Meliton Perez Gomez
Expediente 1217/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1217/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Meliton Perez Gomez
- Director General de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1217/2023-VII. Puebla, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo signada por ***, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Admisión de demanda. La demanda cumple los requisitos legales establecidos, razón por la cual se admite a trámite, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 8, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo. Precisión de autoridades responsables Ahora bien, el quejoso señaló entre las autoridades responsables ordenadoras, a diversos 29 Jueces de Control de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla. Sin embargo, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, comunicó a este juzgado federal que la administración general a su cargo cuenta con el acceso al índice cronológico de los libros de gobierno de todas las sedes judiciales en materia de oralidad penal en el Estado de Puebla. De ahí que para maximizar el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, sea conveniente realizar un ajuste procesal y requerir únicamente al Administrador de los Juzgados Penales Tradicionales y de Oralidad, Ejecución y de Justicia para Adolescentes, para que rinda informe justificado únicamente en representación de los jueces de control de las regiones judiciales que fueron señalados como responsables. Por tanto, como se dijo, resulta innecesario enviar oficio para cada uno de los jueces de las regiones judiciales del Estado de Puebla. De ahí que resulte viable tener como autoridad responsable ordenadora al: Administrador de los Juzgados Penales Tradicionales y de Oralidad, Ejecución y de Justicia para Adolescentes. A pesar de lo anterior, subsiste el carácter de autoridades responsables de cada uno de los órganos jurisdiccionales cuyo informe justificado es requerido a través del citado administrador. Apertura del incidente de suspensión. Ante la solicitud de la medida cautelar, se ordena tramitar por separado el incidente de suspensión relativo a este juicio. No obstante, en términos del numeral 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se descarta la formación del duplicado físico del incidente de suspensión. Notificación a la fiscal adscrita. Se ordena notificar en forma personal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, para que intervenga en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar una impresión de este proveído y de la demanda de amparo. A fin de justificar el cumplimiento de lo anterior, se ordena al actuario correspondiente deje constancia legal en el expediente. Informe justificado. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables su informe justificado, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de su legal notificación1 . En ese informe deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad de los actos reclamados; incluidos (de ser el caso), copia certificada o auténtica, completa y legible de las constancias pertinentes para apoyar su informe justificado. Se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no rendir el informe justificado o de 1 En términos de lo dispuesto por el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo. presentarlo sin acompañar las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá a la omisa una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que el informe justificado deberá rendirse, preferentemente, de manera digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o los servicios de interconexión existentes, mediante el empleo de la firma electrónica; o, en su defecto, de manera física a través de la Oficialía de Partes de este juzgado y la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal. No obstante, con la finalidad de privilegiar el derecho a una impartición de justicia pronta, de manera transicional y excepcional, será admisible la recepción de informes a través de medios tecnológicos o soluciones digitales, tales como el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional, a saber: Solicitud de antecedentes. Se requiere a las autoridades responsables informen si en el procedimiento de donde emanan los actos reclamados, se ha tramitado diverso juicio de amparo, y de ser así, señalen ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. Requerimiento de antecedentes e informe sobre terceros interesados. Se requiere a las autoridades responsables informes en un plazo de cinco días lo siguiente: 1. Si en el procedimiento de donde emanan los actos reclamados, se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señalen ante cuál autoridad federal se radicó el mismo; y 2. Proporcionen el nombre y domicilio de las personas que puedan tener el carácter de terceros interesados en este juicio (agraviados, ofendidos o víctimas), para ello deberán remitir las constancias de donde se desprenda tal información. Audiencia constitucional De conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. Se hace saber a las partes que, con la finalidad de privilegiar el uso de medios electrónicos y servicios digitales, la audiencia constitucional se celebrará a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes; ello, en atención a lo dispuesto por el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General antes citado. No obstante, en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes, por ser necesaria para el desahogo de una probanza, diligencia o ejercer su derecho de alegar de manera verbal -únicamente en supuestos previstos por el artículo 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo por regla general-, su desahogo se realizará a través de videoconferencia, para lo cual la parte que así lo desee deberá elevar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, de lo contrario, como ya se precisó, la audiencia se celebrará sin su presencia. Causas de sobreseimiento. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la ley de la materia; y acompañar las constancias que la acrediten. No cumplir lo anterior implica, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo, la imposición para las autoridades de una multa por el importe de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, autorizados y medios electrónicos. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el inmueble que señala en la demanda (ubicado en Puebla) y como autorizada en los mismos términos a ***, dado que así fue expresamente solicitado por el quejoso. Luego, queda autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, ***, pues dicho profesionista cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Por otra parte, se toma nota del correo electrónico y número telefónico proporcionados -únicamente- como medios no procesales para establecer contacto con el quejoso, en caso de que así se requiera, pues la Ley de Amparo, no prevé dichos medios de comunicación para oír y recibir notificaciones. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si las demás parte omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta a la actuaria judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1217/2023-VII. Puebla, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación del incidente de suspensión. Como se ordenó en esta fecha en el expediente principal, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1217/2023-VII, promovido por ***, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y otras autoridades. Informe previo. En términos de los artículos 128, 130, 136, 138, 140, 142 y 143 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables presenten su correspondiente informe previo, el cual deberá cumplir los requisitos legales establecidos, y rendirse dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente acuerdo. También deberán informar cualquier otro juicio de amparo del que tengan conocimiento, promovido por la quejosa y en el cual se le hubiera otorgado la suspensión por los actos del presente asunto. Por tanto, envíese a las responsables copia de la demanda, adjunta al oficio que contiene esta determinación. Con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se les apercibe que de no rendir su informe previo en el plazo señalado, le será impuesta a la omisa una multa de entre cien a mil Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario). De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que el informe previo deberá rendirse, preferentemente, de manera digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o los servicios de interconexión existentes, mediante el empleo de la firma electrónica; o, en su defecto, de manera física a través de la Oficialía de Partes de este juzgado y la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal. No obstante, con la finalidad de privilegiar el derecho a una impartición de justicia pronta, de manera transicional y excepcional, será admisible la recepción de informes a través de medios tecnológicos o soluciones digitales, tales como el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional, a saber: Requerimiento a las autoridades responsables. De resultar cierto el acto reclamado, en términos del artículo 168, fracción I, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables informen: La naturaleza, modalidades y características del delito o delitos imputados a la parte quejosa, y si fueren de carácter patrimonial, deberá informar el monto del daño causado y si éste ya fue establecido por decisión judicial firme y si fue cubierto o garantizado a la parte agraviada. Si el delito imputado es de aquellos considerados de prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 constitucional. Audiencia incidental. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que sea celebrada la audiencia incidental. Materia del incidente. La demanda de amparo fue admitida por: A las autoridades señaladas como ordenadoras les reclama: 1.- La orden de búsqueda, aprehensión y detención librada en mi contra. 2.- La orden de presentación librada en mi contra. 3.- La indebida citación y/o notificación hecha al suscrito para que declare conforme a los hechos que se me imputen. A la única autoridad señalada como ejecutora reclama: 1.- El cumplimiento y/o ejecución de la orden de búsqueda, aprehensión y detención. 2.- El cumplimiento y/o ejecución de la orden de presentación. Concesión de la suspensión provisional. Con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 138, 139, 162, 163, 164, 165 y 166 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y las responsables se abstengan de privar de la libertad al quejoso con la orden dictada en su contra. Por consiguiente, el peticionario queda a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal, hasta que las responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva. Empero, se hacen las acotaciones siguientes: Si se estuviere en el supuesto de la fracción I del citado artículo 166 de la Ley de Amparo, esto es, si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 de la constitución federal, la suspensión provisional sólo producirá el efecto de que una vez detenido el quejoso, quedará a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal en el lugar donde sea recluido o internado y a resolución del juez de la causa para continuar el procedimiento que se le instruya. Por consiguiente, en ese supuesto la parte quejosa continuará a disposición del juez de la causa para el trámite del procedimiento que le instruya, con la única salvedad de que la autoridad judicial deberá comunicar al director del centro penitenciario donde se interne a aquél, que deberá mantenerlo recluido en un área de prisión preventiva, distinta de la asignada a los sentenciados. De estarse en el supuesto de la fracción II del citado artículo 166 de la Ley de Amparo, es decir, si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión provisional tendrá el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y el quejoso no sea detenido, por lo que quedará a disposición de este juzgado en cuanto a la libertad personal, hasta que las autoridades responsables sean notificadas de la suspensión definitiva. Además, si el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente, y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicita al juez la prisión preventiva, porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I del artículo 166 de la Ley de Amparo, con la salvedad antes anotada concerniente al quejoso (cuando se encuentre detenido), deberá ser recluido en un área de prisión preventiva, distinta a la asignada a los sentenciados, lo que deberá comunicar al director del centro penitenciario correspondiente. Asimismo, en términos del artículo 166, último párrafo de la Ley de Amparo, si los actos reclamados consisten en una orden o medida de protección dictadas conforme a la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional, para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación a que refiere el penúltimo párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión no surtirá efectos. Lo mismo sucederá si se sorprende al quejoso en la comisión de flagrante delito. Por otro lado, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional en los siguientes términos: Si alguna orden ya fue ejecutada contra el quejoso, por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público debido a la comisión de algún delito, la suspensión provisional obliga a que cese la detención administrativa y sea puesta a disposición del fiscal correspondiente, para que este determine sobre su libertad o retención dentro del plazo y en los términos permitidos y previstos por el artículo 16 de la constitución. Si la orden ejecutada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, no lograra respaldarse en la comisión de un delito, la suspensión tendrá el efecto de que el quejoso sea puesto en libertad. Si el quejoso hubiera sido presentado al Ministerio Público, la suspensión provisional obliga a que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, si se trata de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en inmediata libertad o consignada ante el juez penal correspondiente. En el entendido de que si el quejoso está a disposición de algún Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia o urgencia, el plazo se contará a partir de que sea puesta a disposición. Pero si la presentación del quejoso ante el Ministerio Público, no logra respaldarse en flagrancia o en caso urgente en términos del artículo 16 de la constitución, la suspensión provisional tendrá el efecto de que sea puesto en inmediata libertad. Medidas de aseguramiento. Como medidas de aseguramiento y para evitar la evasión de la acción de la justicia por parte del quejoso, en caso de negársele la protección, en términos del artículo 162 de la Ley de Amparo, deberá presentar escrito en el plazo de tres días donde acredite con documental idónea y eficaz su domicilio particular, ocupación e ingreso o salario percibido. Lo anterior deberá acreditarlo por escrito ante este juzgado con las constancias idóneas para ello y dentro del mismo plazo, bajo el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo así, quedará sin efectos la suspensión y podrán las responsables ejecutar la orden reclamada. La suspensión concedida surtirá efectos desde luego, pero el quejoso deberá exhibir en el plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación de este auto, una garantía por la cantidad de diez mil pesos moneda nacional ($10,000.00) en cualquiera de las formas establecidas por la ley. En el entendido que, de no cumplir con la exhibición de la garantía en mención, dentro del plazo antes señalado, quedará sin efectos la suspensión y las autoridades responsables estarán en aptitud de ejecutar la orden combatida. Por lo que deberá acompañar dos fotocopias del documento donde conste dicha garantía, para asegurar su presentación ante la autoridad correspondiente que la reclame, en caso de que no le sea favorable la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva este incidente, de conformidad con el invocado artículo 162 de la Ley de Amparo. Cantidad que se fija de manera discrecional, pues se prescinde de la información para decretarla. Por ello, se estima que la garantía es discrecional y proporcional entre la posibilidad de acceder a la medida cautelar y, a la vez, garantizar que el quejoso no pretenda evadir la acción de la justicia, la cual deberá aportar a satisfacción de este juzgado federal, en cualquiera de las formas establecidas por la ley. Sólo resta decir que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, estableció que la garantía deberá estimarse en forma discrecional y proporcional entre la posibilidad de acceder a la medida cautelar y a la vez garantizar que la parte quejosa no pretenda evadir la acción de la justicia; como se desprende de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 24/2017, del citado tribunal. Además, también estimó que el número de autoridades, la designación de algún profesionista en derecho para intervenir a nombre del quejoso, el número de autorizados y el domicilio procesal, no son factores que sirvan para demostrar la capacidad económica de un quejoso, pues independientemente del número de autoridades se puede carecer de recursos monetarios, así como el que haya señalado defensor particular y autorizados tampoco es determinante para tal efecto, toda vez que no se puede conocer si estos reciben una remuneración y cuál es el monto, como tampoco el que se señale un domicilio procesal indica la capacidad económica de los recurrentes. Por otro lado, de resultar cierta alguna orden reclamada, con apoyo en el artículo 162 de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que acuda física y personalmente dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de que rinda informe la autoridad emisora, a rendir declaración en la causa penal instruida en su contra, o en su caso, para intervenir en las diligencias de investigación por algún hecho. Lo cual también deberá acreditar por escrito presentado a este juzgado, en el referido lapso de tres días hábiles, en el que deberá demostrar con el medio de prueba idóneo su comparecencia personal ante dicha autoridad; porque de no hacerlo quedará sin efectos la suspensión provisional y podrán las responsables ejecutar la orden reclamada. Se hace notar que la obligación de comparecer ante la autoridad responsable será exigible sólo en el caso de que sea cierta la orden reclamada. Cabe aclarar al quejoso que si bien se concede la suspensión provisional para el efecto de paralizar los actos reclamados, en caso de que se trate de delito no grave, y no sea detenido, también se impone una obligación procesal para mantener dicha medida sin que se paralice de forma total el procedimiento. Así las cosas, se establece que para conceder la suspensión provisional, tratándose de actos restrictivos de la libertad, esta potestad cuenta con facultad de imponer una carga a la parte quejosa para que en el caso de existir la orden reclamada, se evite a toda costa la paralización total del procedimiento. Sobre todo porque la sociedad se encuentra interesada en que se mantenga la persecución de delitos y la continuación de los procesos penales para el esclarecimiento de los hechos. Así, con las medidas de aseguramiento impuestas para que se sostenga la efectividad de la suspensión otorgada, es que se logra un equilibrio entre la suspensión concedida y la continuación del procedimiento de orden criminal, ya que se impone al quejoso la carga de acudir ante la autoridad emisora de las órdenes de captura, en caso de existir, sin que sea detenido (salvo que el delito que se le impute se encuentre en los previstos en el artículo 19 de la constitución federal que ameritan la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa o se encuentre previsto como grave por la ley secundaria), y se pueda continuar con la secuela procesal sin que se entorpezca su continuación y se impida que evada la acción de la justicia. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis jurisprudencial 149/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ". De igual forma se sustenta lo abordado en líneas previas a través de la tesis 1a./J. 16/97, de la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Mayo de 1997, página 226, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL." Además, se requiere al quejoso, con apoyo en el referido artículo 162 de la ley de la materia, que deberá presentarse ante la autoridad emisora de la orden reclamada (en caso de que ésta sea cierta) cuantas veces le sea así solicitado. Además, es menester precisar que el billete de depósito debe contener el nombre del quejoso, el número de este incidente y que se advierta que el mismo es para garantizar la suspensión provisional. Autorización de copia. Por último, dado la solicitud del quejoso de obtener copias de este acuerdo y si a su interés conviene copia de la interlocutoria que resuelva sobre la suspensión definitiva, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena descargar copias digitalizadas del expediente electrónico -con su respectiva evidencia criptográfica-; pues de conformidad con el artículo 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dichas determinaciones judiciales no se integran al incidente de suspensión para su fotocopiado. Lo anterior, previa razón e identificación oficial que por su entrega y recibo se asiente en autos, por lo que el interesado deberá proporcionar un dispositivo de almacenamiento externo tipo USB. Es importante destacar que, dichas constancias pueden ser descargadas desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el usuario que, en su caso, haya sido autorizado para la consulta del expediente electrónico. Notifíquese y cúmplase.
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