Miguel Ángel Andrade Espino
Expediente 553/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 553/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 19/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Miguel Ángel Andrade Espino
- Director del Hospital General Doctor Miguel Silva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución de treinta de junio de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por ********************.********************DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. SE ORDENA ARCHIVO Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede de la que se advierte que en este juicio no existe actuación pendiente por desahogar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL En otro aspecto, acorde a lo dispuesto en los artículos 12 y 18, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que el expediente en que se actúa, aun cuando no resulta de relevancia documental, es susceptible de conservar al haberse concedido la suspensión de plano al quejoso. Por lo que, una vez que se cumplan los tres años, del periodo de conservación que prevé el artículo 17 del Acuerdo General, deberá transfiéranse éste juicio de amparo a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 26, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. INCIDENTE No se hace pronunciamiento en relación al incidente de suspensión en razón de que no se solicitó la medida cautelar. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de julio de dos mil veintitrés. EXPEDICIÓN DE COPIAS Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta mediante el cual el defensor de la parte quejosa solicita copia certificada de diversas constancias que obran en el sumario; al respecto, dígase al promovente que en el auto de radicación de este juicio se autorizó a las partes la expedición de copias, por lo que solo se le tiene designando para recibirlas a las personas que indica. En el entendido que la constancia médica de la que también pide copia certificada, deberá solicitarla ante la autoridad correspondiente ya que la que obra en el sumario no está signada de manera física, toda vez que se presentó vía correo electrónico institucional ante este órgano jurisdiccional; por tanto, no se puede certificar que se obtuvo de su original, en todo caso, únicamente se asentará que obra en el presente expediente, que fue presentada de manera electrónica por la autoridad responsable y que no contiene firma física, lo mismo que su anexo, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.RclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo X-553/2023, promovido por ********************, por conducto de su defensor particular Gilberto Valencia Barrera, contra actos del Director del Hospital Civil "Doctor Miguel Silva", con sede en Charo, Michoacán y otra. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el ocho de mayo del año en curso, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y turnado el mismo día a este Juzgado Federal, ********************, por conducto de su defensor particular Gilberto Valencia Barrera, contra los actos y la autoridad responsables que indicó en el libelo constitucional. Actos que la promovente del amparo consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 4°, 7, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En ocho de mayo del año en curso, se ordenó formar el expediente X-553/2023; concedió la suspensión de plano respecto a los actos reclamados por la parte promovente del amparo por ser de carácter urgente y de análisis oficioso; se requirió a la autoridad responsable el informe respecto de la suspensión concedida; se admitió a trámite el juicio en que se actúa; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual fue celebrada al tenor del acta que antecede, previos diferimientos. Luego, en auto de once de mayo de dos mil veintitrés, se incorporó como autoridad responsable al Director del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", en Charo, Michoacán. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado, para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XXI, párrafo tercero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior porque se reclaman diversas omisiones a instituciones de salud, cuyos efectos se materializan en el lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Aunado a que debe considerarse que, cuando el acto reclamado está directamente relacionado con el derecho humano a la salud, no es factible que se atienda únicamente a la literalidad de la demanda de amparo, si se impugnan omisiones de suministrar medicamentos, tratamientos o intervenciones quirúrgicas para combatir o corregir los padecimientos que presente el quejoso; sino que, es necesario interpretar la pretensión real del quejoso para que, en su caso, las autoridades responsables brinden una atención médica integral. Para fijar correctamente los actos reclamados enunciados genéricamente en un juicio de amparo indirecto promovido por violación al derecho humano a la salud, el Juez de Distrito no solo debe atender a la literalidad de la demanda y de su ampliación, sino que debe considerar los factores siguientes: Su naturaleza; Sus consecuencias jurídicas y fácticas; Los informes justificados de las autoridades; y, Las pruebas exhibidas en el juicio por las partes. A lo anterior resulta aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. FACTORES QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR CORRECTAMENTE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR SU VIOLACIÓN, CUANDO EN LA DEMANDA O EN SU AMPLIACIÓN SE ENUNCIARON GENÉRICAMENTE. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó, de manera genérica, diversas omisiones de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de suministrarle medicamentos e insumos para cada enfermedad que padece, así como la abstención de brindarle los tratamientos e intervenciones quirúrgicas necesarios para corregirlos. El Juez de Distrito concedió el amparo e, inconformes, las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para fijar correctamente los actos reclamados enunciados genéricamente en un juicio de amparo indirecto promovido por violación al derecho humano a la salud, el Juez de Distrito no sólo debe atender a la literalidad de la demanda y de su ampliación, sino que debe considerar los factores siguientes: a) su naturaleza; b) sus consecuencias jurídicas y fácticas; c) los informes justificados de las autoridades responsables; y, d) las pruebas exhibidas en el juicio por las partes. Justificación: Lo anterior es así, porque cuando el acto reclamado está directamente relacionado con el derecho humano a la salud, no es factible que se atienda únicamente a la literalidad de la demanda de amparo y a su ampliación, si se impugnan omisiones de suministrar medicamentos, tratamientos o intervenciones quirúrgicas para combatir o corregir los padecimientos que presente el quejoso. Por tanto, es necesario interpretar la pretensión real del quejoso para que, en su caso, las autoridades responsables brinden una atención médica integral; esto es, que sea oportuna, eficaz y suficiente para proteger su vida y su salud, incluida la de aquellos padecimientos que pudiera desarrollar durante la secuela procesal, con la finalidad de brindarle el más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Estimar lo contrario implicaría exigir a la parte quejosa una carga adicional irrazonable, esto es, que identifique los medicamentos, tratamientos o procedimientos quirúrgicos que estima son necesarios para el restablecimiento de su salud; sin embargo, con ello la posibilidad de restaurar eficientemente su salud sería prácticamente nugatoria ante una posible omisión o error en la solicitud del accionante; consecuentemente, se afectaría el derecho a la tutela judicial efectiva." De la lectura íntegra de la demanda y de las constancias que integran el sumario, se advierte que el quejoso ******************** reclama lo siguiente: La omisión de realizarle al quejoso un estudio en neurología que se requiere para conocer y tratar el padecimiento del peticionario de amparo. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierta la omisión reclamada a las autoridades responsables Director del Hospital Civil "Doctor Miguel Silva"; y, el Director del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez", ambos con sede en Charo, Michoacán, pese a que en el informe relativo a la suspensión de plano, y el informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado. Ello porque también refirieron que el quejoso ya ha recibido la atención médico multidisciplinaria por parte del personal adscrito al nosocomio responsable; y, por parte del Director del centro de reclusión, ya que, en el informe justificado afirmó que el peticionario de amparo se encuentra bajo vigilancia médica desde su ingreso, respetando en todo momento el derecho a la salud del quejoso, por ello no puede existir una omisión. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, que a fin de dar cumplimiento a la suspensión de plano las autoridades responsables han realizado gestiones para que se pudiera realizar al quejoso el estudio en neurología que se requiere para conocer y tratar el padecimiento del peticionario de amparo. De lo expuesto se desprende de manera inconcusa, que las responsables Director del Hospital Civil "Dr. Miguel Silva",; y, el Director del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez", ambos con sede en Charo, Michoacán negaron la existencia del acto reclamado, al referir que no han emitido acto u omisión que implique en forma alguna, la negativa a brindar atención médica al quejoso. No obstante, a efecto de dar cabal cumplimiento a la suspensión de plano otorgada en autos, las autoridades responsables refirieron que se fijaron las ocho horas del veintisiete de junio de dos mil veintitrés, para realizarle al quejoso un estudio en neurología que requiere para conocer y tratar el padecimiento que tiene, el cual tuvo verificativo en esa data. Tiene aplicación el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." De ahí que se tenga por cierta la omisión reclamada a dichas autoridades. Además, dicha existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que las autoridades responsables remitieron a la presente instancia constitucional. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia de la omisión reclamada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis que se cita a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin". En el caso concreto y por lo que respecta a lo reclamado en esta instancia constitucional, se advierte que ha cesado el acto reclamado, no obstante a la certeza de la omisión reclamada a las autoridades responsables. En consecuencia, se omitirá el análisis de la constitucionalidad de la omisión reclamada en el considerando tercero de la presente resolución; ello, en virtud de que se advierte actualizada una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente al fondo del negocio, por ser cuestión de orden público en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. La fracción XXI, del citado numeral 61, de la Ley de Amparo vigente, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al agraviado en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del inconforme, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al impetrante en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho humano exija. Ante las precisiones anotadas, cabe señalar que en el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir en la omisión de realizarle al quejoso un estudio en neurología que se requiere para conocer y tratar el padecimiento de éste. Ahora, de las constancias que obran en autos, se advierte que se programó cita al aquí quejoso a las ocho horas del veintisiete de junio de dos mil veintitrés, en el Hospital Civil "Dr. Miguel Silva" ubicado en Ciudad Salud, en Charo, Michoacán, en la especialidad de neurología a fin de que se le practique el estudio en esa rama de la medicina, el cual requiere el amparista, hecho que tuvo verificativo en esa data, lo cual así se advierte a fojas 101, reverso, 105, 107, 108 del sumario en que se actúa. Lo anterior, se acredita con las constancias que las autoridades responsables remitieron mediante las promociones acordadas en esta data, pues de ellas, se desprende de la nota médica en la que se advierte que el quejoso fue atendido en data veintisiete de junio del año actual por el Doctor Federico Zavala Ferrer, quien es médico neurólogo con cédula profesional 6820551 de la Universidad Autónoma de México; que éste diagnosticó epilepsia generalizada idiopática con crisis tónico clónicas generalizadas, paciente estable con buen pronóstico. De ahí que, se corrobora que los efectos del acto reclamado, han desaparecido totalmente, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, pues en el caso, se ha generado una situación jurídica que definitivamente destruye a la que dio motivo al amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que estimó menoscabado. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99, que establece: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, identificada con el número 9/98, que dispone: Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En tal virtud, es inconcuso que respecto al acto reclamado en esta instancia constitucional, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, razón por la cual debe sobreseerse en el mismo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mencionado ordenamiento legal. Sin soslayarse que la representante social adscrita a este órgano jurisdiccional formuló alegatos; sin embargo, resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Finalmente, se advierte que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez", en Charo, Michoacán, por ende, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, se constituyan en el lugar en el referido centro penitenciario, a efecto de notificarle de manera personal al peticionario de amparo. Por lo expuesto, fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de las autoridades y por el acto precisado en el considerando tercero de esta resolución por los motivos expuestos en el último considerando. Notifíquese; y, de manera personal al quejoso en el Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez", en Charo, Michoacán. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS Visto el estado de los presentes autos, de los que se advierte que para el día de hoy a las ocho de la mañana, se encontraba agendada cita médica en el Hospital Civil de esta ciudad, a efecto de practicar al quejoso el estudio en neurología cuya negativa reclama en esta vía de amparo. En tal virtud y por ser necesaria para la resolución del presente juicio, requiérase a las autoridades responsables para que en el plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la siguiente en que reciban el oficio de notificación de este auto, remitan las constancias de las que se desprenda que realizaron el estudio en neurología al quejoso o, en su defecto, indiquen el impedimento que tuvieron para ello. En el entendido que, a efecto de dar celeridad a este trámite, por tratarse la falta de atención médica sobre el indicado estudio y en obvio de dilaciones procesales, los oficios respectivos deberán remitirse a los correos electrónicos que se proporcionen o que se obtengan de las páginas oficiales de internet, esto es, a los siguientes: oficialiadavidfrancorodriguez@espemo.com. y armandoluna52@gmail.com; que se citan como hecho notorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, con independencia de entregarlos físicamente en las oficinas de las respectivas autoridades. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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