Miguel Ángel García López
Expediente 218/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 218/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/05/2023
Partes del expediente
- Miguel Ángel García López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el veintiséis de abril de dos mil veintitrés; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria. Comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal, al haberse sobreseído el juicio de amparo por todos los actos, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "no relevancia documental" y "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo trigésimo quinto del Acuerdo General mencionado. Con fundamento en el artículo octavo, fracción I, del Acuerdo General mencionado, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran más de tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo General. Respecto al original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso c), del mismo acuerdo. Glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 218/2023-B, promovido por********************, por su propio derecho, contra actos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), con sede en esta ciudad, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el uno de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el día hábil siguiente,********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades cuya denominación correcta a continuación se señalan: Autoridades responsables Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con sede en esta ciudad. Jefe de Cobranza de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con sede en esta ciudad. Coordinador del Área de Clandestinos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con sede en esta ciudad Actos reclamados "IV.- Acto Reclamado.- De la Autoridad señalada como Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana; (Cespt) le reclamo lo siguiente: a).- La falta de notificación del Procedimiento Administrativo que contenga la determinación Fiscal sin ser fundada y motivada, la cantidad por el cobro indebido de la toma clandestina de $******************** pesos (********************/100 moneda nacional), por con concepto de multas tomas y descargas no registradas. b).- Imponer y Registrar en el sistema Interno de la Paraestatal (Cespt), respecto a la Clave Catastral ******************** del inmueble de mi propiedad un adeudo de crédito fiscal por la cantidad de $******************** pesos (********************/100 moneda nacional). De las Autoridad Responsables como señaladas como: 2.- Jefe de Cobranza de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt).- Con domicilio conocido en esta ciudad de Tijuana. 3.- Coordinadora del Departamento de Clandestino de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Con domicilio conocido en esta ciudad de Tijuana. a).- El acto ilegal de ordenar y ejecutar una inspección, sin realizar un procedimiento administrativo motivado y fundamentado respecto de la cuenta ********************, relativo a la Clave Catastral ML169-001, la cual es de mi propiedad de la que resulta un cobro exorbitante del crédito fiscal de $******************** pesos (********************/100 moneda nacional). b).- Les reclamo el haber cortado el agua a mi predio, es decir no pusieron reductor si no que fue cortada totalmente por lo que violentaron un Derecho Humano contemplado dentro de nuestra Constitución como de los Tratados Internacionales que México es parte." Segundo. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa estimó que con el actuar de las autoridades responsables, fueron violados los derechos fundamentales que a su favor consagran los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. Admisión de demanda y trámite del juicio. En proveído tres de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo y se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que legalmente le compete; y, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede, turnándose los autos para dictar la sentencia que conforme a derecho proceda; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; preceptos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 107/2022 emitido por el citado Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés; al reclamarse actos que tienen ejecución en la circunscripción territorial en la que este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que los actos reclamados que se desprende del análisis integral de la demanda, consisten en lo siguiente: La falta de notificación del procedimiento administrativo en el que se ordenó y ejecutó una inspección respecto de la cuenta de suministro de agua potable ********************, sobre un inmueble de su propiedad. La emisión de la determinación fiscal, mediante la cual se le cobró la cantidad de $******************** pesos (********************pesos********************/100 moneda nacional), por con concepto de una "toma clandestina". El corte o suspensión del suministro de agua potable en su domicilio. Las consecuencias derivadas de los referidos actos, y gestiones tendentes a su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables rindieron sus informes justificados de la siguiente manera: Autoridad Sentido de Informe Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana Niega Jefe de Cobranza de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana Niega Coordinador del Área de Clandestinos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana Niega En consecuencia, no son ciertos los actos reclamados a las citadas responsables, ya que así lo manifestaron de manera categórica al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa hiciera manifestación al respecto o aportara prueba idónea para desvirtuar dichas negativas, no obstante que en su momento se impuso de su contenido. Sin que pase desapercibido que el quejoso allegó el original de dos recibos de pago efectuados ante la autoridad responsable, por concepto de multas y recargos por la prestación del servicio de agua potable; documentales que merecen valor probatorio en términos de los artículos 129, 133, 197, 202, 203 y 207, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin embargo, de su contenido no se advierte que dichas multas se hubieren impuesto precisamente como consecuencia de los actos que reclama en esta vía constitucional, o bien, que actualmente se encuentre suspendido el servicio de suministro de agua potable en su domicilio. Conviene destacar, además, que no basta la presentación de la demanda de amparo para demostrar la existencia del acto reclamado, ni es suficiente que los argumentos vertidos en ellas se hayan expresado bajo protesta de decir verdad, porque es indispensable que la parte quejosa aporte pruebas idóneas dirigidas a corroborar tales argumentos y, con ello acreditar las afirmaciones. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV (Febrero de 2002), visible en la página 903, cuyo rubro establece: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO". Ello tiene sustento también, en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, julio a diciembre de 1989, foja 627, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." De igual manera, apoya lo anterior la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que se textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." En tales circunstancias, ante la inexistencia de los actos atribuidos a las autoridades responsables, sin que la parte quejosa ofreciera prueba idónea ni suficiente para desvirtuar dichas negativas, debe sobreseerse en el juicio de amparo respecto a los aludidos actos, por actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Transparencia. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 218/2023-B, promovido por********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables indicadas en el considerando tercero, y por las razones expuestas en esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, tres de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días otorgado a las partes, en proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, para que se impongan del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y manifiesten lo que a su interés legal convenga. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las once horas con cuarenta minutos del veintiséis de abril de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por un término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. De igual manera, de conformidad con los artículos 9º y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de las autoridades responsables a las personas que mencionan y señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indican en su informe. Notifíquese.
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