Miguel Angel Lezama Zuñiga

Expediente 166/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
166/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
10/03/2023

Partes del expediente

  • Miguel Angel Lezama Zuñiga

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, diez de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, contra actos de la Agente del Ministerio Público Investigadora, adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, *, quien conoce de la carpeta de investigación número *-así referida en la demanda- y otra autoridad. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 de la constitución federal permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: *Ahora bien, en su demanda de amparo el quejoso señaló como actos reclamados lo siguiente: A). DEL CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO AL DISTRITO JUDICIAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA; le reclamo la determinación contenida en el oficio número *, de fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación *, mediante el cual autoriza la devolución del vehículo MARCA*, DEL SERVICIO PUBLICO FEDERAL acoplado con una caja seca marca *, modelo *, color blanco, con numero de serie *, con placas de circulación *del servicio público federal al suscrito *con el carácter de apoderado legal de la persona moral denominada '*. B) DEL PROPIETARIO Y/0 REPRESENTANTE LEGAL DE *le reclamo el cobro de la cantidad de $180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL PESOS M.N.), por concepto de arrastre y uso de suelo que genera el vehículo propiedad de mi representada en su corralón del automóvil identificado en el inciso anterior." Sin embargo, en el apartado relativo a los antecedentes del acto reclamado, el quejoso bajo protesta de decir verdad manifestó, en su parte conducente, lo siguiente: ".Previos los trámites de ley comparecí a la agencia del ministerio público acreditar la propiedad en mi carácter de administrador único de la persona moral denominada "*"; y una vez que se agotaron todos los requisitos y las exigencias del ministerio público, con fecha 5 de septiembre de 2022, se me entregó el oficio número *, de fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación *, mediante el cual autoriza la devolución del vehículo MARCA *, CON NUMERO DE MOTOR *, CON PLACAS DE CIRCULACION *, DEL SERVICIO PUBLICO FEDERAL acoplado con una caja seca marca *, modelo *, con placas de circulación *del servicio publico federal, al suscrito *con el carácter de apoderado legal de la persona moral denominada '*'.." ".Con fecha 6 de septiembre de 2022, me constituí al domicilio ubicado en la avenida * en Tecamachalco, Puebla, lugar donde se encuentran las oficinas de la empresa '*donde fui recibido por una persona quien no quiso darme su nombre pero me recibió el oficio diciéndome que tendría que pagar la cantidad de $180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL PESOS M.N.), por concepto de arrastre y uso de suelo, para poder liberar mi vehículo y entregármelo cantidad que se me hizo exageradamente costoso.". Por tanto, dichas manifestaciones constituye una confesión expresa y espontánea, la cual cuenta con el valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º. * . El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." De la anterior circunstancia, resulta innegable que se actualiza en el caso, de manera notoria y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" Por su parte, en el primer párrafo del numeral 17 de la ley de la materia en cita, se prevé: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)". Para demostrarlo se hace notar que la primera parte del numeral 17 de la ley de la materia, dispone un plazo de quince días para presentar la demanda, el cual se computará bajo los supuestos previstos en el diverso 18, a saber: 1.- Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado; 2.- A partir del día siguiente al de conocimiento del acto reclamado; o, 3.- Al día siguiente de aquél cuando el quejoso se hubiese ostentado sabedor. "Artículo 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Tales hipótesis pueden soslayarse conforme a las fracciones previstas en el artículo 17 del ordenamiento mencionado: a).- Cuando se reclame una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición -para lo cual existe un plazo de treinta días-; b).- Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión -donde habrá un plazo de ocho años-; c).- Cuando los actos impacten núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y, d).- Cuando se impugnen actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales -para todos estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo-. Del texto de los dispositivos en consulta, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva fuera de los términos establecidos en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que en este caso es de quince días. Así es, pues se precisa que la Ley de Amparo prevé tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo, las cuales tienen lugar a partir del día siguiente al en que: a) Conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo reclamados haya surtido efectos; b) La parte promovente haya tenido conocimiento del acto reclamado, o de sus actos de ejecución; o, c) Se haya ostentado sabedor de los actos referidos. Destacando que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de interponerse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí. Pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; pero tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado (como ocurre en el caso), es decir, de manera integral según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Tomo VI, consultable a página 6, cuyo rubro y texto se leen: * Por su parte, en la hipótesis contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente "al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte del afectado, porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda, le perjudica. Es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 193- 198 Primera Parte, página 71, que se lee como sigue: * Así como, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible a página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y tenor: * Con lo aquí expuesto, es inconcuso que la omisión de promover el juicio de amparo dentro del término a que se refiere el artículo 17, de la Ley de Amparo, entraña un consentimiento tácito, entendiéndose por tal, la actitud pasiva que asume el supuesto afectado por el acto de autoridad de no defenderse de éste, en términos del precepto de que se trata. Al respecto resulta aplicable por identidad de razón, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 364, Tomo IX, Junio de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto dice: *En esas circunstancias, como ya se relató con antelación, el quejoso bajo protesta de decir verdad manifestó que con fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós se le entregó el oficio (acto reclamado) número *, emitido dentro de la carpeta de investigación *, mediante el cual autoriza la devolución del vehículo de mérito. Lo anterior implica que tuvo conocimiento pleno y completo tanto de la existencia como del contenido del oficio que ahora reclamada, desde el cinco de septiembre de dos mil veintidós. Por consiguiente, el plazo de quince días hábiles para acudir a esta instancia de amparo, transcurrió desde el día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento de dicho acto, esto es, del seis al veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, previo descuento de los días inhábiles que mediaron en ese periodo (diez, once, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco, del mismo mes y anualidad). En atención a lo anterior debe decirse que, la demanda de amparo se presentó el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla. Por tanto, es evidente que el presente juicio de amparo fue promovido de manera extemporánea respecto del acto reclamado ya precisado, pues el plazo para combatir el oficio reclamado en esta vía constitucional feneció el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. De ahí la actualización del motivo de improcedencia en estudio, pues dicho oficio se trata de un acto consentido. Respecto del diverso acto reclamado consistente en el cobro de la cantidad de $180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL PESOS M.N.), por concepto de arrastre y uso de suelo que genera el vehículo, también se trata de un acto derivado de otro consentido. Como se explicó, el juicio de amparo no procede en contra de actos que sean consentidos por el quejoso, ya sea de manera expresa, o de manera tácita, por realizar actos que autoricen presumir dicho consentimiento. Pero también se surge la diversa hipótesis, que se actualiza en caso, en tratándose de actos que resulten consecuencia necesaria de otros que se consideren consentidos; es decir, que no se puedan estudiar de manera aislada, porque su fundamento estuvo en otros actos ya consentidos previamente. Ahora, respecto de los actos derivados de otros consentidos, debe decirse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido cuáles son los supuestos que deben reunirse para que se actualice la causa de improcedencia en comento, según la tesis que se cita a continuación: * Dicha hipótesis se actualiza en el caso, pues el diverso acto reclamado en análisis, consistente en el cobro de la cantidad de $180,000.00 (ciento ochenta mil pesos M.N.), por concepto de arrastre y uso de suelo que genera el vehículo de mérito, surgió y se originó con motivo de la determinación contenida en el oficio número *, de fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación *, mediante el cual autoriza la devolución del citado vehículo. Este último oficio, como ya se explicó, fue consentido, porque no fue impugnado en esta vía de amparo oportunamente. Por tanto, el cobro que ahora también se reclamada constituye una consecuencia lógica y necesaria de aquella determinación ministerial contenida en el oficio en mención (acto este último que fue consentido tácitamente por el quejoso al no interponer en su contra el juicio de amparo en tiempo), lo cual se traduce en que dicho cobro reclamado es un acto derivado de otro consentido previamente. Es decir, esta juzgadora se encuentra impedida para estudiar el acto reclamado mencionado, pues el que lo originó y que fue lo que en esencia hubiera podido transgredir los derechos fundamentales del quejoso, fue la determinación contenida en el oficio número *, de fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación *, mediante el cual autoriza la devolución del vehículo propiedad de su representada; por ello, es evidente que el restante acto (cobro) únicamente constituye una consecuencia necesaria de aquel, sin que sea posible analizarlos de manera autónoma. Apoya lo anterior, por las consideraciones que la sustentan, la jurisprudencia IV.3o. J/44, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 86-2, Febrero de 1995, página 49, registro 208092, que dice: *En esas condiciones, es de considerarse que se actualiza la causa de improcedencia invocada. A mayor abundamiento, el consentimiento de que se habla existe por el inejercicio del derecho de impugnación destinado a promover la revisión del acto, es decir, por la falta de interposición de los recursos previstos en la ley, o en su caso del juicio de garantías, toda vez que son éstos los que legalmente pueden impedir la firmeza de aquellos actos, ya que constituyen los medios jurídicamente eficaces para revocarlos, modificarlos o dejarlos insubsistentes, y por la misma razón, es solamente la interposición de tales recursos o medios de defensa, la que sirve como expresión objetiva de la inconformidad del interesado, susceptible de ser tomada en cuenta como demostración de la falta de consentimiento. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por *, pues los actos reclamados respectivamente encontraron la causa de improcedencia en estudio. Anotaciones Internas. Se instruye a la oficial judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal, acceso al expediente electrónico y autorizados. Se tiene como domicilio físico para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo. No pasa por alto para esta autoridad que el promovente señala como medios para recibir notificaciones un correo electrónico y número telefónico; empero, dichas vías electrónicas no se encuentran establecidas como herramienta para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV de la Ley de amparo en relación con el diverso 3° de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, no se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico respecto del usuario señalado para ese efecto por el quejoso, como: *; porque en el sistema integral de seguimiento de expedientes no se encontró dicho usuario en tales términos. Por otra parte, quedan autorizados sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que señala, pues el quejoso no les confirió tal autorización en los términos amplios que prevé el artículo 12 de la ley de la materia. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese;

  3. Principal

    SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE PROMOVENTE. Puebla, Puebla, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, contra actos de la Agente del Ministerio Público Investigadora, adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, *, quien conoce de la carpeta de investigación número *-así referida en la demanda- y otra autoridad. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 de la constitución federal permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: *Ahora bien, en su demanda de amparo el quejoso señaló como actos reclamados lo siguiente: A). DEL CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO AL DISTRITO JUDICIAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA; le reclamo la determinación contenida en el oficio número *, de fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación *, mediante el cual autoriza la devolución del vehículo MARCA*, DEL SERVICIO PUBLICO FEDERAL acoplado con una caja seca marca *, modelo *, color blanco, con numero de serie *, con placas de circulación *del servicio público federal al suscrito *con el carácter de apoderado legal de la persona moral denominada '*. B) DEL PROPIETARIO Y/0 REPRESENTANTE LEGAL DE *le reclamo el cobro de la cantidad de $180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL PESOS M.N.), por concepto de arrastre y uso de suelo que genera el vehículo propiedad de mi representada en su corralón del automóvil identificado en el inciso anterior." Sin embargo, en el apartado relativo a los antecedentes del acto reclamado, el quejoso bajo protesta de decir verdad manifestó, en su parte conducente, lo siguiente: ".Previos los trámites de ley comparecí a la agencia del ministerio público acreditar la propiedad en mi carácter de administrador único de la persona moral denominada "*"; y una vez que se agotaron todos los requisitos y las exigencias del ministerio público, con fecha 5 de septiembre de 2022, se me entregó el oficio número *, de fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación *, mediante el cual autoriza la devolución del vehículo MARCA *, CON NUMERO DE MOTOR *, CON PLACAS DE CIRCULACION *, DEL SERVICIO PUBLICO FEDERAL acoplado con una caja seca marca *, modelo *, con placas de circulación *del servicio publico federal, al suscrito *con el carácter de apoderado legal de la persona moral denominada '*'.." ".Con fecha 6 de septiembre de 2022, me constituí al domicilio ubicado en la avenida * en Tecamachalco, Puebla, lugar donde se encuentran las oficinas de la empresa '*donde fui recibido por una persona quien no quiso darme su nombre pero me recibió el oficio diciéndome que tendría que pagar la cantidad de $180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL PESOS M.N.), por concepto de arrastre y uso de suelo, para poder liberar mi vehículo y entregármelo cantidad que se me hizo exageradamente costoso.". Por tanto, dichas manifestaciones constituye una confesión expresa y espontánea, la cual cuenta con el valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º. * . El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." De la anterior circunstancia, resulta innegable que se actualiza en el caso, de manera notoria y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" Por su parte, en el primer párrafo del numeral 17 de la ley de la materia en cita, se prevé: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)". Para demostrarlo se hace notar que la primera parte del numeral 17 de la ley de la materia, dispone un plazo de quince días para presentar la demanda, el cual se computará bajo los supuestos previstos en el diverso 18, a saber: 1.- Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado; 2.- A partir del día siguiente al de conocimiento del acto reclamado; o, 3.- Al día siguiente de aquél cuando el quejoso se hubiese ostentado sabedor. "Artículo 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Tales hipótesis pueden soslayarse conforme a las fracciones previstas en el artículo 17 del ordenamiento mencionado: a).- Cuando se reclame una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición -para lo cual existe un plazo de treinta días-; b).- Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión -donde habrá un plazo de ocho años-; c).- Cuando los actos impacten núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y, d).- Cuando se impugnen actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales -para todos estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo-. Del texto de los dispositivos en consulta, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva fuera de los términos establecidos en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que en este caso es de quince días. Así es, pues se precisa que la Ley de Amparo prevé tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo, las cuales tienen lugar a partir del día siguiente al en que: a) Conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo reclamados haya surtido efectos; b) La parte promovente haya tenido conocimiento del acto reclamado, o de sus actos de ejecución; o, c) Se haya ostentado sabedor de los actos referidos. Destacando que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de interponerse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí. Pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; pero tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado (como ocurre en el caso), es decir, de manera integral según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Tomo VI, consultable a página 6, cuyo rubro y texto se leen: * Por su parte, en la hipótesis contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente "al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte del afectado, porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda, le perjudica. Es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 193- 198 Primera Parte, página 71, que se lee como sigue: * Así como, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible a página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y tenor: * Con lo aquí expuesto, es inconcuso que la omisión de promover el juicio de amparo dentro del término a que se refiere el artículo 17, de la Ley de Amparo, entraña un consentimiento tácito, entendiéndose por tal, la actitud pasiva que asume el supuesto afectado por el acto de autoridad de no defenderse de éste, en términos del precepto de que se trata. Al respecto resulta aplicable por identidad de razón, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 364, Tomo IX, Junio de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto dice: *En esas circunstancias, como ya se relató con antelación, el quejoso bajo protesta de decir verdad manifestó que con fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós se le entregó el oficio (acto reclamado) número *, emitido dentro de la carpeta de investigación *, mediante el cual autoriza la devolución del vehículo de mérito. Lo anterior implica que tuvo conocimiento pleno y completo tanto de la existencia como del contenido del oficio que ahora reclamada, desde el cinco de septiembre de dos mil veintidós. Por consiguiente, el plazo de quince días hábiles para acudir a esta instancia de amparo, transcurrió desde el día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento de dicho acto, esto es, del seis al veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, previo descuento de los días inhábiles que mediaron en ese periodo (diez, once, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco, del mismo mes y anualidad). En atención a lo anterior debe decirse que, la demanda de amparo se presentó el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla. Por tanto, es evidente que el presente juicio de amparo fue promovido de manera extemporánea respecto del acto reclamado ya precisado, pues el plazo para combatir el oficio reclamado en esta vía constitucional feneció el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. De ahí la actualización del motivo de improcedencia en estudio, pues dicho oficio se trata de un acto consentido. Respecto del diverso acto reclamado consistente en el cobro de la cantidad de $180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL PESOS M.N.), por concepto de arrastre y uso de suelo que genera el vehículo, también se trata de un acto derivado de otro consentido. Como se explicó, el juicio de amparo no procede en contra de actos que sean consentidos por el quejoso, ya sea de manera expresa, o de manera tácita, por realizar actos que autoricen presumir dicho consentimiento. Pero también se surge la diversa hipótesis, que se actualiza en caso, en tratándose de actos que resulten consecuencia necesaria de otros que se consideren consentidos; es decir, que no se puedan estudiar de manera aislada, porque su fundamento estuvo en otros actos ya consentidos previamente. Ahora, respecto de los actos derivados de otros consentidos, debe decirse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido cuáles son los supuestos que deben reunirse para que se actualice la causa de improcedencia en comento, según la tesis que se cita a continuación: * Dicha hipótesis se actualiza en el caso, pues el diverso acto reclamado en análisis, consistente en el cobro de la cantidad de $180,000.00 (ciento ochenta mil pesos M.N.), por concepto de arrastre y uso de suelo que genera el vehículo de mérito, surgió y se originó con motivo de la determinación contenida en el oficio número *, de fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación *, mediante el cual autoriza la devolución del citado vehículo. Este último oficio, como ya se explicó, fue consentido, porque no fue impugnado en esta vía de amparo oportunamente. Por tanto, el cobro que ahora también se reclamada constituye una consecuencia lógica y necesaria de aquella determinación ministerial contenida en el oficio en mención (acto este último que fue consentido tácitamente por el quejoso al no interponer en su contra el juicio de amparo en tiempo), lo cual se traduce en que dicho cobro reclamado es un acto derivado de otro consentido previamente. Es decir, esta juzgadora se encuentra impedida para estudiar el acto reclamado mencionado, pues el que lo originó y que fue lo que en esencia hubiera podido transgredir los derechos fundamentales del quejoso, fue la determinación contenida en el oficio número *, de fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación *, mediante el cual autoriza la devolución del vehículo propiedad de su representada; por ello, es evidente que el restante acto (cobro) únicamente constituye una consecuencia necesaria de aquel, sin que sea posible analizarlos de manera autónoma. Apoya lo anterior, por las consideraciones que la sustentan, la jurisprudencia IV.3o. J/44, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 86-2, Febrero de 1995, página 49, registro 208092, que dice: *En esas condiciones, es de considerarse que se actualiza la causa de improcedencia invocada. A mayor abundamiento, el consentimiento de que se habla existe por el inejercicio del derecho de impugnación destinado a promover la revisión del acto, es decir, por la falta de interposición de los recursos previstos en la ley, o en su caso del juicio de garantías, toda vez que son éstos los que legalmente pueden impedir la firmeza de aquellos actos, ya que constituyen los medios jurídicamente eficaces para revocarlos, modificarlos o dejarlos insubsistentes, y por la misma razón, es solamente la interposición de tales recursos o medios de defensa, la que sirve como expresión objetiva de la inconformidad del interesado, susceptible de ser tomada en cuenta como demostración de la falta de consentimiento. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por *, pues los actos reclamados respectivamente encontraron la causa de improcedencia en estudio. Anotaciones Internas. Se instruye a la oficial judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal, acceso al expediente electrónico y autorizados. Se tiene como domicilio físico para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo. No pasa por alto para esta autoridad que el promovente señala como medios para recibir notificaciones un correo electrónico y número telefónico; empero, dichas vías electrónicas no se encuentran establecidas como herramienta para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV de la Ley de amparo en relación con el diverso 3° de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, no se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico respecto del usuario señalado para ese efecto por el quejoso, como: *; porque en el sistema integral de seguimiento de expedientes no se encontró dicho usuario en tales términos. Por otra parte, quedan autorizados sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que señala, pues el quejoso no les confirió tal autorización en los términos amplios que prevé el artículo 12 de la ley de la materia. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese;

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