Migual Angel Carrillo Martínez y Otros.

Expediente 1104/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1104/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
25/07/2022

Partes del expediente

  • Migual Angel Carrillo Martínez y Otros.
  • Migual Angel Carrillo Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de julio de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de junio del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente. SE ORDENA ARCHIVO. Asimismo, tras el estudio del presente juicio, resulta un hecho notorio que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de julio de dos mil veintidós. RAZÓN ACTUARIAL. Vista la razón levantada por el actuario adscrito a este juzgado el treinta de junio del año en curso, de la que se desprende que no le fue posible entregar el oficio número 13880, dirigido a la autoridad responsable "INGENIERO ISRAEL TENTORY GARCÍA, SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON SEDE EN ESTA CIUDAD", toda vez que al constituirse en las instalaciones que ocupa la Secretaría de Educación Pública en el Estado, con sede en esta ciudad, fue informado que no podían recibir el comunicado en comento, y que dicha persona ya no ocupa el cargo se subsecretario. En consecuencia; atento a ello, reenvíesele el oficio 13880, a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, con sede en esta ciudad, para que por su conducto COMO SUPERIOR JERÁRQUICO haga llegar el comunicado a la persona que actualmente ocupa el cargo de "SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON SEDE EN ESTA CIUDAD"; en el entendido de que el sello de recepción de la citada secretaría, hace las veces de notificación del comunicado antes aludido, para los efectos legales procedentes Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil veintidós VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo I-1104/2021, promovido por Miguel Ángel Carrillo Martínez, en su calidad de representante legítimo de la menor de iniciales A.Y.C.C., contra actos de la Secretaria de Educación en el Estado de Michoacán y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en línea el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno y turnado en la misma fecha a este órgano jurisdiccional,1 Miguel Ángel Carrillo Martínez, en su calidad de representante legítimo de la menor de iniciales A.Y.C.C. acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Secretaria de Educación en el Estado de Michoacán y otras autoridades, en los términos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- Las autoridades señaladas como responsables son: 1.- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON DOMICILIO UBICADO EN (.) 2.- DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL JUANA DE ASBAJE, CON DOMICILIO UBICADO EN (.) IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA. a) La orden de acudir a clases presenciales. b) La orden para que de manera inevitable se presente la menor a clases presenciales en el Ciclo Escolar 2021-2022, a pesar de que el país se encuentra en pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID 19). c) La negativa y omisión de impartir clases por medios remotos; es decir, por medio de internet para la alumna de la escuela pública en el ciclo escolar 2021-2022, lo que entraña la cancelación del programa "Aprende en Casa". 1 Fojas 1 y 2. d) La negativa de continuar con el esquema de clases vía remota, por medios electrónicos (Internet). e) El desconocimiento de la posibilidad de acreditar el ciclo escolar 2021-2022 por parte de la menor, en función de la inasistencia a clases presenciales. (.)" Ocurso en el que la parte quejosa narró los antecedentes del caso, señaló los preceptos constitucionales que consideró vulnerados y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Prevención. En auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno2 se ordenó el registro del cuaderno de amparo con el número consecutivo correspondiente y se previno a la parte promovente para que aclarara su demanda sobre lo siguiente: "1.- Deberá aclarar si el acto que pretende reclamar deriva de una orden verbal o escrita y en cualquier caso deberá indicar la fecha en que fue notificado o tuvo conocimiento de las órdenes que reclama. 2.- De la misma manera, dado que los actos reclamados, también consisten en la negativa y omisión de dar clases por medios electrónicos, deberá especificar a qué autoridades en el ámbito de sus atribuciones en concreto le reclama dichos actos, puesto que lo hace de manera general. (.)" TERCERO. Cumplimiento de prevención. Mediante escritos presentados el veintidós y veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno,3 la parte quejosa contestó la prevención que le fue formulada en los términos siguientes: a) En torno al punto marcado con el número 1, manifestó bajo protesta de decir verdad que el tres de noviembre de dos mil veintidós tuvo conocimiento del acto reclamado; b) Adicionó como autoridad responsable a la maestra del grupo 1 "B" de la Escuela Primaria 2 Fojas 22 a 25 3 Fojas 28 a 31 ????????????? Urbana Federal Juana de Asbaje en Tarímbaro, Michoacán, de nombre Ruth Elizabeth Ruiz Rubio; y c) En el ámbito de sus atribuciones reclamó de la Secretaria de Educación en el Estado de Michoacán de Ocampo y Directora de la Escuela Primaria Urbana Federal Juana de Asbaje, ubicada en el Municipio de Tarímbaro, Michoacán, la orden de ejecución de los actos reclamados; mientras que de la docente mencionada en el inciso anterior reclamó la ejecución de los actos. CUARTO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno4 se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Cabe mencionar que mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintidós5 se tuvo a la parte quejosa ampliando su escrito de demanda para señalar como autoridad responsable al Ingeniero Israel Tentori García en su carácter de Subsecretario de Educación Básica del Gobierno de Michoacán de Ocampo, de quien reclamó la emisión de las circulares 03/2021 y 19/2021, así como los actos precisados en dicho escrito. C O N S I D E R A N D O: 4 Fojas 32 y 33 5 Foja 114 PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos que habrán de tener ejecución dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, para lo cual es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con ??????????????? exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías, escrito aclaratorio y diverso de ampliación de demanda, se desprende que los actos reclamados por la parte quejosa a las autoridades responsables Secretaria de Educación en el Estado de Michoacán de Ocampo; Directora de la Escuela Primaria Urbana Federal Juana de Asbaje, ubicada en el Municipio de Tarímbaro, Michoacán y, Subsecretario de Educación Básica del Gobierno de Michoacán de Ocampo, consisten en: a) La orden de acudir a clases presenciales durante el Ciclo Escolar 2021-2022, a pesar de que el país se encuentra en pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID 19); b) La negativa y omisión de impartir clases por medios remotos, es decir, por medio de internet para la alumna quejosa durante el ciclo escolar 2021-2022; lo que conlleva la cancelación del programa "Aprende en Casa", así como la posibilidad de acreditar el ciclo escolar en función de la inasistencia a clases presenciales. Además de tales actos, reclama del Subsecretario de Educación Básica del Gobierno de Michoacán de Ocampo: c) La emisión de las Circulares 03/2021 y 19/2021. En tanto que a Ruth Elizabeth Ruiz Rubio maestra del Grupo 1"B" de la Escuela Primaria Urbana Federal Juana de Asbaje, ubicada en el Municipio de Tarímbaro, Michoacán, reclama la ejecución de los actos marcados con los incisos a) y b). TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Secretaria de Educación en el Estado de Michoacán de Ocampo; Directora de la Escuela Primaria Urbana Federal Juana de Asbaje, ubicada en el Municipio de Tarímbaro, Michoacán y, Subsecretario de Educación Básica del Gobierno de Michoacán de Ocampo, marcados como incisos a) y b) del considerando que antecede; tampoco es cierta su ejecución atribuida Ruth Elizabeth Ruiz Rubio, en cuanto maestra del Grupo 1"B" de la dicho plantel educativo. ?????????????? Se afirma lo anterior pues al momento de rendir su informe justificado,6 la autoridad responsable Secretaria de Educación en el Estado de Michoacán de Ocampo, negó la existencia de los actos que se le reclaman; sin que la parte quejosa hubiese ofrecido medio de convicción que demostrara lo contrario. En torno a las autoridades responsables Directora y docente del grupo 1"B" Ruth Elizabeth Ruiz Rubio, ambas de la Escuela Primaria Urbana Federal Juana de Asbaje, si bien de la lectura de su informe justificado no se advierte manifestación expresa sobre la aceptación o negación de los actos que respectivamente se les atribuyen,7 lo cierto es que de las manifestaciones que realizan así como de las constancias que adjuntan como su sustento, no se colige la existencia de las ordenes y negativas que se les atribuyen. Es así ya que con relación al acto consistente en la orden de acudir a clases presenciales, en el punto II de su informe, las autoridades responsables manifestaron que la Secretaría de Educación en el Estado a través de la Secretaría de Educación Pública, Organismo Público del cual dependen todos los profesores tanto federales como estatales, así como el personal directivo, administrativo e intendencia de toda la institución tuvieron órdenes irrevocables de impartir clases de manera presencial obligatoriamente, no siendo así para los alumnos. Circunstancia anterior que las responsables acreditan con las copias de las circulares 03/2021 y 19/2021, de diez de agosto y ocho de septiembre, ambas de dos mil veintiuno, suscritas en su orden por Israel Tentory García en su carácter de Subsecretario de 6 Foja 63 7 Fojas 53 y 54 Educación Básica y Héctor Ayala Morales en su calidad de Secretario de Educación, ambos de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, dirigidas entre otros, al personal directivo, docente y administrativo de escuelas públicas y privadas de educación básica en el Estado de Michoacán, padres, madres de familia y tutores. Circulares en las que se estableció: - 03/2021: ".VII. El lunes 30 de agosto de 2021, será el inicio del ciclo escolar 2021-2022, el cual iniciará en modalidad no presencial, mediante estrategia Aprende en Casa, hasta en tanto no se emita una circular que autorice la realización de actividades presenciales..." - 19/2021: "1) En las escuelas públicas y privadas de educación primaria y secundaria en todas sus modalidades, están autorizadas para la realización de actividades presenciales a partir del LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, siguiendo en todo momento las medidas establecidas en el Protocolo. (.) 4) Una vez reactivadas las actividades presenciales, la asistencia a las escuelas será voluntaria exclusivamente, para las alumnas y alumnos. (.) 9) En las escuelas de educación inicial y preescolar en todas sus modalidades, LOS SERVICIOS DE MANTENDRÁN NO PRESENCIALES HASTA NUEVO AVISO, cuidando dar cumplimiento a los planes, programas de estudio y principios rectores correspondientes." De lo antes transcrito se desprende que en tales documentos se fijaron diversas disposiciones de observancia obligatoria para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 dentro del marco de la pandemia generada a causa del virus SARS-CoV2 (Covid 19). ??????????????? En la primera de éstas se determinó el inicio del ciclo en la modalidad no presencial mediante la estrategia "Aprende en Casa". En tanto que, en la segunda, si bien se autorizó a las escuelas públicas y privadas de educación primaria y secundaria en todas sus modalidades, la realización de actividades presenciales a partir del lunes veinte de octubre de dos mil veintiuno, la asistencia a las escuelas seria voluntaria única y exclusivamente para el alumnado. De lo que se colige que el regreso a clases de manera presencial de la menor hija, hijo o pupilo, quedó al arbitrio de los padres y madres de familia o tutores, pues se les reconoció el derecho para que de forma voluntaria optaran por llevar o no al menor al servicio educativo presencial, esto es, en ninguna de dichas circulares se determinó que fuera obligatoria la modalidad presencial. Por otro lado, respecto al acto consistente en la negativa y omisión de impartir clases por medios remotos y sus consecuencias, las responsables manifestaron en el punto número VI de su informe justificado, que en la primaria donde cursa estudios la menor quejosa, al ser pública, no existe la infraestructura ni los medios económicos, ni electrónicos para impartir clases en línea. Tampoco la docente tiene tales medios. No obstante, según lo expuesto en el punto V, refirieron que al no ser obligatorio el regreso a clases presenciales para los alumnos inscritos en las instituciones del Estado, se estableció la alternativa de enviar trabajo a casa vía correo electrónico o "smartphone", entregando cada lunes en las instalaciones de la primaria al padre de familia o tutor personalmente el trabajo de cada semana de acuerdo a la planeación de cada profesor, para que con ayuda de los padres o tutores, los alumnos inscritos la realicen y posteriormente se entreguen semanalmente o se envíen a los profesores para poder tener elementos y evidencias para evaluar a distancia y evitar darlos de baja al no acudir a clases presenciales. Alternativa que no consideró el padre o tutor de la menor quejosa, pues desde el ocho de noviembre que el personal docente se presentó a laborar de manera presencial, no se presentó con la docente responsable. No pasa inadvertido para el que esto resuelve, que el informe justificado que nos ocupa, se encuentra signado únicamente por la docente Ruth Elizbeth Ruiz Rubio, no así por la Directora de dicho plantel educativo, lo que traería como consecuencia que se tuvieran por ciertos los actos que se le reclaman a esta última; sin embargo, tanto las manifestaciones vertidas en dicho informe, como las constancias que se adjuntaron como sustento de éste demuestran lo contrario; máxime que la parte quejosa no ofertó medio de prueba alguno en contrario. De igual forma, no son ciertos los actos atribuidos a Israel Tentory García, en cuanto Subsecretario de Educación Básica del Gobierno de Michoacán de Ocampo, marcados con los incisos a) y b) en el considerando que antecede no obstante el haber sido omiso en rendir su informe justificado, ya que la parte quejosa no aportó pruebas de evidenciaran la existencia de las órdenes y omisiones reclamadas. De ahí que no es jurídicamente posible, en la especie, revertir la carga de probar la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables. ???????????? Sirve de apoyo a la anterior conclusión, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "Registro digital: 804176 Instancia: Pleno Sexta Época Materia(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen XLIII, Primera Parte, página 181 Tipo: Aislada INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Así como la diversa de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de contenido siguiente: "Registro digital: 206502 Instancia: Segunda Sala Octava Época Materia(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, página 273 Tipo: Aislada ACTOS RECLAMADOS QUE CONTIENEN HECHOS POSITIVOS Y NEGATIVOS. LOS PRIMEROS DEBEN PROBARSE. Aun cuando resulte cierto que algunas violaciones hechas valer por el actor tengan carácter negativo (por ejemplo, que no se le mostró la orden de visita, que no se elaboró el acta de inspección y que no le fue notificada la orden de clausura), si la demanda contiene actos de naturaleza positiva (como la emisión de la orden de visita, la práctica de la inspección y la clausura), que las autoridades responsables niegan al rendir su informe justificado, éstas quedan relevadas de la carga de la prueba de no realización de las omisiones que se les imputan, por la imposibilidad material de hacerlo, supuesto que sólo podían incurrir en ellas al emitir las órdenes que manifiestan que son inexistentes. Luego, el reclamante debe demostrar la existencia de los actos de carácter positivo para que la carga de la prueba de los negativos o abstenciones recaiga sobre las autoridades, y opere la procedencia de la acción de amparo." En las condiciones anotadas, con fundamento en la sobreseer en el presente juicio respecto de los actos sujetos a estudio en el presente considerando. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en la emisión de las circulares 03/2021 y 19/2021, atribuido al Subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, pues fue omiso en rendir su informe justificado a pesar de que fue requerido y notificado al respecto. Por otro lado, la certeza se corrobora con las circulares que fueron exhibidas por las diversas autoridades responsables como sustento de su informe justificado,8 a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones. Cobran aplicación las jurisprudencias emitidas por el Pleno del Máximo Tribunal del país que dicen: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto".9 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena".10 8 Fojas 55 a 58 9 No. Registro: 917812, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Tesis: 278, Página: 231 10 No. Registro: 394182, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Tesis: 226, Página: 153 ??????????????? QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado, se analizará la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de la materia, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De la porción normativa transcrita, se advierte que no es necesario que alguna de las partes invoquen la actualización de causales de improcedencia para que se agote su estudio; precisamente porque su análisis es de orden público. En el caso, este juzgador advierte se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, en relación con los diversos 5° y 6°, todos de la Ley de Amparo y el artículo 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el orden dado disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas de materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". En los artículos transcritos se reconoce el principio de "instancia de parte agraviada", que representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atento a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para promover el juicio constitucional; de esta manera, el peticionario de garantías debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que la ley o el acto de autoridad reclamado vulneran en su perjuicio un derecho subjetivo protegido ??????????????? por la norma jurídica, o bien, que se afecta su esfera jurídica por virtud de su especial situación frente al orden jurídico, de manera tal que si estas circunstancias no se encuentran plenamente acreditadas, el juicio de amparo resulta improcedente. Como es de verse, existen dos supuestos de procedencia para el juicio de amparo; el primero, implica la oportunidad para acudir a este juicio de control constitucional, a través del acreditamiento de la titularidad del "interés jurídico" por medio del cual se defienden los derechos subjetivos; el segundo, a través de un "interés legítimo", por el que se defiende la afectación a la esfera jurídica con motivo de una especial situación frente a la norma, ya sea de manera individual o colectiva. El interés jurídico, desde un punto de vista general, es la pretensión que se encuentra reconocida por las normas de derecho que tienden a satisfacer las necesidades fundamentales de los individuos y grupos sociales, está referido a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que sólo el sujeto de esos derechos puede acudir al juicio de amparo. Para acreditar su interés jurídico, el peticionario de garantías debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que la ley o el acto de autoridad reclamado vulneran en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica. Al respecto conviene citar la jurisprudencia 1a./J.168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: "Registro digital: 170500 Instancia: Primera Sala Novena Época Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Enero de 2008, página 225 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. El contexto anterior evidencia la existencia de elementos constitutivos, tanto del interés jurídico como del interés legítimo, los cuales son concurrentes pues la ausencia de cualquiera de ellos hace que el juicio de amparo sea improcedente. Para acreditar el interés jurídico necesariamente el promovente del juicio de amparo debe demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo legalmente tutelado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por lesión al interés jurídico se entiende la molestia o afectación a los derechos comprendidos dentro de la esfera jurídica de las personas, que la Constitución protege a través de los derechos públicos subjetivos ahí consignados, de manera que, si el acto de autoridad no afecta la expresada esfera jurídica del gobernado, éste se encuentra legalmente impedido para acudir al órgano ???????????? de control constitucional para demandar que esa trasgresión cese. En ese sentido, cuando el quejoso acude al juicio de amparo debe demostrar ser el titular de un derecho subjetivo y que éste se afecta de manera personal y directa. Además, ahora también es posible acudir al juicio de amparo alegando un interés legítimo. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. De tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para afirmar que se tiene un interés legítimo, se requiere la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual, en virtud de que la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. Las anteriores consideraciones forman parte de la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "Registro digital: 2007921 Instancia: Pleno Décima Época Materia(s): Común Tesis: P./J. 50/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 60 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, ??????????????? alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." De igual forma, también es de traer a cuenta el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, Registro 2019456, consultable en la página 1598 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II Materia Común, que dice: "Registro digital: 2019456 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 51/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ????????????? ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Nuestro máximo tribunal de justicia en el país precisó que los elementos del interés legítimo son: a) Que exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Estableciéndose que si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Incluso indica que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Ahora bien, a través de su escrito de ampliación de demanda,11 la parte quejosa reclamó del Subsecretario de Educación Básica del Estado de Michoacán, la emisión de las circulares 03/2021 y 19/2021, de ocho de septiembre y dos de enero de dos mil veintiuno, respectivamente, a través de las cuales se establecieron una serie de aspectos básicos emanados de los protocolos para el regreso a clases presenciales. Empero, en ninguna de ambas circulares se establece la obligación a los alumnos de los distintos niveles educativos de regresar a clases presenciales, permitiéndoles con ello continuar con el trabajo a distancia. 11 Foja 112 Es por las anteriores consideraciones que los actos reclamados a la autoridad responsable de que se trata, no afectan a la esfera jurídica de la menor quejosa. Lo anterior, desde luego, sin que la parte quejosa demostrara dicha afectación mediante prueba alguna, pues del contenido del juicio de amparo en que se actúa, no se advierte algún medio probatorio aportado la accionante de amparo a efecto de acreditar una transgresión a su esfera jurídica con los actos reclamados, menos aún su ejecución; siendo que la solicitante de amparo sí tenía la carga de probar ese extremo. Luego, en las circulares reclamadas, lejos de obligar a los menores, entre ellos la quejosa, a acudir en forma presencial a la escuela; se le autorizó para decidir dicha circunstancia, la que incluso se reiteró con la emisión de la diversa circular 4/2022 de quince de enero de dos mil veintidós, de la Secretaría de Educación Pública del Estado, donde señaló que la asistencia presencial a los planteles era voluntaria exclusivamente para los alumnos de educación básica, entre otros. De ahí que, como se adelantó, se configura la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. En las condiciones anotadas, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. A causa del sobreseimiento, este juzgado se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados. Es orientador el criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto: "Época: Octava Época ?????????????? Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público,12 el mismo se encuentra parcialmente atendido con lo plasmado en el presente fallo; ello desde luego, con entera independencia de que resulte innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "Registro digital: 204060 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materia(s): Común Tesis: I.1o.T.5 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Octubre de 1995, página 576 Tipo: Aislada MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia 12 Fojas 51 y 52 sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Miguel Ángel Carrillo Martínez, en su calidad de representante legítimo de la menor de iniciales A.Y.C.C., conforme a lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando sexto, al elaborarse la versión pública de ??????????????? esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza, el veintiocho de junio de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.-

  4. Principal

    ESTADO ED AUTOS Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el término de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que la autoridad responsable SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, rinda su informe justificado se encuentra transcurriendo, tal como se advierte de los acuses de recibo que obran a fojas 129 y 130 de los presentes autos, de las cuales se observó que quedó notificad de los oficios números 7355 y 3172, el día dos de mayo de dos mil veintidós. DIFERIMIENTO AUDIENCIA CONSTITUIONAL En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose las ONCE HORAS CON CNCUENTA MINUTOS DEL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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