Mercedes Clarisa Martínez del Toro

Expediente 192/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
192/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
03/04/2019

Partes del expediente

  • Mercedes Clarisa Martínez del Toro
  • Humberto Ramírez Brand

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de trece de marzo de dos mil diecinueve, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el numeral 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previstas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Para los efectos legales correspondientes, agréguese a este expediente el alegato ministerial de cuenta, de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y en atención a su contenido, no obstante que el presente asunto ya se resolvió fuera de audiencia; con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídasele la copia certificada del auto de sobreseimiento, haciéndole entrega de la misma previo recibo que otorgue en autos. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio de cuenta del Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, con el que, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en acuerdo de catorce del actual mes, remite copia certificada del acta mínima de la audiencia preliminar celebrada el diecisiete de agosto de dos mil quince, en el juicio de sucesión intestada 1263/2013. Ahora bien, por cuanto en el auto admisorio, se reservó hacer el pronunciamiento respectivo en cuanto a la personalidad con la que se ostentó la promovente ***, hasta que la responsable atendiera al requerimiento de mérito. Por tanto, toda vez que con dicha documental se constata que el menor quejoso de identidad reservada *** fue designado como albacea de la sucesión de origen de quien en vida se llamó Humberto Ramírez Brand, el cual desempeñaría por conducto de la mencionada promovente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se reconoce a *** la personalidad con que se ostentó en este juicio para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de febrero de dos mil diecinueve. En primer término, es menester señalar que en el presente asunto se ven involucrados tres menores de edad, y toda vez que los niños, niñas y adolescentes son personas diferentes a un adulto, en relación a su desarrollo cognitivo, emocional y moral, resulta indispensable brindarles una atención especializada, en virtud de que darles el mismo trato que a los mayores de dieciocho años, supone colocarlos en una situación desigual en el pleno ejercicio de sus derechos. Por lo que, a fin de resguardar la identidad de los menores de edad, el suscrito determina como medida para proteger su intimidad, que se supriman de este juicio sus nombres, dirección o cualquier otra información que pudiera servir para identificarlos, de ahí que únicamente se procederá a mencionarlos por sus iniciales H.R.M., I.R.M., e I.R.M. Lo anterior, de conformidad con el principio del interés superior del niño, niña o adolescente, y con fundamento además, en los artículos 1°, primeros tres párrafos, y 4, parágrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos del Capítulo III "Reglas y Consideraciones Generales para las y los Juzgadores", puntos 6 y 7, del Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Niñas, Niños y Adolescentes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Establecido lo anterior, con la demanda de amparo se tiene a Mercedes Clarisa Martínez del Toro, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, ostentándose con el carácter de albacea de la sucesión 1263/2013, de quien en vida se llamó Humberto Ramírez Brand, en el que se reconoció como únicos y universales herederos a sus hijos menores de edad de identidad reservada H.R.M., I.R.M., e I.R.M., contra el acto que reclama de la Juez Tercero de Oralidad Familiar turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta capital; que hace consistir en: La omisión de dar contestación a la solicitud realizada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, dentro del juicio de sucesión intestada 1263/2013, del índice de la autoridad responsable, a fin de que se fije fecha y hora para la continuación de la audiencia intermedia dentro del referido juicio. Al respecto, se acuerda: Fórmese expediente, regístrese con el número 192/2019-VI-B, que le corresponde y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, en atención a lo manifestado por la promovente bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que se encuentra imposibilitada para exhibir copia certificada del acta mínima celebrada el diecisiete de agosto de dos mil quince, en autos del expediente de origen, en la que se le reconoció el carácter con el que se ostenta y comparece al presente juicio, ya que la autoridad responsable ha sido omisa en dar respuesta a diversas solicitudes que le ha realizado, y por ello, precisamente promueve este juicio de amparo. En ese sentido, toda vez que en el presente asunto se encuentran involucrados los intereses de tres menores de edad, por lo que el suscrito juzgador en atención a la figura de la suplencia de la queja a favor de los menores, la cual opera desde la demanda hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios o recabación oficiosa de pruebas. Esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar de los menores de edad y el ejercicio pleno de sus derechos, para proteger su interés superior y permitirles integrarse a la relación jurídica procesal, a fin de que tengan una participación efectiva, por conducto de una adecuada representación y garantizar así el acceso efectivo a la justicia y la adecuada defensa de los derechos de los menores. En ese sentido, resérvese hacer pronunciamiento respecto a la personalidad de la promovente hasta en tanto la Juez responsable, dentro de los tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, remita copia certificada y legible de la indicada audiencia preliminar con la que se acredite el carácter con el que se ostenta la promovente Mercedes Clarisa Martínez del Toro. Apercibida dicha autoridad que de no cumplir con el requerimiento anterior, se le impondrá multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.8o.A.9 K (10a.), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, Materia(s): Común, Página: 2890 y Registro: 2011974, que dice: "DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA EN NOMBRE DE UN MENOR. SI EL SUSCRIPTOR MANIFIESTA TENER RECONOCIDA SU PERSONALIDAD ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, PERO NO LO ACREDITA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIRLO PARA QUE LO HAGA Y, ANTE SU INCUMPLIMIENTO, ESTÁ OBLIGADO A RECABAR OFICIOSAMENTE LA CONSTANCIA RESPECTIVA. De los artículos 3, numeral 1 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño se advierte, respectivamente, que en todas las medidas concernientes a los niños que deban tomar los tribunales se atenderá, primordialmente, al interés superior del menor, y que el Estado garantizará el derecho de éste a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo y a proteger el ejercicio pleno de sus derechos, ya sea directamente o por medio de un representante, en concordancia con las normas procedimentales del derecho nacional. En estas condiciones, para garantizar el derecho que tiene el menor a participar, directamente o por conducto de un representante, en los procedimientos judiciales en que pueda afectarse su esfera jurídica, el juzgador debe tomar las medidas legales procedimentales necesarias, en atención, primordialmente, al principio de interés superior del niño. Adicionalmente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 167, de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.", estableció que la figura de la suplencia de la queja en favor de un menor debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, incluyendo, entre otras cuestiones, recabación oficiosa de pruebas, para lograr el bienestar del menor de edad y el ejercicio pleno de sus derechos. Por tanto, cuando la demanda de amparo se promueve en nombre de un infante por quien se ostenta como su representante y afirma tener reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, sin que lo acredite, debe requerírsele para que lo haga, porque esa carga procesal, en principio, corresponde al quejoso; sin embargo, el Juez de Distrito también está obligado a constatar fehacientemente esa circunstancia, motivo por el que, previo a desechar la demanda por incumplimiento a dicha prevención, el juzgador está obligado a recabar de la autoridad responsable la constancia respectiva, para proteger el interés superior del menor y permitirle integrarse a la relación jurídica procesal, a fin de que tenga una participación efectiva, por conducto de una adecuada representación y garantizar así su acceso efectivo a la justicia y la adecuada defensa de sus derechos. Así como la diversa tesis I.8o.A.10 K (10a.), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, Materia(s): Común, Página: 2969 y Registro: 2011985, que señala: "REPRESENTACIÓN DE UN MENOR EN EL AMPARO INDIRECTO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE VERIFICAR LA DEBIDA LEGITIMACIÓN DE QUIEN PROMOVIÓ EL JUICIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. De conformidad con la fracción IV del artículo 93 de la Ley de Amparo, el órgano revisor deberá revocar la resolución recurrida cuando por acción u omisión se hayan violado las reglas fundamentales que norman el procedimiento, siempre que las violaciones hayan trascendido al resultado del fallo. Entre esas reglas se encuentra la relativa a verificar la debida legitimación de quien promueve el juicio de amparo en representación de un menor de edad, a fin de garantizar una representación adecuada del infante y concretar la igualdad en el acceso a la justicia en todo proceso judicial, en observancia al principio de interés superior del niño. En ese sentido, constituye una violación procesal en los términos descritos, que el Juez de Distrito deseche una demanda de amparo indirecto respecto de un menor, con motivo de que quien se ostentó como su representante incumplió con la carga procesal de acreditar su personalidad, la cual afirmó tener reconocida ante la autoridad responsable, sin que lo hubiera requerido para hacerlo y, en su caso, recabar de la autoridad responsable la constancia respectiva, pues ello implica que soslayó la normativa legal, constitucional e internacional, así como los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para proteger el interés superior del menor y permitirle integrarse a la relación jurídica procesal, a fin de que tenga una participación efectiva, que asegure el ejercicio pleno de sus derechos. Por tanto, si se advierte que durante la secuela del amparo no se verificó la debida legitimación de la persona que promovió el juicio en representación del menor quejoso, debe reponerse el procedimiento". Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda. No se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza del acto reclamado amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la referida ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las diez horas del veinticinco de marzo del año en curso. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendirlo dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la citada Ley. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la Ley de la materia. Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia de la demanda. Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de treinta unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo disponen los numerales 238 y 251 de la misma ley. Téngase por designado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales dirigidas a la parte quejosa, el que señala para tal fin en su demanda de amparo y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Celso Augusto López Pérez, Johanna de Lourdes Gómez Domínguez y Rubén Rafael Brizuela Zepeda. Mientras que los demás en términos restringidos del indicado numeral, hasta que acrediten estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, si no proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la documental que la parte quejosa anexó al escrito de demanda, la que será tomada en consideración en el momento procesal oportuno y sin perjuicio de relacionarla nuevamente al momento de celebrarse la audiencia constitucional del juicio. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este asunto, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Además, de conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente, así como del informe justificado y anexos que en su caso remita la autoridad responsable. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente a la promovente, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y regístrese.

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