Miguel Angel Melendez Salvador

Expediente 1229/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1229/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
15/01/2018

Partes del expediente

  • Miguel Angel Melendez Salvador

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, para que el promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de tres de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de esta fecha, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa a fin de que diera cumplimiento al requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional mediante proveído de siete de diciembre de dos mil diecisiete sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en el citado auto, por lo que, con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías con la que se formó el expediente en que se actúa. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, por lo que en cumplimiento al requerimiento formulado por acuerdo de trece de diciembre de esta anualidad, devuelve sin diligenciar el despacho 814/2017 deducido del presente asunto. Ahora, como de las constancias que integran despacho en comento aparece que la diligenciaría adscrita al Juzgado requerido se constituyó en el domicilio ubicado en calle Río Sonora número doscientos uno de la colonia Alta Vista, Atlixco, Puebla, inmueble donde fue atendida por una persona del sexo femenino quien le informó que en dicho inmueble no vive la persona buscada y, a efecto de corroborar dicha información preguntó en el local contiguo al domicilio en cita si conocen a Miguel Ángel Meléndez Salvador o José Ignacio Ramírez Alba, en el inmueble ocupado por un taller de hojalatería y pintura de denominación "Marín", y la persona que la atendió le informó desconocer quienes sean las personas buscadas, agregando además, que el inmueble marcado con el número doscientos uno, por lo regular se encuentra cerrado. En esas condiciones, a efecto de no irrogar agravio alguno a Miguel Ángel Meléndez Salvador o José Ignacio Ramírez Alba y, se encuentre en condiciones de cumplir con el requerimiento efectuado en autos del presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo vigente, notifíquese este auto, y el diverso de siete de noviembre de esta anualidad, por lista de acuerdos. Finalmente, dese de baja el despacho 814/2017 del índice de este juzgado en el libro de gobierno. El proveído de siete de noviembre de dos mil diecisiete, en lo conducente dice: "San Andrés Cholula, Puebla, siete de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1229/2017-C. Ahora bien, a efecto de acordar si procede o no su admisión, con fundamento en lo establecido en los artículos 108, fracción IV; así como 114, fracciones II y IV, ambos de la Ley de Amparo vigente, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, computado legalmente, dé cumplimiento con lo siguiente: Manifieste el nombre correcto de quién es el quejoso en el presente juicio de amparo, lo anterior en razón de: Que en el proemio como al calce del escrito de demanda se dice asentó como promovente a Miguel Ángel Meléndez Salvador; sin embargo, en el capítulo I, de su escrito de demanda relativo al nombre y domicilio del quejoso, se asentó que quien promueve juicio de amparo lo es José Ignacio Ramírez Alba, lo que hace obscura la demanda, pues no se tiene certeza de a quien recae el carácter de quejoso. Ahora bien, hágase del conocimiento del quejoso que la presente prevención es con el fin de que haga las manifestaciones referentes al nombre correcto de quien promueve este juicio de garantías, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que amplíe la misma, sino únicamente manifestar el nombre correcto de quien promueve. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento íntegro a la presente prevención en el término indicado (cinco días), se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el citado numeral 114 de la Ley de Amparo. Así mismo, signifíquese a la parte quejosa que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por quien promueve por su propio derecho, y no por conducto de alguna de las personas autorizada en términos del artículo 12 de la ley de la materia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír notificaciones el ubicado en Río Sonora número doscientos uno (201) colonia Alta Vista de la ciudad de Atlixco, no ha lugar a tenerlo como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte. Sin embargo, por única ocasión con fundamento en los artículos 27, fracción II, 116 de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: Notifique al promovente Miguel Ángel Meléndez Salvador o José Ignacio Ramírez Alba el presente proveído. Corra traslado con copia simple del mismo (para tal efecto se remite copia autorizada del presente acuerdo. Lo requiera para en el acto de la diligencia o en plazo de tres días, computado legalmente, señale domicilio donde reciba sus notificaciones en esta ciudad de San Andrés Cholula o de Puebla; apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, se le harán por medio de lista de acuerdos, inclusive, las de carácter personal; tal como lo dispone el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de dicha diligencia. En la inteligencia, que la notificación que se encomienda deberá practicarse en términos de lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo. En el entendido, que la parte interesada deberá identificarse con documental idónea, de la cual, se recabará copia simple para agregarse a esta última o, en su caso, justificar la imposibilidad para hacerlo. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación ordenada; apercibido que de no hacerlo en el término indicado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emita el presente proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con los artículos 237, fracción I. 238 y 259 de la Ley de Amparo vigente. Queda a cargo del Secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. Se tiene como autorizados del promovente en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, por así haberlo solicitado. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. NOTIFÍQUESE POR DESPACHO A LA PARTE PROMOVENTE."

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