Mercedes del Carmen Padron Gonzalez
Expediente 2758/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2758/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 21/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Mercedes del Carmen Padron Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la última notificación de la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se realizó vía electrónica, el día seis de junio del presente año; consecuentemente, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo, se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del presente cuaderno, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por último toda vez que no existe motivo legal alguno para que sigan al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado el anexo consistente en un legajo de copias certificadas relativas al expediente 789/1997, remitido por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en apoyo a su informe justificado; en tal virtud, devuélvasele el citado anexo, sin necesidad de solicitar acuse de recibo alguno, ya que se trata de copias certificadas. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el veintinueve siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ********************como albacea de la sucesión de ******************** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto emitido por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, quedó registrada la demanda con el número 2758/2022-VIII-A; y por los motivos expuestos en ese auto se desechó la demanda. Inconforme con dicha determinación la quejosa interpuso el recurso de queja, del cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito con residencia en esta ciudad. TERCERO. Por resolución dictada el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, en autos de la queja civil 519/2022, la superioridad declaró fundado el recurso de queja y ordenó proveer respecto de la admisión de la demanda. En acatamiento a la indicada ejecutoria, se admitió la demanda, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad que dicho precepto impone al Juez de Distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto. Así, debe establecerse que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: El auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 789/1997, relativo al juicio extraordinario hipotecario, en el que se le reconoció a quien en vida se llamó ********************, el carácter de causahabiente de Felipe de Jesús Cámara Patrón, parte demanda en dicho juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Tesis: P./J. 40/2000, en la página 32, del siguiente rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo admitió al rendir su informe justificado. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." os actos reclamados a las responsables, pues aun cuando negó su existencia, realizó manifestaciones que evidencian la certeza del acto que se le atribuye. Cuarto. Análisis de causas de improcedencia. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Sentado lo anterior, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra impedido a establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el artículo 62 de la ley en cita. En efecto, en el caso, como lo invocó la responsable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." De la literalidad del precepto legal transcrito se desprende que, salvo las excepciones que ahí se indican, el juicio de amparo es improcedente cuando en contra del acto reclamado proceda algún recurso ordinario, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Lo anterior contiene de modo implícito, el principio de definitividad, que no es otra cosa, que la obligación de agotar el recurso ordinario que proceda antes de promover el juicio de amparo; que acorde a lo que ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 139/2013, es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. Así, en tal ejecutoria, también se indicó que la regulación del sistema procesal del juicio de amparo, que implica fijar plazos, requisitos, momentos de oportunidad, etcétera, no debe ser considerada como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa, ya que permite que dicho sistema cumpla con su función: salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas, mediante un trato imparcial e igualitario, lo que abona al orden y a la paz social. El orden en los procedimientos judiciales no existe sólo para proteger intereses particulares sino también, y de manera fundamental, para salvaguardar los intereses sociales. Refirió que la importancia de la dimensión institucional del sistema procesal estatal ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los tribunales internacionales de derechos humanos y el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ello, en atención al régimen federal del Estado mexicano y a la distribución de competencias y responsabilidades entre los diversos órdenes de gobierno y a sus respectivas lógicas funcionales y, por tanto, operativas y finalistas; además, permite el perfeccionamiento de los actos judiciales y que los justiciables cuenten con los procedimientos necesarios y accesibles para la solución de controversias, así como con los recursos que hagan posible la revisión de las decisiones de las autoridades ordinarias. Así, la perspectiva de la dimensión institucional del sistema jurídico general garantiza la funcionalidad del sistema procesal, organizado por competencias diferenciadas, y permite que se respeten los derechos fundamentales de quienes acuden ante los tribunales. La resolución de las disputas por las autoridades jurisdiccionales así como la revisión de sus decisiones por órganos superiores son derechos fundamentales a favor de los gobernados. De acuerdo con lo anterior, la aludida Primera Sala de nuestro máximo tribunal, determinó que la regla de la definitividad no hace inadecuado ni afecta la eficacia del juicio de amparo, procedimiento constitucional que en México es un pilar básico para la protección de los derechos humanos y la consolidación del Estado de Derecho en una sociedad democrática, en términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por tanto, si en contra el auto impugnado de tres de noviembre de dos mil veintidós, en el que se reconoció a ******************** el carácter de causahabiente de Felipe de Jesús Cámara Patrón, demandado en el juicio extraordinario hipotecario 789/1997; así como a Mercedes del Carmen Padrón González en su carácter de albacea de quien en vida se llamó ********************, a fin de que sea notificada del estado del citado juicio para que hiciera uso de sus derechos; proceda un recurso previsto en la ley ordinaria. Provoca que en el caso se actualice la causal de improcedencia referida, toda vez que en contra del proveído antes mencionado de tres de noviembre de dos mil veintidós, procede un medio ordinario de defensa legal, que tiene como finalidad, confirmar, revocar o modificarlo; esto es, el recurso de revocación. En efecto, en el particular, es necesario precisar que el juicio de donde emana el acto reclamado se rige por las disposiciones establecidas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Por lo que en términos de los artículos 364 a 367 del citado ordenamiento, se desprende que los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. Disponen de igual manera, en lo que aquí interesa, que la revocación puede pedirse verbalmente en el acto de notificarse el auto o decreto, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación. Señalan que interpuesta la revocación en tiempo, el tribunal oirá a las partes en audiencia verbal dentro de los tres días siguientes, en la que concurran o no aquéllas, dictará la resolución que corresponda. Por tanto, es claro que el acto reclamado por la quejosa resulta impugnable mediante el recurso de revocación, el cual tiene por objeto que el propio Juez confirme, revoque o modifique el auto impugnado, por lo que en congruencia con lo anterior, y en cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, se concluye éste debe agotarse antes de promover el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, tesis I.4o.C. J/10, en la página 940 del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "RECURSOS. SISTEMA DE PROCEDENCIA ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. Del sistema legal que rige los recursos en los procedimientos civiles en el Distrito Federal, encontramos como regla general que, contra todo acto de procedimiento que produzca un perjuicio a las partes, procede alguno de los recursos o medios de defensa que fija el código respectivo, salvo que la propia ley disponga expresamente lo contrario. Así vemos que, el artículo 684 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, dispone: que contra los autos que no sean apelables, y contra los decretos, emitidos ambos en primera instancia, procede el recurso de revocación; el artículo 686 establece que, contra autos y decretos del Tribunal Superior, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, procede el recurso de reposición, que se sustancia en la misma forma que el de revocación; y otras disposiciones de ese ordenamiento adjetivo, fijan los casos de procedencia del recurso de apelación, que tratándose de autos, se requiere que causen un gravamen irreparable, salvo disposición especial, y que sea aplicable la sentencia definitiva que se llegue a emitir en el juicio, según se lee en el artículo 691 del ordenamiento procesal invocado. Ejemplos de actos no impugnables por ningún recurso, son los autos que admiten alguna prueba (artículo 285); las resoluciones que declaran que una sentencia ha causado o no ejecutoria (artículo 429); y los autos y decretos dictados para la ejecución de una sentencia (artículo 527). Esto trae como consecuencia, que en los negocios en los cuales, por razón de la cuantía no procede el recurso de apelación, las resoluciones que las partes estimen contrarias a derecho admitirán el recurso de revocación, según la regla enunciada al principio, salvo los casos en que la ley prevea expresamente la irrecurribilidad." Además, debe decirse que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado dictado el tres de noviembre de dos mil veintidós en el expediente 789/1997, no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Ni le asiste a la quejosa el carácter de persona extraña al procedimiento, por lo siguiente: En el juicio de amparo, existen dos tipos de tercero extraño: 1. El típico o auténtico y 2. Por equiparación. El primero, es aquella persona física o moral, que no siendo parte material (actor o demandado), del juicio natural de donde deriva el acto reclamado, se ve afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad que emana de aquel procedimiento. Por su parte, el segundo es el sujeto que, siendo parte formal de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio, o bien, fue llamado defectuosamente (emplazamiento); y que por eso, no pudo comparecer al procedimiento en defensa de sus intereses. Es decir, cuando se trata del tercero extraño en sentido estricto, como su posición es distinta a la de los sujetos de la controversia de origen, los efectos del amparo, en cuyo caso se concediera, no sería que se le llame a ese juicio natural, pues no es parte, sino que la finalidad es reintegrarlo en sus derechos afectados, sin que ello implique que en el sumario de origen deba declararse la nulidad de todo lo actuado para que se le llame a juicio. Así, en el presente asunto, si bien la quejosa no fue parte del juicio extraordinario hipotecario 789/1997, no menos cierto resulta, que de autos se desprende que precisamente con motivo de la emisión del acuerdo que por esta vía reclama se le incorporó al citado juicio, a fin de que hiciera uso de sus derechos, y manifestara lo que considerara correspondiera en relación a lo acordado. En ese sentido, al emitir la juez de origen un acto específico y concreto, consistente en el proveído de fecha tres de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual reconoció a ******************** el carácter de causahabiente de Felipe de Jesús Cámara Patrón, y ordenó su notificación para que hiciera uso de sus derechos que le correspondían al citado ********************, dicha circunstancia indudablemente la facultó para impugnar la cuestión que consideró afectó los derechos públicos subjetivos tutelados por la norma. Además de que la ley es muy clara en precisar la procedencia del recurso de revocación en contra del acuerdo como el reclamado, pues no se requiere una interpretación adicional, o que su fundamento sea insuficiente para determinarla, y que de esa manera la parte quejosa quedará en libertad para interponer dicho recuso o acudir de manera inmediata al juicio de amparo. En ese orden de ideas, se reitera que en contra del acuerdo reclamado dictado en el auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, procedía el recurso de revocación, el cual la parte quejosa estuvo en aptitud de agotar; y al no haberlo hecho así, el juicio de amparo indirecto es improcedente al no ser susceptible de análisis un acto respecto del cual previamente debió interponerse el medio de impugnación que la ley prevé. Sin que obste a lo anterior, lo manifestado por la quejosa en sus conceptos de violación en el sentido de que se reconoció el carácter de causahabiente y no de demandado a quien en vida se llamó ********************, sin la documentación necesaria y lo que la deja sin oportunidad de defenderse, ya que como se aprecia del acto impugnado, la Juez responsable ordenó su notificación para que hiciera uso de sus derechos, por lo que al no estar conforme con la calidad de causahabiente reconocida debió interponer el recurso correspondiente a fin de acreditar ante la responsable con la documentación idónea que le recae la calidad de demandado al citado ********************, ya que se le estaba incorporando al procedimiento para que hiciera uso de sus derechos. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Sin que sea óbice a lo anterior, que si bien es cierto que la causal de improcedencia analizada en líneas precedentes, es la misma por la que en su momento se desechó la demanda de amparo, respecto de la cual el Tribunal Colegiado en Materias de Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja promovido por la parte quejosa, por las razones que explicó, consideró que no se actualizaba de manera manifiesta e indudable, ordenando admitir la demanda, ya que no era el momento adecuado para analizar la misma. También lo es, que ello no implica que con posterioridad al ya obrar en autos el informe justificado de la autoridad responsable, se pueda advertir con mayor claridad y con base en las constancias remitidas, que en contra del acto reclamado procedía un recurso ordinario, como ya quedó expuesto, y que por tanto, se invoque nuevamente la misma causal ya con mayor sustento. QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SEPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************como albacea de la sucesión de ********************, contra los actos que reclamó de la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por el motivo señalado en la consideración cuarta de esta sentencia. SEGUNDO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el escrito signado mediante el uso de la FIREL de Mario Silver Sánchez Cetina, quien se ostenta apoderado legal de la tercera interesada Carla Alejandra Trueba Méndez, mediante el cual se apersona al presente juicio, y en atención a su contenido, se acuerda: Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se le tiene por reconocido el carácter de apoderado de la citada Trueba Méndez tercera interesada en este asunto, en términos de la reproducción electrónica del instrumento notarial número doscientos ochenta y nueve de veintidós de junio de dos mil veintidós, que exhibió para tal efecto, manifestando bajo protesta de decir verdad que dicho documento, es copia íntegra e inalterada del original, de conformidad con el artículo 12, inciso f), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. Téngase como como autorizados de la parte tercera interesada, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo a ******************** y ******************** y como lo solicita, con las limitaciones a que se refiere el aludido numeral, a las personas restantes que se relacionan en dicho ocurso. Asimismo, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en los numerales 35, 36, 37 y 40 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , que regulan la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, como lo solicita la parte tercera interesada, se otorga autorización al usuario "********************", para que tenga acceso al expediente electrónico de este juicio, y además las notificaciones relativas, se le efectúen por la vía electrónica. En consecuencia, proceda la Secretaría a realizar las autorizaciones correspondientes al citado usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, no ha lugar a pronunciarse respecto a la reproducción electrónica e integración del expediente electrónico que solicita, en virtud de que en el auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, fue acordado lo conducente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta que antecede, agréguense a los autos el escrito signado Mercedes del Carmen Padrón González, parte quejosa en este asunto; mediante el cual exhibe copia certificada del expediente 450/2013, del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, por lo motivos que indica. Sin que sea el caso emitir mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el trece de abril de dos mil veintitrés tuvo verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto y el escrito de mérito fue presentado con posterioridad a la fecha indicada. Notifíquese.
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