MIGUEL ANGEL NUÑEZ ARGUETA y Otros.
Expediente 1130/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1130/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 02/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- MIGUEL ANGEL NUÑEZ ARGUETA y Otros.
- Miguel Angel Nuñez Argueta
- PATRICIA NUÑEZ ESPINOSA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de nueve de agosto de dos mil dieciséis, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por un lado se concedió y por otro se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable 1. Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, las constancias remitidas en apoyo a su informe justificado (previa hoja de desglose) y, requiérasele para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de que tenga conocimiento del presente auto, acuse recibo del mismo, apercibido que de no hacerlo en el término concedido, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y, con el artículo 259 de la Ley de Amparo.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE tercero interesada LOS PROVEÍDOS DE 09 Y 10, AMBOS DE agosto DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, nueve de agosto de dos mil dieciséis. Visto, agréguese a los autos el oficio y anexo que remite el Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, mediante el cual, en cumplimiento al auto de cuatro de agosto del actual, remite copia certificada de la resolución de cinco de agosto de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 373/2016 de su índice, en la que resuelve la situación jurídica de los quejosos 1. Miguel Ángel Núñez Argueta, 2. Patricia Núñez Espinosa y 3. Emilio Núñez Espinosa, de lo que toma conocimiento este órgano jurisdiccional, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que anexa al oficio que se provee. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad de referencia, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.). El precepto transcrito prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías el cambio de situación jurídica, entendiéndose por tal el hecho de que, al completarse una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, lo que da pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva fase procesal o situación jurídica. Es conviene establecer que los quejosos 1. Miguel Ángel Núñez Argueta, 2. Patricia Núñez Espinosa y 3. Emilio Núñez Espinosa, mediante escrito recibido en este órgano Federal el veinticinco de julio de dos mil dieciséis (fojas 2 a 8) solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de las autoridades responsables 1. Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, 2. Fiscal General del Estado de Puebla y 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, que hicieron consistir en la orden de comparecencia y aprehensión, así como su ejecución. Luego, la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, al rendir informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le atribuye, indicando que por resolución de quince de julio del actual, libró orden de comparecencia en contra de los quejosos 1. Miguel Ángel Núñez Argueta, 2. Patricia Núñez Espinosa y 3. Emilio Núñez Espinosa, como probables responsables en la comisión del delito de Lesiones Calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305, 306, fracción I, 311, 323 y 326, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Ricardo Ruperto Bautista Mendoza. Ahora bien, mediante el oficio de cuenta, el Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, en cumplimiento con el requerimiento formulado por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, remitió copia certificada del auto de término constitucional de cinco de agosto de la presente anualidad, del que se advierte que decretó auto de sujeción a proceso en contra de los citados quejosos, por la probable comisión del aludido ilícito. Por ende, es claro que en el caso particular se actualiza un cambio de situación jurídica que permite considerar irreparablemente consumadas las violaciones en que hubiere podido incurrir la autoridad responsable al dar cumplimiento a la orden de comparecencia reclamada, por no ser factible efectuar pronunciamiento alguno sin afectar la nueva situación jurídica en la que se halla la parte quejosa. En tales condiciones, ya que la orden reclamada en cuestión se sustituye jurídica y procesalmente por el auto de sujeción a proceso, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el indicado auto de término constitucional, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos se soslayaría la nueva situación jurídica de la quejosa, lo que hace que en la especie se actualice la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; de ahí que, lo procedente sobreseer el presente controvertido constitucional, con apoyo en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia. Al particular, por similitud jurídica, tiene aplicación el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en la tesis de jurisprudencia número VI.1o. J/57, que dice: SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley. Así mismo, tienen aplicación por analogía las jurisprudencias 1a./J. 17/2008 y 1a./J. 45/2008, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales establecen: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN CUANDO EN LA DEMANDA INICIAL SE SEÑALÓ COMO ACTO RECLAMADO LA ORDEN DE APREHENSIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 129/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, estableció que por cambio de situación jurídica procede decretar el sobreseimiento, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión si del informe justificado de la autoridad responsable aparece que se sustituyó al haberse dictado el auto de formal prisión. Por tanto, es improcedente la ampliación de la demanda de amparo indirecto interpuesta contra el auto de formal prisión, cuando en la demanda inicial se señaló como acto reclamado la orden de aprehensión, en tanto que la emisión de aquel auto provoca el cambio del estatus jurídico del quejoso. Lo anterior es así, porque no podría estudiarse el acto originalmente reclamado sin afectar la nueva situación jurídica del procesado, generada por el inicio de la etapa de instrucción. Además, sería ocioso admitir dicha ampliación, cuando irremediablemente procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, por la obligación que la Ley impone al juzgador de decretarlo inmediatamente que aparezca la causa de improcedencia mencionada. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a las autoridades responsables 2. Fiscal General del Estado de Puebla y 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (en su correcta denominación), ya que no se reclaman por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto materia del sobreseimiento. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de la Séptima Época, de rubro y texto siguiente: AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Cabe indicar que la causal de improcedencia invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo aun celebrando la audiencia constitucional tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que a continuación se cita: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. No pasa inadvertido para la suscrita Jueza Federal que a la fecha no obre en autos la constancia relativa al emplazamiento de la parte tercero interesada; sin embargo, tomando en consideración que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional, no resulta necesario el citado emplazamiento, pues no le irroga algún perjuicio, además, de esperar su comparecencia, en nada cambiaría el sentido del presente acuerdo, máxime que el retraso sería en perjuicio de la impartición de justicia pronta y expedita, garantía consignada en el artículo 17 Constitucional. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada. En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las diez horas con diez minutos del veintitrés de agosto de dos mil dieciséis; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)..." y "San Andrés Cholula, Puebla, diez de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el tercero interesado Ricardo Ruperto Bautista Mendoza, y en atención al contenido del mismo, téngaseles apersonándose al presente juicio de amparo; señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de cuenta. Así mismo, téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Samir Amin Begines Nava, al haber acreditado contar con cédula de licenciado en derecho, tal como se hizo constar en la certificación de cuenta y en términos restringidos del citado numeral a las demás personas que señala al no haber acreditado contar con cédula de licenciados en derecho. Por otra parte, con fundamento el artículo 124 de la Ley Reglamentaria, téngase a la citada parte realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos, para los efectos legales a que haya lugar. De igual manera, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente, expídanse a su costa las copias certificadas de las constancias a que hace referencia en su ocurso de mérito, previa toma de razón que de su recibo obre en autos, por conducto de la persona que indica para tal efecto, indicándole que con la finalidad de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de diez a doce horas en días hábiles, ya que así lo permiten las labores del juzgado. Finalmente, en virtud de que por auto de nueve de agosto pasado (fojas 90 a 94), se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el presente juicio de garantías, se ordena notificar personalmente al tercero interesado Ricardo Ruperto Bautista Mendoza el aludido acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar. El auto de nueve de agosto de dos mil dieciséis en lo conducente dice: "San Andrés Cholula, Puebla, nueve de agosto de dos mil dieciséis. Visto, agréguese a los autos el oficio y anexo que remite el Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, mediante el cual, en cumplimiento al auto de cuatro de agosto del actual, remite copia certificada de la resolución de cinco de agosto de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 373/2016 de su índice, en la que resuelve la situación jurídica de los quejosos 1. Miguel Ángel Núñez Argueta, 2. Patricia Núñez Espinosa y 3. Emilio Núñez Espinosa, de lo que toma conocimiento este órgano jurisdiccional, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que anexa al oficio que se provee. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad de referencia, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.). El precepto transcrito prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías el cambio de situación jurídica, entendiéndose por tal el hecho de que, al completarse una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, lo que da pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva fase procesal o situación jurídica. Es conviene establecer que los quejosos 1. Miguel Ángel Núñez Argueta, 2. Patricia Núñez Espinosa y 3. Emilio Núñez Espinosa, mediante escrito recibido en este órgano Federal el veinticinco de julio de dos mil dieciséis (fojas 2 a 8) solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de las autoridades responsables 1. Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, 2. Fiscal General del Estado de Puebla y 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, que hicieron consistir en la orden de comparecencia y aprehensión, así como su ejecución. Luego, la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, al rendir informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le atribuye, indicando que por resolución de quince de julio del actual, libró orden de comparecencia en contra de los quejosos 1. Miguel Ángel Núñez Argueta, 2. Patricia Núñez Espinosa y 3. Emilio Núñez Espinosa, como probables responsables en la comisión del delito de Lesiones Calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305, 306, fracción I, 311, 323 y 326, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Ricardo Ruperto Bautista Mendoza. Ahora bien, mediante el oficio de cuenta, el Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, en cumplimiento con el requerimiento formulado por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, remitió copia certificada del auto de término constitucional de cinco de agosto de la presente anualidad, del que se advierte que decretó auto de sujeción a proceso en contra de los citados quejosos, por la probable comisión del aludido ilícito. Por ende, es claro que en el caso particular se actualiza un cambio de situación jurídica que permite considerar irreparablemente consumadas las violaciones en que hubiere podido incurrir la autoridad responsable al dar cumplimiento a la orden de comparecencia reclamada, por no ser factible efectuar pronunciamiento alguno sin afectar la nueva situación jurídica en la que se halla la parte quejosa. En tales condiciones, ya que la orden reclamada en cuestión se sustituye jurídica y procesalmente por el auto de sujeción a proceso, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el indicado auto de término constitucional, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos se soslayaría la nueva situación jurídica de la quejosa, lo que hace que en la especie se actualice la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; de ahí que, lo procedente sobreseer el presente controvertido constitucional, con apoyo en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia. Al particular, por similitud jurídica, tiene aplicación el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en la tesis de jurisprudencia número VI.1o. J/57, que dice: SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley. Así mismo, tienen aplicación por analogía las jurisprudencias 1a./J. 17/2008 y 1a./J. 45/2008, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales establecen: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN CUANDO EN LA DEMANDA INICIAL SE SEÑALÓ COMO ACTO RECLAMADO LA ORDEN DE APREHENSIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 129/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, estableció que por cambio de situación jurídica procede decretar el sobreseimiento, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión si del informe justificado de la autoridad responsable aparece que se sustituyó al haberse dictado el auto de formal prisión. Por tanto, es improcedente la ampliación de la demanda de amparo indirecto interpuesta contra el auto de formal prisión, cuando en la demanda inicial se señaló como acto reclamado la orden de aprehensión, en tanto que la emisión de aquel auto provoca el cambio del estatus jurídico del quejoso. Lo anterior es así, porque no podría estudiarse el acto originalmente reclamado sin afectar la nueva situación jurídica del procesado, generada por el inicio de la etapa de instrucción. Además, sería ocioso admitir dicha ampliación, cuando irremediablemente procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, por la obligación que la Ley impone al juzgador de decretarlo inmediatamente que aparezca la causa de improcedencia mencionada. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a las autoridades responsables 2. Fiscal General del Estado de Puebla y 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (en su correcta denominación), ya que no se reclaman por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto materia del sobreseimiento. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de la Séptima Época, de rubro y texto siguiente: AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Cabe indicar que la causal de improcedencia invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo aun celebrando la audiencia constitucional tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que a continuación se cita: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. No pasa inadvertido para la suscrita Jueza Federal que a la fecha no obre en autos la constancia relativa al emplazamiento de la parte tercero interesada; sin embargo, tomando en consideración que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional, no resulta necesario el citado emplazamiento, pues no le irroga algún perjuicio, además, de esperar su comparecencia, en nada cambiaría el sentido del presente acuerdo, máxime que el retraso sería en perjuicio de la impartición de justicia pronta y expedita, garantía consignada en el artículo 17 Constitucional. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada. En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las diez horas con diez minutos del veintitrés de agosto de dos mil dieciséis; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el tercero interesado Ricardo Ruperto Bautista Mendoza, y en atención al contenido del mismo, téngaseles apersonándose al presente juicio de amparo; señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de cuenta. Así mismo, téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Samir Amin Begines Nava, al haber acreditado contar con cédula de licenciado en derecho, tal como se hizo constar en la certificación de cuenta y en términos restringidos del citado numeral a las demás personas que señala al no haber acreditado contar con cédula de licenciados en derecho. Por otra parte, con fundamento el artículo 124 de la Ley Reglamentaria, téngase a la citada parte realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos, para los efectos legales a que haya lugar. De igual manera, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente, expídanse a su costa las copias certificadas de las constancias a que hace referencia en su ocurso de mérito, previa toma de razón que de su recibo obre en autos, por conducto de la persona que indica para tal efecto, indicándole que con la finalidad de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de diez a doce horas en días hábiles, ya que así lo permiten las labores del juzgado. Finalmente, en virtud de que por auto de nueve de agosto pasado (fojas 90 a 94), se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el presente juicio de garantías, se ordena notificar personalmente al tercero interesado Ricardo Ruperto Bautista Mendoza el aludido acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar. El auto de nueve de agosto de dos mil dieciséis en lo conducente dice: "San Andrés Cholula, Puebla, nueve de agosto de dos mil dieciséis. Visto, agréguese a los autos el oficio y anexo que remite el Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, mediante el cual, en cumplimiento al auto de cuatro de agosto del actual, remite copia certificada de la resolución de cinco de agosto de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 373/2016 de su índice, en la que resuelve la situación jurídica de los quejosos 1. Miguel Ángel Núñez Argueta, 2. Patricia Núñez Espinosa y 3. Emilio Núñez Espinosa, de lo que toma conocimiento este órgano jurisdiccional, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que anexa al oficio que se provee. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad de referencia, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.). El precepto transcrito prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías el cambio de situación jurídica, entendiéndose por tal el hecho de que, al completarse una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, lo que da pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva fase procesal o situación jurídica. Es conviene establecer que los quejosos 1. Miguel Ángel Núñez Argueta, 2. Patricia Núñez Espinosa y 3. Emilio Núñez Espinosa, mediante escrito recibido en este órgano Federal el veinticinco de julio de dos mil dieciséis (fojas 2 a 8) solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de las autoridades responsables 1. Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, 2. Fiscal General del Estado de Puebla y 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, que hicieron consistir en la orden de comparecencia y aprehensión, así como su ejecución. Luego, la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, al rendir informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le atribuye, indicando que por resolución de quince de julio del actual, libró orden de comparecencia en contra de los quejosos 1. Miguel Ángel Núñez Argueta, 2. Patricia Núñez Espinosa y 3. Emilio Núñez Espinosa, como probables responsables en la comisión del delito de Lesiones Calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305, 306, fracción I, 311, 323 y 326, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Ricardo Ruperto Bautista Mendoza. Ahora bien, mediante el oficio de cuenta, el Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, en cumplimiento con el requerimiento formulado por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, remitió copia certificada del auto de término constitucional de cinco de agosto de la presente anualidad, del que se advierte que decretó auto de sujeción a proceso en contra de los citados quejosos, por la probable comisión del aludido ilícito. Por ende, es claro que en el caso particular se actualiza un cambio de situación jurídica que permite considerar irreparablemente consumadas las violaciones en que hubiere podido incurrir la autoridad responsable al dar cumplimiento a la orden de comparecencia reclamada, por no ser factible efectuar pronunciamiento alguno sin afectar la nueva situación jurídica en la que se halla la parte quejosa. En tales condiciones, ya que la orden reclamada en cuestión se sustituye jurídica y procesalmente por el auto de sujeción a proceso, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el indicado auto de término constitucional, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos se soslayaría la nueva situación jurídica de la quejosa, lo que hace que en la especie se actualice la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; de ahí que, lo procedente sobreseer el presente controvertido constitucional, con apoyo en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia. Al particular, por similitud jurídica, tiene aplicación el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en la tesis de jurisprudencia número VI.1o. J/57, que dice: SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley. Así mismo, tienen aplicación por analogía las jurisprudencias 1a./J. 17/2008 y 1a./J. 45/2008, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales establecen: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN CUANDO EN LA DEMANDA INICIAL SE SEÑALÓ COMO ACTO RECLAMADO LA ORDEN DE APREHENSIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 129/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, estableció que por cambio de situación jurídica procede decretar el sobreseimiento, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión si del informe justificado de la autoridad responsable aparece que se sustituyó al haberse dictado el auto de formal prisión. Por tanto, es improcedente la ampliación de la demanda de amparo indirecto interpuesta contra el auto de formal prisión, cuando en la demanda inicial se señaló como acto reclamado la orden de aprehensión, en tanto que la emisión de aquel auto provoca el cambio del estatus jurídico del quejoso. Lo anterior es así, porque no podría estudiarse el acto originalmente reclamado sin afectar la nueva situación jurídica del procesado, generada por el inicio de la etapa de instrucción. Además, sería ocioso admitir dicha ampliación, cuando irremediablemente procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, por la obligación que la Ley impone al juzgador de decretarlo inmediatamente que aparezca la causa de improcedencia mencionada. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a las autoridades responsables 2. Fiscal General del Estado de Puebla y 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (en su correcta denominación), ya que no se reclaman por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto materia del sobreseimiento. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de la Séptima Época, de rubro y texto siguiente: AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Cabe indicar que la causal de improcedencia invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo aun celebrando la audiencia constitucional tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que a continuación se cita: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. No pasa inadvertido para la suscrita Jueza Federal que a la fecha no obre en autos la constancia relativa al emplazamiento de la parte tercero interesada; sin embargo, tomando en consideración que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional, no resulta necesario el citado emplazamiento, pues no le irroga algún perjuicio, además, de esperar su comparecencia, en nada cambiaría el sentido del presente acuerdo, máxime que el retraso sería en perjuicio de la impartición de justicia pronta y expedita, garantía consignada en el artículo 17 Constitucional. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada. En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las diez horas con diez minutos del veintitrés de agosto de dos mil dieciséis; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)."
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 09 DE agosto DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, nueve de agosto de dos mil dieciséis. Visto, agréguese a los autos el oficio y anexo que remite el Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, mediante el cual, en cumplimiento al auto de cuatro de agosto del actual, remite copia certificada de la resolución de cinco de agosto de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 373/2016 de su índice, en la que resuelve la situación jurídica de los quejosos 1. Miguel Ángel Núñez Argueta, 2. Patricia Núñez Espinosa y 3. Emilio Núñez Espinosa, de lo que toma conocimiento este órgano jurisdiccional, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que anexa al oficio que se provee. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad de referencia, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.). El precepto transcrito prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías el cambio de situación jurídica, entendiéndose por tal el hecho de que, al completarse una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, lo que da pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva fase procesal o situación jurídica. Es conviene establecer que los quejosos 1. Miguel Ángel Núñez Argueta, 2. Patricia Núñez Espinosa y 3. Emilio Núñez Espinosa, mediante escrito recibido en este órgano Federal el veinticinco de julio de dos mil dieciséis (fojas 2 a 8) solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de las autoridades responsables 1. Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, 2. Fiscal General del Estado de Puebla y 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, que hicieron consistir en la orden de comparecencia y aprehensión, así como su ejecución. Luego, la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, al rendir informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le atribuye, indicando que por resolución de quince de julio del actual, libró orden de comparecencia en contra de los quejosos 1. Miguel Ángel Núñez Argueta, 2. Patricia Núñez Espinosa y 3. Emilio Núñez Espinosa, como probables responsables en la comisión del delito de Lesiones Calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305, 306, fracción I, 311, 323 y 326, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Ricardo Ruperto Bautista Mendoza. Ahora bien, mediante el oficio de cuenta, el Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, en cumplimiento con el requerimiento formulado por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, remitió copia certificada del auto de término constitucional de cinco de agosto de la presente anualidad, del que se advierte que decretó auto de sujeción a proceso en contra de los citados quejosos, por la probable comisión del aludido ilícito. Por ende, es claro que en el caso particular se actualiza un cambio de situación jurídica que permite considerar irreparablemente consumadas las violaciones en que hubiere podido incurrir la autoridad responsable al dar cumplimiento a la orden de comparecencia reclamada, por no ser factible efectuar pronunciamiento alguno sin afectar la nueva situación jurídica en la que se halla la parte quejosa. En tales condiciones, ya que la orden reclamada en cuestión se sustituye jurídica y procesalmente por el auto de sujeción a proceso, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el indicado auto de término constitucional, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos se soslayaría la nueva situación jurídica de la quejosa, lo que hace que en la especie se actualice la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; de ahí que, lo procedente sobreseer el presente controvertido constitucional, con apoyo en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia. Al particular, por similitud jurídica, tiene aplicación el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en la tesis de jurisprudencia número VI.1o. J/57, que dice: SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley. Así mismo, tienen aplicación por analogía las jurisprudencias 1a./J. 17/2008 y 1a./J. 45/2008, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales establecen: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN CUANDO EN LA DEMANDA INICIAL SE SEÑALÓ COMO ACTO RECLAMADO LA ORDEN DE APREHENSIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 129/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, estableció que por cambio de situación jurídica procede decretar el sobreseimiento, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión si del informe justificado de la autoridad responsable aparece que se sustituyó al haberse dictado el auto de formal prisión. Por tanto, es improcedente la ampliación de la demanda de amparo indirecto interpuesta contra el auto de formal prisión, cuando en la demanda inicial se señaló como acto reclamado la orden de aprehensión, en tanto que la emisión de aquel auto provoca el cambio del estatus jurídico del quejoso. Lo anterior es así, porque no podría estudiarse el acto originalmente reclamado sin afectar la nueva situación jurídica del procesado, generada por el inicio de la etapa de instrucción. Además, sería ocioso admitir dicha ampliación, cuando irremediablemente procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, por la obligación que la Ley impone al juzgador de decretarlo inmediatamente que aparezca la causa de improcedencia mencionada. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a las autoridades responsables 2. Fiscal General del Estado de Puebla y 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (en su correcta denominación), ya que no se reclaman por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto materia del sobreseimiento. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de la Séptima Época, de rubro y texto siguiente: AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Cabe indicar que la causal de improcedencia invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo aun celebrando la audiencia constitucional tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que a continuación se cita: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. No pasa inadvertido para la suscrita Jueza Federal que a la fecha no obre en autos la constancia relativa al emplazamiento de la parte tercero interesada; sin embargo, tomando en consideración que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional, no resulta necesario el citado emplazamiento, pues no le irroga algún perjuicio, además, de esperar su comparecencia, en nada cambiaría el sentido del presente acuerdo, máxime que el retraso sería en perjuicio de la impartición de justicia pronta y expedita, garantía consignada en el artículo 17 Constitucional. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada. En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las diez horas con diez minutos del veintitrés de agosto de dos mil dieciséis; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)..."
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