Miguel Ángel Flores Cortes
Expediente 49/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 49/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Miguel Ángel Flores Cortes
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 49/2022-IX. Puebla, Puebla, diez de febrero de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veinte de enero de dos mil veintidós, por el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Devolución de documentos. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Devolución de cuadernos auxiliares Toda vez que no existen constancias remitidas por la autoridad responsable que deban devolverse, se deja de proveer al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 49/2022. En veinte de enero de dos mil veintidós.. Desechamiento. El artículo 1131 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. . Ahora, de la demanda de amparo se advierten como actos reclamados los siguientes: Al Lic. Aarón Hernández Chino, Juez de Control de la Región Judicial Centro, la posible emisión de una orden de aprehensión y detención. A , Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Oriente, la solicitud de orden de aprehensión y ocultamiento de información sobre las constancias de descargo que obran dentro de la carpeta de investigación. Al Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado y el Director General de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la ejecución de la orden de aprehensión y detención. El quejoso narró los antecedentes del acto reclamado bajo protesta de decir verdad. Y en el primero, textualmente indicó que el diez de diciembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, dio trámite a su demanda de amparo promovida contra le ejecución de la orden de búsqueda, aprehensión y detención dictada en su contra, la cual fue radicada con el número de amparo 1185/2021, donde señaló al mismo juez de control como responsable y mismas autoridades ejecutoras a las señaladas en la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa. En el último párrafo del segundo antecedente el quejoso refirió que si bien el acto reclamado guardaba relación con el diverso reclamado en el juicio 1185/2021, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, en éste ya fue celebrada la audiencia constitucional y el trece de enero de dos mil veintiuno se le concedió el amparo únicamente para efectos (lo cual no aconteció, como se verá más adelante), por lo que, conforme a lo señalado en el artículo 111 de la Ley de Amparo, en su último párrafo, refiere la posibilidad de presentar una nueva solicitud de amparo, dado que le invade el temor fundado a ser detenido, en razón de la información proporcionada por la agente del ministerio público. Sin embargo, los actos reclamados en este juicio, encuentran la causa de improcedencia que descansa en la figura de litispendencia, prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. .. Así, la figura de litispendencia, se refiere a la imposibilidad de resolver dos controversias por el mismo acto reclamado, por lo que el análisis de constitucionalidad solo puede realizarse una ocasión. En efecto, la litispendencia busca impedir que los jueces de distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, pues de hacerlo se llegaría al extremo de quebrantar la efectividad del sistema de amparo, en particular frente al escenario de determinaciones contradictorias (en el caso de admitirse dos demandas por el mismo acto reclamado). Así, la figura de litispendencia se actualiza: cuando existan dos controversias diferentes por el mismo acto reclamado, solo podrá resolverse una de estas y la otra resultará improcedente para evitar decisiones opuestas . De manera que la actualización de dicha causal depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. De esa forma, se entiende por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente. Ahora, para demostrar la actualización de la invocada causal, se acude al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) porque su información constituye un hecho notorio en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. De donde se advierte que el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, se presentó demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, radicada el diez de diciembre del mismo año, en el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, bajo el número de expediente 1185/2021, cuya sentencia fue emitida el diecisiete de enero de dos mil veintidós, de los que se advierte: 1. Fue promovida por * 2. La autoridad ordenadora y ejecutoras son las mismas a las referidas en la demanda de amparo que dio origen a este juicio a saber: Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución, Región Judicial Centro, Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla y Titular de la Agencia Estatal de Investigación 3. El acto reclamado consiste en la orden de búsqueda y comparecencia librada contra el quejoso, así como su ejecución; y la orden de aprehensión (y detención) librada el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, contra el peticionario de amparo (por su probable participación en la comisión de los hechos señalados por la ley como delito de despojo), dentro de la carpeta de investigación de su índice; así como su ejecución-es el mismo que en este juicio de amparo-. 4. Los conceptos de violación se refieren al mismo acto reclamado, pues incluso refiere que el juez de control no cuenta con elementos para librar una orden de aprehensión; 5. El diecisiete de enero de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia donde se negó el amparo. 6. La sentencia se notificó por lista a las partes el dieciocho de enero de dos mil veintidós, por lo que a la fecha transcurre el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la misma. Bajo este contexto, es válido afirmar que están reunidos los supuestos para declarar la causal de improcedencia que descansa en la figura de litispendencia: actos materia de otro juicio de amparo, pendiente de resolución y promovido por el mismo quejoso. En efecto, se tiene el escenario concomitante a esa figura jurídica: dos controversias diferentes por los mismos actos reclamados, lo cual determina que solo pueda persistir el juicio de amparo 1185/2021, y que el presente asunto resulta improcedente para evitar decisiones opuestas, en particular porque aún transcurre para las partes el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para impugnar la sentencia de primera instancia. Bajo este contexto, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado que sería materia del presente asunto, ya es materia del diverso juicio de amparo 1185/2021, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, el cual fue presentado antes de este juicio de amparo y se encuentra en trámite (porque las partes aún pueden interponer recurso de revisión contra la sentencia), de ahí que se privilegie el trámite del referido juicio, por lo que resulta indudable y manifiesto que ya existe otro juicio de amparo en trámite. No pasa desapercibido que el quejoso, en la demanda de amparo que se analiza pretende incorporar como autoridad responsable a , Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Oriente, a quien atribuye la solicitud de orden de aprehensión y ocultamiento de información sobre las constancias de descargo que obran dentro de la carpeta de investigación; sin embargo, dicho acto no puede ser analizado al ser una facultad exclusiva de los agentes del ministerio público que confiere el artículo 21 de la constitución. Aunado a que el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé la reserva de los actos de investigación, lo cual alude a que los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en dicho código y demás disposiciones aplicables. Incluso refiere que la víctima u ofendido y su Asesor Jurídico son las únicas partes que podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. En cambio, el imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa, lo cual no ha acontecido en este caso, pues en las manifestaciones bajo protesta de decir verdad realizadas por el quejoso en el capítulo de los antecedentes de los actos reclamados, no se desprende que éste haya comparecido ante la autoridad ministerial. En este sentido, es indudable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto respecto a dicho acto, pues no le irroga perjuicio alguno; aunado a que la la solicitud de orden de aprehensión, por sí misma, tampoco le afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos fundamentales de un modo que sea irreparable. Debido a que el resultado de esa solicitud compete en exclusivo al juez que determinar librar o no la orden de aprehensión contra el quejoso, lo que sí le irroga perjuicio; por ello, la propia solicitud de orden de aprehensión no propicia afectación reparable por los medios de control constitucional. Pues la eventual afectación en su esfera jurídica que trajera consigo la investigación, se materializaría, en su caso, hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente la emisión de una orden de aprehensión, como en el caso aconteció. Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. Por consiguiente, se estima improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra el acto reclamado consistente en la solicitud de librar una orden de aprehensión, pues ello deriva de las facultades de investigación del Ministerio Público. Máxime que la etapa de investigación tiene por objeto que el representante social practique todas las diligencias necesarias para acreditar el hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que el imputado haya participado en su comisión. En suma, se trata de una preparación para el ejercicio de la acción penal. . En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, pues encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Domicilio procesal y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda (ubicado en esta ciudad). Así mismo, quedan autorizadas las personas que indica en el ocurso de cuenta, en los términos restringidos que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa omitió conferirles de manera expresa las facultades amplias que establece el citado numeral. Acceso al expediente electrónico. El quejoso solicita acceso al expediente electrónico y, para ello, proporciona al usuario " ". En consecuencia, se autoriza el acceso y consulta al expediente electrónico al usuario: " "; por lo que se instruye la habilitación de dicho usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) el mismo. . Notifíquese; de forma personal al quejoso; y cúmplase.
- Principal
SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE PROMOVENTE.JUICIO DE AMPARO49/2022. En veinte de enero de dos mil veintidós.. Desechamiento. El artículo 1131 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. . Ahora, de la demanda de amparo se advierten como actos reclamados los siguientes: Al Lic. Aarón Hernández Chino, Juez de Control de la Región Judicial Centro, la posible emisión de una orden de aprehensión y detención. A , Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Oriente, la solicitud de orden de aprehensión y ocultamiento de información sobre las constancias de descargo que obran dentro de la carpeta de investigación. Al Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado y el Director General de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la ejecución de la orden de aprehensión y detención. El quejoso narró los antecedentes del acto reclamado bajo protesta de decir verdad. Y en el primero, textualmente indicó que el diez de diciembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, dio trámite a su demanda de amparo promovida contra le ejecución de la orden de búsqueda, aprehensión y detención dictada en su contra, la cual fue radicada con el número de amparo 1185/2021, donde señaló al mismo juez de control como responsable y mismas autoridades ejecutoras a las señaladas en la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa. En el último párrafo del segundo antecedente el quejoso refirió que si bien el acto reclamado guardaba relación con el diverso reclamado en el juicio 1185/2021, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, en éste ya fue celebrada la audiencia constitucional y el trece de enero de dos mil veintiuno se le concedió el amparo únicamente para efectos (lo cual no aconteció, como se verá más adelante), por lo que, conforme a lo señalado en el artículo 111 de la Ley de Amparo, en su último párrafo, refiere la posibilidad de presentar una nueva solicitud de amparo, dado que le invade el temor fundado a ser detenido, en razón de la información proporcionada por la agente del ministerio público. Sin embargo, los actos reclamados en este juicio, encuentran la causa de improcedencia que descansa en la figura de litispendencia, prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. .. Así, la figura de litispendencia, se refiere a la imposibilidad de resolver dos controversias por el mismo acto reclamado, por lo que el análisis de constitucionalidad solo puede realizarse una ocasión. En efecto, la litispendencia busca impedir que los jueces de distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, pues de hacerlo se llegaría al extremo de quebrantar la efectividad del sistema de amparo, en particular frente al escenario de determinaciones contradictorias (en el caso de admitirse dos demandas por el mismo acto reclamado). Así, la figura de litispendencia se actualiza: cuando existan dos controversias diferentes por el mismo acto reclamado, solo podrá resolverse una de estas y la otra resultará improcedente para evitar decisiones opuestas . De manera que la actualización de dicha causal depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. De esa forma, se entiende por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente. Ahora, para demostrar la actualización de la invocada causal, se acude al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) porque su información constituye un hecho notorio en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. De donde se advierte que el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, se presentó demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, radicada el diez de diciembre del mismo año, en el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, bajo el número de expediente 1185/2021, cuya sentencia fue emitida el diecisiete de enero de dos mil veintidós, de los que se advierte: 1. Fue promovida por * 2. La autoridad ordenadora y ejecutoras son las mismas a las referidas en la demanda de amparo que dio origen a este juicio a saber: Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución, Región Judicial Centro, Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla y Titular de la Agencia Estatal de Investigación 3. El acto reclamado consiste en la orden de búsqueda y comparecencia librada contra el quejoso, así como su ejecución; y la orden de aprehensión (y detención) librada el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, contra el peticionario de amparo (por su probable participación en la comisión de los hechos señalados por la ley como delito de despojo), dentro de la carpeta de investigación de su índice; así como su ejecución-es el mismo que en este juicio de amparo-. 4. Los conceptos de violación se refieren al mismo acto reclamado, pues incluso refiere que el juez de control no cuenta con elementos para librar una orden de aprehensión; 5. El diecisiete de enero de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia donde se negó el amparo. 6. La sentencia se notificó por lista a las partes el dieciocho de enero de dos mil veintidós, por lo que a la fecha transcurre el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la misma. Bajo este contexto, es válido afirmar que están reunidos los supuestos para declarar la causal de improcedencia que descansa en la figura de litispendencia: actos materia de otro juicio de amparo, pendiente de resolución y promovido por el mismo quejoso. En efecto, se tiene el escenario concomitante a esa figura jurídica: dos controversias diferentes por los mismos actos reclamados, lo cual determina que solo pueda persistir el juicio de amparo 1185/2021, y que el presente asunto resulta improcedente para evitar decisiones opuestas, en particular porque aún transcurre para las partes el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para impugnar la sentencia de primera instancia. Bajo este contexto, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado que sería materia del presente asunto, ya es materia del diverso juicio de amparo 1185/2021, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, el cual fue presentado antes de este juicio de amparo y se encuentra en trámite (porque las partes aún pueden interponer recurso de revisión contra la sentencia), de ahí que se privilegie el trámite del referido juicio, por lo que resulta indudable y manifiesto que ya existe otro juicio de amparo en trámite. No pasa desapercibido que el quejoso, en la demanda de amparo que se analiza pretende incorporar como autoridad responsable a , Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Oriente, a quien atribuye la solicitud de orden de aprehensión y ocultamiento de información sobre las constancias de descargo que obran dentro de la carpeta de investigación; sin embargo, dicho acto no puede ser analizado al ser una facultad exclusiva de los agentes del ministerio público que confiere el artículo 21 de la constitución. Aunado a que el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé la reserva de los actos de investigación, lo cual alude a que los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en dicho código y demás disposiciones aplicables. Incluso refiere que la víctima u ofendido y su Asesor Jurídico son las únicas partes que podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. En cambio, el imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa, lo cual no ha acontecido en este caso, pues en las manifestaciones bajo protesta de decir verdad realizadas por el quejoso en el capítulo de los antecedentes de los actos reclamados, no se desprende que éste haya comparecido ante la autoridad ministerial. En este sentido, es indudable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto respecto a dicho acto, pues no le irroga perjuicio alguno; aunado a que la la solicitud de orden de aprehensión, por sí misma, tampoco le afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos fundamentales de un modo que sea irreparable. Debido a que el resultado de esa solicitud compete en exclusivo al juez que determinar librar o no la orden de aprehensión contra el quejoso, lo que sí le irroga perjuicio; por ello, la propia solicitud de orden de aprehensión no propicia afectación reparable por los medios de control constitucional. Pues la eventual afectación en su esfera jurídica que trajera consigo la investigación, se materializaría, en su caso, hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente la emisión de una orden de aprehensión, como en el caso aconteció. Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. Por consiguiente, se estima improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra el acto reclamado consistente en la solicitud de librar una orden de aprehensión, pues ello deriva de las facultades de investigación del Ministerio Público. Máxime que la etapa de investigación tiene por objeto que el representante social practique todas las diligencias necesarias para acreditar el hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que el imputado haya participado en su comisión. En suma, se trata de una preparación para el ejercicio de la acción penal. . En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, pues encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Domicilio procesal y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda (ubicado en esta ciudad). Así mismo, quedan autorizadas las personas que indica en el ocurso de cuenta, en los términos restringidos que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa omitió conferirles de manera expresa las facultades amplias que establece el citado numeral. Acceso al expediente electrónico. El quejoso solicita acceso al expediente electrónico y, para ello, proporciona al usuario " ". En consecuencia, se autoriza el acceso y consulta al expediente electrónico al usuario: " "; por lo que se instruye la habilitación de dicho usuario en el Sistema
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