Miguel Ángel Barragán Arias
Expediente 569/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 569/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 31/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Miguel Ángel Barragán Arias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. SE DA CUENTA CON ACUSE DE RECIBO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 16179, a través del cual se le notificó que el presente expediente causó ejecutoria; asimismo, se le adjuntó el original del toca de apelación XI-21/2019 de su índice. SE ORDENA DESGLOSE DE DISCOS Y SE DEVUELVEN A SU LUGAR DE ORIGEN. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a fojas 39 y 48, obran glosados los discos ópticos relativos al audio y video de la audiencia oral y carpeta electrónica, que la oficiante remitió con su informe de ley, en tales condiciones, y toda vez que se hace innecesaria su retención, se ordena el desglose de dichos discos ópticos y devuélvanse los mimos a su lugar de origen, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO 1/2009 En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el presente juicio de amparo encuadra en la hipótesis contenidas en el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse NEGADO el amparo y protección de la justicia federal, por lo que se estima que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. TRANSFERENCIA. Una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS. VISTOS; por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso que es a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución de cuatro de octubre del año en curso, en la que se NEGÓ el juicio de amparo promovido por Miguel Ángel Barragán Arias en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DEVOLUCIÓN DE CUDERNO DE PRUEBAS. Finalmente, hágase la devolución del cuaderno de prueba que el Magistrado responsable adjuntó a su informe de ley, consistente en el original del recurso de apelación XI-21/2019, rogando acuse de recibo de las mismas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de octubre de dos mil diecinueve. RAZÓN ACTUARIAL. Vista la razón levantada por el actuario adscrito a este juzgado el siete de los actuales, de la que se desprende que no le fue posible notificar al tercero interesado Marco Antonio Hernández Mata, por sí o a través de su asesor victimal Ismael Hernández López, la resolución con engrose de cuatro de octubre del año en curso, por las razones expuestas en la misma; en tal virtud, con apoyo en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo en vigor, practíquese al tercero interesado en cita la notificación de la resolución relativa, así como las subsecuentes que deban ser personales mediante lista que se publique en los estrados de este juzgado, hasta en tanto comparezca ante este órgano jurisdiccional a señalar domicilio para tal efecto. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.Edy/Lsm
- Principal
V I S T O S, para dictar sentencia en los autos que integran el juicio de amparo número I-569/2019, promovido por MIGUEL ÁNGEL BARRAGÁN ARIAS por conducto de su defensor particular, quien demandó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra un acto del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPRO. Mediante escrito presentado en línea el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, registrado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán en esa misma fecha, y turnado el veinte siguiente a este juzgado, MIGUEL ÁNGEL BARRAGÁN ARIAS por conducto de su defensor particular Leonardo R., Quevedo Domínguez, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto que reclama del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, consistente en: "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; 1.- Del señor Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Se reclama la resolución dictada dentro del toca penal número XI-21/2019, mismo que se formó con motivo del recurso de apelación hecho valer dentro de la causa penal número 209/2019 mediante la cual CONFIRMA la resolución de VINCULACIÓN a proceso dictada por el Juez de Control y Enjuiciamiento de la Región Morelia." En ese ocurso, el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, y por auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, previa prevención, la admitió a trámite; se formó el expediente y lo registró bajo el número I-569/2019; se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien formuló pedimento; asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual, previo su diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de que tratan, ello con fundamento en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, en concordancia con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridades residen dentro de la circunscripción territorial en donde este juzgado tiene jurisdicción. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de las demandas de garantías, demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, por lo que su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. En esa medida, se atiende al contenido de la jurisprudencia P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, se transcriben a continuación: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil. Conforme a lo expuesto, se desprende que el acto reclamado materia de la presente instancia constitucional, lo constituye: La resolución de quince de mayo de dos mil diecinueve, dictada dentro del toca de apelación XI-21/2019, del índice de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante la cual se confirmó el auto de vinculación a proceso de seis de abril de dos mil diecinueve que dictó el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, dentro de la causa penal 209/2019 de su índice, que se instruye en contra del aquí quejoso. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, toda vez que al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la autoridad responsable exhibió en apoyo a su informe justificado, consistentes en el original del toca penal XI-21/2019, de su índice, así como el registro de audio y video de la audiencia de aclaración de alegatos, contenido en disco óptico. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". De igual manera, cobra aplicación la jurisprudencia 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, cuyo contenido es el siguiente: Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.". Contradicción de tesis 455/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito. 27 de febrero de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de León Cruz. Tesis de jurisprudencia 43/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior se encuentra robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin." Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335. Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales.". Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos. Así, al no existir alguna causal de improcedencia invocada por las partes u otra que de oficio se advierta, lo que procede es realizar el estudio de fondo del asunto de acuerdo a los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por el quejoso, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª/J.58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez.". SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. A manera de preámbulo, es necesario precisar que en este juicio de amparo opera la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado deriva de un proceso penal donde el aquí quejoso tiene el carácter de vinculado; sin embargo, dicha figura se aplicará siempre y cuando le favorezca, es decir, si del análisis se advierte algún elemento por el que pueda concederse el amparo, por lo que no procede estudiar el acto reclamado bajo aquella complementariedad cuando dicho análisis, lejos de beneficiar, perjudica o no reporta utilidad alguna. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia de rubro y texto: Época: Décima Época Registro: 2014703 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 44, Julio de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 67/2017 (10a.) Página: 263 "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna.". Solicitud de sustitución de jurisprudencia 14/2016. Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 17 de mayo de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I.; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Héctor Orduña Sosa. Tesis de jurisprudencia 67/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Nota: Esta tesis jurisprudencial se publicó en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de julio de 2017 a las 10:14 horas y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de julio de 2017 para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario Número 19/2013, por lo que a partir de esas mismas fecha y hora y con motivo de la resolución de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 14/2016, ya no se considera de aplicación obligatoria la diversa 2a./J. 26/2008, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de 2008, página 242. Esta tesis se publicó el viernes 07 de julio de 2017 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de julio de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. En su primer concepto de violación, aduce el quejoso que en la resolución reclamada no existe una exacta aplicación de la Ley; lo anterior, en consideración a que el Magistrado responsable no consideró que la finalidad de la conducta desplegada por el quejoso lo era únicamente el robo, no el secuestro con todos sus elementos; ésto, al quedar demostrado que primeramente se despojó a la víctima sin su consentimiento del vehículo en que viajaba; posteriormente la trasladó dentro del mismo vehículo, pero con la finalidad de robarle, no así de privarlo de su libertad deambulatoria, y al efecto invoca la tesis de rubro: "SECUESTRO EXPRÉS, NO SE ACTUALIZA ESTE DELITO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN I, INCISO D), DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SI NO SE ADVIERTE UNA FINALIDAD DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DIVERSA A LA DEL ROBO.". Para una mejor exposición del asunto, el concepto de violación se analizará en dos porciones a fin de facilitar su estudio. Así, se considera que por lo que respecta a su primera porción, relativa a la inexacta aplicación de la ley el aludido concepto de violación es infundado. Para estimarse de esa manera, resulta necesario traer a colación el contenido de los preceptos legales que prevén y sancionan las conductas atribuidas al aquí quejoso: De la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro: "Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: (.) d) Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a esta Ley le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten. "Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán: I. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: (.) b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; c) Que se realice con violencia; (.).". Del Código Penal del Estado de Michoacán: "Artículo 199. Robo Comete el delito de robo quien se apodera de una cosa mueble, ajena y sin consentimiento de quien legítimamente pueda disponer de ella. Artículo 200. Consecuencias jurídicas del robo Al responsable del delito de robo se le sancionará conforme a las reglas siguientes: I. Cuando el valor de lo robado no exceda del importe de trescientos días de salario mínimo general vigente, la sanción será de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a cien días multa; (.).". Por otra parte, es conveniente destacar que los datos de prueba que fueron tomados en cuenta por el Juez responsable son los siguientes: 1.- Denuncia de fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, presentada por la Marco Antonio Hernández Mata. 2.- Dos retratos hablados de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, realizados por el perito Agustín Cerezo Leyva, en base a las características proporcionadas por el denunciante. 3.- Comparecencia de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, a cargo de Mónica Rodríguez Granados, representante legal de la persona moral ofendida "Distribución Zonificada Michoacán S. de R.L. de C.V.". 4.- Dictamen pericial de veintiocho de febrero a cargo de la perito valuador Miriam Pérez Jiménez, respecto del valor comercial del vehículo marca Nissan, propiedad de la empresa ofendida. 5.- Dictamen pericial de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve realizado por Yuritzi Andrea Palmeño Mendoza sobre identificación del vehículo Nissan, propiedad de moral ofendida. 6.- Informe de investigación de treinta de marzo de dos mil diecinueve, suscrito por el elemento de la policía de investigación Omar Zapien Aparicio, relativo a la entrevista que realizó a Luis Ángel Flores Estrada. 7.- Comparecencia de treinta de marzo de dos mil diecinueve a cargo de Alberto Tomás Chávez Rodríguez, empleado de la empresa ofendida, ante la Fiscalía de Robo de Transporte. 8.- Acta de treinta de marzo de dos mil diecinueve, levantada con motivo del reconocimiento de persona que realizó la víctima Marco Antonio Hernández Mata, ante el agente de investigación Andrés Contreras Colina. 9.- Dictamen pericial comparativo de treinta de marzo de dos mil diecinueve, entre el retrato hablado derivado de las características físicas señaladas por la víctima Marco Antonio Hernández Mata y las imágenes que obran en la ficha signalética recabada al aquí quejoso. 10.- Acta de registro de inspección de lugar realizada por el Policía de Investigación Omar Zapién Aparicio, respecto del lugar donde refirió la víctima lo dejaron después de haberlo privado de la libertad y robado la mercancía que transportaba. 11.- Vaciado de memoria USB exhibida por la víctima, de cuatro de abril de dos mil diecinueve, por el perito Alejandro Betancourt Nava, que contiene el video recabado por la cámara de seguridad de la tienda de abarrotes "Paco", el día de los hechos. Ahora, como bien lo señaló el Magistrado responsable, de los hechos que el resolutor primario tuvo por acreditados con los medios de prueba recabados durante la etapa inicial de juicio y que analizó de manera libre y lógica en apego a lo dispuesto por el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende la comisión de las conductas típicas descritas, así como la probable participación del aquí quejos en su comisión, pues los mismos le permitieron al Juez establecer que tales hechos ocurrieron de la siguiente manera: "El 27 de febrero de 2019, aproximadamente a las 09:20 horas, la víctima Marco Antonio Hernández Mata, quien labora como chofer repartidor de la empresa "Distribución Zonificada Michoacán S. de R.L. de C.V.", que distribuyen cigarros, localizándose el bodega en la calle Tepeyac número 118, colonia Guadalupe de la ciudad, que utiliza un vehículo Marca Nissan, Sedán, Tsuru, Sedan 2, color blanco, con número de serie 3N1EB31S7HK347575, modelo 2017, con placas de circulación número PFW886-U, del Estado de Michoacán. Que aproximadamente las 09:45 horas, la víctima se estacionó en la calle Parota número 09, colonia Mirador Monarcas, municipio de Tarímbaro, Michoacán, afuera de una abarrotera denominada "Paco", que ingresó y tomó un pedido a la persona que se encontraba atendiendo el negocio, que al salir por el pedido de cigarros regresó con un paquete e ingresa nuevamente y que al entregar el pedido de cigarros, llegó el imputado Miguel Ángel Barragán Arias, en compañia de otro sujeto del sexo masculino, portando ambos armas de fuego, el imputado en su cintura, que abrazó a la víctima quien volteó para verlo y le mostró el arma, diciéndole "acompáñame no te va a pasar nada", mientras el otro sujeto que lo acompañaba también portaba un arma de fuego, quien se la mostró a la víctima, y en un momento determinado, el imputado sacó de la tienda a la víctima, quien no opuso resistencia, toda vez que, se encontraba amagado por los dos sujetos armados. Que al salir de la tienda la víctima se percató que el diverso sujeto se quedó adentro, hablando con el encargado de la tienda, que en ese momento el imputado Miguel Ángel Barragán Arias, se salió con la víctima y se dirigieron al vehículo, arrebatándole el imputado las llaves del vehículo, indicándole que se subiera, y lo aventó en el asiento trasero, subiéndose el imputado a en la parte trasera a un costado de la víctima quien le puso la pistola en las costillas, diciéndole "quédate tranquilo porque si no te carga la chingada, y te mato". Que en ese momento salió su compañero de la tienda, dirigiéndose directamente al asiento del piloto, que le pidió las llaves al imputado y manejó el vehículo aproximadamente cinco minutos. Que posteriormente detuvieron su marcha, y adelante de éstos se paró un vehículo marca Nissan, tipo platina, color negro, placas de circulación número PGD832X, del Estado de Michoacán, y la persona de conducía el vehículo de la empresa ofendida se bajó, y se dirigió al vehículo platina, dialogó con el conductor y abrió la cajuela, que se regresó al vehículo de la moral ofendida, abrió la cajuela, y sacó lo que traía la víctima en el interior del vehículo [116 paquetes de cigarros de diferentes marcas], para posteriormente retirarse del lugar, dejando en el lugar a la víctima, indicándole el imputado que se quedara en el lugar con la cabeza agachada por 10 minutos, y una vez que, se retiraron la víctima realizó el reporte de robo. Que posteriormente la víctima se presentó ante el ministerio público a reconocer al imputado, quien se encontraba detenido por un hecho diverso" Hechos con los cuales, como se indicó, el Juez de Control tuvo por actualizadas las conductas típicas atribuidas al aquí quejoso, pues de los datos de prueba se desprende que se privó a la víctima de la libertad, porque se le impidió llevar a cabo acciones de manera voluntaria o dirección de sus movimientos, dado que primero se le obligó a salir de la tienda, luego a subir a un vehículo, para después conducirla a un sitio diverso donde sin poder autodeterminarse se le obligó a permanecer; restricción que tuvo como propósito cometer robo, pues posterior a su traslado, llegaron a un sitio donde lo dejaron para poder bajar del vehículo la mercancía que llevaba consigo el pasivo y subirla a un diverso vehículo. Conducta anterior que se ejecutó de forma agravada al haberse llevado a cabo entre tres personas con uso de violencia, toda vez que para su ejecución se utilizó una arma de fuego con la que se obligó a la víctima a abordar el propio vehículo que utilizaba para prestar sus servicios como repartidor, y dentro del cual se le forzó a permanecer, restringiéndola en su libertad deambulatoria. Cuadro fáctico que como acertadamente consideró la autoridad responsable, también se ajusta al delito de robo, porque como lo señaló el Juez, existió una acción de apoderamiento sobre la mercancía que llevaba consigo la víctima, consistente en ciento dieciséis paquetes de cigarros, con un valor de $47,550.90 (cuarenta y siete mil quinientos cincuenta pesos 90/100 moneda nacional), conforme a lo que informó el representante legal de la empresa ofendida. Con motivo de lo expresado, se estima que contrario a lo que aduce el quejoso, el Magistrado responsable realizó una exacta aplicación de la ley, al afirmar que el resolutor primario cumplió con los requisitos previstos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales para dictar auto de vinculación a proceso, habida cuenta que existió acusación del Agente del Ministerio Público; se concedió oportunidad al imputado para que declarara; asimismo, que de los antecedentes de la investigación expuestos por el ministerio público, se obtenían datos de prueba razonables que indican que se perpetraron hechos que la ley señala como delitos, específicamente secuestro exprés agravado y robo, con expresión de circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución, y existe la probabilidad de que el aquí quejoso participó en su comisión. Lo anterior es así, dado que conforme al citado artículo 9, fracción I, inciso d) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, el delito de secuestro exprés consiste en privar de la libertad a otro con la finalidad de ejecutar los diversos ilícitos de robo o extorsión; de modo que, el cuatro fáctico expuesto permite estimar que los datos de prueba establecen la comisión de un hecho que la ley señala como el delito de secuestro exprés. A lo anterior, resulta aplicable el criterio por contradicción que a continuación se transcribe: Época: Décima Época Registro: 2014800 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 35/2017 (10a.) Página: 360 "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley.". Contradicción de tesis 87/2016. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. 1 de febrero de 2017. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto concurrente y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Gabino González Santos y Horacio Vite Torres. Tesis y/o criterios contendientes: El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver los amparos en revisión 724/2012, 811/2012, 6/2013, 423/2013 y 440/2013, sostuvo la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/2 (10a.), de título y subtítulo: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO 'HECHO ILÍCITO' DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 1, noviembre de 2013, página 757, registro digital: 2004857; y al resolver los amparos en revisión 22/2010, 110/2010, 147/2010, 267/2010 y 282/2010, sostuvo la tesis jurisprudencial XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, página 1942, registro digital: 160330. El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 175/2015, sostuvo que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario que el Juez de Control conozca cuál es el delito materia de la imputación, lo que implica que efectúe un análisis de los elementos de la descripción típica del hecho punible correspondiente, esto es, sus componentes objetivos, normativos y subjetivos específicos previstos en la ley, que le permitan calificar si los hechos que el ministerio público imputa al acusado son o no constitutivos del delito. Tesis de jurisprudencia 35/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de cinco de abril de dos mil diecisiete. Nota: De la sentencia que recayó al amparo en revisión 175/2015, resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, derivaron las tesis aisladas XXVII.3o.21 P (10a.) y XXVII.3o.20 P (10a.), de títulos y subtítulos: "PRISIÓN PREVENTIVA IMPUESTA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE CUANDO SE AGOTA LA VIGENCIA DE DICHA MEDIDA CAUTELAR POR EL SOLO TRANSCURSO DEL TIEMPO." y "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA QUE EL JUEZ DE CONTROL PUEDA DETERMINAR SI EL HECHO IMPUTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL ACUSADO ES O NO CONSTITUTIVO DE DELITO, DEBE ANALIZAR LOS ELEMENTOS DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA DEL ILÍCITO CORRESPONDIENTE, ESTO ES, SUS ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS.", publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 22 de enero de 2016 a las 11:30 horas y del viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas, así como en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 26, Tomo IV, enero de 2016, página 3389 y 27, Tomo III, febrero de 2016, página 2025, respectivamente. Esta tesis se publicó el viernes 04 de agosto de 2017 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de agosto de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Por otro lado, respecto a la segunda porción del concepto de violación a estudio, se considera inoperante. Lo anterior, en virtud de que el quejoso parte de una falsa premisa al estimar que la víctima primeramente fue despojada del vehículo que conducía dentro del cual se le obligó a permanecer; sin embargo, de los hechos probados se desprende que el objeto materia de robo no fue dicho automotor, sino la mercancía que trasladaba el agraviado en el interior de la cajuela del aludido automóvil, consistente en ciento dieciséis paquetes de cigarros de distintas marcas, de la cual se le despojó con posterioridad a la privación de su libertad, pues incluso la empresa ofendida presentó la denuncia únicamente respecto del robo de la mercancía, no así del vehículo. Por tal causa, es conveniente señalar que la tesis invocada por el aquí quejoso es del siguiente rubro y texto: Época: Décima Época Registro: 2017040 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III Materia(s): Penal Tesis: XVII.1o.P.A.61 P (10a.) Página: 2786 SECUESTRO EXPRÉS. NO SE ACTUALIZA ESTE DELITO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN I, INCISO D), DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SI NO SE ADVIERTE UNA FINALIDAD DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DIVERSA A LA DEL ROBO. Para que se actualice el delito de secuestro exprés es menester que la finalidad de la privación de la libertad sea la de ejecutar posteriormente el ilícito de robo o extorsión, como lo dispone el artículo 9, fracción I, inciso d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así que si de la mecánica de los hechos probados en juicio, se advierte que los sujetos activos, previo a la privación de la libertad del pasivo, ya lo habían desapoderado del bien mueble (vehículo) de su propiedad y lo tenían a su disposición, porque lo conducía uno de ellos, e impiden que la víctima baje del vehículo hasta cinco calles después y desnudo, es evidente que ese actuar es una consumación prolongada en el tiempo del delito de robo, pero no actualiza el delito de secuestro exprés, ya que no se advierte una finalidad de la privación de la libertad diversa a la del robo, es decir, cuando para cometer el ilícito de robo no era necesario coartar la libertad de la víctima, sino que de los hechos se advierte que ello sólo era necesario para continuar con la comisión del delito y despojarla de sus pertenencias.". PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 332/2017. 23 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: José Raymundo Cornejo Olvera. Secretario: Alberto Siqueiros Sidas. Nota: El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito abandonó el criterio sostenido en esta tesis, según se desprende de la que con el número de identificación XVII.1o.P.A.77 P (10a.), aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de noviembre de 2018 a las 10:41 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 60, Tomo III, noviembre de 2018, página 2573, de título y subtítulo: "SECUESTRO EXPRÉS. PARA LA ACTUALIZACIÓN DE ESTE DELITO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN I, INCISO D), DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, BASTA QUE SE PRUEBE LA RESTRICCIÓN DE LA LIBERTAD AMBULATORIA DE LA VÍCTIMA PARA EJECUTAR LOS DELITOS DE ROBO O EXTORSIÓN [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA XVII.1o.P.A.61 P (10a.)]." Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 294/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 24 de junio de 2019. Esta tesis se publicó el viernes 25 de mayo de 2018 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Como puede observarse, el criterio que invoca el quejoso, no aplica en el presente caso de acuerdo a los hechos imputados, pues en la citada tesis se sostiene que el delito de secuestro exprés no se actualiza si de la mecánica de hechos probados en juicio se advierte que el activo, previo a la privación de la libertad del pasivo, ya lo había desapoderado del bien mueble robado, al no advertirse una finalidad de la privación de la libertad diversa a la del robo; sin embargo, como ya se dijo, el objeto materia de apoderamiento fue la mercancía que trasladaba la víctima en la cajuela del vehículo propiedad de la empresa para la que labora, mercancía de la cual se le despojó después de haber sido privado de la libertad. En su segundo concepto de violación, aduce e quejoso que el auto de formal prisión reclamado contraviene lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 19 Constitucionales, al haberse vulnerado en su perjuicio el principio del debido proceso, así como el diverso de presunción de inocencia, por las razones que a continuación se transcriben: "Quedó debidamente probado, que mi cliente, fue detenido por una orden de CATEO, en una carpeta de investigación distinta a la que originó esta causa penal en que nos ocupa, MIENTRAS ESTABA DETENIDO en base a esa orden de cateo, se le estaba integrando otra carpeta, OTRA CARPETA EN LA QUE no fue notificado que estaba REALIZANDO ACTOS DE INVESTIGACIÓN EN SU CONTRA, violentándose UN PRINCIPIO DE LEGALIDAD, pues se vulneró su presunción de inocencia. YA DETENIDO dentro de OTRA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, distinta a la que origina esta causa penal, LE PRACTICARON UN RECONOCIMIENTO DE PERSONA, dentro de esta carpeta que origina esta causa penal, aunque con presencia de abogado defensor, máxime que obra en el acta la oposición y las irregularidades anotadas en dicho reconocimiento jamás se hizo saber que se estaba realizando actos de investigación en su contra por ese hecho.". Lo anterior es infundado. Se considera así, en razón a que en primer lugar el acto reclamado en el presente juicio lo constituye la resolución de segunda instancia que confirma un auto de vinculación a proceso, no así un auto de formal prisión como lo señala el quejoso. En segundo lugar, tal y como legalmente lo estimó el Magistrado responsable, la aseveración relativa a que la detención del aquí quejoso no provino de la carpeta de investigación que dio origen a la causa penal de la cual emana el acto aquí reclamado, sino de otra diversa dentro de la cual se realizaban actos de investigación en forma paralela, específicamente la práctica de un reconocimiento de persona, proviene de los testimonios de Shantal Ruiz Oseguera y Francisco Antonio Matías González, los que por sí solos resultan insuficientes para justificar que la detención del quejoso se hubiera efectuado al margen de la ley, porque como lo señaló la sala responsable, para estimarlo de esa manera, no basta conocer que el imputado estuvo detenido por un hecho diverso, sino que, haya estado incomunicado o que el dato de prueba se haya recabado de forma ilícita por haberse violentado sus derechos fundamentales, para lo cual debe existir información objetiva de la que así se desprenda, lo que no ocurrió. De ahí que como acertadamente lo consideró la autoridad responsable al contestar el agravio que en el mismo sentido se le hizo valer, la sola manifestación de la defensa cuestionando esa circunstancia, con base únicamente en el dicho de la ateste Ruiz Oseguera, relativo a la fabricación de una diversa carpeta de investigación, en la que a su vez dice que se practicaron actos de investigación violatorios de derechos, es ineficaz para así determinarlo, al no contar con elementos objetivos necesarios para emitir un pronunciamiento en ese sentido. Por último, es conveniente destacar que las diversas alegaciones formuladas al narrar los antecedentes del acto reclamado resultan inoperantes, pues en ellas se combate el auto de vinculación a proceso dictado por el Juez de la causa, no así el acto que aquí se reclama, esto es, la resolución de apelación dictada por el Magistrado responsable. En las relatadas circunstancias, al haber quedado demostrado que el acto reclamado no infringe en perjuicio del peticionario de amparo derechos fundamentales, aún supliendo la deficiencia de la queja en términos de la Fracción III inciso a), del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que procede es NEGAR el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a MIGUEL ÁNGEL BARRAGÁN ARIAS, por las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy cuatro de octubre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Miguel Ángel Anguiano Ramírez589/2023
- Miguel Ángel Arévalo Méndez948/2019
- Miguel Ángel Arias Gafias448/2023
- Miguel Angel Ayala Cazares46/2018
- Miguel Angel Barajas Pérez226/2022
- Miguel Ángel Barragán Arias361/2019
- Miguel Ángel Becerra Pineda161/2020
- Miguel Ángel Becerra Pineda1384/2019
- Miguel Angel Calixto Hernández y Otros.900/2022
- Miguel Ángel Campos Velázquez287/2021
- Miguel Angel Carmona Calvo173/2021
- Miguel Ángel Castro Ramírez421/2021