Miguel Ángel Leos Quintana
Expediente 318/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 43 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 318/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 43
- Última actuación
- 13/09/2023
Partes del expediente
- Miguel Ángel Leos Quintana
- Secretario de la Defensa Nacional. Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 43.
- Principal
Tijuana, Baja California, a trece de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 5139/2023 firmado por el Secretario del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, al que anexa en un tomo, los autos del juicio de amparo en que se actúa, y testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión administrativo ********************, de su índice, en el que se resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida dictada el veintiocho de julio de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 318/2021, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, hoy Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por las razones precisadas en la presente ejecutoria." En virtud de ello, gírese el acuse de recibo correspondiente, háganse las anotaciones que correspondan. En otro aspecto, al advertirse que no obran documentos originales, billete de depósito ni póliza de fianza exhibidos por las partes, que no existen diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, téngase este asunto como totalmente concluido y envíese el expediente al archivo. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se dispone que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente principal es conservable, al haberse negado el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, respecto a los actos reclamados, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "conservable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Acuerdo General antes mencionado. En términos del artículo 20, fracción III, del referido Acuerdo General, toda vez que mediante resolución interlocutoria de cuatro de julio de dos mil veintiuno, se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en contra de los actos atribuidos a las autoridades responsables, se determina que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo 20, párrafo tercero, del Acuerdo General citado. Se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 14 y 34, ambos del Acuerdo General mencionado. Por lo que corresponde al duplicado del incidente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19, fracción II, inciso a), del acuerdo antes referido, se establece que éste es susceptible de destrucción; motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional seis meses, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el párrafo tercero del artículo 19 del Acuerdo General citado. Se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 14 y 34, ambos del Acuerdo General mencionado. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes, que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, a partir de esa fecha, este juzgado cambió su denominación a Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y conserva su actual jurisdicción territorial pero con competencia mixta, conforme al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a nueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio que remite el Secretario del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, por el cual informa que en proveído de ocho de septiembre del año en curso, se admitió el recurso de revisión interpuesto por el autorizado del quejoso ********************, en contra de la sentencia de veintiocho de julio de dos mil veintidós, el cual fue registrado como recurso de revisión 427/2022; lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la totalidad de las partes se encuentran debidamente notificadas de la sentencia dictada en el presente juicio el veintiocho de julio de dos mil veintidós, y del auto por el que se tuvo interpuesto el recurso de revisión hecho valer por el autorizado de la parte quejosa; en consecuencia, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo, cuatro tomos de pruebas y del escrito original de expresión de agravios, al Tribunal Colegiado en del Decimoquinto Circuito en Turno, con residencia Mexicali, Baja California, para la substanciación del citado medio de impugnación. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese.
- Principal
Sentencia VISTOS, los autos del expediente número 318/201-G, a fin de resolver en sentencia lo relativo al juicio de amparo promovido por Miguel Ángel Leos Quintana, contra actos del Secretario de la Defensa Nacional, con residencia en Ciudad de México y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el treinta de abril de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en San Luis Potosí, con residencia en San Luis Potosí, Miguel Ángel Leos Quintana, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades mencionadas en el preámbulo de la presente determinación. Incompetencia y remisión de los autos del juicio de amparo. La referida demanda se turnó al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; en auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, el titular de dicho órgano jurisidcicional tuvo por recibida la demanda de amparo, ordenó su registro como juicio de amparo 375/2021; y se declaró legalmente incompetente en razón de territorio, ya que el acto reclamado tuvo ejecución en esta ciudad de Tijuana, Baja California, por lo que mediante oficio 593/2021, remitió a la Oficina de Correspondencia Comíun de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California. Admisión y trámite. La referida demanda se turnó a este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California; en proveído de trece de mayo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo; ordenó su registro con el número de expediente 318/2021, se ordenó formar los expedientes físicos y electrónicos; se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La parte quejosa estimó vulnerado el derecho fundamental establecido en el artóiculo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio, los antecedentes de los actos que reclama y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. Incidente de falsedad de firma. Mediante oficio AMP-XIII-19913 presentado en este juzgado el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, la autoridad responsable Secretario de la Defensa Nacional promovió incidente de objeción de falsedad de firma que calza en la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, ofreciendo como prueba la pericial en materia de Grafoscopía. Una vez integrado el expediente, el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno dio inicio a la audiencia constitucional, en la que se dio cuenta con el incidente de objeción de firma de mérito, se tuvo por ofrecida y admitida la prueba pericial en materia de Grafoscopía y como perito de la autoridad oferente a Mariela Olivares Lara, Marinero del Servicio de Administración Intendencia Naval, y se le requirió para que aceptara y protestara el cargo que le fue conferido. De igual forma, con fundamento en el artículo 120 de la ley de la materia, se giró oficio al Coordinador de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad, para que en auxilio de las labores de este Tribunal, proporcionara un perito en materia de Grafoscopía. Para dar lugar a lo anterior, se ordenó suspender la audiencia constitucional. En proveído de trece de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por rendido el dictamen del perito oficial Héctor Abel Soto Aguilar; y, en comparecencia de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno el citado experto ratificó su dictamen. En proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, al no haber emitido el dictamen correspondiente la perito Mariela Olivares Lara designada por la autoridad responsable General Secretario de la Defensa Nacional, se hizo efectivo el apercibimiento formulado el trece de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por omisa en rendir su dictamen a dicha experta, y se determinó que la probanza pericial únicamente se integraría con el dictamen pericial rendido por el perito oficial. Audiencia constitucional. El cuatro de mayo de dos mil veintidós, se continuó con la audiencia constitucional, se cerró el periodo de pruebas, así como la etapa de alegatos, quedando el juicio en estado de resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución; 1, 2, 37, 107, y demás relativos de la Ley de Amparo, así como 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 13/2019 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se trata de un asunto en en que se reclama un oficio expedido por una autoridad militar, cuya ejecución tuvo lugar en esta ciudad. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados es necesario precisar cuáles son estos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es preciso efectuar un análisis conjunto de la demanda, por ser un todo considerado. En el caso concreto y específico, y de una lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado destacado consiste en: Todo lo actuado en el procedimiento administrativo de baja y como consecuencia, la emisión del acuerdo 34393 de trece de abril de dos mil veintiuno, por el cual se decretó la baja del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea, por permanecer más de tres meses prófugo de la justicia militar. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Conforme a lo previsto en el artículo 75, de la Ley de la materia, y la técnica que rige en el juicio de amparo, lo procedente ahora es determinar la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Por su aplicación, es de citarse la Jurisprudencia XVII.2º. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, página 68, registro 212775, de rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." La autoridad responsable rindió el informe que le fue requerido en los siguientes términos: Orden AUTORIDAD RESPONSABLE (EN SU DENOMINACIÓN CORRECTA) SENTIDO 1 Secretario de la Defensa Nacional Cierto 2 Director General de Infantería Niega Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Secretario de la Defensa Nacioal por así haberlo reconocido al rendir su informe justificado. Tiene aplicación la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que además se corrobora con las constancias que en copia certificada remitió, mismas que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Como se aprecia, la autoridad señalada en el arábigo dos del cuadro anterior, Director General de Infantería, al rendir el informe justificado que le fue requerido, negó la existencia de los actos que se le atribuyen; no obstante, conforme a lo previsto en el artículo 75, de la Ley de Amparo, y la técnica que rige en el juicio, lo procedente ahora es determinar la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Ahora, si bien, al rendir el informe justificado la autoridad responsable Director General de Infantería negó el acto que se le atribuye; del contenido de las constancias que remitió la diversa responsable Secretario de la Defensa Nacional, consistente en la causa penal 5/2020 instruida al quejoso Miguel Ángel Leos Quintana, así como el diverso expediente administrativo aperturado en contra del citado quejoso, se evidencia la existencia de tales actos reclamados, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Apoya lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del Tomo XIV-Julio de 1994, publicada en la página trescientos noventa y uno, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Objeción de falsedad de documento. Por razón de método y técnica jurídica, previo al estudio de la procedencia del juicio de amparo, debe resolverse el incidente de objeción de falsedad de documento respecto de la firma del quejoso y que se encuentra plasmada en la demanda de amparo que motivó la presente litis constitucional. Este juzgador determina procedente pero infundado el incidente de falsedad de firma promovido po la autoridad responsable General secretario de la Defensa Nacional, atento a las consideraciones que a continuación se exponen: PROCEDENCIA. El artículo 122 de la Ley de Amparo prevé la posibilidad a cualquiera de las partes que interviene en el juicio de redargüir de falsos los documentos que ofrezca su contraria. Luego, en el presente caso es la autoridad responsable quien promovió esta incidencia por considerar de falsa la firma que calza en el escrito inicial de demanda, la cual fue presentada por el hoy quejoso el treinta de abril de dos mil veintiuno, en principio para accionar el presente sumario constitucional y a fin de acreditar el derecho que en este le asiste; atento a lo cual, resulta evidente que la autoridad rsponsable se encuentra legalmente en condiciones de objetar de falsa la aludida rúbrica que se encuentran plasmadas en la constancia de mérito en cuanto a su autenticidad, ya que es parte en el presente juicio. OPORTUNIDAD. El numeral 122 de la Ley de Amparo, establece en lo conducente: Si al presentarse un documento por una de las partes otra de ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional; y, por otra parte, el arábigo 119 del mismo ordenamiento prevé que la prueba documental puede ser ofrecida en la audiencia constitucional, se infiere que la objeción de documentos puede realizarse antes de celebrarse la audiencia. A fin de analizar si la presente objeción se promovió con la oportunidad debida, es necesario ponderar el momento procesal en que se encontraba el juicio de amparo. De las constancias que integran el presente juicio constitucional se tiene que mediante oficio AMP-XIII-19913, recibido en este juzgado de distrito el veinicuatro de agosto de dos mil veintiuno, la autoridad responsable General Secretario de la Defensa nacional, objetó la autenticidad de la firma del hoy quejoso y que se encuentra plasmada en la demanda de amparo, pues señaló que no existe identidad, y ofreció como prueba de su parte, la pericial en materia de Grafoscopía, siendo que la audiencia constitucional se celebró hasta el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. En consecuencia, la condición de oportunidad que establece el numeral 122 de la ley de la materia, se encuentra cumplida, en tanto que la objeción formulada por la responsable fue realizada antes de que tuviera verificativo la audiencia constitucional. ANÁLISIS DE LA OBJECIÓN. En principio, es importante destacar que la litis en este incidente radica en determinar si la firma que aparece estampada en el escrito de demanda de amparo proviene o no del puño y letra del quejoso Miguel Ángel Leos Quintana. Ahora bien, la firma es un signo gráfico con el cual, en general, se obligan todas las personas en todos los actos jurídicos en los que se requiere la forma escrita; yendo más allá de una simple formalidad, pues la firma al pie del documento sirve para dar autenticidad al mismo y su ausencia o cuando la misma resulta apócrifa trae como consecuencia que se desconozca la intención del que se presume suscriptor. Bajo este tópico, cabe señalar que el Diccionario de la Lengua Española define la palabra "firma", como: "nombre y apellido, o título, que una persona escribe de su propia mano en un documento, para darle autenticidad o para expresar que aprueba su contenido". Para mejor comprensión, debe señalarse que la firma cumple dos funciones: a) Individualización. La firma es un medio idóneo para individualizar a la persona que suscribe un documento, distinguiéndola de cualquier otra. Es afirmación de individualidad, significando que ha sido la persona firmante y no otra, quien ha suscrito el documento. b) Expresión de voluntad. La firma cumple la función de exteriorizar el propósito del sujeto de hacer suya la declaración contenida en el documento que suscribe. Esto es, se trata de la afirmación de voluntariedad, ya que se acepta lo que se manifiesta en el documento. Atento lo anterior, al realizar la suscripción de un documento no solo queda determinado el sujeto, sino también la voluntad del suscriptor o signante; entonces, de demostrarse la falsedad de las firmas cuestionadas, equivaldría a la ausencia de la voluntad del quejoso para accionar el presente juicio constitucional. Bajo este panorama, se advierte que el incidente de falsedad de documentos previsto en el artículo 122 de la Ley de Amparo, tiene el propósito específico en dilucidar si un documento es falso o no, entre otras cosas, porque alguna o algunas de las firmas que lo calzan, no son de los funcionarios o personas a quien se dicen pertenecer, lo cual denota la falta de autenticidad del mismo. En el caso, para acreditar la falsedad de las aludidas firmas, la responsable ofreció como prueba de su parte, la pericial en materia de grafoscopía, nombrando como experto de su parte a Mariela Olivares Lara, quien protestó el cargo el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, sin que con posterioridad dicha profesionista exhibiera el dictamen pericial encomendado. Igualmente, este órgano jurisdiccional designó como experto en materia de documentos cuestionados a Héctor Abel Soto Aguilar, adscrito a la Coordinación de Peritos del Poder Judicial del Estado de Baja California, quien el ocho de octubre de dos mil veintiuno, aceptó y protestó el cargo correspondiente. Sobre este tema, cabe puntualizar que el objeto de la prueba pericial es ilustrar al juzgador sobre cuestiones técnicas que escapan al conocimiento del común de las personas; por ello, los peritos como coadyuvantes, deben exponer los elementos técnicos necesarios, mediante aseveraciones claramente razonadas y sustentadas en circunstancias objetivas que esclarezcan el hecho controvertido para que el órgano jurisdiccional se forme convicción sobre el tema a debate y, con vista en el material probatorio, resuelva el tema de que se trata. Ello es así, en virtud de que para determinar la falsedad de una firma en un procedimiento judicial, no basta la simple comparación con otra atribuida a la misma mano, sino que es necesario constatar su autenticidad con la pericial en materia de grafoscopía, pues aunque la diferencia en la forma pudiera resaltar con una mera observación superficial, mediante la prueba señalada se puede determinar si fue estampada por el mismo puño y letra de la persona a quien se considera autor, en tanto que existen ciertos rasgos y grafías propios en cada firma que siempre son constantes, y ello solo puede apreciarse a través del medio de prueba idóneo, como lo es la pericial de que se trata. Es aplicable al particular, la jurisprudencia III.2o.C. J/17, con número de registro 186011, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "FIRMA, PARA DETERMINAR SU AUTENTICIDAD SE REQUIERE PRUEBA PERICIAL GRAFOSCÓPICA". ANÁLISIS DEL INCIDENTE PROPUESTO. A efecto de desahogar la prueba pericial ofrecida por las partes, mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, se fijaron las once horas con treinta minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la diligencia formal ante este órgano jurisdiccional de ejercicios caligráficos por parte del quejoso Miguel Ángel Leos Quintana. Luego, del dictamen del perito oficial designado por este órgano jurisdiccional, el cual ratificó el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, y que es el único que obra en el presente sumario, se tiene que emitió las siguientes conclusiones: "Por todo lo anterior, aunado a que no fueron encontrados temblores o titubeos en la firma cuestionada que pudiesen poner en duda la misma, presentar espontaneidad y una velocidad moderada a rápida en todos los casos, tanto en la dubitada y las indubitables, habiendo resultado coincidentes no solo en los rasgos generales sino ademán en los particulares o gestos gráficos particulares del señor Miguel Ángel Leos Quintana al plasmar su firma consistencia en sus características, y debido a que de tratarse de una firma falsificada se habrían observado las marcas del esfuerzo del falsificador por imitar la firma, marcas que no fueron observadas y que el cúmulo de consistencias no pueden ser imitadas en su totalidad, el suscrito perito concluyo que la firma cuestionada consistente de la firma del escrito inicial de demanda de amparo en el juicio que nos ocupa, SI FUE PLASMADA por la persona del señor MIGUEL ÁNGEL LEOS QUINTANA" Con base en lo anterior, doy respuesta al cuestionario formulado en el ofrecimiento de la prueba, lo que hago en los siguientes términos: "1.- Que diga el perito si la firma dubitada e indubitada, presentan las mismas cualidades gráficas. RESPUESTA.- SI, la firma dubitada y las indubitables, presentan las mismas cualidades gráficas. 2.- Que diga el perito si la firma dubitada e indubitada, presentan el mismo desarrollo y evolución en sus trazos. RESPUESTA.- SI, la firma dubitada y las indubitables, presentan un mismo desarrollo y evolución en los trazos, lo que quedó ilustrado en las imágenes insertas en el presente dictamen. 3.- Que diga el perito si la firma dubitada e indubitada que se cuestionan, por sus características y con relación a su análisis, presentan las mismas particularidades identificatorias de gran valor (gestos gráficos). RESPUESTA.- La firma dubitada que se cuestiona y las indubitables obtenidas del señor Miguel Ángel Leos Quintana, por sus características y con relación al análisis efectuado sobre las mismas, presentan las mismas particularidades identificatorias de gran valor (gestos gráficos), tal como se explicó en párrafos que anteceden y se ilustró con las imágenes insertas al presente dictamen. 4.- Que determine el perito, si la firma que se cuestiona y aparece al calce del escrito inicial de demanda y en sus escritos de aclaración, corresponden o no al mismo origen gráfico que las firmas señaladas como indubitables de Miguel Ángel Leos Quintana. RESPUESTA.- La firma que se cuestiona y aparece al calce del escrito inicial de demanda, SI CORRESPONDE al mismo origen gráfico que las firmas señaladas como indubitables del señor Miguel Ángel Leos Quintana. 5.- Que diga el perito cual fue el procedimeinto utilizado en el desarrollo de su análisis RESPUESTA.- El procedimiento empleado en el desarrollo del análisis pericial que se rinde, fue explicado paso a paso en el contenido del presente dictamen, por lo que solicito se tenga aquí por reproducido como si se insertase a la letra por cuestiones de economía procesal. 6.- Que diga el perito cuales fueron los métodos y técnicas utilizados en el desarrollo de su estudio pericial. RESPUESTA.- El método aplicado en el presente dictamen es el método científico de investigación y que fue debidamente explicado en el cuerpo del presente dictamen y las técnicas aplicadas son las de la grafoscopía que de igual manera fueron explicadas en el mismo, por lo que me remito al contenido del presente documento por cuestiones de economía procesal, pidiendo se tenga aquí por insertado como si se hubiese plasmado a la letra." Hecho lo anterior, el aludido experto concluyó que como se pudo demostrar, no existen diferencias significativas, por lo que puede asegurar que es un mismo autor quien realizó las firmas base de cotejo. Por lo que, llegó a la conclusión de que la firma que se encuentra en el escrito de demanda de amparo de treinta de abril de dos mil veintiuno atribuida a Miguel Ángel Leos Quintana, sí proviene del origen gráfico de la misma, es decir, que sí fue suscrita por Miguel Ángel Leos Quintana. De esta forma, por las razones expuestas, es inconcuso que dicho dictamen cuenta con pleno valor probatorio en términos del artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, y es suficiente para crear convicción en este juzgador atento a los motivos que ahí señala, ya que en el mismo se asentaron los elementos precisos y necesarios para estimar tal valoración. Ello es así, pues el experto de referencia al estudiar la firma cuestionada, así como las indubitables analizando los elementos gráficos que integran cada una de estas, advirtió que se aprecia un trazo que sobresale de resto de la firma con cambio de dirección en forma angulosa, que resulta coincidente en todos los casos, al igual que el trazo extremo de la derecha, en forma similar a los trazos de una letra "A" mayúscula con cambios de dirección angulosos, absolutamente coincidentes en ambos casos; asi mismo observó una constante en la proyección de los trazos horizontales de las firmas tanto en la cuestionada como en las indubitables, que además de constantes son prácticamente con un mismo grado de inclinación, trazos horizontales ascendentes paralelos en los dos inferiores y una por arriba con mayor grado de inclinación, pero al compararlos entre cada firma, presentan un mismo grado de inclinación entre cada firma; los ataques del instrumento con que se plasmaron las firmas sobre el soporte y los escapes al concluir cada trazo, se observaron algunas variantes entre las propias firmas indubitables, lo que lleva a concluir que esa variación no es una constante en sí, pero al encontrar al menos una coincidencia con la cuestionada, permite concluir que la firma cuestionada si pudo ser plasmada por la misma persona que las indubitables, lo que sí fue constante es que aunque en gancho, en arpón o en línea, los ataques y los escapes son acerados, es decir van desde una línea tenue que conforme avanza se engrosa y al despegar, lo hace desde en trazo grueso hasta desaparecer; y, los cambios de dirección de cada una de las firmas, tanto cuestionada como indubitables, pudiendo apreciar que los cambios de dirección justo en el mismo lugar en cada firma, presenta una misma característica, angulosos y suaves en unos y absolutamente angulosos en otros, pero insistió que era en el mismo lugar de cada firma, lo que aseguró que es indicativo de ser un gesto particular de quien firma y definitivamente imposible de imitar por un falsificador, elementos gráficos que además, demostró con las impresiones fotográficas de las citadas firmas. De ahí que el aludido dictamen genere convicción en el suscrito sobre el tema a dilucidar. Resulta aplicable la jurisprudencia 97/2015, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 815, de rubro: "PRUEBA PERICIAL. SU VALORACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO". En ese sentido, se estima que el perito oficial hizo el planteamiento del problema para enseguida proceder al análisis de las firmas base de la peritación, concluyendo que las firmas que aparecen estampadas en los documentos materia de la objeción, sí provienen del puño y letra del quejoso Miguel Ángel Leos Quintana. Por lo que si el dictamen formulado por el experto designado por este órgano jurisdiccional llegó a la conclusión de que la firma que se encuentra en el escrito de demanda de amparo de treinta de abril de dos mil veintiuno atribuida a Miguel Ángel Leos Quintana, sí proviene del origen gráfico de la misma, es decir, que sí fue suscrita por Miguel Ángel Leos Quintana, no es menester realizar mayor debate sobre el tema. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, antes de su especialización, consultable en el Semanario Judicial del Federación, Tomo XII, Agosto de 1993, Octava Época, Página 414, con registro electrónico 215405, de rubro: "DICTÁMENES PERICIALES. SU VALOR QUEDA AL ARBITRIO DEL JUZGADOR". Igualmente, es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Distrito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo X, Agosto de 1999, visible en la página 780, con número de registro 193509, de rubro: "PERITOS. EL JUEZ GOZA DE LA MÁS AMPLIA LIBERTAD PARA CALIFICAR EL VALOR PROBATORIO DE LOS DICTÁMENES EMITIDOS POR AQUÉLLOS". Atento a lo anterior, es procedente pero infundado el incidente de objeción de falsedad de firma interpuesto por la autoridad responsable General Secretario de la Defensa Nacional. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, se debe analizar su procedencia, ya sea por causas que hagan valer las partes o aquellas que de oficio advierta este órgano de control constitucional. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que no se opone a la Ley de Amparo vigente, como lo establece el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, localizable en el Apéndice de 1995; Tomo VI, Parte TCC; Materia (s): Común; Página: 553, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese tenor, la autoridad responsable General Secretario de la Defensa Nacional, al rendir su informe con justificación, hizo valer las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XIII [consentimiento tácito del acto]; y, XXIII, la primera en relación con el diverso artículo 217 y la jurisprudencia "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA" [actos derivados de consentidos]; todos de la Ley de Amparo. Por tanto, las causales invocadas se analizaran, en su orden, de forma individualizada en apartados subsecuentes. Consentimiento tácito del acto. En lo tocante a la porción normativa invocada como causal de improcedencia por el General Secretario de la Defensa Nacional, se tiene que en su informe justificado, alude que la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea, virtud a que la parte quejosa no combatió a través del medio legal los oficios STJ-90 de cuatro de enero de dos mil veinte y STJ-1335 de quince de abril de dos mil veinte, así como la orden de plaza de dos, tres y cuatro de mayo, todos del dos mil veinte. Ello, en lo tocante al acto reclamado por el quejoso Miguel Ángel Leos Quintana, consistente en el acuerdo número 34393 de trece de abril de dos mil veintiuno, emitido por el General Secretario de la Defensa Nacional, en el que se determina su baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por haber sido declarado prófugo de la Justicia Militar por el Juez Militar de Control de la VII Región Militar dentro de la causa penal 5/2020, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de deserción no estando en servicio y permanecer más de tres meses en dicha situación. En ese sentido, es menester acotar que la causa de improcedencia a que hace referencia la autoridad responsable, es contenida en el artículo 61, fracción XIII en relación con los diversos artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo; atinente al consentimiento tácito del acto reclamado, al no haberlo impugnado en el lapso temporal con el que la parte quejosa contaba por disposición de ley. No obstante lo anterior, los argumentos esbozados por la responsable al invocar dicha causal de improcedencia, resultan infundados por los motivos de derecho y razones de derecho que, a continuación, se exponen. En primer término, cabe señalar que el precepto y fracción invocados de la ley de la materia, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [.].". Así, el precepto aludido -61, fracción XIII- establece la improcedencia del juicio de derechos fundamentales contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que fijan los artículos 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo. En lo que interesa, los citados numerales 17 y 18, establecen lo que a continuación se reproduce: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la interpretación sistemática de los citados preceptos, se obtiene que el juicio de amparo debe instarse dentro del plazo de quince días, lapso que se contabilizará: (1) A partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclama; (2) A partir del día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto o resolución que reclama; y, (3) A partir del día siguiente a aquél en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Destaca que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente promovida, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí. Se afirma lo anterior; pues, de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al quejoso el acto o resolución que reclame; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales; y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. Es aplicable al caso la jurisprudencia 1a. XIV/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro "NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SURTE EFECTOS CONFORME A LAS REGLAS IMPUESTAS POR LA LEY DE LA MATERIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESA FECHA SEA CONSIDERADA COMO INHÁBIL POR LAS NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE AMPARO." La segunda manera para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación- de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último "tuvo conocimiento" en determinada fecha del acto o resolución reclamada; más tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto o resolución que reclame; es decir, de manera integral. Ello, de conformidad con lo determinado en la jurisprudencia 5, emitida por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO." Asimismo, resulta aplicable la tesis 1a./J. 42/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE." Por su parte, en la tercera forma contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ".al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución.", implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la que se manifiesta que sabe del acto reclamado. Así, puede estimarse que dicha conducta entraña una confesión expresa por parte del afectado porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado o de su ejecución con respecto a la presentación de la demanda le perjudica. Lo que encuentra sustento en la tesis sin número, emitida por el Pleno de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el título: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe señalarse que las mismas no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo comenzara a computarse a partir del día siguiente al en que se verificara cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral. Lo que autoriza a afirmar que aun cuando exista constancia de notificación al quejoso del acto o resolución que se reclame o de su ejecución, ésta no podrá tomarse en consideración para tal efecto, si se demuestra que con anterioridad se tuvo conocimiento de tales actos o se ostentó sabedor de los mismos. Ello, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis sin número emitida por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL COMPUTO DESDE EL DIA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO." Acotado lo anterior, debe decirse que, como se precisó en el considerando tercero de este fallo, el acto reclamado en el presente asunto se hace consistir en el acuerdo 34393 de trece de abril de dos mil veintiuno, por el cual se decretó la baja del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea, por permanecer más de tres meses prófugo de la justicia militar. Luego, para determinar con claridad si la parte quejosa ocurrió en tiempo a la presente vía constitucional, es menester señalar que en su escrito inicial de demanda el quejoso Miguel Ángel Leos Quintana, señaló como acto reclamado el acuerdo número 34393 de trece de abril de dos mil veintiuno, emitido por el General Secretario de la Defensa Nacional, mediante el cual determina que a partir del dieciséis de abril de dos mil veintiuno el Teniente de Infantería Miguel Ángel Leos Quintana, causa baja como tal del 28/o Batallón de Infantería (Campo Militar No. 2-C "Subprefecto José María Larroque" Aguaje de la Tuna, B.C.) y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, por permanecer más de tres meses prófugo de la justicia militar. Así, de una revisión minuciosa de las documentales que obran en autos, se desprende que la determinación de baja reclamada por el quejoso Miguel Ángel Leos Quintana, se notificó el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, a través del oficio SAMD-5783, y el escrito inicial de demanda fue depositado el treinta de abril de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en San Luis Potosí, con residencia en San Luis Potosí; por tanto, dichas datas deben ser tomadas en cuenta para el cómputo del término con que contaba el quejoso para promover el presente juicio de amparo y el plazo en el que lo promovió. En tal tesitura, se concluye que el acto consistente en el acuerdo número 34393 de trece de abril de dos mil veintiuno, emitido por el General Secretario de la Defensa Nacional, le fue notificado al quejoso Miguel Ángel Leos Quintana, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno; por ende, el término para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del veinte de abril al doce de mayo de dos mil veintiuno, sin contar los días que de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, son inhábiles. Por tanto, se estima que es oportuna la promoción de la demanda de amparo indirecto, en razón de que, como se anticipó, la misma se depositó dentro del plazo señalado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí, el treinta de abril de dos mil veintiuno, como consta en el sello fechador impreso en ella; entonces, resulta inconcuso que tal promoción fue realizada oportunamente, es decir, dentro del término de quince días que establece el citado artículo 17 de la Ley de Amparo. Por lo que, se reitera que en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo que se analiza. Acto derivado de otro consentido. Suerte [de infundada] que, de igual manera se sigue por cuanto hace a la diversa causal de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable General Secretario de la Defensa Nacional, al rendir su informe justificado, consistente en que el acuerdo número 34393 de trece de abril de dos mil veintiuno, resulta derivado de uno consentido. Ello es así, al argumentar que el acuerdo reclamado es una consecuencia lógica, directa y necesaria que deriva de la declaratoria de prófugo de la justicia militar emitida por el Juez Militar de Control de la VII Región Militar dentro de la causa penal 5/2020, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de deserción no estando en servicio y permanecer más de tres meses en dicha situación; por lo que al no haber impugnado dicha determinación se traduce en que es derivado de un acto consentido tácitamente. No obstante, lo anterior, los argumentos esbozados por la responsable al invocar dicha causal de improcedencia, resultan infundados por los motivos de derecho y razones de derecho que, a continuación, se exponen. En primer término, cabe señalar que los preceptos y fracción invocados de la ley de la materia, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. [.]." Así, del primero de los preceptos referidos en el párrafo precedente, se advierte que el juicio de amparo será improcedente siempre que ello resulte de alguna disposición constitucional o de la ley de la materia; por su parte, el segundo de los preceptos referidos establece que la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para los Tribunales Unitarios de Circuito, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Por otra parte, la jurisprudencia referida, establece que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos que son una consecuencia de otros que la ley refiere como consentidos. Ahora bien, los presupuestos para que se configure esta causa de improcedencia, son los siguientes: a) La existencia de un acto anterior consentido, tácita o expresamente; y, b) Que exista un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél. Tal como lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis aislada que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Por tanto, en términos de la causal de improcedencia invocada, el juicio de amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia legal necesaria de otro que la ley reputa como consentido; es decir, que entre el acto reclamado y el que se consintió, exista una relación de causa y efecto; o sea, que se traduzca en una consecuencia legal, forzosa o directa del primer acto de autoridad. Aquí conviene apuntar que el consentimiento existe por el inejercicio del derecho de impugnación destinado a promover algún medio de defensa en contra del acto de autoridad; es decir, por la falta de interposición de los recursos previstos en la ley y, de no proceder éste, instar el juicio de amparo, toda vez que son éstos los que legalmente pueden impedir la firmeza de aquellos actos, ya que constituyen los medios jurídicamente eficaces para revocarlos, modificarlos o nulificarlos. Por ello, es solamente la interposición de tales recursos o medios de defensa los que sirven como expresión objetiva de la inconformidad del interesado, susceptible de ser tomada en cuenta como demostración de la falta de consentimiento. Acotado lo anterior, debe decirse que, el presente juicio de amparo fue promovido por el quejoso Miguel Ángel Leos Quintana, en contra del acuerdo contenido en el oficio 34393 de trece de abril de dos mil veintiuno, por el cual se decretó la baja del quejoso, del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea, por permanecer más de tres meses prófugo de la justicia militar. Ahora, el acto reclamado en la presente instancia constitucional constituye la resolución final al procedimiento administrativo incoado a la hoy parte quejosa por la Secretaría de la Defensa Nacional, con motivo de la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones militares, que si bien tiene su origen en con motivo del proceso penal 5/2020, instruido en contra del quejoso; lo cierto es que ambos son autónomos e independientes. Ello pues, el acuerdo de baja reclamado y el proceso penal que se siguió en contra del quejoso, en los autos del expediente 5/2020, del índice del Juzgado Militar de Control de la VII Región Militar, por la comisión del delito de deserción no estando en servicio, son dos procedimientos de naturalezas distintas, que persiguen finalidades diversas, pues mientras el primero tiene como finalidad determinar si procede la baja del quejoso del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el segundo busca analizar si se actualizó una conducta delictiva. Por ende, no es posible determinar que el acuerdo reclamado es consecuencia directa del otro, pues si bien, dicho procedimiento penal motiva su resolución, lo cierto es que ambos son autónomos y no dependen uno del otro. Por lo que dicha situación no constituye un consentimiento de las consecuencias que resiente hasta la expedición del acuerdo 34393 de trece de abril de dos mil veintiuno, pues a través de éste causa baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y, por lo tanto, a partir de su expedición le genera un perjuicio y no así por la mera resolución en un procedimiento penal. De tal forma, no resulta correcto determinar que el acto reclamado por la parte quejosa resulta derivado de uno consentido. Bajo ese orden de ideas, resulta infundada la causal de improcedencia invocada por la autoridad responsable General Secretario de la Defensa Nacional, atinente al que el acto reclamado deriva de otro consentido, en términos de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 217 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA". Acotadas las causales de improcedencia hechas valer por las partes; sin que este órgano jurisdiccional advierta que opere alguna de las establecidas en el numeral 61 de la Ley de Amparo, se estima que el juicio de amparo indirecto es procedente, respecto del acto de autoridad que se reclama. Por tanto, a continuación se examinarán los conceptos de violación expresados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda de amparo, por cuanto hace al citado acto de autoridad. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. A efecto de lograr una mejor comprensión del asunto, es menester traer a la atención que de las constancias allegadas tanto por la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, como por la responsable a su informe justificado -mismas que han sido relatadas y valoradas en apartados precedentes de esta resolución-, resultan aptas y suficientes para tener por demostrados los siguientes antecedente: Los días 17, 18, 19 y 20 de noviembre de dos mil diecinueve, el entonces teniente de infantería Miguel Ángel Leos Quintana, quien se encontraba adscrito en el Décimo Noveno 19/° Batallón de Policía Militar (Villa Hermosa Tabasco), faltó a sus labores y a las listas de diana y retreta, sin que se tuviera conocimiento de algún motivo o causa que justificara el no presentarse a sus labores. El veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se interpuso la denuncia respectiva de cuyos hechos correspondió el conocimiento del Juez Militar de Control Militar de la VII Región Militar (Villahermosa, Tabasco), quien instruyó la causa penal 05/2020, en contra del ahora quejoso Miguel Ángel Leos Quintana por su probable responsabilidad en el ilícito de Deserción no estando en servicio, previsto en el artículo 269 fracción IV, del Código de Justicia Militar y sancionado en el numeral 270 fracción III, del mismo ordenamiento, por haber faltado de manera consecutiva a sus labores y a las listas de diana y retreta los días diecisiete, dieciocho, diecinueve y a la lista de diana del día veinte de noviembre de dos mil diecinueve, sin que se tenga conocimiento de que exista algún motivo o causa que justifique su falta de labores en la Unidad. Mediante oficio SJT-90, de catorce de enero de dos mil veinte, el Juez Militar de Control Militar de la VII Región Militar (Villahermosa, Tabasco), de la Secretaría de la Defensa Nacional, emitió declaratoria de prófugo dentro de la causa penal 05/2020, instruida en contra del ahora quejoso Miguel Ángel Leos Quintana por su probable responsabilidad en el ilícito de deserción no estando en servicio. El quince de abril de dos mil veinte, mediante oficio SJT-1335, el Juez Militar de Control Militar de la VII Región Militar (Villahermosa, Tabasco), de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó a la Dirección General de Infantería, el auto de esa fecha en la referida causa penal, en el que resolvió que a partir de la data en que fue declarado prófugo de la justicia militar Miguel Ángel Leos Quintana, por la probable comisión del delito de deserción no estando de servicio, había transcurrido más de tres meses, sin haber sido aprehendido, o puesto a disposición de ese juzgado. Por oficio SAMD-8939, de veintisiete de abril de dos mil veinte, el Director General Infantería remitió al Cuartel General de la Primera Región Militar, dos fojas que contenían la relación, entre otros, del ahora quejoso, que se encontraba prófugo de la justicia militar, para que fuera emplazado en la Orden General de Plaza, a fin de que se continuara con el procedimiento de baja que se le había instaurado. En la Orden General de la Plaza de México, de los días 2, 3 y 4 de mayo de dos mil veinte, Miguel Ángel Leós Quintana fue emplazado al procedimiento de baja que se la había instaurado, en los siguientes términos: "Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 170, fracción II, apartado "B", de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se emplaza a los militares que a continuación se mencionan, para que dentro del término de quince días, contados a partir de esta fecha manifieste a la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana y a su respectiva Dirección General del Arma o Servicio, lo que estimen necesario en su defensa; en la inteligencia de que expirado el plazo sin que comparezcan por escrito o personalmente se les tendrá por conformes y en consecuencia se les girarán órdenes de baja de sus respectivas unidades, dependencias o instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a partir de la fecha en que fue declarado prófugo de la justicia militar, como probable responsable del delito de deserción. Dirección General de Infantería MATRICULA GRADO NOMBRE UNIDAD FECHA DE PRÓFUGO CAUSA PENAL JUZGADO FECHA DEL DELITO FECHA EN QUE TRANSCURRIERON LOS TRES MESES. D-1358157 Tte. Inf Miguel Ángel Leos Quintana 19/° B.P.M. 14/01/2020 05/2020 C. Juez Mil. Cntl. de la VII R.M 1/11/2019 15/04/2020 ." ( El trece de abril de dos mil veintiuno, el General Secretario de la Defensa Nacional, emitió el acuerdo número 34393, por el cual se decretó la baja del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea, del Teniente de Infantería Miguel Ángel Leos Quintana, por permanecer más de tres meses prófugo de la justicia militar. ( El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se notificó dicho acuerdo al quejoso Miguel Ángel Leos Quintana. SÉPTIMO. Análisis de los conceptos de violación. Previo a abundar los motivos de disenso planteados por el quejoso, es menester precisar que el artículo 79 de la Ley de Amparo, establece la obligación del órgano jurisdiccional de suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: "[.] I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito. La jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales del circuito correspondientes; II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia; III. En materia penal: a) En favor del inculpado o sentenciado; y, b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente; IV. En materia agraria: a) En los casos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta Ley; y, b) En favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios. En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios; V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y, VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales sólo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo." No obstante, lo anteriormente expuesto, es de tener en cuenta que la figura de la suplencia de la queja deficiente, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado; y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." Acotado lo anterior, es de hacer hincapié en el hecho de que la causa de pedir, a la que se refiere el artículo 74 de la Ley de la materia, de ninguna manera equivale a la suplencia de la deficiencia de la queja inmediatamente aludida. Ello, en razón de que para abordar los agravios con base en la causa de pedir expresada en la demanda respectiva resulta necesario que el recurrente haya precisado con claridad cuál es el agravio que le provocan las respectivas consideraciones, así como los motivos que generan esa afectación. Contrario a lo que acontece con la suplencia en la deficiencia de los agravios; pues, esta última tiene aplicación cuando en el escrito relativo no se señala qué consideraciones del fallo recurrido se controvierten o, bien, realizado esto último, no se mencionan los motivos que generan la respectiva afectación. Máxime, la institución de la suplencia de los agravios, según el grado en que ésta se autorice por la Ley de Amparo y su interpretación jurisprudencial, se traduce en examinar consideraciones no controvertidas por el recurrente o, bien, en abordar el estudio de aquellas respecto de las cuales éste se limitó a señalar en sus agravios que las estima incorrectas, sin precisar los motivos que sustentan su afirmación. Razonamientos que se obtienen de la jurisprudencia 2a./J. 8/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE GARANTÍAS. EL QUE SE ABORDE SU ESTUDIO EN ATENCIÓN A LA CAUSA DE PEDIR, NO IMPLICA SUPLIR SU DEFICIENCIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 76 BIS DE LA LEY DE AMPARO." Así, contrapuestos los anteriores escenarios con el caso que ahora nos ocupa, se tiene que este órgano jurisdiccional no se encuentra en condiciones de atender los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, desde la óptica de suplencia en la deficiencia de la queja a la que constriñe 79 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así; pues, si bien en el capítulo atinente a los conceptos de violación del escrito inicial de demanda, se refiere que le fueron vulnerados los derechos fundamentales previstos, entre otros, en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo cierto es que tal circunstancia, de ninguna manera puede ser considerada como una violación que lo haya dejado sin defensa, como lo prevé la fracción VI, de aquel precepto legal. A más que, en el caso, la parte quejosa tampoco se encuentra en alguno de los supuestos de excepción establecidos en la fracción VII, del mismo artículo; esto es, que por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentre en clara desventaja social para su defensa en el juicio. Por tanto, en el caso, este órgano jurisdiccional se encuentra legalmente imposibilitado para suplir la deficiencia en los conceptos de violación y agravios esgrimidos por el quejoso, en su demanda de amparo; y, por ende, éstos habrán de abordarse atendiendo al principio de estricto derecho que habrá de imperar en los asuntos de materia administrativa -como el que ahora nos ocupa-, por virtud del cual el juzgador debe emprender el examen del acto reclamado a la luz de los argumentos que formule el impetrante, sujetando su análisis a éstos. Sentado lo expuesto, no se transcribirán los conceptos de violación, en virtud de que la formalidad que sobre el dictado de las sentencias de amparo impone el artículo 74 de la Ley de Amparo, en relación con el 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se refiere a los principios de congruencia y exhaustividad, los cuales se satisfacen por la autoridad de orden constitucional, cuando precisa los puntos sujetos a debate, los estudia y les da respuesta vinculada y correspondiente a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis y en ese contexto, se reitera, ninguna afectación se causa por la simple falta de transliteración. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 58/2010 que integró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Así, en la demanda que dio origen al presente juicio, la parte quejosa en sus conceptos de violación, en esencia refiere que el acto reclamado transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales establecidos en el artículo 1º, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las autoridades responsables no fundaron ni motivaron su resolución, al no cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento y causa molestias al quejoso ya que lo hacen sin que exista mandato escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Los conceptos de violación que formuló la parte quejosa, son inoperantes por una parte e infundados, por otra, tal como se pondrá de manifiesto en apartados subsecuentes. En ese tenor, por cuestión de técnica jurídica, algunos de los conceptos de violación se analizarán en un orden diverso al propuesto y por separado, y otros en forma conjunta en virtud de su estrecha vinculación e identidad; sin que tal actuación irrogue perjuicio alguno a las partes, ya que está previsto en el artículo 76 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia (IV Región) 2o. J/5 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO." En sus conceptos de violación, el quejoso, señala que se aplicó de forma inexacta el artículo 170, fracción II, apartado b), de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, en virtud de que en los autos del procedimiento administrativo las responsables omitieron notificarle los oficios STJ-90 y STJ-1335 emitidos por el Juez de Militar de Control de la VII Región Militar dentro de la causa penal 5/2020, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de deserción no estando en servicio y como consecuencia ser declarado prófugo de la justicia militar. Dichos motivos de disenso son infundados por las siguientes consideraciones. Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya trasgresión en su contra es acorde en reclamar la parte quejosa en el presente juicio de amparo disponen, en lo que aquí interesa: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.[.]." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]." Bajo ese contexto, el derecho fundamental de legalidad implícita en los trascritos artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, condiciona a todo acto de molestia a la reunión de los requisitos de fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento, por la que se entiende el acto o la serie de actos que provocan la molestia en la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones de un gobernado realizados por la autoridad competente, y deben no sólo tener una causa o elemento determinante, sino que éste sea legal, es decir, fundado y motivado en una ley en su aspecto material, esto es, una disposición normativa general e impersonal, creadora y reguladora de situaciones abstractas. La fundamentación legal de la causa del procedimiento autoritario, consiste en que los actos que originen la molestia de que habla el artículo 16 de la Constitución Federal deben basarse en una disposición normativa general, es decir, que ésta prevea la situación concreta para la cual sea procedente realizar el acto de autoridad, que exista una ley que lo autorice. Así, la fundamentación legal de todo acto autoritario que cause al gobernado una molestia en los bienes a que se refiere el citado precepto de nuestra Carta Magna, no es sino una consecuencia directa del principio de legalidad que consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. La exigencia de fundar legalmente todo acto de molestia impone a las autoridades diversas obligaciones, que se traducen en que: i. El órgano del Estado del que provenga el acto esté investido con facultades expresamente consignadas en la norma jurídica (ley o reglamento) para emitirlo; ii. El propio acto se prevea en dicha norma; iii. Su sentido y alcance se ajusten a las disposiciones normativas que lo rijan; y, iv. El acto derive de un mandamiento escrito, en cuyo texto se expresen los preceptos específicos que lo apoyen. La motivación de la causa legal del procedimiento implica que, existiendo una norma jurídica, el caso o situación concretos respecto de los que se pretende cometer el acto autoritario de molestia, sean aquellos a que alude la disposición legal que lo funde, lo que significa que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadren dentro del marco general correspondiente establecido por la ley. Esto es, para adecuar una norma jurídica legal o reglamentaria al caso concreto donde vaya a operar el acto de molestia, la autoridad respectiva debe aducir los motivos que justifiquen la aplicación correspondiente, motivos que deben manifestarse en los hechos, circunstancias y modalidades objetivas del caso para que éste se encuadre dentro de los supuestos abstractos previstos normativamente. La mención de esos motivos debe formularse precisamente en el mandamiento escrito, con el objeto de que el afectado por el acto de molestia pueda conocerlos y estar en condiciones de producir su defensa. En relación con las referidas exigencias, es menester traer a la atención que, de conformidad con el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: - La fundamentación debe entenderse como la expresión precisa del precepto o preceptos aplicables al caso; y, - La motivación, implica señalar, también con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Motivos aducidos que, ineludiblemente habrán de adecuarse a las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Lineamientos los anteriores que se obtienen de los razonamientos esgrimidos por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia 204, intitulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." En efecto, el precepto de la Constitución Federal que se analiza, consagra una de los derechos fundamentales que mayor protección otorgan al gobernado dentro de nuestra Magna Carta, la de legalidad, cuya eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino también, que sea contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca, o bien, que no contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento. La motivación de los actos de autoridad es una exigencia esencial para tratar de establecer, sobre bases objetivas, la racionalidad y la legalidad de aquéllos, para procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad, pues permite a los afectados impugnar los razonamientos de éstas y, al órgano que debe resolver la impugnación, determinar si son fundados o no los motivos de inconformidad que se formulan en ese sentido, al contar con todos los elementos para llevar a cabo el estudio relativo a la materia de la impugnación ya sea ésta ordinaria o extraordinaria como lo es el juicio de amparo. Ambos requisitos se suponen mutuamente, ya que no es posible citar disposiciones sin relacionarlas con los hechos de que se trate, sin exponer razones sobre hechos que no carezcan de relevancia para dichas disposiciones; dicha correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. Para llevar a cabo esta adecuación, la autoridad respectiva debe aducir los motivos que justifiquen la aplicación correspondiente, los que deben manifestarse con base en los hechos probados y las circunstancias y modalidades objetivas del caso, para que éste encuadre dentro de los supuestos abstractos previstos normativamente. La mención de esos motivos, debe formularse precisamente, en el propio mandamiento escrito, y no en otro diverso con el objeto de que el afectado por el acto de autoridad, pueda conocerlos y estar en condiciones de producir su defensa. Por otra parte, debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación, pues mientras la primera es una violación formal que se produce cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso pueda subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. De tal manera, la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos; siendo la segunda una violación material o de fondo, que corresponde cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal. Empero, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa, o se incurrió en incorrecta motivación, que ocurre cuando las razones que tienen en consideración la autoridad para emitir el acto, no están probadas, o lo están de manera deficiente; o están en disonancia con el contenido de la norma legal invocada como aplicable al caso, sea por falta de demostración o por insuficiencia o defectuosa valoración de las pruebas que originaron la emisión del acto. Es decir, implica un defecto en el juicio de los hechos, la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales. En ese contexto, procede hacer mención del procedimiento de baja de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea, en el caso, resulta necesario trascribir el texto del artículo 170, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; que contiene las normas para la separación definitiva de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea, el cual establece: "ARTICULO 170. La baja es la separación definitiva de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea, del activo de dichas Instituciones y procederá por ministerio de Ley o por Acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional en los siguientes casos: I. Procede por ministerio de Ley: A. Por Muerte; y B. Por sentencia ejecutoriada que la ordene, dictada por Tribunal competente del Fuero Militar. En estos casos la Secretaría de la Defensa Nacional, deberá girar las órdenes que procedan para que la baja surta sus efectos. II. Procede por acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional: A. Por Solicitud del interesado que sea aceptada; B. Por ser declarado el militar prófugo de la justicia, por el Tribunal Militar al que hubiere sido consignado, sin perjuicio del proceso que se le siga y siempre que dure en esta situación más de tres meses. En este caso, antes de girarse la orden de baja, se le emplazará por medio de publicación en la Orden General de la Plaza de México, expresándose el fundamento y motivo, a fin de que dentro del término de quince días a partir de la publicación, manifieste a la Dirección de su Arma o Servicio lo que estime necesario en su defensa; expirado el plazo sin que comparezca por escrito o personalmente, se le tendrá por conforme; C. Por desaparición del militar, comprobada esta circunstancia mediante los partes oficiales, siempre que dure en esta situación más de tres meses, en caso de que el individuo de que se trate apareciera y justifique su ausencia, será reincorporado al activo; D. Tratándose del personal de Tropa y de los militares de la clase de Auxiliares, además de las causas señaladas en los incisos que anteceden, podrán ser dados de baja por observar mala conducta, determinada por el Consejo de Honor de la Unidad o Dependencia a que pertenezcan, o por colocarse en situación de no poder cumplir con sus obligaciones militares, por causas no imputables a la Secretaría de la Defensa Nacional. En ambos casos, siempre será oído en defensa el afectado; E. Los Militares Auxiliares causarán baja, además cuando no se consideren necesarios sus servicios o a consecuencia de cambios orgánicos en las estructuras de las Unidades o Dependencias. En estos casos, también será oído en defensa el afectado. Si la baja se le da al Auxiliar sin que la hubiera motivado su mala conducta y habiendo prestado más de cinco años de servicios, tendrá derecho a una compensación que deberá otorgar el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, cuyo monto será el equivalente al fijado para el retiro con el grado que tenía al ser dado de baja; F. Por adquirir otra nacionalidad, y G. Para los Soldados y Cabos, por la rescisión del contrato de enganche o del de su renovación, otorgándoles la garantía de audiencia por quince días hábiles en los términos del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Salvo los casos de la Fracción I apartado A y Fracción II apartado E, la baja del Ejército y Fuerza Aérea, implica la pérdida del derecho a reclamar prestaciones o beneficios con base en el tiempo de servicios que se tuvo y en todos los casos el de usar uniformes, condecoraciones y divisas militares." Así, del precepto legal trascrito se obtiene que por baja, se entiende que es, la separación definitiva de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea, del activo de dichas Instituciones y procederá por ministerio de Ley o por Acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional; también que para el caso del segundo supuesto, entre otros casos, el relativo a que procede la baja por acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional, por ser declarado el militar prófugo de la justicia, por el Tribunal Militar al que hubiere sido consignado, sin perjuicio del proceso que se le siga y siempre que dure en esta situación más de tres meses. Además que en este caso, antes de girarse la orden de baja, se le emplazará por medio de publicación en la Orden General de la Plaza de México, expresándose el fundamento y motivo, a fin de que dentro del término de quince días a partir de la publicación, manifieste a la Dirección de su Arma o Servicio lo que estime necesario en su defensa. Luego, expirado el plazo sin que comparezca por escrito o personalmente, se le tendrá por conforme con la determinación. Bajo ese orden de ideas, resulta inconcuso que los actos reclamados por el aquí quejoso a las autoridades señaladas como responsables, de ninguna manera vulneran los derechos fundamentales de Miguel Ángel Leos Quintana. Se afirma lo anterior, en virtud de que, los actos reclamados están fundados y motivados en la causa legal del procedimiento; toda vez que, la responsable fijó la normativa aplicable; los antecedentes del asunto; los preceptos legales que regulan la procedencia de la figura jurídica que nos ocupa; enseguida, tomando en cuenta todo lo anterior emitió el acuerdo ahora reclamado. En el caso, se estima que no asiste razón al quejoso cuando argumenta que las autoridades responsables, al emitir su baja del Ejército y Fuerza Aérea, vulneraron en su perjuicio la garantía de audiencia contenido en el artículo 14 constitucional, porque, contrario a lo que afirma, con fundamento en el artículo 170, fracción II, apartado "B", del Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por medio de la Orden General de la Plaza de México, fue emplazado al procedimiento de baja que se le instauró por la probable comisión del delito de deserción, sin que hubiese comparecido al citado procedimiento, dentro del plazo que se le otorgó, para tal fin, no obstante estar debidamente notificado, motivo por el cual, es infundado el argumento del quejoso. Incluso porque con posterioridad compareció al procedimiento instaurado en su contra, momento en el que pudo ejercer su derecho de defensa. También es infundado el argumento del quejoso cuando refiere que se le debieron notificar los oficios STJ-90 y STJ-1335, pues como quedó expuesto, el medio de difusión oficial "Orden General de la Plaza de México", tiene la finalidad de emplazarlo al procedimiento administrativo, y en la especie así aconteció, tan es así que tuvo conocimiento del procedimiento administrativo instaurado y se insiste, que estuvo en posibilidad de ejercer su derecho de defensa y ofrecer los medios probatorios necesarios para, en su caso, desvirtuar las certificaciones realizadas por el juzgador responsable. Por otra parte, el quejoso aduce que el acuerdo general 34393 de trece de abril de dos mil veintiuno, por el que se determinó su baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, transgrede el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; porque, aun sin estar fundada ni motivada legalmente, lo dieron de baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, dejándolo en estado de indefensión. En el invocado dispositivo legal 16 párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra establecida la garantía de seguridad jurídica, que consiste, esencialmente, en el cumplimiento efectivo de todos aquellos requisitos, condiciones, elementos o circunstancias cuya observancia sea jurídicamente necesaria para que un acto de autoridad produzca, válidamente, afectación en la esfera jurídica del gobernado a sus diversos derechos, pues sólo mediante el cumplimiento de todos esos elementos podrá satisfacerse. Esto es, para que pueda considerarse que un acto de autoridad cumple con la prerrogativa constitucional citada, debe estar suscrito por un servidor público competente y encontrarse fundado y motivado. La suscripción del documento se exterioriza al estampar la firma autógrafa que constituye el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita. Por su parte, se cumple con el requisito de debida fundamentación y motivación, cuando la autoridad señala con precisión el precepto o preceptos legales exactamente aplicables al caso, así como las fracciones o incisos correspondientes a fin de que el gobernado conozca las disposiciones legales en que la autoridad basa su actuación; razonando adecuadamente las causas que lo llevan a tal conclusión, expresando los motivos determinantes, estableciendo comparativamente lo que ordena el precepto legal, la situación concreta en que se encuentra el gobernado y la conclusión; es decir, su resolución en cuanto al caso concreto que se le plantea, permitiendo de esta manera que los gobernados conozcan las causas y valores y si la actuación de la autoridad se encuentra ajustada a derecho y, de considerar que afecta su esfera jurídica, impugnarla por los medios legales establecidos. Ello es así, porque en nuestro régimen constitucional la autoridad no tiene más facultad que la que expresamente le atribuye la ley, por lo que toda autoridad deberá signar y citar en el cuerpo de sus resoluciones, la ley, los preceptos y motivos en que se apoya con el fin de justificar legalmente sus actos, demostrando así que no son arbitrarios. Por tanto, es imprescindible que se haga saber al afectado los fundamentos y motivos de su actuar para que esté en aptitud de defenderse como lo estime pertinente. Apoyo lo anterior la tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 64, abril de 1993, página 43, cuyo rubro y texto son: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado." En el caso, del acuerdo controvertido se advierte que, contrario a lo que afirma el quejoso, se encuentra debidamente fundado y motivado, conforme lo establece el artículo 16 constitucional Esto es, el acuerdo reclamado fue emitido con fundamento en los artículos 14, 16 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 14, 16, 18 y 29 fracciones I y IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 17, 21, fracción IV, 32, 56 fracción I y 170 fracción II, apartado "B" de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 3, 6 7, fracción VII, inciso "A", 8, 9 y 28 fracción XV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, y que, en lo conducente, dice: "Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (.) 14, 16, 18 y 29 fracciones I y IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, (.) 17, 21, fracción IV, 32, 56 fracción I y 170 fracción II, apartado "B" de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (.), 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (.), 3, 6 7, fracción VII, inciso "A", 8, 9 y 28 fracción XV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional (.)," ".se ordena que, con fecha 16 de abril de 2021, el Teniente de Infantería Miguel Ángel Leos Quintana (D-1358167), causa baja como tal, del 28/°. Batal´lón de Infantería, Campo Militar No 2-C Subprefecto Josóe María Larroque", Aguaje de la Tuna, B.C.) y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con fundamento en el citado precepto, perdiendo los derechos adquiridos en virtud del tiempo de servicio, así como usar condecoraciones o distintivos, en términos de lo señalado en el último párrafo de dicha disposicion legal." En tanto que la motivación consistió en señalar que el Juez Militar de Control de la VII Región Militar (Campo Militar No 30-A "General Pedro C. Colorado", de la Secretaria de la Defensa Nacional (dentro de la causa penal número 05/2020), lo declaró prófugo de la justicia militar, por el delito de deserción no estando de servicio y permanecer en esa situación por más de tres meses, en los siguientes términos: "Por lo que hace a sus argumentos marcados con los números 1 y 2, se advierte que los mismos son ineficaces para combatir el motivo por el cual se le inició el presente procedimiento administrativo, que es por haberse ubicado en la causal de baja prevista en el artículo 170 fracción II, apartado "B" de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, toda vez que no combate el hecho de que fue declarado prófugo de la Justicia Militar por el tribunal militar al que fue consignado y que permaneció en esa situación por más de tres meses, los cual se acredita con el contenido de los oficios números STJ-90 y STJ-1335 de fechas 14 de enero de 2020 y 15 de abril de 2020, girados por el Juez Militar de Control de la VII Región Militar (Campo Militar No. 30-A "Gral. Pedro C. Colorado", Villahermosa, Tab.), los cuales al no haber sido nulificados por alguna autoridad, la declaración de prófugo de la Justicia Militar y la certificación de que permaneció en esa situación por más de tres meses, son actos administrativos con pleno valor probatorio para el presente procedimiento, en términos de lo establecido por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que ambos documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad que los emitió en el ejercicio de sus atribuciones. Asimismo, lejos de beneficiarle sus argumentos, le perjudican, debido a que de manera expresa en su escrito de inconformidad, admite haberse presentado ante la dirección general de infantería hasta el día 15 de mayo de 202 y el 18 del mismo mes y año ante el Juez Militar de Control de la VII Región-Militar (Campo Militar No. 30-A "Gral. Pedro C. Colorado", Villahermosa, Tab.), ya que como es de su conocimiento, el día quince de abril, el citado Órgano Jurisidiccional, en el oficio número STJ-1335, certificó que habían transcurrido más de tres meses, contados a partir del 14 de enero de 2020, y a la fecha del citado oficio, sin que hubiera comparecido de manera voluntaria o se tuviera conocimeinto de que hubiera sido aprehendido o puesto a disposición de dicha autoridad, por lo tanto y toda vez que el artículo 170 fracción II, apartado "B", de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, establece los requisitos para que un militar se ubique en el supuesto de baja antes mencionado, los cuales consisten en que: 1. sea declarado prófugo de la justicia militar por un tríbunal castrense y 2. que permanezca en tal situación por más de tres meses, por lo tanto, el inconforme se colocó en la causal de baja citada en el artículo de referencia. Cabe mencionar que, contrario a sus apreciaciones, el contenido del segundo párrafo del artículo 170 fracción II, apartado "B" de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, hace referencia a que cuando algún militar, que se coloca en el supuesto de baja señalado en el mismo dispositivo legal, deberá ser emplazado del incio del procedimiento de baja que se le instaure a través de la publicación en la Orden General de la Plaza de México en la que se le expresará el fundamento y motivo de dicho procedimiento de baja, con la finalidad de que el interesado haga uso de su garantía de audiencia y dentro del término de quince días a partir de la publicación respectiva, en su caso manifieste ante la Dirección de su Arma o Servicio lo que estime necesario en su defensa y ofrezca las pruebas que estime convenientes; y no (negativo) es con el objeto de informarles que se encurntran sujetos a alguna causa penal, ni en ninguna de sus partes señala que se les otorgan quince días para presentarse ante la Dependencia que los controla administrativamente o ante el Órgano Jurisdiccional que les instruya alguna causa penal para responder por el delito de que se trate. Por lo que atendiendo al contenido del mencionado artículo mediante oficio No. SAM D.-3668 de 14 de enero de 2020 la Dirección General de Infantería le comunicó personalmente y de manera fundada y motivada que se le iniciaba el trámite administrativo de baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, otorgándole el termino de quince días como garantía de audiencia para que manifestara lo que estimara necesario a su defensa y aportara las pruebas a su favor, por lo tanto el presente procedimiento se encuentra apegado a la normatividad vigente. Aunado a lo anterjor, esta Dependencia no tenía la obligación de hacerle del conocimiento que se encontraba sujeto a una causa penal, toda vez que de acuerdo con la jerarquía que ostenta de Teniente y por los años de servicio prestados en la Institución debió prever lo necesario para presentarse de manera oportuna para responder por el ilícito que cometió y evitar colocarse en la hipótesis de baja estipulada en el articulo 170 fracción II, apartado "B" de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Cabe mencionar que toda vez que el presente procedimiento es de carácter administrativo, los señalamientos que realiza respecto a que su dirección y teléfono no se encontraron asentados de manera correcta en la causa penal número 05/2020, estos en nada combaten los motivos del presente procedimiento, toda vez que dichas manifestaciones debió realizarlas ante el juez de la causa en su debida oportunidad. Finalmente y por lo que respecta a su solicitud marcada con el número 3, resulta improcedente, toda vez que de acuerdo con lo establecido por los artículos 6 y 10 del Código Civil Federal, la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la Ley, ni alterarla o modificarla y contra de la misma, no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario; por lo que, al haber sido declarado prófugo de la Justicia Militar y certificado que permaneció en esa situación por más de tres meses, se ubicó en el supuesto de baja que establece el artículo 170 fracción II, apartado "B" de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por el cual su actualización no queda supeditada a la voluntad de las partes, pues considerarlo así, se contravendrían disposiciones de orden público, dado que la sociedad está interesada en el cabal cumplimiento del marco normativo en los diversos actos de la autoridad, lo cuales tienden directa o indirectamente al debido desempeño de la función pública como actividad del Estado. En tal virtud, se arriba a la conclusión de que es procedente la separación definitiva de este Instituto Armado, del C. Teniente de Infanterfa MigueI Ángel Leos Quintana, por haber permanecido más de tres meses prófugo de la Justicia Militar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 170 fracción ll, apartado "B" de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aerea Mexicanos. (.)" Conforme al panorama expuesto, se estima que no asiste razón al quejoso, porque la autoridad señaló con precisión los preceptos legales exactamente aplicables al caso, a fin de que los conociera, razonando adecuadamente las causas, motivos o circunstancias que lo llevaron a tal determinación, dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 16 constitucional, máxime que no controvierte de forma frontal los argumentos expuestos por la responsable para estimar actualizada la hipótesis a estudio. En efecto, la responsable sustentó la determinación reclamada, en terminos de lo previsto en los artículos 170, fracción II, apartado "B", de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de cuyo contenido, según se precisó, se advierte que al ser declarado prófugo de la justicia el militar, se le emplazará por medio de la publicación en la Orden General de la Plaza de México, expresándose el fundamento y motivo, a fin de que dentro del término de quince días, manifieste lo que estime necesario en defensa de éste; expirado el plazo, sin que comparezca por escrito o personalmente, se le tendrá por conforme, sin que en el caso concreto se advierta que el directo quejoso, ofreciera dentro del procediemitno administritativo de origen algún medio probatorio que desvirtuara lo asentado en los comunicados que derivaron en su declaratoria de prófugo, no obstante compareció al procedimeinto con posterioridad y estuvo en oportunidad de realizarlo. Así, al encontrarse debidamente fundado y motivado el acto reclamado por esta vía, se concluye que no es violatorio de los derechos fundamentales del quejoso, toda vez que se encuentra apegado a derecho. Finalmente, en relación con el concepto de violación, en el que la parte quejosa refiere que la autoridad responsable viola en su perjuicio el derecho a la legalidad y señala que de ejecutarse la sentencia (acto reclamado), se estarían violando los derechos humanos que reconoce la Constitución, así como los Tratados Internacionales, pues afirma que las garantías que se encentran consignadas para su protección no se estarían cumplimiento, se estima que tal argumento es inoperante, por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque con esos argumentos la parte quejosa no controvierte ni destruye los razonamientos que tomaron en cuenta las autoridades responsables al emitir los actos reclamados. Se arriba a esta conclusión, ya que mediante sus argumentos, la parte quejosa se limitó a trascribir el artículo 1º de la Constitución Federal, sin formular argumentos o razonamientos de los que se advierta que haya controvertido los actos reclamados; por tanto, lo anterior evidencia la inoperancia del argumento en análisis. Sirve de apoyo a esta determinación, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. INOPERANTES, CUANDO NO COMBATEN LOS RAZONAMIENTOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA, SIN QUE EXISTA VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY QUE MOTIVARA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA." En adición a lo anterior, se estima que el argumento en estudio también es inoperante, en razón de que la parte quejosa no logra construir su causa de pedir mediante el mismo, ya que únicamente se limitó a realizar afirmaciones dogmáticas sin sustento ni fundamento, pero sin exponer los razonamientos que así lo evidenciaban. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 1a./J. 81/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO." En las relatadas condiciones, al ser los conceptos de violación aducidos por el quejoso, infundados e inoperantes, y no advirtiendo causa alguna por la cual suplirlos en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se impone NEGAR EL AMPARO SOLICITADO por Miguel Ángel Leos Quintana contra de los actos reclamados al General Secretario de la Defensa Nacional y Director General de Infantería. OCTAVO. Captura de la sentencia. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de enero de dos mil quince, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, procédase a realizar la captura del presente fallo y a recabar la constancia correspondiente, para que se agregue al presente expediente. Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 61, 63, 74, 75, 76, 77, fracción II, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se niega el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a Miguel Ángel Leos Quintana, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. En cumplimiento a lo establecido en el octavo punto considerativo de esta resolución, procédase a la captura de la misma en el módulo "Sentencias" contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como a recabar la constancia correspondiente. Notifíquese personalmente.Así lo resolvió y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, hoy veintiocho de julio de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado permitieron su engrose, asistido por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
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