Miguel Angel Medrano Borjas
Expediente 352/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 352/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 28/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Miguel Angel Medrano Borjas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de cumplimiento de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la citada certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. VISTO el estado que guarda el expediente de amparo indirecto *******, promovido por *******. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad y turnado al día hábil siguiente a este Juzgado, *******, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del Director del Centro de Reinserción Social Estatal número tres, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, a quienes les reclamó la orden de traslado del Centro de Reinserción Social Estatal número tres, con residencia en esta ciudad, en que se encontraba privado de su libertad deambulatoria, al Centro de Reinserción Social Estatal número uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, así como su correspondiente ejecución. SEGUNDO. Concesión de amparo. Mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil dieciséis (foja 8), se admitió a trámite la demanda e integrado que fue el juicio y celebrada la audiencia constitucional (foja 188), el siete de julio de dos mil dieciséis, se dictó la sentencia correspondiente, en la cual se determinó conceder el amparo solicitado, para los siguientes efectos: En tales condiciones, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que carece de competencia legal para ello, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 77 de la Ley de Amparo, el Supervisor de la Unidad de Traslados, Amparo y Derechos Humanos, dependiente de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua: a) Deje insubsistentes los oficios ******* (foja 42), ******* (foja 69), ******* (foja 70), así como el diverso ******* (foja 71), todos de quince de julio de dos mil quince, exclusivamente respecto del aquí quejoso. b) Al tratarse de una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, el solicitante del amparo deberá ser retornado al Centro de Reinserción Social Estatal Tres, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que se encontraba antes de la existencia del acto reclamado. c) Dicho traslado deberá efectuarlo bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo con las medidas de seguridad que estime necesarias para lograr el cometido. Cabe aclarar que la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos que se precisan, no implica que la autoridad competente no pueda eventualmente trasladar al procesado a algún otro centro de reclusión distinto de aquél en donde se encuentre, pues ello estaría permitido si el caso concreto se ubica en las hipótesis constitucionales respectivas y, en su caso, es determinado por la autoridad judicial competente. TERCERO. Firmeza de la sentencia de amparo. En proveído de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis (foja 284), se declaró que la sentencia de amparo había causado ejecutoria, para todos los efectos legales; sin embargo, no se requirió el cumplimiento respectivo, toda vez que el veintidós de julio del año que transcurre, el Supervisor Estatal de la Unidad de Amparos, Traslados y Derechos Humanos, informó que el catorce de los mismos, ordenó el retorno del quejoso, del Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, al Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con residencia en esta ciudad y, el ocho de los actuales se tuvo al Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, informando que el catorce de julio del año en curso, el impetrante del amparo, efectivamente, fue dado de baja del Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, para ser reingresado nuevamente al Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con residencia en esta ciudad, tal como se precisó en el fallo protector dictado en este asunto. Documentales a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°. Por lo que, en el último proveído en cita, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa personalmente, con el oficio y anexo remitidos por el Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento. SEXTO. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. Este Juzgado procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, de los que se advierte que el Supervisor Estatal de la Unidad de Amparos, Traslados y Derechos Humanos, ordenó que el quejoso fuera retornado al Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con residencia en esta ciudad, centro penitenciario en el que se encontraba antes de la existencia del acto reclamado, y, posteriormente, el Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, informó que el catorce de julio del año en curso, el impetrante del amparo, efectivamente, fue dado de baja del Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, para ser reingresado nuevamente al Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con residencia en esta ciudad; lo que se corrobora con la constancia actuarial de veintidós de los corrientes (foja 286), en la que se desprende que la Actuaria Judicial de la adscripción, pudo realizar la notificación encomendada el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, al quejoso, en el Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con sede en esta ciudad; lo anterior, tal como se estableció en la sentencia protectora. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación, la responsable restituyó al imperante, en el goce de los derechos que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente. Además, conviene precisar que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se advierte que con dicho proceder la Autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto *******, ha quedado cumplida. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa de este proveído, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita; y por oficio a las Autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso *******, sin que se haya presentado promoción al respecto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 86, 104 y 105 de la Ley de Amparo vigente al dos de abril de dos mil trece, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a lo dispuesto por el artículo 2 de esta legislación, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que el ocho de los actuales se tuvo al Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, informando que el catorce de julio del año en curso, el impetrante del amparo fue dado de baja del Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, para ser ingresado nuevamente al Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con residencia en esta ciudad, tal como se precisó en el fallo protector dictado en este asunto. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días posteriores a la legal notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a sus intereses convenga y apercíbasele que de no hacer manifestación alguna, este juzgador resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria en mención, con base en los elementos que obran en el presente expediente, en términos del referido artículo 196, párrafo segundo, de la ley en cita. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Notifíquese personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de julio de dos mil dieciséis. Visto para resolver el juicio de amparo *******, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Estado de Chihuahua, con sede en esta localidad, el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, turnado en esa fecha a este juzgado, *******, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez de Juicio Oral en turno del Distrito Judicial Bravos, Coordinadora de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Distrito Judicial Bravos, Departamento de Prevención Social, Zona Norte, Coordinadora Zona Norte de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y Director del Centro de Reinserción Social Estatal número tres, todos con residencia en esta ciudad; Director del Centro de Reinserción Social Estatal número uno, Encargado del Departamento de Prevención Social, Coordinador de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y Supervisor Estatal de Traslados, Amparos y Derechos Humanos, todos con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, de quienes reclamó la orden de traslado del centro de reclusión en que se encontraba privado de su libertad deambulatoria, a uno diverso, así como su correspondiente ejecución. Segundo. Derechos humanos que se estimaron vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos humanos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 18, 20, 21, 22 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como los derechos humanos previstos en los numerales 1, 3, 8.2, inciso d), 9 y 25, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. Tercero. Tramitación de la demanda de amparo. En proveído de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, se radicó la demanda bajo el número ******* y se admitió a trámite; asimismo, se solicitaron los informes con justificación a las autoridades responsables; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal correspondiente; por último, se señalaron día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se efectuó al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia legal. El Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos de ejecución provenientes de autoridades administrativas que se realizaron dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. Segundo. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que el impetrante reclama la orden de traslado del centro de reclusión en que se encontraba privado de su libertad deambulatoria, a uno diverso, así como su correspondiente ejecución. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. La Coordinadora de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Distrito Judicial Bravos (foja 18) y Juez Coordinadora de Jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal del Distrito Judicial Bravos (foja 33), ambos con residencia en esta ciudad y Jefa del Departamento de Ejecución de Sentencias y Prevención Social (foja 59 a 62), con residencia en Aquiles, Serdán Chihuahua, en sus denominaciones correctas, al rendir sus respectivos informes justificados negaron categóricamente los actos que les atribuye el accionante del amparo, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendientes a desvirtuar tales negativas. Por lo anterior, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis jurisprudencial número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que textualmente dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes con justificación, el Director del Centro de Reinserción Social Estatal número tres (foja 23 a 30), con residencia en esta ciudad, Supervisor Estatal de la Unidad de Amparos, Traslados y Derechos Humanos (foja 40 a 44) y Director del Centro de Reinserción Social Estatal número uno (foja 66 a 74), ambos con residencia en Aquiles, Serdán Chihuahua, en sus denominaciones correctas, aceptaron la existencia del acto que les fue atribuido, consistente en ordenar y ejecutar el traslado del quejoso del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, con residencia en esta ciudad, al diverso Centro de Reinserción Social Estatal número uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua. La aceptación de la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias de autos, de las que se deduce que por oficios ******* (foja 42), ******* (foja 69), ******* (foja 70), así como el diverso ******* (foja 71), todos de quince de julio de dos mil quince, el Supervisor de la Unidad de Traslados, Amparo y Derechos Humanos, dependiente de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, ordenó que el quejoso y otro, fuera trasladado del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, con residencia en esta ciudad, al diverso Centro de Reinserción Social Estatal número uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua; de ahí que deba tenerse por cierta la existencia del acto. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 206, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Quinto. Causas de improcedencia. Al no existir causas de improcedencia o de sobreseimiento hechas valer por las partes, ni que este juzgador advierta, de oficio, que se actualice alguna, se impone procede abordar al estudio del fondo del asunto que se plantea. Sexto. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los que aparecen insertos en su demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos, toda vez que la Ley de la materia no establece como obligación para el juzgador que se transcriban para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Séptimo. Determinación que adopta este órgano jurisdiccional. Los conceptos de violación resultan esencialmente fundados, al ser suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Como preámbulo al análisis de la cuestión efectivamente planteada, el presente asunto no se analizará en función a las reglas particulares de esta materia (administrativa), porque con motivo de las reformas a los artículos 18 y 21 constitucionales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho y que entraron en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas, que se extendió al modelo del sistema penitenciario al establecerse que se organizará sobre la base de respeto a los derechos humanos. Por ello, actualmente no corresponde a las autoridades administrativas la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y de los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, dentro de lo cual se debe comprender al traslado de internos, sino a las autoridades judiciales, en particular a los jueces a quienes la Ley encomienda la ejecución en materia penal; y será a la luz de esta particular naturaleza que se analizará la constitucionalidad del acto tildado de ilegal. Apoya esta consideración, la jurisprudencia P./J. 18/2012 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, de Octubre de 2012, Tomo 1, materia común, página 17, del siguiente tenor: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. El Tribunal Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales P./J. 37/2010 y 1a./J. 128/2008, de rubros: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA." y "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.", respectivamente, sostuvieron que los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra la orden de traslado de un sentenciado de un centro penitenciario a otro. Ahora bien, con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, ya no persiste el contexto constitucional bajo el cual fueron sostenidos dichos criterios, por lo que han quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues con la entrada en vigor de dicha reforma constitucional se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Por ello, el conocimiento y la solución de cualquier controversia al respecto, en la que participen los sentenciados compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal, lo que implica un cambio fundamental en la vía que, de ser administrativa, se transforma en penal, sin que sea óbice a este criterio el hecho de que la orden de traslado que constituya el acto reclamado en un juicio de amparo hubiese sido emitida por una autoridad administrativa, dada la trascendencia de la reforma constitucional citada. En la especie, el solicitante del amparo aduce sustancialmente que el mandamiento emitido por la autoridad responsable para trasladarlo del centro penitenciario en el que se encontraba recluido, esto es, del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con residencia en Ciudad Juárez, al Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con residencia en Aquiles Serdán, vulnera sus derechos humanos de debido proceso, legalidad, de protección integral, reintegración social y familiar, porque lo aleja injustificadamente del lugar en donde se lleva su proceso penal y donde tiene arraigo familiar, esto es, en la ciudad de Chihuahua. Como se adelantó, lo alegado por el quejoso es fundado, al ser suplido en su deficiencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracciones II y III, inciso a), de la Ley de Amparo. Para evidenciar la transgresión a los derechos el quejoso, es oportuno apreciar que el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que sólo una autoridad competente, a través de mandamiento escrito, en que se funde y motive la causa legal del procedimiento, estará en posibilidad de emitir un acto de molestia sobre una persona, su familia, domicilio, papeles o posesiones. Por su parte, en el artículo 18 constitucional, en lo que interesa, se establece las siguientes premisas: Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de reclusión será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley. Asimismo, el artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Federal estatuye que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Sobre este tópico, en la jurisprudencia P./J. 20/2012, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XIII, octubre de 2012, tomo 1, materia constitucional, página 15, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que a partir de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondía, en exclusiva, al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encontraran las relativas al traslado de los sentenciados. Lo estimado por el legislador se corrobora en la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a los artículos 18, 21 y 104 constitucionales, presentada en la sesión del 4 de octubre de 2007 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la cual se destacó que los periodos de vida que los reclusos pasan en prisión cumpliendo sus sentencias no consistían en el simple transcurso del tiempo, pues en esos lapsos podrían suceder eventos que debe deberían ser supervisados por la autoridad judicial, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, la concesión de beneficios, así como el lugar donde debía extinguirse la pena. Asimismo, el Alto Tribunal consideró que como en dicha iniciativa se precisó que una de las finalidades de la reforma planteaba la necesidad de restringir la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones y otorgar la de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial, mediante la creación de la figura de "Jueces de ejecución de sentencias", dependientes de este Poder, en aras de que la totalidad de las facetas que integran el procedimiento penal queden bajo control jurisdiccional, debía prevalecer que la determinación relativa al traslado de sentenciados de un centro penitenciario a otro, se encontrara reservada al Poder Judicial, conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El criterio jurisprudencial P./J. 20/2012, al que se ha hecho referencia, es del siguiente tenor: MODIFICACIÓN DE LAS PENAS. LA DETERMINACIÓN RELATIVA AL TRASLADO DE SENTENCIADOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO ESTÁ RESERVADA AL PODER JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en términos del artículo quinto transitorio del decreto respectivo, corresponde en exclusiva al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encuentran las relativas al traslado de los sentenciados, lo que se corrobora con la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a los artículos 18, 21 y 104 constitucionales, presentada en la sesión del 4 de octubre de 2007 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la cual se destacó que los periodos de vida que los reclusos pasan en prisión cumpliendo sus sentencias no consisten en el simple transcurso del tiempo, pues en esos lapsos suceden muchos eventos que debe supervisar la autoridad judicial como, por ejemplo, la aplicación de penas alternativas a la de prisión, la concesión de beneficios o el lugar donde deba extinguirse la pena, siendo esta iniciativa la única en la que se hizo referencia a reservar la atribución citada a la autoridad judicial, entre las valoradas expresamente en el dictamen de origen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la referida Cámara, presentado en la sesión del 11 de diciembre de 2007, que a la postre daría lugar a las citadas reformas constitucionales, en el cual se precisó que estas reformas plantean restringir la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones y otorgar la de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial, mediante la creación de la figura de "Jueces de ejecución de sentencias", dependientes de este Poder, en aras de que la totalidad de las facetas que integran el procedimiento penal queden bajo control jurisdiccional. Esta base jurídica pone de manifiesto que tratándose de delitos que merezcan pena privativa de la libertad, dará lugar a la prisión preventiva, que para dicha reclusión preventiva se destinarán centros especiales y, que las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos; asimismo, que tratándose de la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. En esa línea de pensamiento, es inconcuso que en tratándose del traslado de reos de un centro penitenciario a otro, la autoridad judicial es la única competente para ordenarlo, pues así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la interpretación que realizó sobre el artículo 21, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya sea que se encuentren recluidos con motivo del establecimiento de la medida de prisión preventiva o en ejecución de la pena impuesta, porque con la referida orden de traslado, se modifican las condiciones en que el individuo afecto a una causa penal debe permanecer en prisión (preventiva o compurgando la pena impuesta), y el único ente facultado para variar el lugar en que ella se desarrolle es el Juzgador que la fijó. Además, tratándose de la prisión preventiva es necesario considerar que la orden de traslado afecta el derecho fundamental consistente en que aquélla se cumpla en el lugar del juicio, lo que a su vez, podría afectar o imposibilitar la realización de otros derechos rectores del proceso penal y elevados a rango fundamental, por estar inmersos en los artículos 16, tercer párrafo, 17, segundo párrafo, 18, primer párrafo, y 20, apartado A, fracciones III a IX, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: a) celeridad, que se efectúa en condiciones que coadyuvan a la rápida solución del caso -y no en las que tiendan a hacer lenta esa decisión-; b) inmediatez, que tiende a asegurar la presencia real entre Juez e inculpado y que sea el mismo juzgador que participa en el desahogo de las pruebas quien las pondere al momento de juzgar; y c) defensa plena, consistente en que el inculpado, de manera personal -no sólo a través de un defensor-, esté en posibilidad real de participar en la preparación y desahogo de pruebas y del uso de medios de impugnación que la ley le brinda; de ahí la necesidad de que sea el juez de proceso quien sea el que determine en lugar donde deba quedar recluido el procesado. En la especie, de las constancias que obran en autos, se aprecia que el solicitante del amparo manifestó bajo protesta de decir verdad que se encontraba en el Centro de Reinserción Social Estatal número tres, con residencia en esta ciudad. De igual modo, aparece que mediante la emisión de los oficios ******* (foja 42), ******* (foja 69), ******* (foja 70), así como el diverso ******* (foja 71), todos de quince de julio de dos mil quince, el Supervisor de la Unidad de Traslados, Amparo y Derechos Humanos, dependiente de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, ordenó el traslado, del aquí quejoso *******, del Centro de Reinserción Social Estatal número tres, en Ciudad Juárez, Chihuahua, al diverso Centro de Reinserción Social Estatal número uno, ubicado en Aquiles Serdán, lugar en el que quedó internado. En este orden de ideas, si la orden de traslado reclamada fue emitida por el Supervisor de la Unidad de Traslados, Amparo y Derechos Humanos, dependiente de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, y no así por el juez o jueces ante los cuales se encuentra a disposición, que son las autoridades competentes para emitir dichos actos, es evidente que se trastoca en perjuicio del ahora inconforme el derecho humano contemplado en el artículo 16 constitucional, en el sentido de que todo acto de autoridad debe emanar de autoridad competente, requisito que, en la especie, no se cumple, pues como se dijo, la orden de traslado de mérito fue emitida por el Supervisor de la Unidad de Traslados, Amparo y Derechos Humanos, dependiente de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua. No obsta que la Autoridad responsable ordenadora haya señalado que el quejoso fue trasladado en virtud de que el mismo padece Virus de Inmunodeficiencia Humana, pues como quedó expuesto, aun en ese supuesto carecía de facultades para emitir de propia cuenta la orden de traslado relativa, dado que corresponde en exclusiva al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encuentran las relativas al traslado de los sentenciados; de ahí que el acto reclamado sea inconstitucional. Tampoco es óbice, que el comunicado que contiene la orden de traslado del impetrante del amparo, se encuentre fundamentado en los artículos 1, 2, fracciones III, IV, V, 8, 16, fracciones I, inciso a) y b), II, inciso a), fracción III, inciso c), d) y e), 17, 22, 42, 53, 54, 59, 123, 146, 148, 154 y 155, de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua, pues con independencia de que en ellas se establezca: 1) la competencia de la autoridad administrativa en la administración del sistema penitenciario; 2) que atañe a los procesados que se encuentren internados en los centros de reinserción estatales o distritales, de tratamiento especial, o instituciones abiertas del Estado; 3) que corresponde a la Dirección General, como unidad administrativa del Gobierno del Estado, asumir la dirección y organización del Sistema, quien cuenta con diversas atribuciones y facultades; 4) que para el traslado de procesados será necesaria la autorización expresa del juez de la causa a cuya disposición se encuentre, salvo los casos de notoria urgencia en los que se ponga en peligro la vida o la integridad física de los internos o la seguridad y el orden del Centro, debiendo notificar a dicha autoridad al siguiente día hábil y, 5) que si el traslado del sentenciado es necesario o urgente, la Dirección general lo ejecutará, aún sin el consentimiento del interno, debiendo mediar una razón inmediata o grave que lo justifique, hipótesis en las cuales dará aviso inmediato al juez de ejecución para los efectos a que haya lugar; esas facultades que atribuye la legislación local no pueden contravenir lo preceptuado en los artículos 18 y 21 constitucionales. Menos aún constituyen un obstáculo las razones, acontecimientos y circunstancias que motivaron la determinación del Supervisor de la Unidad de Traslados, Amparo y Derechos Humanos, dependiente de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua -responsable para trasladar al procesado aquí quejoso-, pues si bien adujo que ordenó el traslado atendiendo a la seguridad y el orden de los establecimientos penitenciarios, y por estar facultado para ello; esas circunstancias no tienen el alcance de inobservar el requisito constitucional de competencia conferido al Poder Judicial para autorizar, a través de resolución, el traslado de procesados o sentenciados; de ahí que deba prevalecer en una interpretación conforme respecto de la orden de traslado de procesados o sentenciados, que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 20/2012 antes transcrita. En tales condiciones, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que carece de competencia legal para ello, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 77 de la Ley de Amparo, el Supervisor de la Unidad de Traslados, Amparo y Derechos Humanos, dependiente de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua: a) Deje insubsistentes los oficios ******* (foja 42), ******* (foja 69), ******* (foja 70), así como el diverso *******(foja 71), todos de quince de julio de dos mil quince, exclusivamente respecto del aquí quejoso. b) Al tratarse de una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, el solicitante del amparo deberá ser retornado al Centro de Reinserción Social Estatal Tres, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que se encontraba antes de la existencia del acto reclamado. c) Dicho traslado deberá efectuarlo bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo con las medidas de seguridad que estime necesarias para lograr el cometido. Cabe aclarar que la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos que se precisan, no implica que la autoridad competente no pueda eventualmente trasladar al procesado a algún otro centro de reclusión distinto de aquél en donde se encuentre, pues ello estaría permitido si el caso concreto se ubica en las hipótesis constitucionales respectivas y, en su caso, es determinado por la autoridad judicial competente. Dados los efectos por los cuales se concede el amparo, resulta innecesario el análisis de los restantes conceptos de violación contenidos en la demanda, pues en cumplimiento a esta sentencia quedarán sin efectos los aspectos ahí impugnados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 168, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, tomo VI, materia común, página 113, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos. La anterior concesión debe hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados al Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con residencia en Ciudad Juárez y al Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con sede en Aquiles Serdán, pues los actos que se les atribuyen se deducen directamente de lo ordenado por la responsable ordenadora, de conformidad con la jurisprudencia ochenta y ocho, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 60, del tomo V, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que estatuye: AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por *******, respecto de las autoridades y actos reclamados, precisados en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia. Tercero. En virtud de que el quejoso *******, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con sede en Aquiles, Serdán, Chihuahua; con fundamento en los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, envíese atento exhorto al Juzgado de Distrito en Turno, en Chihuahua, Capital, para que en auxilio de las labores de este Juzgado se sirva ordenar a quien corresponda, notifique personalmente el contenido de la presente sentencia al quejoso. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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