Miguel Ángel Conde Vázquez

Expediente 645/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
645/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
06/08/2019

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Conde Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación precedente y el estado procesal del juicio, se advierte que la parte quejosa omitió impugnar el acuerdo de veintitrés de julio de dos mil diecinueve, que tuvo no presentada la demanda origen de este juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el referido acuerdo ha quedado firme (causó estado). Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo y carece de relevancia documental. Por último, se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.

  2. Principal

    Del estado procesal que guarda el expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido al quejoso, para que desahogara la prevención formulada en acuerdo de cinco de julio de dos mil diecinueve, transcurrió del diez al dieciséis del mismo mes y año, sin haber presentado escrito aclaratorio. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el acuerdo en cita y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene no presentada la demanda que originó este juicio de protección.

  3. Principal

    Se recibe la demanda de protección de derechos que suscribe ***, por propio derecho, contra actos del Fiscal de Justicia del Estado de Puebla (sic) y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la lectura armónica e integral de la demanda, se advierten irregularidades en cuanto a la denominación de las autoridades responsables. Para demostrarlo, se hace notar que de los antecedentes judiciales relacionados con la Fiscalía General del Estado de Puebla y Fiscalía General del Estado de Guanajuato, conducen a la inexistencia de las autoridades citadas con la denominación siguiente: - Fiscal de Justicia en el Estado de Puebla (sic); - Ciudadano Director de Servicios Integrales de la Procuraduría General de Justicia en Estado de Puebla (sic); - Ministerios Públicos de Atención Integral adscrito a la Procuraduría General de Justicia en Estado de Puebla (sic) - Ciudadano Director de la Policía Ministerial y/o Judicial del Estado Puebla (sic). - Fiscal de Justicia en el Estado de Guanajuato(sic); - Ciudadano Director de Servicios Integrales de la Procuraduría General de Justicia en Estado de Guanajuato (sic); - Ministerios Públicos de Atención Integral adscrito a la Procuraduría General de Justicia en Estado de Guanajuato (sic) - Ciudadano Director de la Policía Ministerial y/o Judicial del Estado Guanajuato (sic). Lo cual imposibilitará la notificación a las citadas autoridades, como ha sucedido en otros asuntos de este juzgado que también han involucrado las mencionadas responsables, pero han terminado en sobreseimiento por la falta de una responsable concreta. Situación que debe mandarse aclarar, porque el artículo 108 fracción III, de la Ley de Amparo, impone al quejoso la obligación de señalar la denominación correcta de las autoridades responsables. Máxime que los órganos jurisdiccionales carecen de facultades para subsanar o perfeccionar el señalamiento de las autoridades responsables, dado que la suplencia de la queja está limitada a los conceptos de violación o agravios que formule el quejoso. Por tanto, con fundamento en el artículo 114 fracción I de la Ley de Amparo , se requiere al quejoso para que en el plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad efectué la siguiente aclaración: 1.-Señale: la denominación correcta de las autoridades que denominó como: - Fiscal de Justicia en el Estado de Puebla (sic); - Ciudadano Director de Servicios Integrales de la Procuraduría General de Justicia en Estado de Puebla (sic); - Ministerios Públicos de Atención Integral adscrito a la Procuraduría General de Justicia en Estado de Puebla (sic) - Ciudadano Director de la Policía Ministerial y/o Judicial del Estado Puebla (sic). - Fiscal de Justicia en el Estado de Guanajuato(sic); - Ciudadano Director de Servicios Integrales de la Procuraduría General de Justicia en Estado de Guanajuato (sic); - Ministerios Públicos de Atención Integral adscrito a la Procuraduría General de Justicia en Estado de Guanajuato (sic) - Ciudadano Director de la Policía Ministerial y/o Judicial del Estado Guanajuato (sic). Se hace saber al quejoso que al desahogar el requerimiento formulado, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio para distribuirlas de la siguiente forma: una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una para cada autoridad responsable, una para el tercero interesado que exista en términos del artículo 5 fracción III, de la ley de la materia, y dos para el incidente de suspensión. Además, se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir el requerimiento en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas) se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Se hace saber al quejoso que esta prevención, habrá de evitar que se le deje en estado de indefensión. Por otra parte, se tienen como autorizados del quejoso solo para oír y recibir notificaciones las personas señaladas en la demanda, pues omitió proporcionar los datos con los que acredite que se encuentran legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Además, descartó tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico proporcionado en la demanda, pues la Ley de Amparo, no contempla dicho medio para realizar notificaciones. En consecuencia, al no advertir algún domicilio del quejoso, con fundamento en el artículo 27, fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como su domicilio las listas de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio procesal. También se hace saber al quejoso que desde este momento se le autoriza la toma de fotografías a él y a las personas autorizadas en la demanda, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se le hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse el autorizado (y el quejoso) al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellos, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, se deja establecido que la determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA ". En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Por último, requiero al quejoso, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente en que surta efecto la notificación de este auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Puebla o en su zona conurbada (San Pedro Cholula, San Andrés Cholula o Cuautlancingo). Asimismo, lo apercibo que de omitir hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en este juzgado al que omita cumplimentar, sin ulterior acuerdo. Ello, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Ahora, al no advertir algún domicilio donde se pueda notificar este acuerdo al quejoso, con fundamento en el artículo 27, fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, el cual establece que cuando no obre en autos domicilio para oír y recibir notificaciones, las notificaciones personales se efectuarán por lista. En consecuencia ordeno notificar este acuerdo al quejoso por lista.

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