Miguel Angel Ayala Cazares

Expediente 46/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 24 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
46/2018
Año
2018
Actuaciones
24
Última actuación
28/09/2018

Partes del expediente

  • Miguel Angel Ayala Cazares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Por lista notifico a la parte quejosa el siguiente auto: Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, y únicamente lo realizó el representante especial de los menores, a través de su escrito presentado el treinta y uno de agosto del año en curso. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que les fue formulado en el citado auto y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el nueve de julio de dos mil dieciocho, se concedió la protección constitucional a MIGUEL ÁNGEL AYALA CÁZAREZ, para efecto de que el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia (ahora Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar) y Actuario adscrito, así como del Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente el auto de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, acta de embargo de dieciocho de diciembre del mismo año y auto de veintidós de enero de dos mil dieciocho en que se ordenó dicho embargo; b) En su lugar emita a otro, que puede ser en el mismo sentido o diverso al reclamo, pero purgando la falta de fundamentación y motivación que se hace patente, para lo cual lo deberá indicar de manera precisa y suficiente: Como obtiene el salario del quejoso, el monto del adeudo por concepto de alimentos, así como el periodo al que corresponde tal adeudo justificando este, con mayor amplitud en caso de que abarque meses en los que el quejoso ya no contaba con percepción semanal." Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Así, en proveído de tres de agosto de dos mil dieciocho, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió al juez responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector; asimismo, se determinó que no era el caso de proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo en vigor, en virtud de que no tenía superior jerárquico que les ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo. En virtud a lo anterior, por oficio presentado el diez de agosto de este año, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar (antes Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia), con sede en esta ciudad, exhibió insertó en dicha comunicación, el contenido del proveído de esa propia fecha, dictado en el expediente 636/2016, en el cual, para cumplir con la sentencia de amparo, realizó lo siguiente: I. Dejó insubsistente el auto de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, así como el acta de embargo de dieciocho de diciembre de ese año y el auto de veintidós de enero del año en curso, que ordenó inscribir el embargo decretado en el juicio de origen. II. Procedió a dar nueva cuenta con el escrito de uno de noviembre de dos mil diecisiete, signado por Alma Gabriela Guevara Chávez, apoderada de la parte promovente, determinando que de momento, no era procedente requerir al deudor alimentista Miguel Ángel Ayala Cazares, del pago de la pensión alimenticia provisional establecida en ese asunto, toda vez que para estar en condiciones de realizar lo anterior, deberá formular el incidente correspondiente. Para lo cual, tomó en consideración que en la sentencia que resolvió el trámite de origen, se condenó al deudor al pago de una pensión equivalente al 50% de sus percepciones salariales, pero que obraba en autos, una constancia de que el obligado ya no laboraba para la empresa para la cual venía haciéndolo y la que en su momento informó el monto de sus ingresos salariales, motivo por el que, resultaba necesario formular el incidente correspondiente, a fin de que se ofrezcan y desahoguen las pruebas tendientes a acreditar cual ha sido el periodo que no se ha cubierto de alimentos, así como los ingresos reales del deudor alimentista en dicho lapso; todo ello, tomando en consideración que de acuerdo a las constancias que obraban en el expediente, no se contaba con elementos probatorios suficientes para tomar como base cantidad alguna que hubiere percibido el deudor. III. Dado que dejó insubsistente el auto de fecha veintidós de enero de este año, que ordenó inscribir el embargo recaído en el inmueble propiedad del aquí quejoso, giró oficio al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio del Estado, con sede en esta ciudad, a fin de que procediera a realizar la cancelación del embargo practicado en la diligencia de fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. Posteriormente, el Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, con sede en esta ciudad, con fecha veintidós de agosto del año en curso, informó que hasta esa fecha no se había inscrito ante dicha dependencia, el embargo de mérito, ya para acreditar lo anterior, remitió certificado de gravamen del inmueble correspondiente, el cual no reporta gravamen derivado del trámite de jurisdicción voluntaria familiar número 636/2016. Situación con la que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado insubsistente el auto de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, así como el acta de embargo de dieciocho de diciembre de ese año y el auto de veintidós de enero del año en curso, que ordenó inscribir el embargo decretado en el trámite de jurisdicción voluntaria familiar número 636/2016; y al advertir las violaciones marcadas en la sentencia de amparo, procedió a dar nueva cuenta con el escrito de uno de noviembre de dos mil diecisiete, signado por Alma Gabriela Guevara Chávez, apoderada de la parte promovente, determinando que de momento, no era procedente requerir al deudor alimentista Miguel Ángel Ayala Cazares, del pago de la pensión alimenticia provisional establecida en ese asunto, toda vez que para estar en condiciones de realizar lo anterior, se debería formular el incidente correspondiente, por no contar con los elementos suficientes para cuantificar alguna cantidad percibida por el deudor en el periodo de los alimentos que se le reclaman; asimismo se allegó la constancia necesaria para acreditar que el embargo decretado en el expediente de origen, no había sido registrado ante la autoridad correspondiente, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se atienden manifestaciones del representante especial del menor Por otra parte, en torno al escrito presentado por el representante especial del menor, en fecha treinta y uno de agosto de esta anualidad, mediante el cual, desahogó la vista que se ordenó darle con el cumplimiento realizado por la responsable, y en el que, medularmente solicita que se tome en cuenta el interés superior de los menores y se aplique el principio de convencionalidad y principio pro persona, para luego transcribir varias tesis o criterios jurisprudenciales que estima aplicables; al respecto, dígasele que este órgano jurisdiccional cuenta con el imperativo constitucional de salvaguardar los derechos fundamentales, en especial, tratándose de asuntos donde se relacionen a menores, por lo que al momento de dictar la sentencia en el presente asunto, se consideró ese aspecto, y por tanto, al declarar cumplida la sentencia de amparo en los términos que fueron precisados con antelación, el suscrito juzgador se constriñó a analizar el nuevo acuerdo dictado por la responsable a la luz de lo resuelto en el fallo protector, por lo cual, se estima que no obstante que el representante especial no realizó manifestación alguna en torno al contenido jurídico del acuerdo dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, este órgano jurisdiccional estima que no se vulneran derechos en perjuicio de los menores, ya que el acto emitido por la responsable fue en pleno acato a las observaciones y lineamientos que le fueron impuestos en la sentencia de amparo, quedando expeditos los derechos de las partes, para que, de considerar que esa resolución irroga algún perjuicio, hagan valer los recursos que estimen necesarios en su contra. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se negó la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el punto vigésimo primero, fracción III, del capítulo quinto del aludido acuerdo, se estima que el mismo es susceptible de DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto vigésimo del acuerdo en consulta, los que comienzan a contar a partir de la fecha antes anotada en que se dictó resolución interlocutoria. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Por lista notifico a la parte tercero interesada MARIA ISABEL RANGEL CHAVEZ, POR SI Y EN REPRESENTACION DE SUS MENORES HIJOS...el siguiente auto: Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, y únicamente lo realizó el representante especial de los menores, a través de su escrito presentado el treinta y uno de agosto del año en curso. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que les fue formulado en el citado auto y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el nueve de julio de dos mil dieciocho, se concedió la protección constitucional a MIGUEL ÁNGEL AYALA CÁZAREZ, para efecto de que el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia (ahora Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar) y Actuario adscrito, así como del Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente el auto de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, acta de embargo de dieciocho de diciembre del mismo año y auto de veintidós de enero de dos mil dieciocho en que se ordenó dicho embargo; b) En su lugar emita a otro, que puede ser en el mismo sentido o diverso al reclamo, pero purgando la falta de fundamentación y motivación que se hace patente, para lo cual lo deberá indicar de manera precisa y suficiente: Como obtiene el salario del quejoso, el monto del adeudo por concepto de alimentos, así como el periodo al que corresponde tal adeudo justificando este, con mayor amplitud en caso de que abarque meses en los que el quejoso ya no contaba con percepción semanal." Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Así, en proveído de tres de agosto de dos mil dieciocho, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió al juez responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector; asimismo, se determinó que no era el caso de proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo en vigor, en virtud de que no tenía superior jerárquico que les ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo. En virtud a lo anterior, por oficio presentado el diez de agosto de este año, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar (antes Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia), con sede en esta ciudad, exhibió insertó en dicha comunicación, el contenido del proveído de esa propia fecha, dictado en el expediente 636/2016, en el cual, para cumplir con la sentencia de amparo, realizó lo siguiente: I. Dejó insubsistente el auto de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, así como el acta de embargo de dieciocho de diciembre de ese año y el auto de veintidós de enero del año en curso, que ordenó inscribir el embargo decretado en el juicio de origen. II. Procedió a dar nueva cuenta con el escrito de uno de noviembre de dos mil diecisiete, signado por Alma Gabriela Guevara Chávez, apoderada de la parte promovente, determinando que de momento, no era procedente requerir al deudor alimentista Miguel Ángel Ayala Cazares, del pago de la pensión alimenticia provisional establecida en ese asunto, toda vez que para estar en condiciones de realizar lo anterior, deberá formular el incidente correspondiente. Para lo cual, tomó en consideración que en la sentencia que resolvió el trámite de origen, se condenó al deudor al pago de una pensión equivalente al 50% de sus percepciones salariales, pero que obraba en autos, una constancia de que el obligado ya no laboraba para la empresa para la cual venía haciéndolo y la que en su momento informó el monto de sus ingresos salariales, motivo por el que, resultaba necesario formular el incidente correspondiente, a fin de que se ofrezcan y desahoguen las pruebas tendientes a acreditar cual ha sido el periodo que no se ha cubierto de alimentos, así como los ingresos reales del deudor alimentista en dicho lapso; todo ello, tomando en consideración que de acuerdo a las constancias que obraban en el expediente, no se contaba con elementos probatorios suficientes para tomar como base cantidad alguna que hubiere percibido el deudor. III. Dado que dejó insubsistente el auto de fecha veintidós de enero de este año, que ordenó inscribir el embargo recaído en el inmueble propiedad del aquí quejoso, giró oficio al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio del Estado, con sede en esta ciudad, a fin de que procediera a realizar la cancelación del embargo practicado en la diligencia de fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. Posteriormente, el Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, con sede en esta ciudad, con fecha veintidós de agosto del año en curso, informó que hasta esa fecha no se había inscrito ante dicha dependencia, el embargo de mérito, ya para acreditar lo anterior, remitió certificado de gravamen del inmueble correspondiente, el cual no reporta gravamen derivado del trámite de jurisdicción voluntaria familiar número 636/2016. Situación con la que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado insubsistente el auto de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, así como el acta de embargo de dieciocho de diciembre de ese año y el auto de veintidós de enero del año en curso, que ordenó inscribir el embargo decretado en el trámite de jurisdicción voluntaria familiar número 636/2016; y al advertir las violaciones marcadas en la sentencia de amparo, procedió a dar nueva cuenta con el escrito de uno de noviembre de dos mil diecisiete, signado por Alma Gabriela Guevara Chávez, apoderada de la parte promovente, determinando que de momento, no era procedente requerir al deudor alimentista Miguel Ángel Ayala Cazares, del pago de la pensión alimenticia provisional establecida en ese asunto, toda vez que para estar en condiciones de realizar lo anterior, se debería formular el incidente correspondiente, por no contar con los elementos suficientes para cuantificar alguna cantidad percibida por el deudor en el periodo de los alimentos que se le reclaman; asimismo se allegó la constancia necesaria para acreditar que el embargo decretado en el expediente de origen, no había sido registrado ante la autoridad correspondiente, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se atienden manifestaciones del representante especial del menor Por otra parte, en torno al escrito presentado por el representante especial del menor, en fecha treinta y uno de agosto de esta anualidad, mediante el cual, desahogó la vista que se ordenó darle con el cumplimiento realizado por la responsable, y en el que, medularmente solicita que se tome en cuenta el interés superior de los menores y se aplique el principio de convencionalidad y principio pro persona, para luego transcribir varias tesis o criterios jurisprudenciales que estima aplicables; al respecto, dígasele que este órgano jurisdiccional cuenta con el imperativo constitucional de salvaguardar los derechos fundamentales, en especial, tratándose de asuntos donde se relacionen a menores, por lo que al momento de dictar la sentencia en el presente asunto, se consideró ese aspecto, y por tanto, al declarar cumplida la sentencia de amparo en los términos que fueron precisados con antelación, el suscrito juzgador se constriñó a analizar el nuevo acuerdo dictado por la responsable a la luz de lo resuelto en el fallo protector, por lo cual, se estima que no obstante que el representante especial no realizó manifestación alguna en torno al contenido jurídico del acuerdo dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, este órgano jurisdiccional estima que no se vulneran derechos en perjuicio de los menores, ya que el acto emitido por la responsable fue en pleno acato a las observaciones y lineamientos que le fueron impuestos en la sentencia de amparo, quedando expeditos los derechos de las partes, para que, de considerar que esa resolución irroga algún perjuicio, hagan valer los recursos que estimen necesarios en su contra. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se negó la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el punto vigésimo primero, fracción III, del capítulo quinto del aludido acuerdo, se estima que el mismo es susceptible de DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto vigésimo del acuerdo en consulta, los que comienzan a contar a partir de la fecha antes anotada en que se dictó resolución interlocutoria. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Juez responsable informa trámites Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio que suscribe la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, mediante el cual allega la constancia que le fue remitida por el Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio del Estado, con sede en esta ciudad, donde le informa que el embargo del inmueble practicado en el expediente de origen, no fue inscrito en dicha oficina registral y por ello, no cuenta con ningún gravamen. Sin que haya lugar hacer un mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que la autoridad registral responsable informó directamente a este juzgado que no existía cancelación de embargo que realizar, puesto que no se había inscrito el mismo y con lo anterior se ordenó dar vista a las partes en auto de veintitrés de los actuales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de agosto de dos mil dieciocho. Juez responsable informa trámites Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio que suscribe la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, mediante el cual informa que solicitó nuevamente al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio del Estado, para que le haga de su conocimiento si ya procedió a la cancelación del embargo derivado del expediente de origen y que en su momento lo hará saber a este órgano jurisdiccional federal. Sin que haya lugar hacer un mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que la autoridad registral responsable informó directamente a este juzgado que no existía cancelación de embargo que realizar, puesto que no se había inscrito el mismo y con lo anterior se ordenó dar vista a las partes en auto de veintitrés de los actuales; ello sin perjuicio, de los datos que pueda remitir el juez responsable y que se puedan tomar en consideración al momento en que el suscrito juzgador se pronuncie sobre el cumplimiento o no del fallo protector. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

Quedan 20 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano