Melvin Joshmar González Canto

Expediente 2405/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2405/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
20/10/2022

Partes del expediente

  • Melvin Joshmar González Canto

Actuaciones

  1. Principal

    ELECTR.Visto, para resolver el juicio de amparo 1437/2022-I-A, promovido por ********************, como representante de la niña de identidad reservada ********************; y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el seis de junio de dos mil veintidós, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán; y turnado el siete siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció la niña de identidad reservada ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, Juez Segundo de Oralidad Familiar del Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, todos con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Pronunciamiento respecto de la demanda de amparo. Previo acuerdos de prevención y escritos aclaratorios, mediante proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintidós (fojas 55 a 68), por los motivos ahí expuestos se desechó parcialmente la demanda promovida por la niña de iniciales ********************, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de no tener interés jurídico para combatir los actos que reclamaba. Asimismo, se desechó parcialmente por los actos reclamados por la quejosa ********************, por las autoridades responsables Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán (ordenadora), Juez Segundo de Oralidad Familiar turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (ejecutoras), todas con sede en esta ciudad, respecto de los siguientes actos: De la ordenadora: La resolución dictada en fecha veinticinco de junio de dos mil veinte, en el toca número ********************relativo al recurso de apelación promovido por el señor ******************** en contra de la diversa resolución dictada en fecha veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el procedimiento especial de divorcio incausado número ********************, en la que se determinó cambiar la custodia provisional de la menor quejosa para ser entregada a su padre, con el uso de la fuerza pública. De las autoridades ejecutoras: El cumplimiento que pretenden darle a la resolución de la autoridad ordenadora." Lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los numerales 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, por consentir los actos reclamados de manera tácita. También, se desechó parcialmente por los actos reclamados por la quejosa ********************, por las autoridades responsables Juez Segundo de Oralidad Familiar turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado (ordenadora) y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (ejecutora), ambas con sede en esta ciudad, respecto de los siguientes actos: "El acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, en el que se apercibe a la quejosa ********************, con arrestarla hasta por treinta y seis horas, sino presenta sus menores hijas a una audiencia de escucha de menor prevista para el día trece de junio de dos mil veintidós." Lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, al encontrarse pendiente de dictar sentencia definitiva en un diverso juicio de amparo. De igual manera, se ordenó la separación de juicios y se ordenó remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, respecto de las autoridades y los siguientes actos reclamados: Del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, la denegación de justicia de dictar la sentencia definitiva en el procedimiento especial de divorcio sin causales. Del H. Congreso del Estado de Yucatán; Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, y Secretario de Gobierno del Estado de Yucatán, la aprobación, promulgación y expedición de los artículos 25, 26 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán. De la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, la creación, integración y publicación del "precedente obligatorio" antes mencionado, de número: PO.SC.2a.11.012. Familiar y de rubro: "PROCEDIMIENTOS DE ÍNDOLE FAMILIAR. CUANDO SEA MENESTER ESCUCHAR A LAS NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES PREVIO A DECIDIR SOBRE TEMAS EN LOS CAULES DEBAN SER ESCUCHADOS, DEBE VERIFICARSE DICHA ACTIVIDAD EN UNA AUDIENCIA SIN LA PRESENCIA DE SUS PROGENITORES". Por otra parte, se admitió a trámite únicamente teniendo a ********************, como representante de la niña de identidad reservada ********************, respecto de los actos reclamados al Juez Segundo de Oralidad Familiar del turno Vespertino del Primer Departamento Judicial y Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Yucatán, se solicitó sus respectivos informes justificados; se ordenó emplazar al tercero interesado y se ordenó dar a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Desechamiento de la ampliación de demanda. Mediante proveído de uno de julio de dos mil veintidós (fojas 101 a 104), por las razones ahí expuestas, se desechó la ampliación de demanda que intentó la parte quejosa respecto de nuevos actos que reclamaba a la Juez Segundo de Oralidad Familiar del turno vespertino del Primer Departamento Judicial, Gobernador Constitucional y Secretario de Seguridad Pública, todos del Estado de Yucatán. Finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior, cumpliendo con lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del mismo modo, cobra aplicación, la tesis P. VI/2004 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, al analizar integralmente cada uno de los apartados del escrito de demanda y, sin tomar en consideración los calificativos y los conceptos de violación, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y ésta, conjuntamente, con las constancias procesales que se integraron al expediente durante su tramitación, se obtiene que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, esencialmente, lo siguiente: El acuerdo de seis de junio de dos mil veintidós, por el cual apercibe a ********************, que durante el desarrollo de la audiencia de escucha de menor de trece de junio de dos mil veintidós, la menor quejosa y su hermana******************** sean retiradas con la fuerza pública de la custodia de su madre y entregadas a su padre ********************, en el local que ocupa el juzgado responsable y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán (número de promoción 22295) y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, ambos con residencia en esta ciudad (número de promoción 15010). Pues así lo manifestaron expresamente al rendir sus respectivos informes justificados y oficio de mérito, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para demostrar la existencia de los actos y con ello desvirtuar la negativa. En efecto, del oficio ********************, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintidós (número de promoción 22295, foja 150) que la juez responsable remitió en alcance a lo informado anteriormente mediante oficio ********************(número de promoción 19470), informó que en el procedimiento especial de divorcio incausado número ********************, no existe el auto de fecha seis de junio de dos mil veintidós, reclamado por la quejosa. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio, únicamente respecto a ese acto reclamado a dicha autoridad, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la Tesis de Jurisprudencia número 284 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, como representante de la niña de identidad reservada ********************, en contra de los actos que reclamó de las autoridades responsables Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial y Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por el motivo señalado en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1202/2022-VII-A, promovido por Sergio Iván Canul Pool, por su propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad S.G.C.C. y A.E.C.C.; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el diez de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció la parte quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclaman del Presidente, Cabildo, Director de Transporte y Director de Seguridad Pública y Tránsito, todos de Motul, Yucatán. SEGUNDO. Previo cumplimiento de una prevención, por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se admitió la demanda, misma que se registró con el número 1202/2022-VII-A; se ordenó dar a la representación social Federal de la adscripción la intervención que le compete; solicitar a las autoridades responsables su informe justificado; asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa en: La omisión de proveer lo relativo a su solicitud de permitirle la prestación del servicio de transporte público en la modalidad de mototaxi. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, Presidente Municipal, Cabildo y Director de Transporte, todos del Ayuntamiento de Motul, Yucatán. Pues así se manifestaron expresamente en los correspondientes informes justificados, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar dichas negativas. Por lo que toca a la autoridad señalada como responsable Director de Seguridad Pública y Tránsito de Motul Yucatán, aun cuando al momento de resolver el presente asunto, no se tiene conocimiento de que hubiese rendido su informe justificado, a pesar de haber sido debidamente notificado, de conformidad con la constancia relativa a la entrega del oficio correspondiente; mismo que obra en autos, no es el caso presumir el acto que se relama, toda vez que la parte quejosa lo señaló expresamente como autoridad ejecutora, por lo que al haber negado las autoridades ordenadoras el acto reclamado, procede negar también la suspensión definitiva solicitada respecto del acto de ejecución reclamado de dicha autoridad. En tales condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 209, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Asimismo, resulta aplicable al presente caso, la tesis VII.1o.C.4 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con Registro digital: 198320, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Julio de 1997, página 433, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis." CUARTO. Protección de datos. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura de sentencia. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Sergio Iván Canul Pool, por su propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad S.G.C.C. y A.E.C.C., contra el acto que reclama del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del Estado de Yucatán e Inspector de su adscripción, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de veinte de septiembre del año dos mil veintidós, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión, sin que lo hubiere hecho. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Lo anterior, toda vez que encuadra en una de las hipótesis del indicado numeral, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el diverso ordinal 15 del citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico como el impreso, coinciden en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes el escrito de Herman Daniel Leal López, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, con el que exhibe la solicitud dirigida al Director General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, información relativa a la antigüedad de derechohabiente de los quejosos; así como los montos de las cuotas enteradas del presente año, a fin de ofrecerla como probanza en este juicio y acreditar su interés jurídico. Al respecto, dígase al ocursante que no ha lugar a requerir dicha documental, toda vez que su ofrecimiento no cumple con lo exigido por el artículo 121 de la Ley de Amparo, pues si bien acredita haber formulado dicha petición el treinta de septiembre de esta anualidad, dicha solicitud debió formularse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, que lo fue el seis de octubre de esta anualidad, sin contar el día de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia, por lo que no se tiene por ofrecida la prueba que refiere y solicita se requiera al Director General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán. Notifíquese.

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