Miguel Angel del Angel Macias
Expediente 620/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 620/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 30/10/2023
Partes del expediente
- Miguel Angel del Angel Macias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Tijuana, Baja California; treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes, en el proveído de diez de octubre de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado al fallo protector por parte de la autoridad responsable; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede acordar lo conducente con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, para el caso en concreto, en principio es menester señalar que el acto reclamado se hizo consistir en lo siguiente: La omisión de determinar la prescripción de la facultad sancionadora dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa con número de expediente E-050/CSPC/2020, seguido en contra del quejoso. El cuatro de agosto del presente año, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la cual se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Miguel Ángel Del Ángel Macías, para efectos de que la responsable Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen, realizara lo siguiente: "SÉPTIMO. Efectos. [.] 1. Emita una determinación con plenitud de jurisdicción, en la que, de manera fundada y motivada, estudie la prescripción de su facultad sancionadora planteada por el quejoso Miguel Ángel del Ángel Macías, analizando si de conformidad en los artículos 184 y 185 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, prescribió´ o no su facultad para dictar resolución definitiva en el expediente E-050/CSPC/2020. 2. Hecho lo anterior, notifique personalmente al quejoso la determinación que pronuncie al respecto". Al no haber sido recurrida dicha sentencia, por auto de diez de octubre pasado, causó ejecutoria, sin que hubiera necesidad de requerir a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector, toda vez que en auto dictado el quince de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo al Secretario Técnico de la autoridad responsable Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Baja California, remitiendo copia certificada de la sesión ordinaria de veintinueve de junio de dos mil veintitrés; sin embargo, de la citadas constancias se advierte que la mencionada responsable, en la referida data, emitió la resolución definitiva en el expediente administrativo E-050/CSPC/2020, y determinó, en lo que aquí interesa, que no existieron los elementos suficientes para acreditar la responsabilidad administrativa grave de la parte quejosa y se decretó la no responsabilidad administrativa de la misma, de igual manera de dichas documentales se advierte la cédula de notificación, de la resolución de que se trata, realizada al autorizado del aquí quejoso, el diez de julio de dos mil veintitrés. En consecuencia, en fundamento en el artículo 196 de la Ley de amparo, se considera que la ejecutoria de amparo es de imposible cumplimiento, ya que al haberse resuelto el procedimiento señalado, en fecha previa a la emisión de la sentencia de amparo, ya no es posible que la responsable analice si su facultad sancionadora estaba prescrita, al haber cambiado la situación jurídica en el expediente. Con lo anterior, y con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento, se ordena dar vista a las partes para que dentro del término de quince días manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que en caso de no hacerlo, se enviarán los autos del juicio al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, en turno, a fin de que emita una resolución donde determine la existencia de la imposibilidad aludida. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 23/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 274, Libro 58 del Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el cuatro de agosto de dos mil veintitrés; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Ahora, en la sentencia definitiva se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal en los siguientes términos: "SÉPTIMO. Efectos. Con fundamento en el artículo 77 fracción I, y primer párrafo de la Ley de Amparo, se precisa que el amparo concedido es para efecto de que la autoridad responsable Comisión del Servicio Profesional de Carrera del Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, realice lo siguiente: 1. Emita una determinación con plenitud de jurisdicción, en la que, de manera fundada y motivada, estudie la prescripción de su facultad sancionadora planteada por el quejoso Miguel Ángel del Ángel Macías, analizando si de conformidad en los artículos 184 y 185 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, prescribió´ o no su facultad para dictar resolución definitiva en el expediente E-050/CSPC/2020. 2. Hecho lo anterior, notifique personalmente al quejoso la determinación que pronuncie al respecto". Ahora, toda vez que del estado que guardan los presentes autos, se advierte que en auto dictado el quince de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo al Secretario Técnico de la autoridad responsable Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Baja California, realizando diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento al fallo protector dictado en este asunto; y, para tal efecto, adjuntó copia certificada de las constancias relativas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio y constancias que remite, dese vista a las partes, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, con o sin manifestación de las partes, procédase a resolver sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, quince de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio que remite el Secretario Técnico de la autoridad responsable Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Baja California, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento al fallo protector dictado en este asunto; y, para tal efecto, adjunta copia certificada de las constancias relativas. Atento a lo anterior, se reserva a acordar lo conducente en relación con el oficio de cuenta, hasta en tanto quede firme la sentencia dictada autos. Notifíquese.Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida del licenciado Gerardo Castillo Riedel, Secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. MBV/GCR/gag
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio remitido por el Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, en representación de la Comisión Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario, y tomando en consideración que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en veintiocho de julio de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia constitucional dentro del cuaderno principal del juicio de amparo 620/2023-B, y se ordenó proceder al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda; por tanto, se ordena formar el presente cuadernillo relativo del referido juicio de amparo, al que se deberá agregar el oficio de cuenta. Ahora, en atención al oficio de cuenta, se tiene a la autoridad responsable adjuntando la resolución definitiva pronunciada en el expediente administrativo ********************, de su índice, del que derivan los actos reclamados. No obstante, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, no es el caso tomar en consideración dichas constancias al momento de emitir la sentencia definitiva en el asunto, ya que no fueron ofrecidas antes de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.
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