Melquiades Alameda Orta
Expediente 524/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 524/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Melquiades Alameda Orta
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 524/2022-IV. Puebla, Puebla, dos de junio de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Por lo que habrá de ordenarse en acápites posteriores el archivo del presente juicio. el presente expediente constituye un asunto concluido. se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo. Resguardo del expediente (archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ya quedó firme el acuerdo de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente asunto, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde será publicado este acuerdo; y si llegara a presentar escrito donde solicite informes del estado procesal, habrá de emitirse el acuerdo correspondiente. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 524/2022-IV. Puebla, Puebla, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos...El artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia Para demostrarlo, se hace notar que los actos combatidos en la demanda de protección, fueron delimitados de la forma siguiente: ".De la autoridad que señalo como ordenadora reclamo la el (sic) acuerdo de fecha 27 de abril del año en curso, dentro de la CARPETA DE INVESTIGACION NUMERO (sic) 372/2020/POPULAR, y de la ejecutora la notificación que me realizó de dicho auto, con fecha 27 de abril del año en curso.". Ese acuerdo fue emitido por la agente del Ministerio Público encargada de la referida carpeta, para responder un escrito presentado por el quejoso, en el cual solicitó acceder a los registros de investigación porque este afirmó haberse enterado de que tenía el carácter de imputado. De ahí que la referida agente hubiera emitido el acuerdo de marras, el cual representa el principal acto combatido, y en el cual quedó asentado lo siguiente: ".ESTA REPRESENTACION SOCIAL LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE POR EL MOMENTO NO ES POSIBLE ACORDAR FAVORABLE SU PETICIÓN, DIGASELE QUE UNA VEZ QUE SE HAYAN REUNIDO LOS REQUISITOS PREVIOS DE LEY, SE LE DARA EL DEBIDO ACCESO A LA INVESTIGACIÓN QUE TIENE A CARGO LA SUSCRITA, LO QUE HAGO DE SU CONOCIMIENTO PARA LOS EFECTOS LEGAELS A QUE HAYA LUGAR.". Sin embargo, esa negativa encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia, en particular la que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo ." Esa causal de improcedencia se actualiza al relacionarla con la tesis jurisprudencial : "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. ". De la tesis jurisprudencial transcrita y el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se obtiene una causal de improcedencia específica para el supuesto en que un gobernado reclama la negativa de un agente del Ministerio Público de otorgarle acceso a una carpeta de investigación, cuando aquél no tiene reconocido el carácter de imputado en la carpeta de investigación. Lo anterior obedece a la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la invocada tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.), dado que esta determina que la persona imputada en una carpeta de investigación, tiene derecho a obtener copias o reproducciones de los datos de prueba que obren en esa carpeta, cuando aquella se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales Esos supuestos comprenden que la persona imputada se encuentre detenida, sea citada a la investigación para comparecer con ese carácter (imputada), o bien sea sujeta de un acto de molestia en términos del artículo 266, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de recabar su entrevista (como imputada). Pero en caso de que la autoridad ministerial decidiera no citar al promovente durante la investigación inicial, a fin de que pudiera comparecer y acceder a los registros de la carpeta respectiva, aquél aún tendría la oportunidad de conocer ante el juez de control, los datos de prueba recabados por el Ministerio Público en la fase de investigación, al grado de tener la posibilidad de controvertirlos y desvirtuarlos. Esto es así, porque si bien es verdad que los derechos aludidos deben ser efectivos desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible, así como desde que se ha ordenado una investigación, también lo es que en la dinámica en la que se desenvuelve el proceso penal acusatorio, la etapa de investigación se divide en dos: inicial y complementaria, en la que esta última, que comienza con la celebración de la audiencia inicial (en la que se formula imputación), además de que se judicializa la carpeta de investigación, también tiene como característica principal que a partir de ese momento, las partes que integran el proceso, como lo son el imputado y su defensor, tienen derecho de acceder a todos los antecedentes que integran la investigación practicada por el Ministerio Público, a fin de que puedan imponerse debidamente de sus contenidos y hacer valer sus defensas como lo estimen conveniente. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia Luego, el supuesto indispensable para que un agente del Ministerio Público, recabe entrevista a una persona y le permita acceder a los datos de prueba, estriba en que esta se ubique en la hipótesis de imputada dentro de la carpeta de investigación. De modo que si una persona reclama la negativa de acceso a la carpeta de investigación, en una carpeta de investigación donde no ha sido llamada con el carácter de imputada, se actualizará la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.). Ello, por la inexistencia del supuesto que justificaría la promoción del juicio de amparo indirecto: el quejoso tenga reconocido el carácter de imputado, en la carpeta de investigación donde el agente del Ministerio Público señalado como responsable, se negó a otorgarle acceso. Lo cual se comprende frente a las condiciones delimitadas en la invocada tesis jurisprudencial: la persona imputada se encuentre detenida, haya sido citada a la investigación con ese carácter (imputada), o bien sea sujeta de un acto de molestia en términos del artículo 266, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de recabar su entrevista (como imputada). De soslayar lo anterior, se llegaría al extremo de admitir demandas de amparo por la mera existencia de una carpeta de investigación, es decir, tramitar un juicio de tutela constitucional a pesar de que el quejoso no tenga el carácter de imputado en esa carpeta o todavía no se le haya reconocido y, por ende, sea ajeno al supuesto que justificaría tener acceso a la carpeta, incluso para recabarle entrevista y permitirle ofrecer datos de prueba. En el presente caso, tenemos una demanda signada por el quejoso, en la cual pretende reclamar el acuerdo donde le fue negado el acceso a la carpeta de investigación antes referida, y la notificación que se le hizo del acuerdo en comento. Pero los antecedentes relatados en la demanda bajo protesta de decir verdad, revelan un escenario relevante para la negativa de otorgar al quejoso el acceso a la referida carpeta: no tiene reconocido el carácter de imputado en la mencionada carpeta, porque este sólo tuvo conocimiento de la existencia de la investigación, a través de una supuesta inspección. Más aún, los antecedentes de la demanda tampoco revelan actos de molestia que se pretendan realizar o se hayan realizado a la fecha contra el quejoso, derivados de la referida carpeta. Entonces, si el quejoso no tiene reconocido el carácter de imputado en la carpeta mencionada y sólo existe la supuesta información de que se ubica en esa posición (de imputado), como se desprende de los antecedentes relatados en la demanda de amparo, debe estimarse la ausencia del supuesto jurisprudencial que permitiría la instauración del juicio de amparo. Dicho de otro modo, la ausencia de datos para visualizar que el quejoso tenga reconocido el carácter de imputado en la referida carpeta, y la inexistencia de actos de molestia dirigidos contra este, determinan la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.). Ello, porque no se ha generado el supuesto que permitiría al quejoso instaurar el juicio de amparo indirecto: tener reconocido el carácter de imputado en la referida carpeta. De modo que si el quejoso no tiene reconocido el carácter de imputado en la carpeta de investigación, es válido afirmar que tampoco encuadra en el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, para reclamar la negativa de acceso a la referida carpeta. Máxime que a la fecha sólo existe una supuesta información de que el quejoso es imputado en la referida carpeta de investigación; y el hecho de que la autoridad ministerial tramite esa carpeta, es insuficiente para el ejercicio de la acción de tutela constitucional porque esta depende de que la negativa de acceso, sea reclamada por un gobernado que tenga reconocido el carácter de imputado. Supuesto en el cual no se encuentra el quejoso, conforme a los antecedentes relatados en la demanda. Es más, los antecedentes de la demanda también reflejan que el quejoso no ha sido requerido para ser entrevistado en la referida carpeta de investigación, tampoco ha sido detenido en algún momento por el trámite realizado en esa carpeta, y ni siquiera ha sido objeto del acto de molestia previsto en el artículo 266, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso se advierte que ningún documento exhibió el quejoso, para demostrar actos de molestia dirigidos contra este o alguno que haya sido realizado con anterioridad a la presentación de la demanda, relacionados con la mencionada carpeta. Bajo este contexto, se arriba a la convicción de que a la fecha no se ha generado el supuesto ni las condiciones que permitirían al quejoso, reclamar actos relacionados con la carpeta de investigación que tramita la autoridad ministerial señalada como responsable, motivo por el cual debe estimarse actualizada la causal invocada en párrafos anteriores, porque resulta manifiesta e indudable frente a los actos delimitados en la demanda. Todo lo cual se apoya en las tesis "ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ETAPA INICIAL DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EL HECHO DE QUE UNA PERSONA ESTÉ SIENDO INVESTIGADA DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ES INSUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE ADQUIRIÓ LA CALIDAD DE IMPUTADA Y, POR TANTO, QUE DEBE OTORGÁRSELE. ..Sólo resta decir que si fuera admitida la demanda de amparo, pese a que el quejoso no tiene reconocido el carácter de imputado en la referida carpeta, se llegaría al extremo de tramitar un juicio de amparo que puede entorpecer el deber de investigación que tiene el agente del Ministerio Público señalado como responsable, en términos del artículo 21 de la constitución federal, porque el requerimiento de informe justificado lo obligaría a que aportara constancias de la referida carpeta, y estas fueran expuestas a personas como el quejoso sin tener reconocida la calidad de imputado, en detrimento de la reserva que debe mantenerse en las investigaciones criminales para quienes son ajenos a las mismas. Aunado a que se crearían falsas expectativas para el quejoso, aun cuando el escenario actual orienta a visualizar que habría de decretarse el sobreseimiento en la sentencia de la audiencia constitucional, por falta del supuesto y condiciones establecidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial invocada. Por tanto, se declara que los actos combatidos en la demanda, encuentran la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la interpretación de la tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.), motivo por el cual procede aplicar la hipótesis normativa del desechamiento de plano. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis6 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Al margen de lo anterior, es conveniente indicar que si en el futuro se llegara a reconocer al quejoso el carácter de imputado, o bien se presentara alguno de los supuestos delimitados en la primera tesis jurisprudencial invocada, estará en condiciones de solicitar el acceso a la misma. Pero de momento no tiene reconocido el carácter de imputado en la referida carpeta, tampoco está detenido ante el Ministerio Público que la tramita, no ha sido citado para recabarle entrevista ni se le ha dirigido un acto de molestia. Entonces, debe imponerse la causal de improcedencia examinada con antelación, respecto de los actos combatidos en la demanda, por las razones expuestas. De hecho, en términos de la causal de improcedencia que resulta del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso, porque los actos que reclamó encontraron la causal examinada con antelación, con las características de indudable y manifiesta. Desechamiento que se apoya en los numerales 112 y 113, todos de la Ley de Amparo. Sólo debe agregarse que el reclamo del quejoso sería improcedente, aun cuando se soslayara la causal relacionada con la tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.), porque los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, han establecido que la negativa de acceso a una carpeta de investigación, encuentra la causal relativa a la falta de interés jurídico, cuando el solicitante del amparo no tiene reconocido el carácter de imputado en la carpeta. Ello se desprende de la ejecutoria dictada en el recurso de queja Q-106/2021, que confirmó el desechamiento de la demanda en el juicio de amparo 634/2021, también de este juzgado y que se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. De modo que el reclamo del quejoso también podría declararse improcedente con la causal de falta de interés jurídico, acorde a las consideraciones desarrolladas en la mencionada ejecutoria. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Consulta física del expediente. Se hace saber al quejoso, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 7/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, que podrá registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica al quejoso que la recepción de todas las promociones que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías). Toma de fotografías. Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, pero bajo los lineamientos para el ingreso a los órganos jurisdiccionales, que implican obtener una cita en los términos delimitados por el Consejo de la Judicatura Federal. Publicación de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa al quejoso el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma se habrán de salvaguardar sus datos personales y la información reservada, como lo exigen los lineamientos actuales en materia de acceso a la información. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones, el inmueble que designó para ese propósito al inicio de su demanda (al parecer ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, el profesionista de nombre Samuel Giles Ramírez porque aquél le otorgó facultades amplias y éste tiene registrada su cédula, en el sistema de profesionales del Poder Judicial de la Federación. En cambio, se tiene como autorizado en términos restringidos del numeral 24 de la Ley de Amparo, al restante profesionista que designó el quejoso porque no se encontró registrada su cédula profesional en el mencionado sistema. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en el inmueble que señaló como domicilio procesal); y cúmplase.
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