Miguel Angel Celis Romero

Expediente 377/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
377/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
26/04/2023

Partes del expediente

  • Miguel Angel Celis Romero

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 377/2023-IX Puebla, Puebla, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de catorce de abril de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A responsable del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 377/2023-VII. Puebla, Puebla, catorce de abril de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se ordena agregar al expediente el oficio, remitido por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, al cual acompaña un escrito de ampliación de demanda signado electrónicamente -con evidencia criptográfica- por *. Por tanto, se ordena acusar de recibo correspondiente. Ahora bien, de dicho oficio se desprende el auto de once de abril de dos mil veintitrés, en el que por una parte determinó que la ampliación de demanda resultaba improcedente y, por otra, toda vez que la parte quejosa reclamaba actos del orden penal, ordenó remitir el escrito de ampliación de demanda para que fuera turnada como una nueva demanda de amparo. En consecuencia, se ordena colocar al expediente de tutela constitucional recibido, una carátula con los datos de este órgano, y registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales1 , se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".3 Del escrito de ampliación de demanda, le parte quejosa reclama de las siguientes autoridades, los actos reclamados que a continuación se enlistaran. 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigaciones de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con sede en la Fiscalía General del estado de Puebla, reclama el: 2. Del Laboratorio de Documentos Cuestionados del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, reclama: Del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, reclama: 4. De la perito en documentos cuestionados, Fabiola Gómez Flores, reclama: ACTOS DE INVESTIGACIÓN, ATRIBUIDOS A ANGÉLICA MARCOS GONZÁLEZ, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIONES DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, CON SEDE EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. En el caso, relativo al referido acto reclamado, permite visualizar la actualización de una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con la fracción 107, fracción III, inciso b) del diverso 107, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior resulta así, pues la "solicitud de designación de perito en materia de grafoscopia o cualquier otro acto de investigación relacionado con el instrumento público en el cual obra el testamento de la señora * o que deriven de la supuesta falsedad de la firma de dicha de cujus" consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables Entonces, como dentro del procedimiento de investigación se desconoce de antemano cuál será su resultado, el inicio o trámite en nada propicia afectación reparable por los medios de control constitucional; tal como acontece en la especie donde se reclama la "la realización de diversos actos de investigación". Sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una indagatoria o carpeta sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control constitucional. Sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por la parte quejosa respecto a que la referida autoridad responsable solicitó la designación de perito en materia de grafoscopia, a fin de determinar la autenticidad de la firma que obra en el testamento de la señora, o cualquier otro acto de investigación relacionada con la supuesta falsedad de la firma de dicha de cujus, no se puede advertir que el acto reclamado se trata de alguno de los actos de investigación de los previstos en el artículo 2525 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales si requieren de autorización previa del Juez de control y sí podrían afectar derechos establecidos en la Constitución, pues incluso ninguno de dichos actos fueron señalados de manera expresa dentro del apartado de acto reclamado del escrito de demanda. Además, el artículo 21 de la constitución impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas en la integración de una carpeta de investigación y del ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en contra de la "realización de diversos actos de investigación" a fin de integrar una probable investigación referente a determinar la autenticidad de la firma que obra en el testamento de la señora Socorro Romero Sánchez, pues tal acto deja de irrogarle perjuicio alguno; aunado a que la "realización" reclamada, por sí misma, tampoco le afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos fundamentales de un modo que sea irreparable. Pues la eventual afectación en su esfera jurídica que trajera consigo la investigación en su contra e integración de dicha carpeta de investigación, se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente la denuncia o querella basada en los hechos materia de la investigación en cuestión y por los cuales se ejerciera (en su caso) acción penal en su contra. Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. Tiene aplicación por analogía la siguiente tesis aislada de la Novena Época (9ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2004, tomo XX, visible a página 351, registro 180028, de rubro: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Por tanto, de una interpretación amplia del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se entiende que la acepción "juicio" a la cual alude dicho numeral, se refiere al procedimiento, que se desenvuelve a través de una secuencia ordenada de actos y en nada resulta ser sólo el seguido ante una autoridad judicial (como se comprendería en sentido restringido de la palabra); por lo que el procedimiento penal con todas sus etapas, encuadra en el supuesto contemplado por ese precepto legal. Máxime que esa etapa tiene por objeto que el representante social practique todas las diligencias necesarias para acreditar el hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que el imputado haya participado en su comisión; en suma, se trata de una preparación para el ejercicio de la acción penal. Además, de que en la orden de investigación e integración de una carpeta de investigación, el Ministerio Público debe hacer un análisis valorativo de las pruebas con la finalidad de decidir sobre el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, para ejercer -en su caso- acción penal, como en forma similar lo lleva a cabo el juez al resolver en el proceso penal, lo que refleja la secuencia lógica y necesaria existente entre esas etapas en cuanto a las pruebas se refiere. Atento a lo anterior, debe considerarse a la apertura o inicio de una carpeta de investigación, en una interpretación amplia del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, como parte de un procedimiento "administrativo" seguido en forma de juicio, de tal forma que debe exigirse que el acto que se presente en esa indagatoria sea de imposible reparación, para la procedencia del juicio de protección. Sobre todo, porque el numeral 211, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el proceso penal inicia con la audiencia inicial -ante el Juez de Control-. ACTOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS 2, 3 Y 4, MENCIONADOS EN LÍNEAS PRECEDENTES. Ahora, resulta indudable que, en el presente caso, por cuanto hace al señalamiento de las autoridades que el quejoso señala como responsables, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: De la interpretación sistemática de dichos artículos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provengan de autoridad propiamente entendida como tal. Ahora bien, los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, son los siguientes: 1) Que quien lo emite tenga características de órgano público; 2) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y 3) Que sea emitido o realizado unilateralmente afectando la esfera jurídica de los gobernados. Sobre el tema, el Poder Judicial de la Federación ha identificado diferentes tipos de relaciones que se suscitan entre particulares y autoridades, entre aquellos mismos, o bien, entre propias autoridades entre sí, que son las siguientes: a) De coordinación. Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, resuelvan lo que en derecho proceda; y b) De supra a subordinación. Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. 16/05/23 07:26:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2e.eb CARLOS SANCHEZ VAZQUEZ De lo anterior se advierte que el juicio de amparo solamente es procedente cuando se reclamen actos que provienen de las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten los derechos humanos de los particulares, lo que supone la existencia de actos que derivan de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pero no resulta procedente para reclamar actos derivados de relaciones de coordinación. De lo anterior, se advierte que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. Cabe mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó en ejecutoria las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, y al respecto aprobó la siguiente jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Novena Época, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: I. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular. II. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. III. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y IV. Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En el caso, el quejoso pretende reclamar a las autoridades que han quedado precisadas (Laboratorio de Documentos Cuestionados del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla y perito en documentos cuestionados, Fabiola Gómez Flores), la omisión de exhibir junto con el informe solicitado, los 16/05/23 07:26:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2e.eb CARLOS SANCHEZ VAZQUEZ dictámenes correspondientes, la asignación de perito oficial para la emisión de los dictámenes números, la omisión administrativa de verificar en forma previa los requisitos legales y administrativos a los que está sujeto, según su reglamento y ley orgánica, para la dictaminarían de documentos cuestionados, así como la emisión de los dictámenes correspondientes. Ante dicha circunstancia, la suscrita juzgadora considera que el proceder negativo que la parte quejosa reprocha en el caso, no constituye acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en razón de que las autoridades que señala como responsable resultan ser auxiliares en el procedimiento, tal y como lo estatuye el artículo 136 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al establecer que si en el procedimiento se considera necesaria la asistencia de un consultor en una ciencia o técnica, se planteara ante la autoridad que corresponda, lo cual en el caso concreto, se materializa por conducto de la Dirección General del Instituto de Ciencias Forenses. Es así, que dichas autoridades señaladas por el quejoso como responsables, pierden ese carácter de autoridad, al ser parte auxiliar en el procedimiento en el que intervienen pues no existe una relación de supra a subordinación, frente a las partes. Sin que resulte necesario, en la especie esperar a que dichas autoridades rindieran su correspondiente informe de ley (luego de admitida la demanda), a fin de concluir que no tienen el carácter de autoridades responsables para el juicio de amparo, en atención a que como ha quedado evidenciado, tal cuestión puede dilucidarse desde este momento con el contenido del citado artículo Tiene aplicación a lo anterior, aplicada por analogía la jurisprudencia 1ª./J.40/2000, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, Febrero de 2001, página 9, registro 190299, de rubro siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO. DEJA DE TENER EL CARÁCTER DE AUTORIDAD UNA VEZ DICTADO EL AUTO DE RADICACIÓN DE LA CAUSA, POR LO QUE LAS PRUEBAS QUE APORTE POSTERIORMENTE SON PROVENIENTES DE PARTE Y SI SON RECIBIDAS CON CONOCIMIENTO DEL INCULPADO Y DE SU DEFENSOR, PROCEDE CONSIDERARLAS EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O EN EL DE SUJECIÓN A PROCESO". Así como la tesis II.3o.P.75 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 2278 del libro 75, febrero de 2020, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2021604, que es del tenor siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, EL MINISTERIO PÚBLICO NO TIENE ESE CARÁCTER A PARTIR DE QUE SOLICITA AL JUEZ DE CONTROL SEÑALAR FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA INICIAL, PORQUE ACTÚA COMO PARTE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 10 Y 11 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES)." Así, como se actualiza de una forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia contemplada en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la ampliación de demanda, de conformidad con el precepto 113 de la citada ley. Precisado lo anterior, y por las razones expuestas a continuación, se considera que además de lo anteriormente considerado respecto de las autoridades señaladas como responsables, por cuanto hace al acto reclamado precisado con antelación, se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: De la interpretación armónica y sistemática de los numerales antes citados, se advierte que, respecto a las violaciones que se cometan durante el procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso que trasciendan al resultado del fallo y, como excepción, se determina la procedencia del amparo indirecto cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial, en el que fueron emitidos, trascienda a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, así como en los tratados internacionales que el Estado Mexicano tenga suscritos y no que solamente tengan una consecuencia procesal. Al respecto, conviene precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: 1. La exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que acto 16/05/23 07:26:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2e.eb CARLOS SANCHEZ VAZQUEZ reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. 2. En el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". El criterio de que ese habla, es el sostenido en la jurisprudencia P./J.37/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro siete, Junio dos mil catorce, Tomo I, Décima Época, materia común, página treinta y nueve, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En ese orden, atendiendo al acto reclamado que ha quedado precisado, se advierte que la parte quejosa se duele de la omisión de exhibir junto con el informe solicitado, los dictámenes correspondientes, la asignación de perito oficial para la emisión de los dictámenes números, la omisión administrativa de verificar en forma previa los requisitos legales y administrativos a los que está sujeto, según su reglamento y ley orgánica, para la dictaminarían de documentos cuestionados, así como la emisión de los dictámenes correspondientes. En ese contexto, de ningún modo puede considerarse que dicho acto que pretende reclamar el quejoso revista el carácter de imposible reparación, sino que constituyen una afectación de índole procesal (desahogo de una prueba). En efecto, a fin de que sea procedente el amparo indirecto, es necesario que la violación formal se traduzca de manera directa e inmediata a un derecho sustantivo, que impida en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Cabe mencionar que cuando un particular se duele de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso. No pasa inadvertido para la suscrita juzgadora, las molestias que pudieran generar al gobernado las actos reclamados, sin embargo, ello por sí solo no es suficiente para considerar procedente el amparo, pues el quejoso se encuentra dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, por lo que, dicha afectación no puede analizarse de forma autónoma sino dentro del procedimiento acorde a las etapas que se desarrollan en el mismo, por lo que no actualizaría algún caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Bajo esa óptica, se evidencia que los actos que reclama la parte quejosa no se tratan de afectaciones autónomas al procedimiento en el que el solicitante del amparo es parte, sino que tienen un carácter adjetivo, por lo que, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del referido ordenamiento, motivo por el cual procede desechar la demanda promovida por el quejoso. Anotaciones internas Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A, que realicen las anotaciones correspondientes. Domicilio procesal y autorizados Debido a que la parte quejosa señaló un domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la residencia de este juzgado de distrito o zona conurbada, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 209 y 209 Bis, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa las listas de acuerdos publicadas electrónicamente, mismas que están disponibles para su consulta en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal y los estrados de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, la parte quejosa solicita se le autorice la consulta del expediente electrónico y para tal efecto proporciona los usuarios "ArturoPJF" y "MaBar". Por ello, se tiene como vía para revisar el expediente electrónico, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través de los usuarios aludidos en el párrafo anterior. Se instruye al secretario que habilite, en los términos señalados, el usuario referido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a, en virtud de que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si no hacen manifestación al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese por lista a la parte quejosa y cúmplase.

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