Miguel Angel Paulino Osorio

Expediente 1177/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1177/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
30/09/2020

Partes del expediente

  • Miguel Angel Paulino Osorio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes quejosa y tercera interesada se inconformaran del acuerdo dictado el veinte de agosto de dos mil veinte, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintiocho de agosto al veintidós de septiembre de dos mil veinte, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos 15 y 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia respectiva, y este proveído donde se ordena el archivo del asunto; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción II, inciso a), del artículo 20, del propio Acuerdo General, es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, siempre y cuando se cuente con el original. Se ordena indicar la valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable 1. Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, se ordena devolver los anexos I y II, relativos a constancias que obran en la causa penal 375/2004 de su índice; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la citada autoridad responsable se encuentra dentro de la zona conurbada del lugar de residencia de este juzgado federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de los documentos descritos. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar en el que se encuentra recluido; por lista a sus autorizados y a los tercero interesados Luis Alberto Meza Pérez y Blanca María Hernández Flores; debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por oficio a las autoridades responsables, a la diversa tercero interesada: agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla; y, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante la secretaria Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. (FIRMADO ELECTRONICAMENTE) (FIRMADO ELECTRONICAMENTE) En la propia fecha se turnó el expediente a la Actuaría. Conste. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE La suscrita Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE "2020. AÑO DE LEONA VICARIO BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA" PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, Avenida Osa Menor, número 82, piso 12, Ala Sur, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula JUICIO DE AMPARO: 1177/2019 OF.147-1 JUEZ QUINTO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA. ADJUNTOS: ANEXOS I Y II, CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LA CAUSA PENAL 375/2004 DE SU ÍNDICE. OF.147-2 DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PUEBLA. OF.147-3 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO QUINTO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA (TERCERO INTERESADO). OF. MPF AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO (NO RESPONSABLE). EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 1177/2019 PROMOVIDO POR MIGUEL ÁNGEL PAULINO OSORIO, POR PROPIO DERECHO, SE DICTÓ UNA RESOLUCIÓN QUE A LA LETRA DICE: San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes quejosa y tercera interesada se inconformaran del acuerdo dictado el veinte de agosto de dos mil veinte, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintiocho de agosto al veintidós de septiembre de dos mil veinte, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos 15 y 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia respectiva, y este proveído donde se ordena el archivo del asunto; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción II, inciso a), del artículo 20, del propio Acuerdo General, es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, siempre y cuando se cuente con el original. Se ordena indicar la valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable 1. Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, se ordena devolver los anexos I y II, relativos a constancias que obran en la causa penal 375/2004 de su índice; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la citada autoridad responsable se encuentra dentro de la zona conurbada del lugar de residencia de este juzgado federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de los documentos descritos. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar en el que se encuentra recluido; por lista a sus autorizados y a los tercero interesados Luis Alberto Meza Pérez y Blanca María Hernández Flores; debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por oficio a las autoridades responsables, a la diversa tercero interesada: agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla; y, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante la secretaria Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. (FIRMADO ELECTRONICAMENTE) (FIRMADO ELECTRONICAMENTE) LO QUE COMUNICO A USTED EN VÍA DE NOTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. MARIBEL PEREDA CORVERA SECRETARIA DE JUZGADO

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Vista, intégrese a las presentes actuaciones la razón asentada por la Actuaria Judicial adscrita a este órgano de control constitucional, en la cual manifiesta la imposibilidad para emplazar al presente controvertido a los terceros interesados Luis Alberto Meza Pérez y a Blanca María Hernández Flores (a ésta última por sí y por su representación), en el domicilio ubicado en calle Setenta y ocho Poniente, número setecientos nueve, colonia Veinte de Noviembre, de la ciudad de Puebla; pues aduce que al constituirse en dicha vivienda se percató que la misma se encuentra deshabitada y al preguntar con los vecinos por las personas buscadas, le manifestaron que anteriormente vivían ahí, pero desde hace unos meses ya no lo hacen. Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, para que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de que se le notifique el presente acuerdo, haga del conocimiento del suscrito Secretario Encargado del Despacho, el último domicilio que la citada parte tercero interesada, señaló en la causa penal 375/2004, de su índice (de la que emana el acto reclamado). Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio signado por la autoridad responsable 1. Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y anexo, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado por esta autoridad en proveído de veintitrés de diciembre pasado, remite copia certificada del escrito de ocho de agosto de dos mil diecinueve, signado por el aquí quejoso Miguel Ángel Paulino Osorio, por el que solicitó el beneficio de libertad anticipada, dentro de la causa penal 375/2004, de su estadística (de la que emana el acto reclamado). Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 117, párrafo quinto, y 119 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y téngase como prueba de la citada autoridad responsable, la documental que anexa a su oficio de cuenta, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en el momento procesal oportuno, esto es, en la celebración de la audiencia constitucional.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Visto, agréguese a los presentes autos el informe justificado de la autoridad responsable 1. Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, con el que da cuenta la secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar; y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Por otro lado, en términos del citado precepto 117, en relación con el diverso 119 ambos de la indicada Ley, se tienen como pruebas del referido Juzgado Penal responsable las documentales que anexa al oficio que se provee; sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno. Dado el cuantioso número de constancias que remite dicha autoridad en apoyo a su informe de cuenta, fórmense los cuadernos de prueba I y II, para la mejor facilidad de su manejo, respetando folio, sello y rúbrica del mismo. En diverso aspecto, de un análisis integral de las constancias que remitió la autoridad responsable 1. Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, como justificación a su informe, se advierte que a las mismas no adjuntó copia certificada del escrito de ocho de agosto de dos mil diecinueve, signado por el aquí quejoso Miguel Ángel Paulino Osorio, por el que solicitó a dicha responsable, el beneficio de libertad anticipada. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 17/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO; requiérase a la autoridad responsable 1. Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, para que en el plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de que surta sus efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: - Remita copia certificada del escrito de ocho de agosto de dos mil diecinueve, signado por el aquí quejoso Miguel Ángel Paulino Osorio, por el que solicitó el beneficio de libertad anticipada.. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de las constancias remitidas por la 1. Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, se colige que al aquí quejoso Miguel Ángel Paulino Osorio, se le instruye la causa penal 375/2004 (de la que emana el acto reclamado), por los delitos de lesiones calificadas y aborto, cometidos, el primero, en agravio de Luis Alberto Meza Pérez y Blanca María Hernández Flores; y el segundo, en perjuicio de los productos de veintitrés semanas de gestación intrauterina de Blanca María Hernández Flores, en consecuencia, lo procedente es llamarlos al presente controvertido constitucional con el carácter de terceros interesados. Por tanto, en términos del artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, les asiste el carácter de terceros interesados a Luis Alberto Meza Pérez y a Blanca María Hernández Flores (a ésta última por sí y por su representación), con domicilio para ser emplazados el ubicado en: calle Setenta y ocho Poniente, número setecientos nueve, colonia Veinte de Noviembre, de la ciudad de Puebla. EMPLAZAMIENTO POR ACTUARIO: Por lo que, se ordena al Actuario Judicial de la adscripción realice lo siguiente: Les notifique, a los referidos terceros interesados el presente proveído y el auto admisorio; Emplace a dicha parte procesal, en el domicilio indicado; Les corra traslado con copia autorizada de la demanda de amparo, escrito aclaratorio, del auto admisorio y del presente proveído, por si a sus intereses conviene se apersones, ofrezcan pruebas y aleguen de su derecho; Haga de su conocimiento la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza al Actuario Judicial que corresponda realizar el emplazamiento de mérito que aún en horas y días inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar. De igual forma, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a dicha parte procesal con las constancias de autos. Por otra parte, del estado procesal de autos se aprecia que se encuentran señaladas las nueve horas con cincuenta minutos del treinta de diciembre próximo (foja 10 vuelta), para la celebración de la audiencia constitucional; por lo que al ser evidente que no habrán transcurrido los ocho días que deben mediar entre la vista del informe y la fecha de la audiencia constitucional conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere anticipadamente, y en su lugar se señala como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTE . Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal, misma que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten." Finalmente, del estado procesal de autos se aprecia que en proveído de nueve de diciembre del actual, se tuvo por rendido el informe justificado de la diversa autoridad señalada como responsable; por lo que de acuerdo con lo establecido en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar al aquí quejoso el referido auto, así como el presente acuerdo en el lugar en el que se encuentra privado de su libertad, corriéndole traslado con copia simple de los informes justificados de las autoridades responsables.

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