Mercy del Socorro Novelo Yeh
Expediente 797/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 797/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 18/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Mercy del Socorro Novelo Yeh
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán; dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito signado por la quejosa Mercy Novelo Yeh, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que en copias fotostáticas adjuntó al escrito de demanda. En consecuencia, toda vez que el presente asunto se encuentra concluido, devuélvanse a la quejosa las constancias que refiere en el ocurso de mérito, previa razón que por su recibo otorgue en autos para constancia. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; diez de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la Materia, en contra del acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la presente demanda de amparo; en tal virtud, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General sin número, de dos de junio de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, al ser un juicio de amparo que se desechó y carece de relevancia documental. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado ROGELIO EDUARDO LEAL MOTA, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario con quien actúa, el licenciado Karlos David Moreno Sequera. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán; veintidós de junio de dos mil veintitrés. DESAHOGO DE LA PREVENCIÓN Visto el escrito signado por la quejosa MERCY DEL SOCORRO NOVELO YEH, mediante el cual, en desahogo de la prevención que le fue realizada en auto de quince de junio actual, precisa como actos reclamados y autoridad a quien le atribuye, esencialmente lo siguiente: A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DEL ESTADO DE YUCATÁN: EL RECONOCIMIENTO DE LOS AÑOS TRABAJADOS. LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, FIRMADA POR AUTORIDADES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y DEL NIVEL DE EDUCACIÓN ESPECIAL. EL PAGO DE SALARIOS DEVENGADOS DESDE EL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ASÍ COMO LA DEVOLUCIÓN DE BONOS, DESCUENTOS SALARIALES, AUMENTO SALARIAL QUE NO SE LE ESTÁ PAGANDO, Y EL PAGO RETROACTIVO DEL AUMENTO DE LOS SALARIOS DEVENGADOS HASTA EL DÍA DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. - LA REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO POR NO RESPETAR EL DICTAMEN MÉDICO, DE CAMBIO DE FUNCIÓN TEMPORAL, MISMO QUE REPERCUTIÓ EN LA SALUD, FÍSICA, EMOCIONAL, PSICOLÓGICA Y PATRIMONIAL DE LA QUEJOSA. - LA FALTA DE CUMPLIMIENTO EN EL ACTA FIRMADA DEL DÍA VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DONDE LA AUTORIDAD EDUCATIVA SE COMPROMETIÓ A DEVOLVERLE LOS SALARIOS QUE NO LE HAN SIDO PAGADOS; Y, - LA FALTA DE CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN 340/2022. En consecuencia, se tiene a la parte quejosa cumpliendo la prevención que se le realizó en el auto citado, y se procede a proveer lo legalmente conducente respecto a la demanda de amparo promovida. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Visto los escritos de demanda de amparo y su aclaración que obran en autos, se advierte que no es posible su admisión por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que les sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 8141, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, del análisis integral de la demanda y el escrito aclaratorio respectivo, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La evolución del concepto de autoridad responsable inició con el texto del artículo 11 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, abrogada por la publicada en el mismo medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, el cual establecía que para los efectos del juicio de amparo es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. De esa definición legal derivó una primera interpretación por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó, para los efectos del juicio de amparo, que autoridades responsables eran todas aquellas personas que disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias de hecho o de derecho que estén en posibilidad de ejercer actos públicos, por ser pública la fuerza de que disponen. Con posterioridad, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó ese criterio en atención a la amplitud de atribuciones de que gozan los órganos del Estado, que en su actuación pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, y estableció que el juzgador de amparo debe analizar en cada caso particular, si el acto que se reclama es de autoridad para los efectos del juicio constitucional, tomando en cuenta la norma legal que lo faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente al gobernado, que deban exigirse mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades. Lo anterior se encuentra en los razonamientos que integran la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, Tomo VI, Materia Común, Novena época, del Apéndice del 2000, del siguiente rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó las notas distintivas del concepto de autoridad responsable, en la jurisprudencia, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora bien, del análisis del texto del artículo 5°, fracción II de la Ley de Amparo vigente, se observa que el legislador acogió el concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo previamente aludido que ha desarrollado el Máximo Tribunal del País a través de su labor interpretativa. En efecto, de acuerdo con el citado artículo, es autoridad responsable para efectos del juicio constitucional la que, con independencia de su naturaleza formal, realice un acto u omisión que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, por lo que al igual que se establecen en la tesis jurisprudencia anteriormente citadas, es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que, al colocarse el gobernado como titular de derechos fundamentales frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, se materializa el acto de autoridad reclamable a través del juicio de amparo. Ello sin perjuicio de que el párrafo segundo de la fracción II del artículo en análisis establezca que los particulares también tienen la calidad de autoridad responsable para efecto del juicio de amparo, dado que el legislador estableció que para que tal supuesto se actualice, es necesario que la actuación del particular esté determinada por una norma general y que el acto que realice sea equivalente y tenga los mismos efectos a los de una autoridad, en los términos de la redacción del primer párrafo de tal porción normativa. Ahora bien, a fin de determinar cuándo un acto es emitido por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, se deben precisar los tres tipos de relaciones que existen entre las autoridades y los particulares, a saber: a) Relaciones de coordinación: Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. b) Relaciones de supra a subordinación: Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. c) Relaciones de supraordinación: Son las que surgen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el imperativo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. Del contenido de los artículos transcritos y de la precisión de las relaciones que surgen entre las autoridades y los particulares, se desprende que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos que en éste se reclamen provengan de un acto de autoridad y que además afecten los derechos fundamentales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, por actuar las primeras en un plano superior a los segundos; de ahí, que aquellos actos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares, aun cuando en estas últimas, la relación surja entre un particular y una autoridad, pero en un mismo plano de coordinación como particular, tales actos no pueden reclamarse a través del juicio de amparo. Asimismo, a efecto de considerar que el acto ha sido emitido dentro de una relación de supra a subordinación y que entonces se estimara acto de autoridad para efectos del amparo, es necesario, además de que la autoridad obrara en un plano superior al del gobernado, que esa relación tuviera su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; que dicho acto lo haya emitido en forma unilateral y que con ello cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; que para emitir ese acto no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado; y que para hacer cumplir sus determinaciones pueda hacer uso directo o indirecto de la fuerza pública; es decir, resulta indispensable que ésta haya actuado al emitir el acto impugnado con unilateralidad, coercitividad e imperatividad. En ese sentido apoya al anterior argumento la tesis aislada I.15o.A.36 K del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1316, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de la relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional". En la especie, de acuerdo a la precisión de actos que realizó en el escrito de cuenta, se tiene que reclama de la Secretaría de Educación en el Estado, con sede en esta ciudad, diversas prestaciones de índole laboral, tales como: El reconocimiento de los años trabajados; la falta de cumplimiento del acta de tres de enero de dos mil veintidós, firmada por autoridades educativas del departamento jurídico y del nivel de educación especial; el pago de salarios devengados desde el mes de marzo de dos mil veintitrés, así como la devolución de bonos, descuentos salariales, aumento salarial que no se le está pagando, y el pago retroactivo del aumento de los salarios devengados hasta el día diecinueve de junio de dos mil veintitrés; la reparación del daño causado por no respetar el dictamen médico, de cambio de función temporal, mismo que repercutió en la salud, física, emocional, psicológica y patrimonial de la quejosa; la falta de cumplimiento en el acta firmada del día veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, donde la autoridad educativa se comprometió a devolverle los salarios que no le han sido pagados; y, la falta de cumplimiento a la recomendación 340/2022. En esta tesitura, el contexto expuesto pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia invocada, porque en la especie la autoridad señalada como responsable por la quejosa, actúa con el carácter de patrón en el ámbito material del derecho laboral, es decir, la relación que existe entre la quejosa y la autoridad que señalada con dicho carácter es de coordinación, de ahí que los actos relacionados, pueden ser impugnados en el juicio respectivo, ante el Tribunal ordinario competente en ejercicio de funciones formalmente y materialmente laborales. De ahí que a la Secretaría de Educación en el Estado, con sede en esta ciudad, no le reviste la calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque sus actos no son de autoridad, ello es así, toda vez que carecen de potestad e imperio, que es lo que distingue a los actos provenientes de autoridad, sino que sólo se trata de actos de particulares. Pues si bien es cierto que la quejosa manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que se ha desempeñado como trabajadora activa de la Secretaría de Educación Pública del Estado, ubicada en esta ciudad; lo cierto es, que todas esas cuestiones están relacionadas con la relación de trabajo que tiene la autoridad señalada como responsable con la aquí quejosa. De ahí que, que resulta evidente que los actos aquí reclamados, no pueden considerarse actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues la señalada como responsable no los realizó con el imperio de su soberanía, característica propia del acto de autoridad, sino como patrón, y en ese tenor la quejosa se los reclama, ya que derivan de la relación de trabajo entre ellos; y son susceptibles de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente ante la autoridad que ejerza funciones de esa misma naturaleza. Es decir, los actos reclamados, en su caso, sólo conllevan una actuación propia de la relación privada que une a la parte quejosa y la autoridad Secretaría de Educación Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que señaló como responsable, los cuales no son reclamables en la vía constitucional. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Laboral, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 1956, que señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Asimismo, la Jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Laboral, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1639, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, suprasubordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." De igual forma, por identidad jurídica y por las razones que informa la Tesis: X.A.T.19 L (10a.), del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Laboral, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, página 2355, que establece: "RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE DAN POR TERMINADOS LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO DE UN DOCENTE. NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PORQUE DERIVA DEL VÍNCULO LABORALESTADO-PATRÓN Y SUS TRABAJADORES. De la jurisprudencia P./J. 32/2015 (10a.), de título y subtítulo: "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO DE AUDIENCIA.", se advierte que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que si algún docente estima que no se le aplicó correctamente el proceso de evaluación, tiene a su alcance el recurso de revisión previsto en los artículos 80, 81 y 82 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, o bien, el juicio en sede contenciosa administrativa; pero, si lo que impugna es la separación del servicio, ésta sólo será reclamable a través del juicio ante las autoridades jurisdiccionales en materia laboral. En esta última hipótesis, la resolución mediante la cual se dan por terminados los efectos del nombramiento de un docente, constituye una determinación en la que el Estado actúa en su carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral, dentro del marco previsto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, se trata de una relación de coordinación derivada de la vinculación laboral Estado-patrón y sus trabajadores, por lo que no constituye un acto de autoridad para la procedencia del juicio de amparo." Lo anterior pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia prevista fracción XXIII del numeral 61, en relación con los artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, dado que los actos reclamados no constituyen actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de derechos fundamentales y, por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ello, con apoyo en la Jurisprudencia PC.VII.L. J/1 L (11a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materia Común y Laboral, Libro 9, Enero de 2022, Tomo III, página 1865, que dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO TIENE RELACIÓN CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS (RESGUARDO DOMICILIARIO), ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron de manera diferente al analizar si para efectos del juicio de amparo indirecto, el acto reclamado proviene o no de una autoridad en asuntos donde trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), que prestan sus servicios en unidades médicas de dichos organismos, reclamaron la negativa a otorgarles licencia o permiso para ausentarse de sus labores, en términos de las cláusulas 43 y 123 del contrato colectivo de trabajo relativo, en consecuencia, la negativa de acatar las medidas conducentes a las disposiciones contenidas en el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020 y su modificación publicada en dicho órgano de difusión el 21 de abril de ese año, a fin de hacer efectivas las medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, siendo admitidas las demandas por los Jueces de Distrito; proceder que fue controvertido a través del recurso de queja por el patrón a quien se le atribuyó el carácter de autoridad responsable. Criterio jurídico: El Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito determina que en el caso señalado, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, excepcionalmente puede constituir la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, en asuntos que tengan relación con las medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, por lo que procede desechar la demanda por causa notoria e indudable de improcedencia. Justificación: Lo anterior es así, porque la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades señaladas como responsables no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado, en esencia, es la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus referido, en virtud de que su pretensión final es el otorgamiento de una licencia para ausentarse de sus labores, lo que evidentemente no es un acto de autoridad, sino en todo caso, una actuación propia de la relación privada que une al patrón con los quejosos como particulares. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para los efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria del trabajo correspondiente, por lo que en dicho supuesto, en forma excepcional, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que provoca el desechamiento de plano de la demanda de amparo, por lo que debe acudirse a la vía ordinaria laboral para hacer dicho reclamo. Asimismo, en la diversa jurisprudencia III.1o.T. J/4 L (10a.) Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materias Común y Laboral, Libro 11, Marzo de 2022, Tomo IV, página 2817, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES INDUDABLE Y MANIFIESTA CUANDO SE PROMUEVE CONTRA LA NEGATIVA DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA DE SALUD EN LA QUE EL QUEJOSO PRESTA SUS SERVICIOS COMO TRABAJADOR, A OTORGARLE UNA LICENCIA CON GOCE DE SUELDO, AL NO TENER AQUÉLLA EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. De la interpretación de los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que quedan excluidas como autoridades responsables, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, aquellas instituciones a quienes se les reclama algún acto derivado de la relación de trabajo con el quejoso, pues éste se da en un plano de coordinación, en función de la relación obrero-patronal que los une, por lo que de los artículos citados se advierte que no reúne las características para reclamarse en el juicio de amparo indirecto. Por tanto, es indudable y manifiesta la improcedencia del juicio promovido contra la negativa de la institución pública de salud en la que el quejoso presta sus servicios como trabajador, a otorgarle una licencia con goce de sueldo, al no tener aquélla el carácter de autoridad responsable." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado ROGELIO EDUARDO LEAL MOTA, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario con quien actúa, el licenciado Karlos David Moreno Sequera. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA A LA QUEJOSA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán; veintidós de junio de dos mil veintitrés. DESAHOGO DE LA PREVENCIÓN Visto el escrito signado por la quejosa MERCY DEL SOCORRO NOVELO YEH, mediante el cual, en desahogo de la prevención que le fue realizada en auto de quince de junio actual, precisa como actos reclamados y autoridad a quien le atribuye, esencialmente lo siguiente: A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DEL ESTADO DE YUCATÁN: EL RECONOCIMIENTO DE LOS AÑOS TRABAJADOS. LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, FIRMADA POR AUTORIDADES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y DEL NIVEL DE EDUCACIÓN ESPECIAL. EL PAGO DE SALARIOS DEVENGADOS DESDE EL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ASÍ COMO LA DEVOLUCIÓN DE BONOS, DESCUENTOS SALARIALES, AUMENTO SALARIAL QUE NO SE LE ESTÁ PAGANDO, Y EL PAGO RETROACTIVO DEL AUMENTO DE LOS SALARIOS DEVENGADOS HASTA EL DÍA DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. - LA REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO POR NO RESPETAR EL DICTAMEN MÉDICO, DE CAMBIO DE FUNCIÓN TEMPORAL, MISMO QUE REPERCUTIÓ EN LA SALUD, FÍSICA, EMOCIONAL, PSICOLÓGICA Y PATRIMONIAL DE LA QUEJOSA. - LA FALTA DE CUMPLIMIENTO EN EL ACTA FIRMADA DEL DÍA VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DONDE LA AUTORIDAD EDUCATIVA SE COMPROMETIÓ A DEVOLVERLE LOS SALARIOS QUE NO LE HAN SIDO PAGADOS; Y, - LA FALTA DE CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN 340/2022. En consecuencia, se tiene a la parte quejosa cumpliendo la prevención que se le realizó en el auto citado, y se procede a proveer lo legalmente conducente respecto a la demanda de amparo promovida. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Visto los escritos de demanda de amparo y su aclaración que obran en autos, se advierte que no es posible su admisión por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que les sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 8141, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Ahora bien, del análisis integral de la demanda y el escrito aclaratorio respectivo, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La evolución del concepto de autoridad responsable inició con el texto del artículo 11 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, abrogada por la publicada en el mismo medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, el cual establecía que para los efectos del juicio de amparo es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. De esa definición legal derivó una primera interpretación por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó, para los efectos del juicio de amparo, que autoridades responsables eran todas aquellas personas que disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias de hecho o de derecho que estén en posibilidad de ejercer actos públicos, por ser pública la fuerza de que disponen. Con posterioridad, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó ese criterio en atención a la amplitud de atribuciones de que gozan los órganos del Estado, que en su actuación pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, y estableció que el juzgador de amparo debe analizar en cada caso particular, si el acto que se reclama es de autoridad para los efectos del juicio constitucional, tomando en cuenta la norma legal que lo faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente al gobernado, que deban exigirse mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades. Lo anterior se encuentra en los razonamientos que integran la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, Tomo VI, Materia Común, Novena época, del Apéndice del 2000, del siguiente rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó las notas distintivas del concepto de autoridad responsable, en la jurisprudencia, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora bien, del análisis del texto del artículo 5°, fracción II de la Ley de Amparo vigente, se observa que el legislador acogió el concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo previamente aludido que ha desarrollado el Máximo Tribunal del País a través de su labor interpretativa. En efecto, de acuerdo con el citado artículo, es autoridad responsable para efectos del juicio constitucional la que, con independencia de su naturaleza formal, realice un acto u omisión que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, por lo que al igual que se establecen en la tesis jurisprudencia anteriormente citadas, es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que, al colocarse el gobernado como titular de derechos fundamentales frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, se materializa el acto de autoridad reclamable a través del juicio de amparo. Ello sin perjuicio de que el párrafo segundo de la fracción II del artículo en análisis establezca que los particulares también tienen la calidad de autoridad responsable para efecto del juicio de amparo, dado que el legislador estableció que para que tal supuesto se actualice, es necesario que la actuación del particular esté determinada por una norma general y que el acto que realice sea equivalente y tenga los mismos efectos a los de una autoridad, en los términos de la redacción del primer párrafo de tal porción normativa. Ahora bien, a fin de determinar cuándo un acto es emitido por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, se deben precisar los tres tipos de relaciones que existen entre las autoridades y los particulares, a saber: a) Relaciones de coordinación: Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. b) Relaciones de supra a subordinación: Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. c) Relaciones de supraordinación: Son las que surgen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el imperativo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. Del contenido de los artículos transcritos y de la precisión de las relaciones que surgen entre las autoridades y los particulares, se desprende que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos que en éste se reclamen provengan de un acto de autoridad y que además afecten los derechos fundamentales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, por actuar las primeras en un plano superior a los segundos; de ahí, que aquellos actos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares, aun cuando en estas últimas, la relación surja entre un particular y una autoridad, pero en un mismo plano de coordinación como particular, tales actos no pueden reclamarse a través del juicio de amparo. Asimismo, a efecto de considerar que el acto ha sido emitido dentro de una relación de supra a subordinación y que entonces se estimara acto de autoridad para efectos del amparo, es necesario, además de que la autoridad obrara en un plano superior al del gobernado, que esa relación tuviera su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; que dicho acto lo haya emitido en forma unilateral y que con ello cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; que para emitir ese acto no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado; y que para hacer cumplir sus determinaciones pueda hacer uso directo o indirecto de la fuerza pública; es decir, resulta indispensable que ésta haya actuado al emitir el acto impugnado con unilateralidad, coercitividad e imperatividad. En ese sentido apoya al anterior argumento la tesis aislada I.15o.A.36 K del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1316, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de la relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional". En la especie, de acuerdo a la precisión de actos que realizó en el escrito de cuenta, se tiene que reclama de la Secretaría de Educación en el Estado, con sede en esta ciudad, diversas prestaciones de índole laboral, tales como: El reconocimiento de los años trabajados; la falta de cumplimiento del acta de tres de enero de dos mil veintidós, firmada por autoridades educativas del departamento jurídico y del nivel de educación especial; el pago de salarios devengados desde el mes de marzo de dos mil veintitrés, así como la devolución de bonos, descuentos salariales, aumento salarial que no se le está pagando, y el pago retroactivo del aumento de los salarios devengados hasta el día diecinueve de junio de dos mil veintitrés; la reparación del daño causado por no respetar el dictamen médico, de cambio de función temporal, mismo que repercutió en la salud, física, emocional, psicológica y patrimonial de la quejosa; la falta de cumplimiento en el acta firmada del día veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, donde la autoridad educativa se comprometió a devolverle los salarios que no le han sido pagados; y, la falta de cumplimiento a la recomendación 340/2022. En esta tesitura, el contexto expuesto pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia invocada, porque en la especie la autoridad señalada como responsable por la quejosa, actúa con el carácter de patrón en el ámbito material del derecho laboral, es decir, la relación que existe entre la quejosa y la autoridad que señalada con dicho carácter es de coordinación, de ahí que los actos relacionados, pueden ser impugnados en el juicio respectivo, ante el Tribunal ordinario competente en ejercicio de funciones formalmente y materialmente laborales. De ahí que a la Secretaría de Educación en el Estado, con sede en esta ciudad, no le reviste la calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque sus actos no son de autoridad, ello es así, toda vez que carecen de potestad e imperio, que es lo que distingue a los actos provenientes de autoridad, sino que sólo se trata de actos de particulares. Pues si bien es cierto que la quejosa manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que se ha desempeñado como trabajadora activa de la Secretaría de Educación Pública del Estado, ubicada en esta ciudad; lo cierto es, que todas esas cuestiones están relacionadas con la relación de trabajo que tiene la autoridad señalada como responsable con la aquí quejosa. De ahí que, que resulta evidente que los actos aquí reclamados, no pueden considerarse actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues la señalada como responsable no los realizó con el imperio de su soberanía, característica propia del acto de autoridad, sino como patrón, y en ese tenor la quejosa se los reclama, ya que derivan de la relación de trabajo entre ellos; y son susceptibles de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente ante la autoridad que ejerza funciones de esa misma naturaleza. Es decir, los actos reclamados, en su caso, sólo conllevan una actuación propia de la relación privada que une a la parte quejosa y la autoridad Secretaría de Educación Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que señaló como responsable, los cuales no son reclamables en la vía constitucional. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Laboral, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 1956, que señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Asimismo, la Jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Laboral, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1639, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, suprasubordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." De igual forma, por identidad jurídica y por las razones que informa la Tesis: X.A.T.19 L (10a.), del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Laboral, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, página 2355, que establece: "RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE DAN POR TERMINADOS LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO DE UN DOCENTE. NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PORQUE DERIVA DEL VÍNCULO LABORALESTADO-PATRÓN Y SUS TRABAJADORES. De la jurisprudencia P./J. 32/2015 (10a.), de título y subtítulo: "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO DE AUDIENCIA.", se advierte que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que si algún docente estima que no se le aplicó correctamente el proceso de evaluación, tiene a su alcance el recurso de revisión previsto en los artículos 80, 81 y 82 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, o bien, el juicio en sede contenciosa administrativa; pero, si lo que impugna es la separación del servicio, ésta sólo será reclamable a través del juicio ante las autoridades jurisdiccionales en materia laboral. En esta última hipótesis, la resolución mediante la cual se dan por terminados los efectos del nombramiento de un docente, constituye una determinación en la que el Estado actúa en su carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral, dentro del marco previsto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, se trata de una relación de coordinación derivada de la vinculación laboral Estado-patrón y sus trabajadores, por lo que no constituye un acto de autoridad para la procedencia del juicio de amparo." Lo anterior pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia prevista fracción XXIII del numeral 61, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, dado que los actos reclamados no constituyen actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de derechos fundamentales y, por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ello, con apoyo en la Jurisprudencia PC.VII.L. J/1 L (11a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materia Común y Laboral, Libro 9, Enero de 2022, Tomo III, página 1865, que dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO TIENE RELACIÓN CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS (RESGUARDO DOMICILIARIO), ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron de manera diferente al analizar si para efectos del juicio de amparo indirecto, el acto reclamado proviene o no de una autoridad en asuntos donde trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), que prestan sus servicios en unidades médicas de dichos organismos, reclamaron la negativa a otorgarles licencia o permiso para ausentarse de sus labores, en términos de las cláusulas 43 y 123 del contrato colectivo de trabajo relativo, en consecuencia, la negativa de acatar las medidas conducentes a las disposiciones contenidas en el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020 y su modificación publicada en dicho órgano de difusión el 21 de abril de ese año, a fin de hacer efectivas las medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, siendo admitidas las demandas por los Jueces de Distrito; proceder que fue controvertido a través del recurso de queja por el patrón a quien se le atribuyó el carácter de autoridad responsable. Criterio jurídico: El Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito determina que en el caso señalado, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, excepcionalmente puede constituir la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, en asuntos que tengan relación con las medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, por lo que procede desechar la demanda por causa notoria e indudable de improcedencia. Justificación: Lo anterior es así, porque la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades señaladas como responsables no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado, en esencia, es la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus referido, en virtud de que su pretensión final es el otorgamiento de una licencia para ausentarse de sus labores, lo que evidentemente no es un acto de autoridad, sino en todo caso, una actuación propia de la relación privada que une al patrón con los quejosos como particulares. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para los efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria del trabajo correspondiente, por lo que en dicho supuesto, en forma excepcional, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que provoca el desechamiento de plano de la demanda de amparo, por lo que debe acudirse a la vía ordinaria laboral para hacer dicho reclamo. Asimismo, en la diversa jurisprudencia III.1o.T. J/4 L (10a.) Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materias Común y Laboral, Libro 11, Marzo de 2022, Tomo IV, página 2817, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES INDUDABLE Y MANIFIESTA CUANDO SE PROMUEVE CONTRA LA NEGATIVA DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA DE SALUD EN LA QUE EL QUEJOSO PRESTA SUS SERVICIOS COMO TRABAJADOR, A OTORGARLE UNA LICENCIA CON GOCE DE SUELDO, AL NO TENER AQUÉLLA EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. De la interpretación de los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que quedan excluidas como autoridades responsables, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, aquellas instituciones a quienes se les reclama algún acto derivado de la relación de trabajo con el quejoso, pues éste se da en un plano de coordinación, en función de la relación obrero-patronal que los une, por lo que de los artículos citados se advierte que no reúne las características para reclamarse en el juicio de amparo indirecto. Por tanto, es indudable y manifiesta la improcedencia del juicio promovido contra la negativa de la institución pública de salud en la que el quejoso presta sus servicios como trabajador, a otorgarle una licencia con goce de sueldo, al no tener aquélla el carácter de autoridad responsable." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado ROGELIO EDUARDO LEAL MOTA, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario con quien actúa, el licenciado Karlos David Moreno Sequera. Doy fe.
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