Miguel Angel Medina Hipolito
Expediente 463/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 463/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Miguel Angel Medina Hipolito
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra la sentencia dictada el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, que sobreseyó en el presente Juicio de Amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el Juicio de Amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 463/2017-D, promovido por ********************, contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente resolución con supresión de datos personales e información clasificada como reservada o confidencial, en los términos del último considerando.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el INFORME JUSTIFICADO (por duplicado) rendido por la autoridad responsable 1. Director General de Centros de Reinserción Social del Estado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional. En virtud de lo acordado, y tomando en consideración que fueron señaladas las nueve horas con cincuenta minutos del diecisiete de mayo próximo para la celebración de la audiencia constitucional, resulta evidente que no se encontrará debidamente integrado el presente juicio de amparo para la fecha en que se encuentra señala la referida audiencia; en tal virtud, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantías consagradas en el artículo 17 Constitucional, procede diferir anticipadamente la audiencia constitucional fijada en el presente expediente; por lo que, se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio que se actúa. Por otra parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa el presente proveído y el diverso de veinte de abril pasado, corriéndole traslado con copia autorizada del informe justificado de cuenta, y el oficio con número de registro 9585, del Director General de Centros de Reinserción Social del Estado, en el lugar en el que se encuentra recluido (Centro de Reinserción Social Regional de San Pedro Cholula, Puebla).
- Principal
(CAPTURA AVISO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 17 DE ABRIL DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el seis de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del quince de marzo al seis de abril de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el juez responsable Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele los anexos I y II, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Por otro lado, toda vez que en la mencionada incidencia se exhibió la póliza de fianza 6417-50996-3, por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos, cero centavos moneda nacional), expedida por AFIANZADORA INSURGENTES, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero ASERTA, de cuya lectura se advierte que fue expedida en México, Distrito Federal el veinte de octubre de dos mil quince, por lo que le es aplicable la legislación bajo cuya vigencia se otorgó y se hizo exigible, es decir, la nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, publicada el cuatro de abril de dos mil trece, que entró en vigor el cuatro de abril de dos mil quince, y cuyo artículo 174 señala: ARTÍCULO 174.- Cuando la Institución se hubiere obligado por tiempo determinado o indeterminado, quedará libre de su obligación por caducidad, si el beneficiario, en términos de lo dispuesto en el artículo 279 de esta Ley, no presenta la reclamación de la fianza dentro del plazo que se haya estipulado en la póliza, o bien, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la expiración de la vigencia de la fianza; o, en este mismo plazo, a partir de la fecha en que la obligación garantizada se vuelva exigible por incumplimiento del fiado. Tratándose de reclamaciones o requerimientos de pago por fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo a que se refiere el párrafo anterior será de tres años. Del artículo transcrito se advierte que en tratándose de pólizas de fianzas otorgadas en favor de la federación, el plazo para que opere la caducidad es de tres años, contado a partir de la fecha en que la obligación garantizada se vuelva exigible por incumplimiento del fiado por ser de vigencia indeterminada. En tal virtud, requiérase a la parte quejosa para que en el término de tres años, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a este Juzgado a solicitar por escrito la devolución de la póliza de fianza referida, apercibida que de no hacerlo en el mencionado término, la misma se cancelará, se glosará a los presentes autos y seguirá la suerte del presente expediente, lo anterior, en función que dicho documento sólo puede ser de interés para la parte que la exhibió. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009)
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