Miguel Ángel Barragán Arias

Expediente 361/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
361/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
23/05/2019

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Barragán Arias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo III-361/2019 promovido por Miguel Ángel Barragán Arias, por conducto de Leonardo Raymundo Quevedo Domínguez, actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos de Alto Impacto (Robo de Transporte), de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada de Robo al Transporte, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad responsable exhibió diversas documentales como sustento de su informe la justificado. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que mediante pedimento 186/2019, presentado el veinticinco de abril del año en curso, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló alegatos. EL JUEZ: Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número III-361/2019, promovido por Miguel Ángel Barragán Arias, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos de Alto Impacto (Robo de Transporte), de la Fiscalía General de Justicia del Estado; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito digital ingresado el treinta de marzo de dos mil diecinueve en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, recibido en esa misma data por el Secretario adscrito a este Juzgado Tercero de Distrito, Raymundo Quevedo Domínguez solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, a nombre de Miguel Ángel Barragán Arias, contra la autoridad y acto que precisó en el escrito de demanda. Actos que el promovente consideró violatorios en perjuicio del quejoso directo, específicamente por lo que hace a los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE. En proveído de treinta de marzo del año en curso este órgano federal tuvo por presentada la demanda de amparo bajo el expediente 361/2019, reservando proveer lo conducente sobre la admisión o desechamiento del libelo constitucional, hasta en tanto se recibiera la ratificación del quejoso directo. En ese mismo auto se concedió la suspensión de plano del acto reclamado, así como de cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, en perjuicio de Miguel Ángel Barragán Arias. Así, una vez que se obtuvo la ratificación de la demanda por parte del quejoso directo mencionado, en proveído de dos de abril del año en curso se admitió a trámite el libelo constitucional; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos del acta correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VI, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por tratarse de una demanda de amparo promovida contra una autoridad que tiene su residencia en donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado al Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos de Alto Impacto (Robo de Transporte), de la Fiscalía General de Justicia del Estado, consisten en: La detención del quejoso acaecida el treinta de marzo de dos mil diecinueve, durante el desarrollo de la orden de cateo que se autorizó en la carpeta de investigación MOR/053/25176/2019 con número único de caso 1003201912231. Los actos de incomunicación de que fue objeto con motivo de la detención mencionada. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe con justificación el Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Fiscalía Especializada de Robo al Transporte, negó el acto que se le atribuyó. Al respecto se invoca, la jurisprudencia que enseguida se transcribe: Época: Octava Época Registro: 227634 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: VI. 2o. J/20 Página: 627 "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 185/88. Hugolino González Méndez y otros. 23 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Patlán Origel. Amparo en revisión 313/88. Pascual Espinoza Palma. 11 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 414/88. María Isabel Zárate Romero. 4 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 420/88. José Ruperto Anaya Pérez. 12 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 208/89. Enrique Flores Rojas. 4 de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Además, por una parte, la negativa se corrobora con las diversas constancias certificada que allego el fiscal responsable con motivo de su informe sobre la suspensión de plano y su informe justificado, documentales que pertenecen a la carpeta de investigación MOR/053/25176/2019 con número único de caso 1003201912231. Medio de convicción que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°. Por similitud, apoya lo anterior la tesis que se reproduce en seguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos". De las documentales mencionadas se colige que el pasado veintinueve de marzo del año en curso, tuvo lugar la ejecución de la orden de cateo autorizada dentro de la carpeta de investigación MOR/053/25176/2019 con número único de caso 1003201912231; dicha diligencia se efectúo en el inmueble ubicado en calle Puhuato número 368, colonia Lomas de Guayangareo, con el objeto de buscar unas cajetillas de cigarro de colores rojo y blanco característicos de la marca "marlboro" apilados. De acuerdo al contenido del acta levantada en esa propia data por el fiscal responsable, la diligencia inició a las veintitrés horas con diez minutos del veintinueve de marzo del año en curso en el domicilio antes mencionado; que al tocar la puerta fueron atendidos por Marisol López Ortiz, quien permitió el acceso al lugar; que se procedió a describir las características interiores del inmueble y los objetos ahí encontrados; que particularmente, se observaron tres paquetes de cigarros que son fijados por el perito como indicio; que en uso de la voz Marisol López Ortiz manifestó que "Miguel Ángel Barragán trajo esos paquetes de cigarros y ahí los dejó"; y, que siendo las cero horas con ocho minutos del treinta de marzo de dos mil diecinueve, se decretó la legal detención de Miguel Ángel Barragán por el delito de receptación previsto y sancionado en el artículo 212 del Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo, razón por la cual en ese acto se procedió a dar lectura de sus derechos conferidos por el artículo 20, apartado B, de la Constitución Federal, así como el artículo 113 del Código de Procedimientos Penales Nacional. Posteriormente, a la una horas con diez minutos del propio treinta de marzo del año en curso, con motivo de los derechos contenidos en el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el propio detenido en presencia del fiscal responsable, nombró como su defensor al Lic. Francisco Antonio Matías González, con cédula profesional 09235623, quien en ese acto aceptó el cargo conferido, firmando para constancia tanto el fiscal responsable, como el defensor particular y el propio imputado. Incluso, de acuerdo a la manifestación expresa del propio quejoso al momento de la ratificación de la demanda y según se corrobora con el oficio dirigido al Comandante Encargado de la Guardia de la Policía Ministerial del Estado, signado por el fiscal responsable, se permitió el acceso a las instalaciones de reclusión a la esposa del imputado, Shantal Ruiz Oceguera. En los mismos términos obra el diverso oficio signado por la propia autoridad responsable, mediante el cual se permitió de nueva cuenta el acceso a la esposa del imputado, esta vez en compañía de Leonardo Raymundo Quevedo Domínguez, para efecto de realizar el cambio de defensor. En este orden, no obstante que el quejoso manifestó ante el Actuario adscrito a este órgano federal que sí estuvo incomunicado desde que llegaron los elementos que lo detuvieron en su domicilio, aproximadamente a las once horas del viernes veintinueve de marzo del año en curso hasta las veintitrés horas de ese mismo día; lo cierto es que de acuerdo a las constancias allegadas a este sumario, la detención tuvo lugar a las cero horas con ocho minutos del treinta de marzo de dos mil diecinueve, dentro de la ejecución del cateo autorizado dentro de la carpeta de investigación muticitada. Al margen de que la manifestación del quejoso pudiera ser un error sobre el día que refirió, del acta levantada con motivo del cateo se observa la propia firma del aquí quejoso y que posteriormente a su detención, aproximadamente a la una horas con diez minutos éste designó defensor. Asimismo, de acuerdo con el dicho del propio impetrante de amparo el treinta de maro del año en curso se le permitieron recibir visitas "como a las catorce horas y como a las dieciséis horas también de hoy", circunstancia anterior que queda corroborada con los oficios antes descritos que el fiscal responsable dirigió al Comandante Encargado de la Guardia de la Policía Ministerial del Estado. En tales condiciones, el suscrito estima que, de acuerdo a los medios de convicción allegados al sumario, los actos reclamados en este juicio son inexistentes, sin que el quejoso haya aportado prueba que demuestre lo contrario, respecto de los actos de incomunicación que reclama. En tal virtud, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER el presente juicio de garantías promovido por Leonardo Raymundo Quevedo Domínguez a nombre de Ángel Barragán Arias, respecto del acto reclamado al Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos de Alto Impacto (Robo de Transporte), de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que quedó precisado en el inciso b) del considerando que antecede. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Acorde con lo razonado en el considerando que antecede, si bien la autoridad responsable negó los actos que en concreto se le atribuyen, lo cierto es que de acuerdo al cúmulo de probanzas allegadas -a las cuales previamente se les concedió valor probatorio pleno-, es cierta la detención reclamada, misma que tuvo lugar el pasado treinta de marzo de dos mil diecinueve, durante el desarrollo de la orden de cateo que se autorizó en la carpeta de investigación MOR/053/25176/2019 con número único de caso 1003201912231. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Previo al análisis de los conceptos de violación, deben de examinarse oficiosamente las causas de improcedencia del juicio, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]". Como podemos ver, del numeral y fracción trascritos se observa que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 al analizar la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (cuyo texto corresponde a la actual XXI del arábigo 61 de la norma vigente) estableció que su actualización requiere no solo que la autoridad revoque o deje insubsistente el acto reclamado, sino además, que todos sus efectos desaparezcan o se destruyan en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. En la especie, como ya se dijo, la parte quejosa hizo consistir como acto reclamado la detención que se le efectúo el treinta de marzo de dos mil diecinueve, durante el desarrollo de la orden de cateo que se autorizó en la carpeta de investigación MOR/053/25176/2019 con número único de caso 1003201912231. No obstante lo anterior, la autoridad responsable allegó a este juicio la copia certificada del acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve, en el que se decretó la libertad del aquí quejoso, en virtud de que el delito de receptación no merece prisión preventiva oficiosa, razón por la cual se ordenó al Agente de Guardia de la Policía Ministerial del Estado que realizara de manera instantánea lo procedente al tener conocimiento de la determinación. Documental a la que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Con base en lo anterior, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo respecto del acto precisado en el inciso a) del considerando segundo de este fallo, toda vez que con la actuación de la autoridad responsable cesó la omisión reclamada, de manera que las cosas han regresado al estado que guardaban hasta antes de la violación sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, como si se hubiera concedido la protección constitucional solicitada. Tiene aplicación a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Amparo en revisión 2929/57. Esteban García A. 15 de enero de 1958. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Secretario: Jesús Toral Moreno. Revisión fiscal 232/55. Enrique Escalante Patrón y coags. 24 de febrero de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Secretario: Manuel Rodríguez Soto. Amparo en revisión 4882/54. Compañía Maderera de Campeche, S.A. 14 de febrero de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Secretario: Emilio Canseco Noriega. Revisión fiscal 333/55. Óscar Osorio M. y coags. 14 de febrero de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Secretario: Emilio Canseco Noriega. Amparo en revisión 20/97. Carlos Quevedo Procel. 9 de julio de 1997. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Tesis de jurisprudencia 9/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano.". Asimismo, por identidad de razón jurídica, la tesis aislada del Pleno de nuestro Alto Tribunal del País, que refiere: Época: Novena Época Registro: 197367 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. CL/97 Página: 71 "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Amparo en revisión 1575/96. Marcelino Álvarez González. 9 de septiembre de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el treinta de octubre en curso, aprobó, con el número CL/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a treinta de octubre de mil novecientos noventa y siete. Por tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, invocada de oficio por este juzgado, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del acto y autoridad aquí precisados. Finalmente, en virtud del sentido del presente fallo, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso, como lo es la improcedencia del juicio de amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada y, por ese motivo, al encontrarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido legalmente para analizar el tema debatido, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Sustenta lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra. SEXTO. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES. En otro orden, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por Leonardo Raymundo Quevedo Domínguez a nombre de Miguel Ángel Barragán Arias, contra los actos reclamados al Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos de Alto Impacto (Robo de Transporte), de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. SEGUNDO. Por lo indicado en el último considerando de esta resolución, la misma deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese. Así lo sentenció y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy fe.-

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de mayo de dos mil diecinueve. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para da oportunidad a que las partes se impongan del contenido del informe justificado, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS DEL VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy FeJso.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de abril de dos mil diecinueve. PEDIMENTO MINISTERIAL. Agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Expídase al promovente copia de la sentencia que se dicte en el expediente en que se actúa, una vez que ello acontezca. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna Secretario que autoriza y da fe.DAA

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de abril de dos mil diecinueve. RATIFICACIÓN DE DEMANDA. Vista la diligencia de ratificación de demanda levantada por el actuario de la adscripción, el treinta de marzo del año en curso, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de esa misma data, de la que se desprende que se localizó al quejoso directo MIGUEL ÁNGEL BARRAGÁN ARIAS, en el área de separos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, y al darle lectura íntegra tanto del citado acuerdo como del escrito de demanda presentado a su nombre por Leonardo Raymundo Quevedo Domínguez, manifestó que ratifica en todas y cada una de sus partes la demanda de amparo promovida a su favor. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Admítase la demanda de amparo promovida por MIGUEL ÁNGEL BARRAGÁN ARIAS, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos de Alto Impacto (robo de transporte), de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en términos de lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 15, 33, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117, 126, 127, 128 y demás relativos de la Ley de Amparo. FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las diez horas con treinta minutos del tres de mayo de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, con apoyo en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicite, asimismo deberá acompañar en el término señalado las constancias necesarias para apoyar su informe en copia certificada completa y legible, en términos del arábigo 260, fracción II de la ley de la materia, así como remitir archivo electrónico del acto reclamado, esto último conforme la circular 5/1995 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibida que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse cierto el acto reclamado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor. Se autoriza el envío del informe solicitado vía fax, al número 01 44 33 22 69 60 extensión 1152, con la precisión que de hacerlo por este medio, será innecesario se emita vía postal, excepto cuando se deban enviar constancias que sustenten el acto reclamado. Requiérase a la autoridad responsable para que informe si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo contra el acto reclamado dentro del expediente de origen, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa en los términos de los párrafos precedentes, en relación a los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, de conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. Resérvese el emplazamiento del tercero interesado, hasta en tanto se cuente con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No ha lugar a formar incidente de suspensión, en razón de que en proveído de treinta de marzo del año en curso, se decretó de plano la suspensión del acto reclamado, misma que perdura hasta que se dicte sentencia ejecutoria en este juicio. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. NOTIFICACIONES A LA RESPONSABLE. Se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". INFORMA SOBRE SUSPENSIÓN DE PLANO. Finalmente, agréguese al expediente en que se actúa, para que obre como legalmente corresponda, el comunicado suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Robo al Transporte, con sede en esta ciudad; atento a su contenido, téngase por hechas las manifestaciones realiza en relación al cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada en autos. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, las documentales que envía como sustento de su informe. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

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