia; por las autoridades y los motivos expuestos en el diverso tercero del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta resolución. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.
- Incidental
En San Andrés Cholula, Puebla, a las diez horas con veinticinco minutos del siete de julio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 687/2022, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, asistido de la Secretaria Nahieli Avendaño Palacios, la declaró abierta con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes.********************A continuación, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: La copia de la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Salazar Arriaga, así como el auto de treinta de junio de dos mil veintidós (suspensión provisional), e informes previos de las autoridades responsables.********************De igual forma, la Secretaria da cuenta con los informes previos de las autoridades responsables que así lo hicieron.********************A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes.********************Por otra parte, intégrense a los presentes autos los informes previos de las autoridades responsables: ********************1 a 12. ********************ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL DE TODAS LAS REGIONES JUDICIAL DEL ESTADO - ******************** -******************** ********************PARA QUE POR SÍ Y POR SU CONDUCTO SE RINDAN LOS INFORMES JUSTIFICADOS DE LOS:****************************************- JUECES DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA: ********************************************************************************- JUECES DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL ORIENTE, CON SEDE EN TEZIUTLÁN: ****************************************11. JOSÉ ÁLVARO SARMIENTO MÁRQUEZ Y 12. JOEL DANIEL BALTAZAR AVALOS,****************************************13.********************FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE.****************************************En consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos dichos informes, los cuales, serán valorados en el momento procesal oportuno.********************Enseguida, se abre el periodo de pruebas: En el que la Secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; a lo anterior el Juez de Distrito acuerda: Toda vez que ninguna de las partes ofreció prueba alguna, se tiene por precluido su derecho para ello y, se da por concluido este periodo.********************Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no exhibió pedimento. A lo anterior, el Juez acuerda: Se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa.********************Finalmente, al no existir promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente:********************I N T E R L O C U T O R I A********************V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 687/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Miguel Ángel Salazar Arriaga; y,********************R E S U L T A N D O:********************ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de treinta de junio de dos mil veintidós, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Miguel Ángel Salazar Arriaga, se requirieron los informes previos a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previa reserva, tuvo verificativo en sus dos primeras etapas que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. ********************C O N S I D E R A N D O:********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional.********************SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son:********************- La orden de aprehensión librada en contra del aquí quejoso; y, ********************- Su ejecución.********************TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se deben analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. ********************Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo - a las autoridades responsables siguientes: ********************No. Oficio********************Autoridad responsable.********************Sentido del informe.****************************************1 a 12. ********************ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL DE TODAS LAS REGIONES JUDICIAL DEL ESTADO - ******************** -******************** ********************PARA QUE POR SÍ Y POR SU CONDUCTO SE RINDAN LOS INFORMES JUSTIFICADOS DE LOS:****************************************- JUECES DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA: ********************************************************************************- JUECES DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL ORIENTE, CON SEDE EN TEZIUTLÁN: ****************************************11. JOSÉ ÁLVARO SARMIENTO MÁRQUEZ Y 12. JOEL DANIEL BALTAZAR AVALOS,********************NIEGA****************************************13.********************FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE.********************NIEGA****************************************CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar.********************De lo anterior se advierte que las autoridades responsables identificadas en el cuadro precedente, al rendir sus informes previos negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas.********************Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados.********************De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa.********************Por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados.********************Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan:********************"INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario."********************Por lo expuesto, se:********************R E S U E L V E:********************ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Miguel Ángel Salazar Arriaga, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables identificadas en el considerando tercero.********************NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA; POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, ASÍ COMO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA...
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