Miguel Angel Morales Gonzalez

Expediente 1150/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 29 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1150/2018
Año
2018
Actuaciones
29
Última actuación
28/06/2019

Partes del expediente

  • Miguel Angel Morales Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes quejosa y tercera interesada se inconformaran del acuerdo dictado el cuatro de junio de dos mil diecinueve (fojas 282 a 284), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del siete al veintisiete de junio de dos mil diecinueve, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, se ordena devolver al 1. Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, el anexo I; y se le requiere para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse recibo de dicha constancia.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 196 párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria, se encuentra o no cumplida. En el caso, el quejoso reclamó del 1. Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, en la causa penal 92/2002 de su índice: El auto de formal prisión de tres de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en contra de Miguel Morales González y/o Miguel Ángel Morales González, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, previsto y sancionado por el artículo 302 fracciones I, II, III y IV del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en agravio de N.G.A.H. Del 2. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, con sede en Puebla: Su ejecución. Ahora bien, por sentencia firmada y autorizada el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve (fojas 159 a 180), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Miguel Ángel Morales González y/o Miguel Morales González, actos reclamados al 1. Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, y 2. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, con sede en Puebla, para los efectos siguientes: "(.) Octavo. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo vigente de la Ley de Amparo, y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder a Miguel Ángel Morales González y/o Miguel Morales González el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el 1. Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, en el proceso penal 92/2009 de su índice, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de tres de diciembre de dos mil dieciocho. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra resolución de término constitucional, que podrá ser en el mismo sentido (auto de formal prisión) pero purgando los vicios formales que la afectan y que han quedado precisados en esta sentencia, o en sentido contrario. 2.1. Deberá fundar y motivar la competencia; eso es, expondrá los preceptos legales que sustenten su competencia y las razones que la actualizan. 2.2. En el apartado del cuerpo del delito, deberá precisar todos los elementos del cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, así como los medios de prueba con los cuales se tienen por acreditados, y el valor probatorio que les otorga. 2.3. En la agravante, deberá fundarla y motivarla debidamente, para lo cual es menester citar los medios de convicción que estime pertinentes a fin de acreditar dicho extremo y, por supuesto, valorar las pruebas que lo conduzcan a formar su decisión. 2.4. En el apartado de la probable responsabilidad, deberá precisar cuáles son las pruebas en específico con las cuales se acredita la probable participación del aquí quejoso, qué valor le merecieron esos medios convictivos, ya pleno o indiciario, así como por qué ese valor; e indicar, en su caso, qué indicios particulares le otorgan esas pruebas, asimismo, de su adminiculación lo lleve a concluir la probable responsabilidad. 2.5. De acuerdo a la declaración de Hilarion Pérez Iyescas, de once de septiembre de dos mil uno, que tomó en consideración en el apartado de la probable responsabilidad, deberá precisar las razones de esa valoración, en su caso, los indicios que obtuvo de dicho testimonio. 2.6. Deberá fundar y motivar la conducta desplegada por el quejoso en el ilícito en estudio y su grado de participación. 3. Establecerá las circunstancias de modo de ejecución -en que forma sucedieron los hechos-. No ha lugar a solicitar el cumplimiento inmediato de la presente determinación en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, ya que el estudio no involucró un análisis de fondo, sino se concedió por vicios formales. La concesión del amparo no implica dejar en libertad al probable responsable ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, toda vez que el efecto de aquél, es para que la autoridad responsable purgue las irregularidades formales del acto reclamado; por consiguiente, al no estar afectado el fondo del acto reclamado, debe de producir los efectos y consecuencias jurídicas a que está destinado. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido se indica: [.] Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta a los actos de ejecución reclamada al 2. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, con sede en Puebla, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida. Tiene aplicación al caso la siguiente jurisprudencia VI.2o. J/338, de rubro y texto siguientes: [.]" (fojas 178 y 179) En proveído de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 192 a 194). Mediante oficio 610, de siete de mayo de dos mil diecinueve, el 1. Juez de lo Civil y de lo Penal del distrito judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha, dictada en la causa penal 92/2002 de su índice (fojas 203 a 216). En proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve (fojas 238 a 242), se requirió nuevamente a dicho órgano jurisdiccional para que cumpliera cabalmente con la ejecutoria de amparo; asimismo, y para que dejara insubsistente la resolución de siete de mayo de dos mil diecinueve, dictada en dicho proceso penal. Así, por oficio 686, de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, el 1. Juez de lo Civil y de lo Penal del distrito judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha, dictada en la causa penal 92/2002 de su índice (fojas 253 a 269). Ahora bien, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, 77 y 196 de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de la ejecutoria de amparo, este juzgador se avoca a su estudio de acuerdo a lo ahí precisado. Del análisis de la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 92/2002, del índice de la autoridad responsable, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se advierte lo siguiente: En relación con el punto 1. y 2., de los efectos del fallo protector, la responsable estableció lo siguiente: "(.) Se deja insubsistente las resoluciones de tres de diciembre de dos mil dieciocho y siete de mayo de dos mil diecinueve, dictadas en la causa penal 92/02, en contra de MIGUEL ÁNGEL MORALES GONZÁLEZ, y en sustitución se dicta la siguiente: (.)" (foja 255) La transcripción anterior revela que la responsable, dejó insubsistente la resolución de tres de diciembre de dos mil dieciocho y la diversa de siete de mayo de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 92/2002, del índice de la responsable y dictó otra en el diverso sentido, como se estudiará en el presente auto. Asimismo, del análisis de la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, dictada en dicho proceso, valoradas en párrafos que anteceden, se advierte que determinó lo siguiente: "(.) Por lo expuesto y fundado, se falla: PRIMERO. Este órgano de administración de justicia es competente para conocer y dictar la presente resolución de conformidad con lo establecido en el primero considerando del cuerpo de la presente. SEGUNDO. El cuerpo del delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD EN SU MODAIDAD DE SECUESTRO, previsto y sancionado por el artículo 302 fracción I, II, III, IV del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de NOE GERARDO ANGULO HERNÁNDEZ, por el que ejercitó acción penal el agente del ministerio público y se inicia la causa, quedó probado en autos. TERCERO. Para efectos del artículo 19 de la Constitución Federal, la probable responsabilidad de MIGUEL MORALES GONZALEZ Y/O MIGUEL ÁNGEL MORALES GONZALEZ, en cuanto a la comisión del delito de antes referido: NO se halla demostrada en autos. CUARTO. A las catorce horas del día veinticuatro de mayo de do mil diecinueve, se decreta AUTO DE LIBERTAD, a MIGUEL MORALES GONZALEZ Y/O MIGUEL ÁNGEL MORALES GONZALEZ, en cuanto a la comisión del injusto antes especificado. QUINTO. Comuníquese al director del establecimiento penal correspondiente, remitiéndole copia autorizada de la resolución, solicitándole proceda a la libertad del indiciado, únicamente por cuanto a esta causa se refiere. TERCERO. (sic) Remítase copia certificada de la presente resolución al Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, para que surta sus efectos en el juicio de amparo 1150/2018. (.)" (foja 268) La transcripción anterior revela que la responsable con libertad de jurisdicción dictó auto de libertad en favor del inculpado Miguel Ángel Morales González y/o Miguel Morales González, aquí quejoso; por tanto, se tienen por cumplidos dichos puntos. En consecuencia, la comparación del efecto contenido en la ejecutoria de amparo con el cumplimiento que realizó la responsable, revela que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria, sin excesos ni defectos. Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Por otra parte, visto el escrito presentado por el autorizado del quejoso, por medio del cual manifiesta que la responsable si dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues subsanó los vicios formales que este órgano jurisdiccional precisó en la sentencia, por lo que solicita que se declare cumplida; en su atención dígasele al promovente que se esté a lo aquí acordado.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de junio de dos mil diecinueve. Intégrese a los autos el escrito signado por Jorge L. Lascano Pale, autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual realiza manifestaciones relacionadas con el cumplimiento de la sentencia de amparo; las cuales serán consideradas en el momento oportuno.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Juez de lo Civil y de lo Penal de Izúcar de Matamoros, Puebla y anexo; visto su contenido, téngase a la referida autoridad informando el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Lo anterior es así, ya que de un análisis integral de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que remite copia certificada de la resolución emitida el veinticuatro de mayo pasado, dictada en autos del proceso 92/2002, que se instruye en contra del aquí quejoso Miguel Ángel Morales González. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta; dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Así mismo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la autoridad tercera interesada agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, y al tercero interesado Noé Gerardo Angulo Hernández, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para los efectos legales a que haya lugar.

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