Miguel Ángel López Cervantes

Expediente 269/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 39 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
269/2022
Año
2022
Actuaciones
39
Última actuación
19/01/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ángel López Cervantes
  • Anel Sandoval Armendariz
  • Juez Octavo de lo Civil. Tijuana, Baja California
  • MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ CERVANTES y Otros.
  • DELEGADO Y/O REGISTRADOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la determinación dictada el treinta de diciembre de dos mil veintidós, en la que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia dentro del presente asunto, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente principal por haberse sobreseído en el juicio, es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual deben conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Por otra parte, en términos del artículo 18, fracción I inciso a) del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que toda vez que en el incidente de suspensión que deriva el presente asunto se concedió la suspensión provisional y se concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, por tanto el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo vigésimo séptimo del Acuerdo General citado. Y por lo que corresponde al duplicado del citado incidente, se establece que éste es susceptible de destrucción de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes referido. Cambio de denominación. Por último, sólo para su conocimiento, se hace saber a las partes que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, a partir del día dieciséis de enero del presente año, este Juzgado cambia su denominación a Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y conserva su actual jurisdicción territorial pero con competencia mixta, conforme al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que ha transcurrido el término de veinte días que se otorgó a la parte quejosa en auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós; para que recibiera los edictos ordenados y entregarlos para su publicación, en el Diario Oficial de la Federación o bien, en cualquier diario de mayor circulación en el país; por lo que dicho plazo transcurrió para la parte quejosa del dos al veintinueve de diciembre de dos mil veintidós; ya que fue notificada de manera personal el treinta de noviembre del año en curso. De lo anterior, podemos advertir que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: . III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: . b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Dispositivos de cuya interpretación armónica se obtiene que la causa de sobreseimiento de mérito cobra vigor, cuando la parte quejosa no acredita haber entregado los edictos para su publicación dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición. Ahora, de los autos que integran el presente sumario, se advierten las siguientes actuaciones: Que al haberse agotado los medios de localización ordenados en auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, a fin de emplazar a juicio a la tercero interesada Sara Gabriela Anaya Escajeda, en proveído de veintiocho de noviembre del año en curso, se ordenó emplazar mediante edictos a la precitada tercero interesada. Asimismo, en dicho proveído se hizo del conocimiento a la parte quejosa que debería acreditar haber hecho los trámites correspondientes dentro de los veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación del presente proveído, consistentes en: Recoger los edictos ante este órgano jurisdiccional. Entregarlos para su publicación; Acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos) -y una vez hecho lo anterior-. Exhibir dichas publicaciones en este órgano jurisdiccional. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término ordenado, se sobreseería en el presente juicio. Que dicha determinación le fue notificada personalmente a la parte quejosa el treinta de noviembre de dos mil veintidós (transcurriendo dicho plazo del dos al veintinueve de diciembre de dos mil veintidós). Sin que a la fecha obre constancia que la parte quejosa haya recogido los edictos para su publicación. Por tal motivo, y dado que el párrafo segundo, inciso b), de la fracción III, del artículo 27, de la Ley de Amparo, impone a la parte quejosa la obligación de acreditar haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, para realizar el emplazamiento de la tercero interesada; pues, dicho emplazamiento permite tener constituida la relación jurídica procesal y ello está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos, o en su caso, se tuviera por acreditada su imposibilidad para solventar dicho gasto, pues, de estimarse lo contrario, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda la tercero interesada en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto de validez del proceso cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa por la falta de pago de los edictos, impide pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio al gobernado cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Por tanto, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la falta de publicación de los edictos, a costa de la promovente del amparo, para lograr el emplazamiento de la tercero interesada Sara Gabriela Anaya Escajeda, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela el numeral en comento, ya que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa Miguel Ángel López Cervantes y Anel Sandoval Armendáriz, pues con la falta de emplazamiento de la tercero interesada Sara Gabriela Anaya Escajeda, se impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Conforme a lo anterior, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita como lo ordena el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además, que la falta de trámite y resolución del juicio de amparo quede al arbitrio de la promovente del amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia número XVII.1o.C.T. J/14 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1859, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2013740, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ [INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA]. No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad." Así también, poya lo precisado, la jurisprudencia 22/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, Página: 24, de rubro y contenido siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos "a costa del quejoso" corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo." En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia de la acción constitucional referida, -como se anticipó-, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción II, en relación a la fracción III, inciso b), párrafo segundo, del numeral 27, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encuentra señalada la audiencia constitucional para el día de hoy, asimismo que, de autos se desprende que se han agotado los medios de localización ordenados en auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós, a fin de emplazar a Sara Gabriela Anaya Escajeda, sin que a la fecha éste se haya logrado. Asimismo, que a la fecha se agotó el domicilio proporcionado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, sin que se haya logrado el emplazamiento de la tercero interesada. Emplazamiento por edictos de la parte tercero interesada. Ahora, del estado de autos, se advierte que este órgano jurisdiccional agotó todos los medios necesarios para la localización de la tercero interesada Sara Gabriela Anaya Escajeda, a fin de poderla emplazar a juicio, sin que se hubiese logrado su paradero; tal y como lo establece el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En consecuencia, de conformidad con el artículo citado con anterioridad, se ordena su emplazamiento por edictos a costa de la parte quejosa, en relación con el numeral 315 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que los edictos quedan a su disposición en la secretaría de este tribunal; en el entendido que en caso de no acreditar haberlos entregado para su publicación dentro del plazo de veinte días, legalmente computado, se decretará el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con la fracción II del numeral 63 de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el normativo 315 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, indíquese al quejoso que los edictos deberán contener una relación sucinta de la demanda de amparo que originó este asunto, publicaciones que se harán tres veces, de siete en siete días (debiendo mediar seis días hábiles entre cada una), en el Diario Oficial de la Federación y, en el periódico "Excélsior" (o bien, en cualquier diario de mayor circulación en el país); además deberá fijarse en la puerta de este órgano jurisdiccional una copia íntegra de los edictos respectivos por todo el tiempo del emplazamiento. Por lo que hecha la primera publicación del edicto en un diario de circulación nacional, la segunda habrá de realizarse al séptimo día hábil de aquélla y la tercera al séptimo día hábil de la segunda publicación; esto es, deberán transcurrir seis días hábiles entre el primer día de su publicación y la subsecuente fecha en que se realice la segunda, y el mismo plazo entre la segunda y tercera publicación, para que precisamente éstas se cumplan en el séptimo día de la publicación anterior. En apoyo a lo expuesto, por el criterio que contiene, se cita la jurisprudencia 1ª./J. 19/2008, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, página: 220, registro 169846, con el siguiente contenido: "NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. ENTRE CADA PUBLICACIÓN DEBEN MEDIAR DOS DÍAS HÁBILES, CONFORME AL ARTÍCULO 122, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. Conforme a dicho precepto legal, tratándose de personas inciertas o de aquellas cuyo domicilio se ignore, procede la notificación por edictos, los cuales deben publicarse por tres veces "de tres en tres días" en el Boletín Judicial y en el periódico local que indique el Juez. Ahora bien, la expresión "de tres en tres días" debe interpretarse en el sentido de que entre cada una de las publicaciones deben mediar dos días hábiles, para que la siguiente publicación se realice al tercer día hábil siguiente. Ello es así, porque dicha expresión únicamente señala cuándo deben realizarse las publicaciones, sin precisar los días que han de mediar entre ellas. Sin embargo, ese dato puede determinarse a partir del mandato consistente en que la publicación deberá realizarse "de tres en tres días", ya que si se afirmara que deben mediar tres días hábiles, la publicación se realizaría al cuarto día, en contravención a la regla prevista en el precepto citado. Además, si la intención del legislador hubiese sido que entre las publicaciones mediaran tres días hábiles, así lo habría determinado expresamente, como lo hizo en el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el que sí menciona los días hábiles que deben transcurrir entre las publicaciones." Por las mismas razones la tesis XVII.2o.30 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página mil setecientos veintitrés, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 184655, de rubro y texto: "EDICTOS, EMPLAZAMIENTO POR. DEBEN MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN SEIS DÍAS HÁBILES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El emplazamiento por medio de edictos se lleva a cabo cuando se desconozca en qué lugar se encuentra una persona por notificar, mediante las publicaciones que el Juez ordena, que de conformidad con lo que dispone el artículo 123, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado deberán realizarse por tres veces consecutivas, de siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado, así como en un diario que se edite en el lugar del juicio. Ahora bien, como el emplazamiento es una actuación procesal que debe practicarse en días hábiles, tal como lo prevé el artículo 69 del ordenamiento legal antes invocado, las publicaciones de los edictos sólo deben efectuarse en esos días y deben mediar entre ellas seis días hábiles, para que precisamente la siguiente se efectúe en el séptimo, también hábil; en consecuencia, si entre cada publicación no existen esos días, el emplazamiento por edictos resulta ilegal y violatorio de garantías." Así como la tesis: (I Región)7o.2 K (10a.) emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México con número de registro digital: 2018657 de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DEBE EFECTUARSE EN DÍAS HÁBILES. Los artículos 5o., fracción III, 26, fracción I, inciso b), 27, fracción III, inciso b) y 32 de la Ley de Amparo, interpretados armónicamente, establecen que la primera notificación al tercero interesado, como parte en el juicio de amparo, deberá realizarse personalmente y, en caso de que no conste en autos su domicilio, una vez agotada la investigación correspondiente, la notificación se hará por medio de edictos a costa del quejoso, en términos del artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley citada, que señala que los edictos se publicarán por tres veces, de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana. Así, al constituir el emplazamiento una actuación judicial de mayor relevancia en el juicio de amparo, aunado a que se lleva a cabo en cumplimiento de un acto procesal emitido por el órgano jurisdiccional, la publicación de los edictos debe efectuarse en días hábiles, en acatamiento al artículo 281 del código mencionado, en relación con el diverso 22 de la Ley de Amparo." Además, se ordena fijar en la puerta de este Juzgado una copia íntegra del presente proveído por todo el tiempo del emplazamiento; asimismo, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las doce horas con treinta minutos del día de hoy, en el presente juicio, debiéndose fijar una nueva fecha para la audiencia constitucional una vez que transcurra el término del emplazamiento a la tercero interesada en comento, respecto de lo cual, deberá realizarse la anotación correspondiente en la agenda que para tal efecto se lleve en este Juzgado, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Requiérase a la parte quejosa, a fin de que comparezca ante este Juzgado Federal a recibir los edictos ordenados en líneas que anteceden para su publicación correspondiente, o en su caso manifieste la imposibilidad para hacerlo. Finalmente, infórmese a la parte quejosa que deberá acreditar haber hecho los trámites correspondientes dentro de los veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, consistentes en lo siguiente: Recoger los edictos ante este órgano jurisdiccional. Entregarlos para su publicación; y, Acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos) -y una vez hecho lo anterior-. Exhibir dichas publicaciones en este órgano jurisdiccional. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término ordenado, se sobreseerá en el presente juicio. Es aplicable la jurisprudencia de rubro, texto y datos de localización que a continuación se citan. "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." (Época: Décima Época, Registro: 2009915, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 27/2015 (10a.), Página: 27). Haciéndole saber a la tercero interesada que tendrá un plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la última publicación de los edictos aquí ordenados, para comparecer a este juicio de amparo a hacer valer sus derechos y a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y si transcurrido dicho plazo no comparecen, las subsecuentes notificaciones se les harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, residente en esta ciudad, en términos del artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles en relación con el arábigo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Por último, se precisa que la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo dispone la posibilidad de decretar el sobreseimiento en el juicio cuando el quejoso incumple con los principios de prosecución judicial e interés procesal, al no entregar al órgano jurisdiccional los edictos para su publicación, cuando deban practicarse y no acredite la causa razonable de su omisión, en términos del artículo 27 de la propia ley. De esta forma, se advierte que el legislador determinó en ese sentido el sobreseimiento en el juicio directamente, pues para requerir al quejoso la entrega de esos edictos, éste debió haberlos recogido, tramitado y, en consecuencia, entregado al juzgado, quien ordenó su emisión; así, atento a que el sobreseimiento directo a que se refiere el numeral 63, fracción II, aludido, se considera adecuado aplicar esa causal ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que surgen para el quejoso cuando se ordena un emplazamiento por edictos (recoger y tramitar), y no solamente para el caso de que éstos no sean entregados para su publicación -que es la única acción establecida expresamente por la ley-, pues cualquier omisión del quejoso que impida efectuar la notificación a través de edictos, evidencia su falta de interés para la continuación del juicio; de ahí que se hace del conocimiento a la parte quejosa que de no dar cumplimiento al requerimiento formulado en el presente proveído, con la finalidad de acreditar el emplazamiento de la parte tercero interesada en el presente asunto se decretará el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.10o.P.1 K (10a.) emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro digital 2013988 de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, TRAMITARLOS Y ENTREGARLOS AL ÓRGANO JURISDICCIONAL SIN CAUSA RAZONABLE, ACTUALIZA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo dispone la posibilidad de decretar el sobreseimiento en el juicio cuando el quejoso incumple con los principios de prosecución judicial e interés procesal, al no entregar al órgano jurisdiccional los edictos para su publicación, cuando deban practicarse y no acredite la causa razonable de su omisión, en términos del artículo 27 de la propia ley. De esta forma, se advierte que el legislador determinó en ese sentido el sobreseimiento en el juicio directamente, pues para requerir al quejoso la entrega de esos edictos, éste debió haberlos recogido, tramitado y, en consecuencia, entregado al juzgado, quien ordenó su emisión; hipótesis que la anterior legislación de la materia no preveía; de ahí que respecto al tema, con antelación a esta nueva causa de sobreseimiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", catalogó a dicha hipótesis, no como una causal autónoma de sobreseimiento, sino de improcedencia. Así, atento a que el sobreseimiento directo a que se refiere el numeral 63, fracción II, aludido, se incluyó con el propósito de subsanar la laguna existente en la ley abrogada, se considera adecuado aplicar esa causal ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que surgen para el quejoso cuando se ordena un emplazamiento por edictos (recoger y tramitar), y no solamente para el caso de que éstos no sean entregados para su publicación -que es la única acción establecida expresamente por la ley-, pues cualquier omisión del quejoso que impida efectuar la notificación a través de edictos, evidencia su falta de interés para la continuación del juicio." Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta se obtiene que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; asimismo, se advierte que la dependencia Telefónica Móviles de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, de esta ciudad, no ha dado cumplimiento a lo solicitado en proveídos de diecisiete de junio, veinte de julio, dieciséis de agosto y veinte de septiembre, todos del año dos mil veintidós; es decir, informar si en sus archivos cuentan con información de la tercero interesada Sara Gabriela Anaya Escajeda, no obstante de haberse notificado respectivamente en veintitrés de junio, veintiséis de julio, veintiséis de agosto y veintitrés de septiembre . En ese contexto, de la certificación secretarial de cuenta que antecede, se advierte que de los acuses de recibo de los oficios dirigidos a Telefónica Móviles de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, de esta ciudad, no se advierte que los haya recibido el Apoderado Legal de dicha sociedad (con alguna documental con la que se acreditara su personalidad), ni tampoco el sello oficial de la institución o bien, el nombre completo de la persona que lo recibió. Ahora, de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que en cinco de octubre de dos mil veintidós, dentro de los autos del juicio de amparo 896/2021-A, el índice de este juzgado, se tuvo por recibido el oficio rendido por la dependencia auxiliar Apoderado legal de Telefónica Móviles México, Sociedad Anónima de Capital Variable, con sede en Ciudad de México, en el que entre otras cosas señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Prolongación Paseo de la Reforma número 1200, piso 18, Colonia Cruz Manca, Alcaldía Cuajimalpa, Código Postal 05349, Ciudad de México. Atento a lo anterior y toda vez que es un hecho notorio que en los autos del juicio de amparo 896/2021-A, el índice de este juzgado, la dependencia auxiliar Apoderado legal de Telefónica Móviles México, Sociedad Anónima de Capital Variable, rindió informe y señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, requiérase para que en término de tres días legalmente computados informe si en sus archivos cuenta con registro del domicilio a nombre de la tercero interesada Sara Gabriela Anaya Escajeda y en caso afirmativo, lo proporcione, a efecto de estar en condiciones de proceder a la primera notificación en este juicio o bien manifiesten la imposibilidad que tengan para ello. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo ordenado, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con el artículo 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización, que equivalen a $4,344.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos moneda nacional), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada en el Diario Oficial de la Federación. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy en su lugar se señalan las doce horas con treinta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.

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